Lawfare en Perú: fiscalía pide prisión de candidato de la centroizquierda
Las elecciones presidenciales en Perú han ganado capítulos de lawfare en este martes (12/05), cuando la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima presentó una denuncia en contra del candidato Roberto Sánchez, de la coalición de centroizquierda Juntos por el Perú.
Los fiscales acusan al candidato por un presunto falseamiento de informaciones en sus declaraciones ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no en el proceso actual, sino que en los comicios regionales de 2018 y las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020.
Otro dato curioso es que la denuncia fue presentada horas después de que el mismo ONPE oficializara el pase de Sánchez a la segunda vuelta electoral: tras alcanzar el 99,8% de los votos computados, el postulante de la izquierda superó de forma irreversible al extremista Rafael López Aliaga, quien quedó en el tercer lugar
Con eso, Sánchez se ganaría el derecho de enfrentar en el ballotage a la candidata conservadora Keiko Fujimori, hija del fallecido dictador Alberto Fujimori (1990-2000).
Los representantes de la coalición Juntos por el Perú alegan que los problemas en la declaración de Sánchez el procesos electorales del pasado son meros errores de digitalización, por lo que no configuran crimen.
Sin embargo, la Fiscalía peruana los considera crimen de mayor gravedad y pide una pena de 5 años y 4 meses de prisión.
Retraso favorece a Keiko
Keiko fue la más votada en la primera vuelta, realizada el pasado 12 de abril, con un 17,2% de los votos válidamente emitidos, mientras que Sánchez obtuvo un 12,1% y López Aliaga un 11,9%. La diferencia entre Keiko y Sánchez fue de poco mas de 800 mil votos, mientras que entre Sánchez y López Aliaga fue de 18 mil.
El ONPE se tardé exactos 30 días en llegar al resultado final del conteo, debido a que la candidatura de López Aliaga judicializó más de 6 mil urnas, alegando presunta manipulación de los votos, por lo que solo pudieron ser contadas tras evaluación por los Jurados Electorales Especiales (JEE) – de hecho, todavía hay 68 urnas que no han sido liberadas para el conteo.
El retraso en la finalización del conteo ha favorecido la candidatura de Keiko, quien ha podido impulsar su campaña de segunda vuelta desde mediados de abril cuando presencia en el ballotage ya estaba asegurada.
Por su parte, Sánchez todavía no ha podido iniciar oficialmente su campaña en segunda vuelta y la denuncia podría mantener ese impedimento hasta el día 27 de mayo, cuando está programada la audiencia por el caso en la Corte Superior de Lima.
Cabe recordar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú tiene su fecha marcada para el día 7 de junio.
