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Réplica a entrevista: Fundación Ángel de mi Guarda por situación de la residente Doris Cooper


Ante la difusión de información imprecisa y descontextualizada por parte del colaborador Víctor Hugo Robles en este medio, la Fundación Ángel de mi Guarda se ve en la obligación de ejercer su derecho a réplica. Nuestro objetivo es esclarecer los hechos y proteger la honra de nuestra institución y del equipo de profesionales que, día a día, vela por el bienestar de nuestros residentes.

¿Está «encerrada» Doris Cooper en nuestro hogar?

No. La Sra. Cooper se encuentra bajo un deber legal de custodia. Es imperativo recordar que, a la fecha, la residente mantiene un estado civil y legal de interdicción vigente. Bajo este marco jurídico, la institución es legalmente responsable de su seguridad y no puede permitir su egreso no asistido sin incurrir en una negligencia grave o un acto ilegal. No se trata de una privación de libertad, sino del cumplimiento estricto de un mandato judicial de protección que, paradójicamente, nuestra propia Fundación está impulsando para que sea revocado.

¿El hogar está lucrando con los recursos de Doris Cooper?

Bajo ningún concepto. La Fundación Ángel de mi Guarda es una entidad sin fines de lucro. Al detectar que la Sra. Cooper era víctima de una explotación patrimonial por parte de su anterior tutora legal (quien malversaba su pensión mientras acumulaba deudas en otros recintos), nuestra directora, Gloria Godoy, solicitó judicialmente la retención de fondos ante el Banco de Chile. Esta medida garantiza que el dinero de la residente se utilice exclusivamente para su cuidado y no sea desviado por terceros. Nuestra gestión ha sido la única que ha blindado su patrimonio frente a abusos externos.

¿El hogar está prohibiendo las visitas a la residente?

La Fundación no prohíbe las visitas, sino que las regula y supervisa bajo protocolos técnicos estrictos. Esta decisión responde a tres factores fundamentales:

  1. Protección frente a la sobreexposición: La Sra. Cooper ha sido víctima de violencia y vulneración sistemática por parte de su entorno cercano. Exponerla a la opinión pública en un estado de salud delicado contraviene los principios básicos del cuidado profesional. En el caso específico del Sr. Víctor Hugo Robles, la administración inicialmente restringió su acceso al detectar que su intención no era el bienestar de la residente, sino su exposición mediática.
  2. Abuso de confianza: A pesar de los protocolos de resguardo, el mencionado comunicador logró ingresar al hogar y entrevistarla extensamente, aprovechándose de la buena fe y confianza de los trabajadores para acceder a la residente. El hecho de que hoy existan registros audiovisuales de larga duración en redes sociales desmiente categóricamente cualquier tesis de «aislamiento», pero confirma nuestra preocupación inicial: la falta de ética al exponer a una persona vulnerable.
  3. Responsabilidad legal: Al ser una persona interdicta, el personal de salud tiene la obligación de no dejar a la residente sin vigilancia. Las restricciones aplicadas no son arbitrarias; buscan garantizar una estabilidad emocional que hoy se ve severamente afectada por el asedio y la presión mediática reciente.

¿Qué acciones legales ha liderado la Fundación en beneficio de Doris Cooper?

Lejos de la pasividad o el ocultamiento que se ha intentado proyectar, nuestra institución ha sido el motor de la defensa judicial de Doris Cooper, logrando hitos que nadie más alcanzó:

  1. Denuncia por abandono y VIF: Interpuesta contra su hija el 27 de septiembre de 2024.
  2. Medidas de Protección: Logramos que el tribunal dictara la prohibición de acercamiento de sus antiguos agresores.
  3. Impulso de Libertad Legal: Estamos tramitando de oficio una nueva evaluación médica ante los tribunales de familia para que se reevalúe su lucidez. El objetivo final de esta Fundación es que la justicia le devuelva a Doris Cooper su autonomía legal, permitiéndole recuperar el control total de su vida y sus bienes.

Lamentamos profundamente que el afán de sensacionalismo haya invisibilizado el trabajo de un hogar que acogió a la profesora Cooper cuando nadie más lo hizo. Reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad de las personas mayores y exigimos el respeto que nuestros profesionales merecen.

Finalmente, es importante informar a la opinión pública y a la comunidad académica que nuestra Fundación continúa trabajando diariamente en nuevas gestiones judiciales y trámites administrativos en beneficio de la Sra. Cooper. Dichas acciones no son publicitadas en medios ni redes sociales, porque nuestro objetivo no es acaparar atención ni alimentar el revuelo mediático en torno a su figura (recordemos la condición vulnerada de la residente). Nuestra labor se rige estrictamente por las herramientas mandatorias de la ética profesional y el compromiso humano; entendemos que la verdadera ayuda no reside en la exposición, sino en la restitución silenciosa y efectiva de la dignidad y los derechos de nuestra residente.

Atentamente,

Fundación Ángel de mi Guarda

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