Diputada Hassler arremete contra megarreforma tributaria del Gobierno y advierte millonario déficit fiscal

En entrevista con La Voz De Los Que Sobran, la diputada y economista Irací Hassler lanzó duras críticas a la agenda económica impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusando una «lógica autoritaria» en la tramitación legislativa y la imposición de medidas que, a su juicio, desmantelan la capacidad del Estado y favorecen a los sectores de mayores ingresos.

Hassler abordó las complejidades de la llamada «megarreforma tributaria», detallando los puntos más controversiales que dividen al mundo técnico tras su paso por la Cámara de Diputadas y Diputados y de cara a su discusión en el Senado.

«Invariabilidad tributaria»: Un amarre por 25 años

Uno de los flancos más críticos expuestos por la parlamentaria apunta a la norma de invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto oficialista, la cual garantizaría estabilidad en los gravámenes a las empresas que realicen ciertas inversiones.

«Se va a tomar una decisión por 25 años amarrando al Estado chileno, amarrando a seis gobiernos que no van a poder tomar decisiones respecto de los impuestos a las empresas», advirtió Hassler. La legisladora calificó la propuesta como «más profunda y restrictiva que el DL600 de la dictadura», argumentando que el piso mínimo para acceder al beneficio se fijó erróneamente en 50 millones de dólares. Según su análisis, este monto debió indexarse al crecimiento del PIB actual (30 veces superior al de dicha época), lo que equivaldría a un umbral real de 1.500 millones de dólares para inversiones de gran envergadura.

Asimismo, criticó que la medida no exija una contraprestación vinculada al desarrollo regional o la generación de empleo calificado.

El costo del crédito tributario: ¿Incentivo a los bajos salarios?

La economista detalló el impacto del crédito tributario, la segunda medida más costosa de la reforma, estimada en un gasto de 1.400 millones de dólares anuales para las arcas públicas.

De acuerdo con Hassler, este mecanismo actúa como un subsidio directo a las planillas de las empresas, decreciendo a medida que aumentan las remuneraciones. «Es una manera de bajar el sueldo mínimo que tienen que pagar las empresas sin bajárselo a las personas, financiándolo con impuestos regresivos como el IVA», argumentó.

La diputada señaló que durante el debate técnico ni el ministro de Hacienda ni las carteras sectoriales pudieron garantizar que este millonario desembolso estatal genere nuevos puestos de trabajo estables, advirtiendo el riesgo latente de un «desincentivo al alza salarial» y una compleja dependencia fiscal a largo plazo.

Ajuste fiscal en salud y opacidad en proyecciones

La parlamentaria vinculó el debate de fondo con los recientes decretos de ajuste fiscal del 3%, denunciando que áreas prioritarias ya muestran mermas tangibles. Ejemplificó la situación con el Hospital Padre Hurtado, donde acusó un recorte de 100 millones de pesos que pondría en riesgo proyectos de ampliación de camas críticas y programas de atención domiciliaria externa.

Respecto a la controversia por el Informe de Finanzas Públicas y los cruces entre el ministro de Hacienda y el exministro de Economía por supuestos errores de cálculo, Hassler desestimó la tesis del Ejecutivo y acusó un «espectáculo comunicacional» para desviar la atención hacia la administración anterior en la antesala de la Cuenta Pública.

«No es que alguien mintió en un número que sucedió, la diferencia está en la proyección. El Gobierno prefiere instalar una idea en vez de sincerar un debate técnico sobre el déficit fiscal», afirmó, respaldándose en las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la sobreestimación del crecimiento económico en el proyecto.

Expectativas en el Senado y respuesta a flanco judicial

Tras acusar que en la Cámara Baja «la mayoría de los artículos ni siquiera tuvieron un espacio de discusión en la Comisión de Hacienda» debido a las urgencias impuestas por el oficialismo, Hassler manifestó su expectativa de que el Senado abra un debate de fondo y corrija las inconsistencias financieras.

Finalmente, consultada por publicaciones recientes que reflotan la arista judicial del caso Sierra Bella y sugieren causales de destitución, la diputada fue enfática en señalar que se trata de una «operación política». «La causa fue sobreseída definitivamente tras más de dos años de investigación. Es una verdad jurídica que no existe ningún delito, por lo que seguiremos ejerciendo nuestro rol fiscalizador», concluyó.