Crisis en Carabineros: Abogados de generales sumariados acusan de ilegal intervención de la Contraloría

Foto: Marco Sepúlveda

La defensa de Mauricio Rodríguez y Enrique Bassaletti, dos de los siete generales del Alto Mando de Carabineros investigados por Contraloría por su actuar durante el estallido social, realizaron sus descargos ante la investigación de Contraloría, calificando de ilegal que el organismo se inmiscuya.

Los abogados Sergio Rodríguez y Carlos Cortés presentaron una declaración, difundida por el diario La Tercera, donde dicen que en este caso se infringieron normas de reserva por la forma en que tomaron conocimiento los generales de la formulación de cargos en su contra.

 “En cuanto al fondo de los cargos formulados por la CGR, debemos reiterar que el Alto Mando de Carabineros de Chile, de manera conjunta y, en cada caso, individualmente dentro de cada una de sus competencias, realizaron y ejecutaron sucesivamente todas las actuaciones razonables y posibles para prevenir, impedir y sancionar eventuales conductas verificadas fuera de protocolo producidas como consecuencia de los múltiples hechos delictivos ocurridos desde el mes de octubre de 2019 y la grave afectación al orden y seguridad pública conocido por todos”,  explica el documento.

Y agregan que  “desde este punto de vista, tenemos la íntima convicción que no se ha incurrido en responsabilidad administrativa alguna, ya que se tomaron todas las medidas ya referidas, sin omitir alguna acción acorde con las diversas situaciones que se fueron produciendo, todo ello dentro de las capacidades materiales y de personal existentes”.

“En cuanto a la actuación de la CGR, el ejercicio de la potestad sancionadora debe ser ejercida de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes, como asimismo respetando los principios y garantías de todos los ciudadanos. Desde este punto de vista, resulta ilegal que la CGR se inmiscuya en estas materias, por corresponder su conocimiento de manera exclusiva y excluyente al General Director de Carabineros de Chile, todo ello de acuerdo a la LOC que los regula y los reglamentos respectivos”, indican.

A juicio de los abogados en este caso se trataría más bien de una eventual responsabilidad política por decisiones u omisiones, lo que debería ser revisado por los organismos y personas que establece la Constitución y no por la Contraloría.

El gobierno, por su parte, está a la espera de nuevos antecedentes en la investigación y ha defendido públicamente a Mario Rozas y el actuar de la policía durante el estallido social.

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