«Si nosotros desaparecemos, aumentan nuevamente las que participaron de la colusión»: La advertencia de las farmacias independientes ante la Ley Fármacos II

Luego de una extendida discusión por casi siete años, el proyecto de Ley de Fármacos II se prepara para enfrentar su último trámite constitucional, luego de que la Comisión Mixta que debió establecerse tras discrepancias entre ambas Cámaras en el Congreso despachara su informe y acordara dar una última evaluación, posterior al receso legislativo en el mes de marzo.

En esta última etapa, el proyecto lleva un año de debate entre senadores y diputados, tras el rechazo en la Cámara Alta a las indicaciones que presentó la Cámara Baja, lográndose en todo caso en este último periodo los mayores acuerdos para su despacho.

El proyecto inicial

El 10 de marzo del año 2015 los senadores Guido Girardi (PPD), Manuel José Ossandón (RN), Fulvio Rossi (PS), Andrés Zaldívar (DC) y la senadora Carolina Goic (DC) presentaron la moción que buscaba modificar el Código Sanitario para regular medicamentos bioequivalentes genéricos, evitando la integración vertical de farmacias y laboratorios.

Esto a raíz del bullado caso de la «colusión de las farmacias», que permitió evidenciar el acuerdo de precios entre las compañías Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde, donde los parlamentarios argumentaron que toda la cadena de producción operaba «en condiciones que tienden a la colusión y el abuso de posición dominante en todos los niveles de la cadena productiva».

Cabe destacar que la principal idea de la moción original que -como se mencionó- pretendía regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, quedó descartada por la instancia legislativa, tras no lograr los acuerdos necesarios entre senadores y diputados.

Acuerdos y discrepancias

La citada Comisión Mixta resolvió durante el año 2021 que no habrá prescripción de marcas de parte de los médicos hacia sus pacientes, sino que los facultativos estarán obligados a prescribir fármacos de Denominación Única Internacional (DCI). Estos son de dominación general asignados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que sirve para identificar los componentes activos de los medicamentos, como por el ejemplo la amoxicilina, el paracetamol o ibuprofeno.

Las razones detrás de esta medida tienen que ver con evitar la influencia de marca que puedan ejercer los laboratorios en los profesionales de la salud al momento de recetar una medicina, ya que estos podrían prescribir de forma exclusiva determinadas empresas de producción. También se consideró el poder reemplazar un remedio por su bioequivalente, que es otra droga que posee el mismo principio activo o fármaco, pero a un precio más accesible.

El proyecto dispuso una plazo de seis meses para fijar una estrategia de intercambio para la bioequivalencia de los fármacos a través de un reglamento que las autoridades sanitarias deben elaborar. Esta norma establecerá qué medicamentos pueden ser intercambiables, iniciando con un stock de cinco mil productos ya certificados y otros seis mil deberán enfrentar esta revisión.

Sin embargo, la propuesta de regular y establecer precios máximos para la venta de remedios sigue generando discrepancias y dilataciones en la discusión de este proyecto. En ese sentido, los parlamentarios recogieron la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que pretende dividir la tarifa de los fármacos en dos partes: la primera correspondería al costo estándar de venta, mientras que la segunda sería el costo de adquisición del remedio por parte de las farmacias.

En la práctica, esto significaría que las farmacias ya no serían las facultadas para fijar los precios de los remedios, sino que estos se establecerían a partir de ese desglose, impidiendo aumentar el costo al bolsillo de las personas; no obstante, debilitaría a las farmacias independientes en cuanto a la sustentabilidad de sus negocios.

Por su parte, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), presentó indicaciones con el objetivo de resolver algunos discernimientos previos que habrían existido entre senadores y diputados. Al respecto, proponen que el precio máximo de los productos se fije a través de un Decreto Supremo emanado desde el Ministerio de Salud (Minsal) con firma del Presidente de la República, el que deberá basarse en lo que proponga el Observatorio Nacional de Medicamentos para ese fin.

