Viernes, Junio 14, 2024

Reparar la maldad

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Fabiola Campillai, símbolo de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social, ha demandado al Estado de Chile ante el grave daño causado.

La futura odisea de la Honorable Senadora Fabiola Campillai, por el inexorable advenimiento de argumentaciones INCONVENCiONALES por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), es algo que sabemos puede ocurrir quienes usualmente litigamos con el órgano de defensa fiscal, el que no ha trepidado en el uso de argumentos tales como:

[ …] La responsabilidad del Estado no es Objetiva. Debe esperarse el resultado del juicio penal, por lo que la demanda debe declararse inadmisible o ser desechada por incompetencia del Tribunal Civil […]

[…] No corresponde un pago de dinero por el daño moral. […] Existen otras formas de reparación […]

[…] Solo una Corte Internacional puede imponer una condena indemnizatoria. […] Este no es un caso de Grave Violación a Derechos Humanos, sino a lo sumo de un simple cuasidelito de lesiones, por no existir dolo.[…] […]Además, el “dolo eventual”, es incompatible con el grado de frustración de un delito, por lo que en ningún caso podría hablarse de un homicidio frustrado […]

[…] No puede un Tribunal llamar a conciliación, en esta clase de juicios, en que se demanda al Estado […]

Los anteriores serán varios de los inexorables argumentos INCONVENCIONALES que utilizará el CDE, órgano que según su actual Ley Orgánica, realiza su labor de defensa, bajo la Supervigilancia del Presidente Gabriel Boric.

Por Buena Providencia, los fallos interamericanos dicen que la H. Senadora debe ser indemnizada monetariamente por el daño moral y la afectación a su “Proyecto de Vida” (Corte I.D.H., Casos: Cantoral Benavides Vs Perú; Órdenes Guerra y Otros Vs Chile; María Elena Loayza Tamayo Vs Perú; más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias).

En efecto, los fallos interamericanos agregan que El deber de reparar es uno propio del Estado, el que no depende de la actividad procesal de las víctimas, ni de la aportación privada de elementos probatorios.

Las mismas sentencias enfatizan, además, que el deber de reparar no desaparece ni se ve disminuido por la circunstancia de que la víctima no haya iniciado acciones legales indicadas por el Estado (Casos: Goiburú Vs Paraguay; Las Palmeras Vs Colombia; más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias).

En efecto, la Corte I.D.H. ha dicho incluso que las víctimas no tienen la obligación de probar el daño moral sufrido (Caso Órdenes Guerra y Otros Vs Chile; más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias).

Cabe agregar también que la responsabilidad del Estado es OBJETIVA (Corte I.D.H., Caso El Amparo Vs Venezuela; más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias).

Por todo lo expuesto, Su Excelencia, el Presidente Gabriel Boric, tiene la facultad y el deber (inciso segundo del artículo 5 de la Constitución) de impedir que el CDE efectúe en el juicio argumentaciones que están proscritas por el Sistema Interamericano (S.I.D.H.):

  • En el caso de las víctimas del Cerro O’Higgins de Constitución (por el derrumbe de un edificio durante el terremoto del 27F), la judicatura ya dijo que no hay norma que impida a los tribunales hacer un llamado a conciliación en esta clase de juicios.
Agencia Uno

Por lo anterior, no hay ninguna excusa que impida al CDE llegar a un acuerdo satisfactorio (en una audiencia de conciliación) para la H. Senadora, que la repare completamente (los fallos interamericanos dicen que la “Restitutio” debe ser “In Íntegrum”), evitándole un extenso y desgastante juicio en la jurisdicción civil.

  • Y en efecto, en el caso de Carmen Gloria Quintana (Caso “Quemados”) el Estado llegó a un acuerdo indemnizatorio, sin que fuera necesario que la Corte Suprema emitiera una “Sentencia de Término”.

Cabe recordar también que en el Caso de Carmelo Soria, el Estado aprobó una propuesta de acuerdo reparatorio monetario, que fue validado tanto por el S.I.D.H., como por Naciones Unidas.

