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Araucanía: Organizaciones feministas llevan a Contraloría a alcaldes investigados, formalizados y prófugos de la justicia por casos de violencia de género

Con el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, aún prófugo de la justicia, y con múltiples autoridades de la zona investigadas y formalizadas, las redes feministas decidieron ir a la Contraloría General de la República para exigir municipios que respeten los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres.

En el inicio del mes de noviembre, dedicado a la eliminación de la violencia contra las mujeres, la red de organizaciones feministas en la región de la Araucanía se moviliza contra la violencia institucional y simbólica en los municipios.

La red, conocida a nivel nacional por destacar casos de alcaldes investigados por abuso, ha iniciado un mes de activismo para concientizar a la comunidad sobre la importancia de promover la seguridad con un enfoque de género y eliminar abusadores y acosadores de cargos públicos, especialmente aquellos involucrados en delitos sexuales en puestos municipales.

La primera acción de esta campaña es la presentación de un requerimiento a la Contraloría General de la República. Este requerimiento busca obtener un pronunciamiento jurídico sobre la obligación de los municipios de respetar e implementar los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, los cuales han sido ratificados y están en vigor para Chile.

Estos estándares se encuentran establecidos específicamente en la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre los puntos destacados en el requerimiento a la Contraloría se incluyen:

  1. Obligación de Respeto y Promoción de Derechos: Determinar si los alcaldes y alcaldesas tienen la obligación de respetar y promover los derechos y principios establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, especialmente aquellos mencionados anteriormente.
  2. Igualdad de Género en el Ámbito Municipal: Evaluar si la aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo implica que los alcaldes y alcaldesas deben establecer ordenanzas, protocolos y reglamentos internos para garantizar la igualdad de género, así como la prevención y sanción de la violencia de género en el ámbito laboral y municipal.
  3. Atribuciones de los Municipios en la Promulgación de Normativas: Determinar la viabilidad y las atribuciones de los municipios para promulgar ordenanzas de igualdad de género, reglamentos municipales y protocolos con el fin de incorporar los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres.
  4. Responsabilidad por Omisión: Establecer si la falta de protocolos de denuncia y manejo de casos de violencia de género conlleva responsabilidad administrativa y especificar quién sería responsable de esta omisión.
  5. Responsabilidad de los Concejales: Evaluar la posibilidad de imponer responsabilidad administrativa a los concejales que abandonen su deber de fiscalización en casos de alcaldes denunciados e investigados por violencia de género.

Este requerimiento ha sido redactado por la abogada Vivian Franco Palacios, miembro de Abofem y la Defensoría Feminista, y representa un paso significativo en la lucha contra la violencia de género y el abuso de poder en la política local.

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