«Este decreto podrá considerar, según corresponda, los precios nacionales e internacionales comparables de los medicamentos, los costos asociados a la producción y distribución de los mismos, los precios de los productos adquiridos e intermediados por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud en el año de su dictación y en años anteriores», sostienen desde el Ejecutivo, con propuestas formales de precios y de condiciones de venta de los potenciales proveedores y distribuidores de los productos.

La determinación también debe estar suscrita por el Ministerio de Economía, el que contendrá la metodología y elementos para el cálculo del valor máximo, con una revisión cada cinco años. La elaboración del informe debería ser realizada entonces por el Panel de Expertos del Observatorio de Medicamentos en conjunto a la Fiscalía Nacional Económica, quienes deberán remitir al Minsal las recomendaciones en un plazo de seis meses.

Hasta la fecha, la Comisión Mixta sigue discutiendo el establecimiento de precios, decisión que finalmente se resolverá en marzo, posterior al receso legislativo que tomará el Congreso.

El conflicto de interés de la asesora de Girardi y del Gobierno

A lo largo de la discusión de la Ley Fármacos II se han denunciado algunos conflictos de interés que involucrarían a las farmacéuticas, a asesores que han participado en la tramitación del proyecto y también a parlamentarios.

En mayo de 2021 el senador Guido Girardi (PPD), uno de los autores de la iniciativa, en conjunto con su asesora, la abogada Andrea Martones, denunciaron un potente lobby por parte de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa), según consignó El Mostrador.

El aludido gremio es el representante de 13 laboratorios que elaboran medicamentos genéricos y de marca, y según indican en su sitio web, son una de las agrupaciones más antiguas del rubro, con 35 años de historia.

El artículo también señala que el parlamentario y su consejera afirmaron que Asilfa ha buscado impedir la aprobación de la Ley de Fármacos II mediante «presiones y falsedades». Girardi, además, consideró que esto es “un nuevo intento de dañar una política pública que ha costado mucho implementar».

Sin embargo, paradójicamente la Asociación de Farmacéuticos dueños de farmacias independientes de Chile (AFFI Chile) solicitó en una carta enviada el 17 de enero pasado al presidente de la Comisión Mixta de Salud del Senado, Rabindranath Quinteros (DC), la suspensión de la tramitación de la Ley de Fármacos II, a raíz de lo que denunciaron como «gravísimos conflictos de interés» precisamente de la mencionada asesora del parlamentario PPD, Andrea Martones, luego de que esta fuera incorporada por la Segpres al trabajo pre-legislativo de la indicación sustitutiva que ingresaría después el Gobierno. Lo anterior, en calidad de “asesora ad honorem” y por ser “experta en materias de regulación del mercado farmacéutico del país».

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Cabe destacar que la participación de Martones en la tramitación de la Ley Fármacos II es posible constatarla tanto al ingresar al historial de la discusión de la iniciativa en la Comisión Mixta, donde aparece como asistente en calidad de «Asesora del Senador Girardi (sic)», como al revisar la web de la empresa Martones SPA, donde en el perfil de la abogada se destaca que «se ha desempeñado también como Asesora en Asuntos Regulatorios del Subsecretario de Salud Pública, teniendo a su cargo (…) el proyecto de ley de Fármacos 2, actualmente en trámite en el Congreso Nacional».

A raíz de todo lo anterior, la Asociación de Farmacéuticos dueños de farmacias independientes de Chile decidió denunciar ante la Contraloría General de la República al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, y al subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, quienes -recordemos- reclutaron a Martones para el trabajo de redacción de la mencionada indicación sustitutiva para la Ley de Fármacos II enviada por el Ejecutivo.

En ese sentido, AFFI Chile acusó «graves faltas a la probidad» en el accionar de Ossa y Pavez, «atendida la omisión en el ejercicio de sus competencias, las infracciones a la normativa sobre conflictos de interés y los incumplimiento a los deberes de transparencia».

A juicio de la agrupación, Andrea Martones posee un conflicto de interés al haber participado activamente en la elaboración del proyecto de Ley de Fármacos II, lo que a su juicio ha permitido «que influyera significativamente en ella».