Es preciso recordar entonces (como ejemplo didáctico), que la Corporación de Asistencia Judicial tiene prohibido (por un actual instructivo institucional estatal) invocar la ley de “Auto-Amnistía” en defensa de criminales de Lesa Humanidad, pues ello está prohibido por los fallos interamericanos (Casos: Barrios Altos Vs Perú; Almonacid Arellano Vs Chile; García Lucero Vs Chile).

Es decir, los órganos estatales de defensa legal tienen INTERNACIONALMENTE prohibido efectuar argumentaciones INCONVENCIONALES, en juicios nacionales.

En el caso de la H. Senadora, se violaron las “Reglas Internacionales de Combate” ( I.R.O.E.), que exigen (sin excepción) la total inhibición en el uso de mecanismos letales o menos letales (como bombas lacrimógenas), mediando la presencia o cruce de residentes o civiles transeúntes, inocentes y no beligerantes.

Luego, la existencia del dolo (a lo menos) “eventual” es irrefutable, pues en el caso de la H. Senadora el victimario (quien emitió la orden y quien la ejecutó) percutó aún en contra de dichas reglas internacionales, teniendo plena conciencia del injusto, queriendo y representándose la realización de la conducta típica y antijurídica.

La Corte I.D.H. ya resolvió que es INCONVENCIONAL la supuesta incompatibilidad del dolo “eventual” con la figura de frustración, pues en el caso del “Campo Algodonero Vs México” dicho Estado, cumpliendo el fallo internacional, cambió su sistema interno, estableciendo que son “componentes de perspectiva de género” las lesiones o mutilaciones posteriores efectuadas sobre una víctima sobreviviente a una golpiza previa (dolo a lo menos “eventual”), propinada con un elemento contundente o corto punzante, repetidamente sobre órganos reconocidamente vitales, por lo cual en virtud de dichas lesiones o mutilaciones posteriores, la golpiza previa debe ser calificada como un femicidio, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito.

Campillai
Agencia Uno
  • Cabe agregar que, precisamente y en virtud de estos argumentos (tras la intervención de Litigantes de “Convencionalidad” – Fundación Robert F. Kennedy Human Rights -), se reformalizó la persecución penal desde la figura de lesiones a la de femicidio, en el lamentable caso de Mindy Rodas (en Guatemala, donde el femicidio era una pandemia).
  • Por lo expuesto, es INCONVENCIONAL sostener la supuesta incompatibilidad del “dolo eventual” con el grado de frustración, máxime si de ello deriva impunidad, pues la pena deber ser precisa y exacta.
  • Que el CDE efectúe argumentaciones INCONVENCIONALES, solo para dilatar por años un juicio indemnizatorio, viola los fallos interamericanos que prohíben incurrir en el “Perículum In Mora” (pues la justicia tardía no es justicia), por la violación del deber de diligencia debida (Corte I.D.H., Casos: Durand y Ugarte Vs Perú; y; Castañeda Gutman Vs México; más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias).
  • Cabe agregar, además, que la circunstancia de que la H. Senadora peregrine por años en la jurisdicción civil para obtener una indemnización, es considerado por la Corte I.D.H. como un acto de “Violencia de Género Estatal”, que no solo vulnera el Pacto de San José de Costa Rica (C.A.D.H.), sino también la actual política gubernamental de “perspectiva de género y D.D.H.H.” encabezada por el Presidente Gabriel Boric, bajo cuya Supervigilancia el CD.E realiza su labor de defensa, según lo establece su propia ley orgánica.

Como se sostuvo transversalmente por la entonces clase política (de la época) en el Caso de Carmen Gloria Quintana, mediante una exhortación pública al otrora Presidente de la República, en relación a la línea de defensa del CDE: “No se trata de ahorrarle un par de pesos al Estado, sino de actuar con una mínima justicia”.

Fernando Leal, abogado
Fernando Leal, abogado
Litigante de convencionalidad, diplomado de la Universidad de Chile en “Sistema Penitenciario y Derechos Humanos” y Máster de la Universidad de Barcelona en “Derecho Penitenciario y Cuestión Carcelaria, Sistemas Nacionales e Internacionales de Protección de Derechos”.

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