Los límites del feminismo y la disidencia en el Estado

Los sucesos de las últimas semanas relativos a denuncias por acoso y abuso sexual contra autoridades de gobierno han puesto en el centro de la discusión el problema de la pertinencia y coherencia del programa “feminista” que el gobierno del Frente Amplio ha intentado implementar a través de doctrinas y políticas públicas estatales.

Como activista disidente sexual pienso que hay una grave confusión sobre lo que significa aplicar principios feministas y disidentes en un gobierno, sobre las contradicciones que eso puede conllevar y sobre los límites de tal intento inclusivo.

En casos de abuso y violencia sexual contra mujeres y minorías ocurre que las víctimas vuelven una y otra vez a vivir situaciones injustas o violentas en su entorno cercano (familia, amistades, contextos laborales) o en el mismo proceso judicial. Por eso, el feminismo ha impulsado estrategias solidarias que se condensan en la frase «amiga yo te creo», para que las víctimas (denunciantes) sean apoyadas en su entorno cercano y no vivan esa doble violencia.

El problema es que esa doctrina de apoyo y solidaridad feminista no se puede traducir o trasladar literalmente a una política pública porque atenta contra otro principio del Estado de derecho que es la presunción de inocencia.

En estos casos es deber del Estado apoyar y contener a las personas denunciantes, se deben implementar protocolos en los procesos judiciales para no revictimizar a quienes denuncian un abuso o acoso. Pero el rol del Estado no es ni puede ser «creerle» a las personas denunciantes a priori, sin un juicio previo.

La doctrina del «amiga yo te creo» tiene que funcionar en los entornos cercanos y afectivos de las personas denunciantes o entre redes de apoyo colectivas, donde tiene total sentido que se activen las agencias del creer y el confiar inter-subjetivo. Pero eso mismo no se puede aplicar en el plano institucional del Estado porque su naturaleza es otra.

Es por eso que el gobierno (gobierne quien gobierne) debería ser muy responsable y reconocer que objetivos tales como el de impulsar un «gobierno feminista» no puede implicar que todas y cada una de las prácticas de los colectivos feministas se apliquen tal cual en el Estado. Pienso que es importante reconocer que en algunos casos -como este de la presunción de inocencia- esas prácticas que han sido tan importantes para el feminismo colectivo son a su vez incompatibles con el plano del Estado. Reconocer que ya la propia frase circunscribe y delimita el ámbito político-afectivo de su alcance: «amiga, yo te creo».

Habrá que reconocer también que el traslado literal de ciertas prácticas feministas o disidentes desde la resistencia comunitaria hacia las instituciones públicas, las puede contaminar irremediablemente con el aspecto autoritario propio de todo aparato estatal. Lo que antes era minoritario se ve asociado al poder arbitrario del Estado y por tanto expuesto al escrutinio público ciudadano, impugnable, objetable, incluso ridiculizable desde el punto de vista de un sentido común popular, tras abandonar su ámbito de reserva lógica, tal como hemos visto en los últimos días.

Algo similar ocurrió con el intento frustrado de integrar a la disidencia sexual -en abstracto y sin modulación alguna- dentro de la propuesta constitucional 1, que derivó en la torpeza de invitar a un colectivo contracultural -es decir, de naturaleza “destituyente”- como “Las Indetectables”, al cierre de campaña de un proceso nacional “constituyente”.

En resumen: no todo el feminismo ni toda la disidencia caben en el Estado, porque gran parte de las prácticas feministas y disidentes existen por fuera, en paralelo, por debajo, en los intersticios o incluso en contra de la institución, y ese es su gran valor.

Promover políticas o perspectivas de género en el poder ejecutivo o judicial tiene muchas aplicaciones posibles, pero eliminar la presunción de inocencia no puede ser una de ellas. Y hay que tener la madurez institucional para decirlo de manera clara al país.