Y es que, por otra parte, los farmacéuticos independientes advierten que, según antecedentes de acceso público, existiría una vinculación de la abogada con intereses particulares de laboratorios.

Al respecto, se detalló que en julio de 2021 y en plena tramitación del aludido proyecto, la abogada Andrea Martones “recibió pagos por $16.019.300 por parte de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile (CIF), que representa a 24 compañías multinacionales de innovación farmacéuticas con presencia en Chile”.

Sobre esto, CIF se limitó a señalar, como quedó consignado en un artículo de El Mostrador, que este no fue un pago «irregular» y que estuvo relacionado a una contratación a la empresa «para labores específicas de asesoría».

Finalmente, el requerido senador Rabindranath Quinteros respondió en la sesión del 26 de enero pasado a la carta de los dueños de las farmacias independientes, señalándoles que no tiene «atribuciones para suspender la tramitación de este proyecto, menos aún considerando que tiene discusión inmediata».

El riesgo de las farmacias independientes

La voz de los que sobran conversó con Daniel Sepúlveda, quien es presidente de la Asociación de las Farmacias de Químicos Farmacéuticos de Chile (AFICH), un gremio conformado el año 2015 que agrupa a 50 farmacias independientes, con más de 65 locales que se extienden desde Iquique hasta Puerto Montt.

Sepúlveda indicó que durante la tramitación de Ley de Fármacos II, los parlamentarios que discuten el proyecto «dejan entrar a los que ellos quieren. Nosotros hemos tenido algunas audiencias por Ley de Lobby con algunos senadores y diputados que nos dan no más de 30 minutos para explicarles nuestros temas».

«A las asociaciones gremiales no nos incluyen. Nosotros somos farmacias independientes; si se lo estamos diciendo es porque nosotros queremos que nuestras farmacias sobrevivan, porque las decisiones que están tomando están con algo detrás que no podemos evidenciar. Nos dicen que hoy día el modelo de legislatura en Chile no incluye a todos los actores, solamente a los que juegan a favor, a pesar de que tú puedas ocupar todas las herramientas necesarias para llegar ahí», añadió al respecto el químico farmacéutico.

El dirigente sostuvo también que la nueva Ley de Fármacos II viene a reflejar la «usura y todas las aberraciones que el sistema ha encontrado», como las colusiones, alzas de precios injustificadas y sobreprecios en medicamentos que son de laboratorios que son innovadores y transnacionales.

«Lo que nosotros proponemos es que el proyecto se haga bien. Cuando te quieren regular el precio, te ponen más exigencias, y claramente te estás viendo afectado, no solamente en nuestro negocio, nuestra familia, etcétera. Si nosotros desaparecemos, aumentan nuevamente las farmacias que participaron de la colusión; y las de barrio, que son las que se necesitan y que son parte de un sistema sano, van a desaparecer, y las personas nuevamente van a perder su acceso al medicamento porque las cadenas no se van a meter ahí. Eso es un problema sanitario y público», plantea Sepúlveda .

El entrevistado considera a las farmacias independientes como parte de la solución a este problema, ya que -dice- una sucursal de barrio posee «los medicamentos necesarios para esos pacientes». «Las farmacias independientes tienen toda la capacidad para poder cumplir las necesidades de la zona donde están. La característica de las farmacias independientes contra la las cadenas es que la distribución es mucho más heterogénea; tú las encuentras repartidas en todas las zonas, mientras que las otras no están necesariamente donde se necesitan los medicamentos, sino donde se venden», explica.

En esa misma línea, Daniel Sepúlveda es tajante al señalar que «nadie puede desmentir que la inclusión de nuevos competidores con las calidades equivalentes hace que bajen los precios. El Estado debería facilitar una política pública, el ingreso de competidores al mercado para que también la ciudadanía pueda verse beneficiada en esto. Es un tema no menor, y eso también es importante que lo tomen como política sanitaria y de medicamentos a un nivel mucho más superior».

En relación a las propuestas emanadas desde la Secretaría General de la Presidencia sobre el proyecto de ley Fármacos II, Daniel considera que «en la palabra suena muy bien, pero cuando las tratamos de llevar a ejecución va a ser muy difícil» dado que para las farmacias independientes es un proceso muy engorroso y complejo, «los únicos que tienen los recursos que tienen para salir de esa propuesta son las grandes cadenas».

