“Repudiamos absolutamente lo sucedido”: Asociación de Fiscales por allanamiento a sede de Comunes

A través de un comunicado, el gremio se manifestó en contra de lo sucedido el pasado viernes en el marco de la investigación contra Karina Oliva y planteó la idea de “realizar las modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías”.

Durante esta jornada, desde la Asociación Nacional de Fiscales se dio a conocer un comunicado por el mediático allanamiento a la sede del Partido Comunes, perpetrado en el marco de la investigación contra Karina Oliva por fraude de subvenciones.

Cabe recordar que, pese a que la directiva de Comunes ha expresado su disposición a participar del proceso investigativo, Carabineros hizo ingreso al inmueble con armamento y derribando la puerta a golpes.

Frente a esto, la Asociación de Fiscales declaró que impresionan “las imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y la difusión coetánea de esta diligencia, afectando el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas“.

Además, agregaron: “Desconocemos quién, vulnerando la obligación legal de reserva de la investigación, filtró la realización de esta diligencia, cuestión que es completamente improcedente, no solo por poner en riesgo la eficacia de esta diligencia intrusiva, sino que además implica una afectación innecesaria a los derechos de quienes están siendo investigados, cuestión absolutamente inaceptable en un estado democrático de derecho”, fueron parte de las declaraciones de los Fiscales.

“Como gremio repudiamos absolutamente lo sucedido, y además, hacemos presente que la Asociación Nacional de Fiscales en diversas oportunidades ha planteado la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías”, sentenciaron.

El objetivo de la propuesta dicha anteriormente, según los fiscales del Ministerio Público es “evitar actuaciones como la ocurrida, y así poder garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales de todos nuestros ciudadanos, y de esta forma contribuir a sentar las bases de la nueva convivencia social que entre todos estamos construyendo”.