Corte Constitucional de Ecuador declara admisible juicio político contra presidente Lasso

Eran ya los primeros minutos de este jueves (30/03), alrededor de las 00:30 horas hora de Quito, cuando la Corte Constitucional de Ecuador anunció la decisión de declarar admisible el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, por su responsabilidad en un esquema de corrupción.

El aval del proceso requería un quórum calificado de dos tercios y fue exactamente lo que sucedió: seis magistrados votaron a favor de la admisibilidad de la sentencia política, los otros tres miembros votaron en contra.

Cabe mencionar, sin embargo, que el juicio inició en la tarde del miércoles (29/03), y se prolongó porque la Corte analizó primero dos pedidos de juicio político por el delito de extorsión y corrupción activa, que contó con mayoría simple, pero no llegó a los dos tercios, por lo que fueron rechazados. La última solicitud, que denunciaba delitos de malversación y corrupción pasiva, acabó siendo aceptada.

Esta será la primera vez desde que entró en vigencia la Constitución de 2008 en Ecuador que un Presidente de la República enfrentará un juicio político en la Asamblea Nacional.

Como la legislatura ecuatoriana es una instancia unicameral, habrá una sola votación para definir el futuro de Lasso, aunque todavía no hay una fecha prevista.

De acuerdo con las normas constitucionales del proceso, la Asamblea Nacional tiene un plazo de hasta treinta días para poner en práctica todos los mecanismos constitucionales, incluyendo la presentación de la tesis de acusación, los alegatos de la defensa y demás trámites. De cumplirse este calendario, lo más probable es que la votación final sobre el futuro de Lasso se produzca a mediados de mayo.

Cómo funciona el proceso

El primer paso hacia el juicio político a Lasso fue el dictamen publicado el 1 de marzo por la Comisión de la Verdad, la Justicia y el Combate a la Corrupción, sobre una supuesta red de corrupción en varias empresas públicas durante el actual gobierno, caso que la prensa local denomina “El Gran Padrino”.

El documento fue aprobado en ese momento por seis votos a favor y solo uno en contra, y recomienda la destitución de Lasso por “mal uso de dinero público, atentando contra las instituciones y la seguridad pública del Estado”.

Según las reglas del parlamento ecuatoriano, el juicio de Lasso debe durar al menos seis semanas. Durante este plazo [que incluso puede prorrogarse], los denunciantes deberán presentar todos los elementos de la denuncia y el gobierno también tendrá la oportunidad de presentar su defensa.

La diputada Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Verdad, la Justicia y el Combate a la Corrupción, que elaboró ​​el informe que dio origen al proceso, debe ser la encargada de encabezar el grupo opositor durante el juicio en la Asamblea.

Por su parte, el presidente Lasso puede elegir si prefiere comparecer personalmente para responder a las preguntas de los fiscales o si prefiere enviar un representante en su lugar.

En la votación final, la destitución del presidente solo será aprobada si cuenta con el apoyo de las dos terceras partes de la Asamblea, es decir, al menos 92 votos de un total de 137 parlamentarios.

La bancada opositora cuenta actualmente con 87 representantes, incluido el partido que dirige el expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, que cuenta con la bancada más numerosa, con 47 parlamentares. Los otros partidos del bloque son el Movimiento Plurinacional Pachakutik [24 parlamentares], Izquierda Democrática [15 parlamentares] y el Partido Socialista Ecuatoriano [1 parlamentar].

De ser así, la oposición deberá convencer al menos a 5 de los 16 parlamentarios elegidos por partidos pequeños o siglas regionales, que no suelen actuar en la bancada, para obtener los votos necesarios para la destitución del presidente.

La bancada de gobierno, encabezada por el Movimiento CREO (Creando Oportunidades), partido ultraliberal fundado por el propio Lasso, cuenta con 34 diputados, y está más lejos de reunir los 46 votos necesarios para evitar la aprobación del juicio político.

También vale recordar que el documento de presentación de la solicitud, entregado el 16 de marzo, tenía las firmas de algunos miembros de los partidos oficialistas, como Pedro Zapata, del conservador Partido Social Cristiano (PSC), que llegó a comandar algunos ministerios en el actual gobierno y aún tiene figuras en cargos menores de la administración.

Reacción oficialista

En lo personal, el presidente Guillermo Lasso no se ha pronunciado tras la decisión de la Corte Constitucional, pero su gobierno reaccionó a través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República.

Según la nota, el gobierno ecuatoriano “rechaza la apertura del proceso de juicio político, pues confirma su confianza en la inocencia del presidente Lasso respeto a las acusaciones con las que la oposición pretende desestabilizar políticamente al país”.

Aun así, el Ejecutivo asegura que “si bien no estamos de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional de admitir el proceso de juicio político, la cumpliremos”.

El comunicado destaca que “esta decisión [de la Corte Constitucional] de ninguna manera puede ser leída como una validación de los argumentos esgrimidos por los acusadores contra el presidente Lasso”.