En ese sentido, el presidente de AFICH hace notar su preocupación respecto a la «presión indebida, el poco análisis de los impactos que hay. La ley se forma por los que cometieron los delitos, que fueron las farmacias de cadenas, pero en el ambiente somos más que ellos en cantidad. ¿Qué pasa en Chile? ¿Por qué cuando se hacen las propuestas de fijación de precios los que salen más favorecidos son los laboratorios internacionales?».

El químico farmacéutico considera, además, que las medidas que se buscan establecer «las hacen pensando en tres cadenas que son solamente menos de la mitad de farmacias, pero y qué pasa con la otra mitad, que somos nosotros las farmacias independientes».

«La ley que proponen con un observatorio de medicamentos, con una regulación de los precios máximos, costos de dispensación. Cuando uno lo lee los únicos que salen favorecidos son los laboratorios internacionales que tienen productos innovadores o vienen con marcas que ya salieron de patente«, advierte el profesional.

Es ahí donde aparece la discrepancia de la Asociación de las Farmacias de Químicos Farmacéuticos de Chile respecto del proyecto, ya que estiman que la regulación de precios es estandarizada para todas las farmacias, y que por sus diferencias y actores en el mercado debería regular incluso a la cadena completa de producción y distribución de medicamentos, considerando a los laboratorios y droguerías de manera más específica.. «Los pecados de otros no tenemos por qué pagarlos nosotros, nacimos como solución a lo que existía y nos están metiendo en el mismo saco», reflexiona Daniel.

La otra complicación que evidencian se expresa en la fijación de sanciones y multas. Estas van entre las 100 UTM ($5,2 millones) y las 10 mil UTM ($520 millones), que fijará el Instituto de Salud Pública (ISP).

Frente a esa realidad, Sepúlveda estimaría mejor bajar la cortina y quedar hasta ahí, ya que advierte que los montos para las farmacias independientes son «estratosféricos» y que las únicas que podrían costearlo son las grandes cadenas.

Sus propuestas

Desde AFICH plantean una serie de propuestas que estiman son un aporte a la ley en cuestión y al escenario de la distribución de medicamentos en general, al considerar la realidad de aquellas independientes. Entre estas está potenciar la Ley Cenabast, promover el ingreso de medicamentos bioequivalentes y su prescripción, en conjunto con actualizar el petitorio mínimo farmacéutico y potenciar el recetario magistral.

En el caso de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), plantean promover la «adquisición de (medicamentos) INNOVADORES de alto costo y de uso en patologías prevalentes (sic)», y aumentar el costo de intermediación a un 10% para mejorar su gestión hacia empresas privadas. También proponen incentivar la afiliación de farmacias independientes y obligar a las nuevas a que se subordinen a esta regulación.

Además, consideran que el Observatorio de Medicamentos existente debe fusionarse con El Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia (ETESA) como una entidad autónoma, la que debería basar sus informes y propuestas con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En materia de medicamentos bioequivalentes, proponen «aumentar la subvención estatal a laboratorios nacionales y extranjeros, para el desarrollo de fármacos genéricos bioequivalentes, a través de CORFO y universidades de proyectos FONDECYT. También elevar los recursos a la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), para la agilización y autorización de remedios con bioequivalencia.

Finalmente, consideran relevante actualizar el petitorio mínimo farmacéutico y potenciar el recetario magistral, para «saber las verdaderas necesidades de la comunidad en temas sanitarios», revisando las atribuciones sanitarias para «mejorar el acceso de medicamentos de alto costo y drogas huérfanas, evitando la intromisión de los intereses de los laboratorios».

La discusión de este proyecto está próxima a cumplir siete años. La fecha límite para integrar a las diferentes voces que debieran protagonizar la discusión de la Ley de Fármacos II es marzo del presente año, donde la Comisión Mixta deberá deliberar la composición de la ley para que sea votada en pleno por todos los senadores y diputados.