La contradicción del gobierno provida

En el debate presidencial de ANATEL del 9 de diciembre de 2025, José Antonio Kast fue categórico: “Jamás indultaría a un abusador de niños. Jamás”. Hoy, su Gobierno debe explicar por qué el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de rebaja de condena: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación.

El ministro Fernando Rabat ha defendido estas decisiones invocando criterios de la Corte Suprema y la aplicación de la ley. La discusión jurídica sobre la Ley N.º 21.421 debe abordarse con rigor: una rebaja de condena no es lo mismo que un indulto. Pero esa diferencia no elimina las preguntas políticas.

Los decretos fueron dictados por el Ministerio en ejercicio de sus atribuciones. ¿Qué criterios se aplicaron en cada caso? ¿Cuáles son los fundamentos de las decisiones? Las víctimas y la ciudadanía merecen respuestas claras, no una disputa de versiones entre autoridades.

La protección de la infancia no puede ser una consigna de campaña que se diluye al llegar al poder. La violencia sexual no termina cuando se dicta una sentencia: sus efectos pueden acompañar durante años a las víctimas y a sus familias.

Desde una mirada feminista, también debemos preguntarnos qué estructuras permiten que esa violencia se reproduzca y qué señales envía el Estado cuando la discusión se concentra en justificar procedimientos, mientras quienes sufrieron los delitos vuelven a quedar en segundo plano. La reflexión de Angela Davis sobre la relación entre violencia y estructuras de poder sigue siendo relevante: no basta con mirar el expediente si dejamos de mirar a las personas.

Y hay una contradicción más amplia. Mientras se proclama la defensa de la vida, muchas familias enfrentan dificultades para acceder a educación, salud y alimentación; otras viven la cesantía o la incertidumbre por sus ahorros previsionales. Las pérdidas que han golpeado a afiliados de los multifondos D y E también pesan sobre personas mayores y familias que dependen de esos recursos.

No todo tiene una misma causa, pero la pregunta es inevitable: ¿qué significa proteger la vida si no se resguardan, en los hechos, las condiciones para vivir con dignidad?

Desde la ONG Acción Mujer y Madre exigimos que el ministro Rabat haga públicos los fundamentos de los 56 decretos y explique los criterios aplicados. El Presidente Kast, por su parte, debe responder por la promesa que hizo a la ciudadanía. La responsabilidad política no se resuelve invocando tecnicismos ni puede quedar suspendida mientras se discute la interpretación de la ley.

Defender la vida del que está por nacer de nada sirve si a las niñas y niños, que son el futuro de nuestro país, se les deja expuestos a depredadores sexuales, muchos de los cuales son sus propios familiares. Eso es moralmente violento y, definitivamente, no es provida.