Contexto Autoritario: Un terreno fértil para el Populismo Punitivo

Uno de los factores que debiera preocupar más a la opinión pública a propósito de la crisis económica, social y política que atraviesa nuestro país, es el creciente sentimiento autoritario y punitivo que atraviesa a la sociedad chilena los cuales no solo se han hecho patentes en los discursos de odio movilizados por José Kast en la primera vuelta de la elección presidencial, sino que también con las repetitivas revueltas antinmigrantes en Iquique que se tomaron la escena pública esta semana, así como otras expresiones de conflictividad social que aquejan a la sociedad chilena.

Esto se ha hecho patente con los resultados de la Encuesta Bicentenario UC 2021 donde se indagaron los niveles de tolerancia social de la población. Para ello, a los encuestados se les solicitó identificar un grupo social que les produjera algún nivel de rechazo. Al consultar sobre si una persona que genera rechazo se le debiera permitir ejercer cargos públicos un 64% contestó no, mientras que un 65% dijo lo mismo para el caso de permitir que sea profesor/a de enseñanza básica, y un 55% reveló lo mismo para el caso de permitirle ser panelista en un medio de comunicación. La alta intensidad de las actitudes punitivas y ánimo de cancelación en la sociedad chilena, son propios de contextos políticos de alta desigualdad y deslegitimación del orden social, donde las preferencias por el igualitarismo aumentan de manera abrupta como lo muestra la misma encuesta que registra un aumento desde el 21% en 2012 al 71% en 2021 cuando se les pregunta sobre estar de acuerdo con que todos deberíamos tener lo mismo.

En este sentido, resulta preocupante cuando ciertos sectores de la elite progresista se inclinan por agitar las banderas del populismo punitivo. Un ejemplo concreto son los dichos del senador socialista José Miguel Insulza el pasado lunes 30 de enero, quien aseguró que existe un sector en la izquierda que “tiende a justificar la delincuencia debido a las carencias sociales” y que este es un enfoque que “ya no corresponde”. Estos dichos ignoran que el enfoque de derechos es un consenso en las ciencias sociales contemporáneas para explicar las trayectorias delictivas, y en ningún caso un invento de la izquierda.

El estudio “Exclusión Social de Personas Privadas de Libertad” (2015) realizado por Paz Ciudadana levantó la primera encuesta representativa a nivel nacional del acceso a derechos de las personas encarceladas en Chile. Sus hallazgos fueron lamentablemente demoledores con relación a la privación de derechos sociales de la población penal previo a su encarcelamiento. Para el año 2015 cuando se levantó el estudio en cuestión, dos tercios de las personas encarceladas en Chile tenían menos de 35 años a la vez que un 86% del total de presos no completo la enseñanza media en comparación con un 45% de la población general considerando la encuesta CASEN del año 2013 (la más cercana en para realizar la comparación cuando se publicó el estudio).  

La evidencia recogida en el estudio también da cuenta de que el inicio de la carrera delictiva está fuertemente asociada a componentes intergeneracionales y a la vulneración de derechos en la infancia y adolescencia. Un 47% de los encuestados reportaron que cometieron su primer delito antes de los 14 años, y un 33% reveló que su primera detención fue también en el periodo de su infancia. Un 27% de los encuestados revelo que su primera condena de privación de libertad fue previa a ser mayores de edad. Cuando se revisan los datos sobre la historia de infancia y adolescencia de las personas encarceladas, un 42,5% de las personas privadas de libertad registraron haber estado en un centro de menores previo a la mayoría de edad, un 64,7% reveló haber abandonado el hogar antes de los 18 años, y un 68% dio cuenta que su padre o madre fueron privados de libertad durante su infancia y adolescencia.

En cuanto a reinserción socio laboral, si bien se evidencia que existe un importante acceso al trabajo intra-penitenciario por parte de los reclusos, éste depende significativamente de la autogestión de los mismos internos (artesanos principalmente), no siendo parte de la oferta integral de los centros penitenciarios del país hasta la fecha. Esta evidencia se condice por los hallazgos encontrados por Gómez y Grau (2017), quienes registran un nulo efecto de los programas laborales intracarcelarios en la reincidencia, con el bemol de estimar efectos heterogéneos en la disminución de la reincidencia para ciertos grupos de internos que participan en programas laborales dentro de las cárceles de Chile.

En resumen, las personas privadas de libertad son mayoritariamente jóvenes en situaciones de profunda exclusión social tanto intergeneracional como en el periodo previo a ser encarcelados, y la privación de libertad no les ofrece ninguna oportunidad para cambiar sus trayectorias de vida. La evidencia sugiere que quienes cambian de rumbo lo hacen más por méritos propios que por alguna contribución del Estado a su reinserción social.

La conclusión que podemos realizar es inequívoca, y como lo señale previamente, es un consenso en las ciencias sociales contemporáneas: las trayectorias delictivas en Chile (y el mundo) están fuertemente determinadas por el origen socioeconómico. Los dichos del Senador Insulza, cargados de una alta intensidad en violencia de clase y desconocimiento sobre la vida cotidiana de los sectores populares de nuestro país, tienen como única consecuencia aumentar el clima de desconfianza entre la ciudadanía, así como intensificar la criminalización de la pobreza y la estigmatización de los sectores marginados de nuestro país.

En el contexto político actual donde la seguridad pública se toma el primer plano de la agenda política es menester que la sociedad civil permanezca vigilante y no le dé cabida alguna a los políticos oportunistas que agitan las banderas del populismo punitivo.

Referencias

Morales, A.M, et al. (2015). “Estudio sobre los niveles de exclusión social en personas privadas de libertad.” Fundación Paz Ciudadana y Fundación San Carlos de Maipo.

Gómez, F., & Grau, N. (2017). The Impact of Prison Labor Programs on Recidivism: The Case of Chile. Santiago.