Maricarmen regresa a su casa en Madrid en medio de tramitación de un proyecto de ley con su nombre
Abogada que defiende a la jubilada logró acuerdo con empresa propietaria, mientras ola de protestas sigue pidiendo que gobierno de Sánchez impulse decreto de protección al derecho a la vivienda, pese al rechazo de la propuesta por parte de la derecha PP y Vox.
La gran conmoción generada en España por Maricarmen Abascal llevó a un final feliz para su caso, tras un acuerdo firmado este lunes (28/09) en el cual su abogada logró que la empresa propietaria del inmueble aceptara que la jubilada de 87 años vuelva a pagar un valor de arriendo acorde a sus ingresos.
Maricarmen vivió en el apartamento durante 70 años y siempre pagó el alquiler puntualmente cuando el valor de arriendo era de unos 500 euros al mes (cerca de 550 mil pesos) hasta mediados de 2018, cuando la empresa Urbagestión adquirió el inmueble.
A partir de entonces, se impuso una serie de aumentos de ese valor, que llegaron a acumular un 275%, hasta que el valor mensual pasó a ser de 2,6 mil euros (cerca de 2,9 millones de pesos), inalcanzable para la jubilada, que recibe una pensión mensual de 1,3 mil euros (1,4 millones de pesos).
Con el acuerda, Maricarmen podrá regresar a su vivienda en el barrio del Retiro de Madrid, desde donde fue desalojada el pasado 21 de septiembre, tras el fallo del Tribunal Supremo de España, que decidió en favor de Urbagestión en una querella que denunciaba supuestos aumentos abusivos del valor del inmueble.
El desalojo de la jubilada provocó una ola de protestas en España a partir de la escena de Maricarmen escoltada por la policía antidisturbios y sacada de su vivienda en camilla y trasladada en ambulancia.
Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, declaró a la prensa española tras el acuerdo que “ojalá este caso sirva como ejemplo para cambiar un poco el paradigma de la vivienda”.
La defensora recordó que su representada todavía se encuentra hospitalizada y que regresará a su departamento de toda la vida solamente cuando reciba el alta médica.
Decreto Maricarmen
El caso de Abascal acabó por poner de manifiesto un antiguo problema en España: el elevado coste de la vivienda.
El sábado, decenas de miles de personas salieron a las calles en varias ciudades españolas en apoyo a Maricarmen y para protestar contra la situación del mercado inmobiliario. Cientos de ellas han decidido montar un campamento permanente en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
El escenario desató también una nueva disputa política en vísperas del debate parlamentario sobre una propuesta legislativa relativa a ese tema, para el cual el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero de España (PSOE), aún no ha logrado el apoyo suficiente.
Los manifestantes en la Puerta del Sol están organizados por el Sindicato de Inquilinos y esperan que Sánchez apruebe el llamado “Decreto Maricarmen”, que propone establecer un mecanismo de protección contra los desalojos y la prohibición de las compras especulativas por parte de fondos de inversión.
La propuesta también defiende la estabilización de los contratos de arriendo, regulación de los arriendos de temporada, aplicación del IVA a los departamentos destinados al turismo y concesión de incentivos fiscales a inquilinos y compradores de primera vivienda.
Para que el paquete de medidas urgentes sea aprobado por el Parlamento, el gobierno necesitará el apoyo de otras fuerzas políticas. Hasta el momento, este apoyo no está garantizado, ni siquiera por parte de Sumar, fuerza de izquierda que es socia de la coalición gobernante, que no descarta abstenerse en la votación si el texto no satisface plenamente sus demandas. Por parte de los partidos de derecha y de extrema derecha, como el Partido Popular (PP) y Vox, la posición es por rechazar la medida.
