La entrega de PGU a las mujeres a la edad legal de jubilar es un imperativo ético

En los hechos, siendo la edad legal para pensionarse de las mujeres a los 60 años, de facto se les obliga a mantenerse trabajando hasta cumplir los 65 años, fecha en la que puede acceder al beneficio solidario, hoy llamado Pensión Garantizada Universal (PGU).
Archivo: Marcha No+AFP / Foto: Daniel Labbé

En el antiguo sistema público de pensiones chileno, que aún está vigente para las personas que en 1981 lograron resistir las presiones para cambiarse al sistema de AFP, una mujer tiene derecho a jubilar a los 60 años, con una pensión vitalicia idéntica a la de un hombre de 65 años con el mismo sueldo y número de años contribuidos, cualquiera sea su estado civil y numero de cargas. 

En las AFP, en cambio, un hombre soltero de 65 años obtiene hoy aproximadamente un tercio más de pensión que una mujer soltera de 60 años con el mismo fondo acumulado. Aun si ella renuncia a su derecho a jubilar a los 60 años y posterga esta decisión a los 65, la pensión del hombre resulta aproximadamente un sexto mayor.

El origen de esta discriminación hacia las mujeres se funda desde la privatización de la seguridad social, pues al eliminar el sistema público de beneficios definidos que se financian con los aportes de los trabajadores activos, pasamos a un sistema de capitalización individual, donde la pensión se financia con el “ahorro” individual acumulado y, por tanto, varía dependiendo de las expectativas de vida de los pensionados.

Las mujeres tienen una expectativa de vida superior a la de los hombres. El actual gobierno, en la presentación del proyecto dado a conocer el día 7 de noviembre, señala que las expectativas de vida de las mujeres el año 1981 era de 81 años y el 2023 será de 91 años, con lo cual la mujer deberá autofinanciar un periodo de sobrevida de 31 años. Es evidente que, en la lógica del actual sistema, la mujer no tiene ninguna posibilidad de ejercitar los más mínimos derechos, toda vez que recibe menores salarios que los hombres.

La reforma previsional de 2008 bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet instauró un piso de derechos garantizados en materia de protección social, tanto para quienes no habían podido alcanzar una pensión (pilar no contributivo) como para quienes tenían pensiones muy bajas. En los hechos, vino a ser un respirador artificial al sistema, pues con recursos públicos se continuaba manteniendo un sistema privado de ahorro forzoso. Uno de los promotores de esa iniciativa en ese entonces fue Mario Marcel. Las AFP no se tocaron, tampoco el sistema de contribuciones definidas, que siguió haciendo recaer el monto de las pensiones en la capacidad individual de cada trabajador o trabajadora. 

Siendo importante la incorporación de un pilar solidario, esa reforma no corrigió la discriminación hacia las mujeres, pues las tablas de mortalidad utilizadas para determinar el monto de las pensiones han continuado utilizándose y perjudicando a las mujeres; pero además, a partir de esa reforma se ha intentado, subrepticiamente, correr la edad de jubilación de las mujeres, al poner como requisito para la entrega de todo beneficio fiscal tener 65 años de edad. 

Actualmente la situación se ha agravado. En los últimos quince años se han pensionado 634.989 mujeres; de ellas, la mitad -es decir, 317.495- han logrado autofinanciar una pensión de $30.685 hacia abajo.

¿Qué significa esto? En los hechos, siendo la edad legal para pensionarse de las mujeres a los 60 años, de facto se les obliga a mantenerse trabajando hasta cumplir los 65 años, fecha en la que puede acceder al beneficio solidario, hoy llamado Pensión Garantizada Universal (PGU), cuyo monto asciende a los $193.917, cifra que por lo demás, representa un 48,48% del ingreso mínimo y queda $16.612 por debajo de la línea de la pobreza.

La nueva propuesta de reforma previsional anunciada por el Presidente Boric mantiene esta absurda e injusta discriminación contra las mujeres, razón por la cual parece pertinente proponer, a lo menos, esta mínima corrección: que la PGU les sea entregada a las mujeres a la edad en que jubilan legalmente y no deban esperan 5 años más para recibir el subsidio estatal. 

Es ahora el momento de acabar con esta discriminación. Si no es ahora, bajo un gobierno que se autodefine feminista, ¿cuándo?

Por supuesto que no podemos esperar más.

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