Gobierno refundacional

El gobierno de Kast está llevando a cabo un proceso constituyente por vía económica. Ese proceso se llama “plan de Reconstrucción nacional” y tiene un doble objetivo político: por un lado, consolidar el capitalismo rentista del que se beneficia una oligarquía cristalizada en los grandes grupos económicos; por otro, impedir a toda costa que cualquier tipo de izquierda que llegue al gobierno en el futuro pueda modificar el régimen tributario chileno y poner en tela de juicio su capitalismo rentista.

La cuestión crucial, es que no es difícil entender porqué la estrategia oligárquica opta por esta vía: los tres procesos constituyentes, el de Bachelet, el de la Convención 1 y el de la Convención 2 tuvieron por objetivo discutir e instaurar una nueva Carta Magna, un nuevo pacto constitucional para el país.

Con todos los impedimentos que tuvieron dichos procesos, no habría que desmerecer el hecho de que tuvieron la virtud de que, por vez primera, ofrecieron un espacio para discutir el ordenamiento político y económico impuesto desde la dictadura y reformado entre cuatro paredes durante el gobierno de Ricardo Lagos en 2006. En este sentido, desde el punto de vista de la dominación de clase -aquella que defendió Quiroz por el caso “colusión”- la vía jurídico-constitucional debía darse por muerta puesto que, una vez abierta, siempre podía amenazar al viejo ordenamiento oligárquico.

Frente a la vía jurídico-constitucional que pone en cuestión dicho orden, la estrategia de clase ya no sería consolidar su dominio vía una carta jurídica y democráticamente legitimada sino a través de un camino de la fuerza que impone la economía del capitalismo rentista que el gobierno de Kast, con el ministro Quiroz a la cabeza, llama “Plan de Reconstrucción Nacional”.

Los nombres siempre son importantes: lo que desde el punto de vista oligárquico está en juego es, fundamentalmente, el debilitamiento de la máquina guzmaniana impuesta violentamente por la dictadura militar desde 1973 en adelante. Un “debilitamiento” que le generó pánico a dicha clase por la insurrección de los populares sobrevenida. Al contrario, la máquina guzmaniana tenía la virtud de articular Estado y Capital en una misma unidad, inmunizando a la oligarquía de la posibilidad de perder sus privilegios, tal como había ocurrido con la “amenazante” Unidad Popular.  Justamente, lo que ocurrió a lo largo de décadas de la transición es que los diversos procesos de lucha colectiva que fueron irrumpiendo desde abajo, pusieron en cuestión su propio funcionamiento, desactivando su original eficacia.

La revuelta de 2019 terminó por interrumpir dicho funcionamiento al punto de ponerlo en suspenso. En su momento, la propia clase política, con más o menos bemoles, terminó reconociendo la necesidad de ofrecer una nueva Constitución, puesto que dicha clase política, expresión de la oligarquía militar y financiera chilena, entendía estratégicamente que la eficacia guzmaniana había llegado a un punto de inflexión del cual no podía retornar.

Había que instaurar un orden que garantízasela la defensa de los intereses oligárquicos más allá de la Constitución de 1980 que había sido destituida. Tal como hizo Guzmán con la Constitución de 1980, pero ahora, en un escenario donde esa misma Constitución que pretendía garantizar inmunidad oligárquica, entraba en un momento político radical que impedía que el ensamble entre Estado y Capital operara sin fisuras. La revuelta mató a Guzmán y la oligarquía tomó nota de ello: entendió que, en último término no podía estar a salvo con ningún pacto jurídico-constitucional.

Bien lo había señalado Diego Portales cuando, en una de sus célebres cartas, subrayaba que la Constitución era como una “señora” o una “parvulita” que podía “violarse” (es el término que usa) cuantas veces “fuera necesario”. El ordenamiento portaliano es ya un ordenamiento sexuado, por cierto, donde la Constitución se identificada con la figura femenina y su debilidad. Al contrario, la masculinidad oligárquica que vocea Portales está identificada con el régimen de la fuerza, la facticidad del estado de excepción en el que todo ha de funcionar por imposición.

Si el presidente Kast citó a Portales en su discurso inaugural, ello lo remite, al modo de una signatura tanática, con la facticidad portaliana de la fuerza y deja claro que dicho gobierno está impulsado por un ánimo verdaderamente “refundacional”. Pero una refundación que no pasará por la “señora” constitucional sino por la restitución patronal de la fuerza. Para eso, es necesario dejar de lado el paradigma jurídico-constitucional y volcarse sobre el terreno fáctico del paradigma económico-gestional donde se juega la fuerza del capital.

En un contexto donde cada vez importa menos la “democracia” y cada vez más la aceleración anárquica del capital, desde la perspectiva oligárquica, es necesario refundar la máquina Estado-Capital con una relación que la suture y, restituya, la invariabilidad que caracteriza al mito, tal como lo hizo Alessandri en 1925, o Guzmán en 1980.

En este marco, el gobierno de Kast, precisamente porque está compuesto de una alianza de facciones y no de una coalición política, es decir, porque su gobierno tiene mayor grado de libertad frente a los partidos políticos tradicionales característicos de la derecha transicional, es que vía su ministro de Hacienda, está llevando a cabo un verdadero proceso constituyente para modernizar el régimen de acumulación chileno y acelerar el capital más allá de cualquier investidura democrática, en función de instalar una nueva sutura que impida que el régimen tributario y su modo de acumulación pueda ser modificado por algún gobierno que en el futuro responda a las grandes mayorías. 

La sutura será económica. Puede prescindir de cualquier “discusión” jurídico-constitucional y consolidar el dominio de la minoría “coludida” que el propio Quiroz defendió como abogado y que ahora como ministro de Hacienda simplemente intenta instaurar.

De esta forma, la cuestión crucial del gobierno de Kast es que entiende que ya no es necesario un pacto oligárquico vía jurídica, sino que basta con una profunda reforma tributaria que asuma la investidura de una “Reconstrucción Nacional”.

El tiempo de las constituciones terminó. El régimen portaliano goza precisamente por eso. Porque la república se revela simplemente como un espacio en el que florece el capitalismo rentista gracias al envés de la gubernamentalidad neoliberal que ya no tiene que exigir consensos porque ha entendido que puede intensificar la policía y sus dispositivos de seguridad para coaccionar a la multitud.

El objetivo del “plan” económico de “Reconstrucción Nacional” que lanza el gobierno es político: restituir el funcionamiento de la máquina Estado-Capital, donde el primer polo intensifique la policía y el segundo la acumulación. Potenciar a menos del 1% en desmedro de las mayorías: a eso le llaman “crecimiento”.