Informe electoral de municipio de Quilicura advierte «eventuales irregularidades» en período de ex alcalde: Gastaron más de $170 millones para una elección
La actual jefa comunal, Paulina Bobadilla, señaló a La Voz de los que Sobran que «si los resultados señalan que hubo corrupción, llegaremos hasta las últimas consecuencias legales».
Foto: civico.com
Este miércoles se presentó al Concejo Municipal de Quilicura el Informe de Adquisiciones para Procesos Electorales 2020-2021, que detalla las compras de bienes y servicios por parte del municipio durante los procesos eleccionarios de los años señalados. En ese sentido, se advierte sobre «eventuales irregularidades que saltan a la vista a partir del análisis», las que -añaden- «requieren mayor investigación para poder establecer conclusiones».
El documento deja constancia de que en «el caso de las elecciones efectuadas desde el Plebiscito 2020 hasta las Primarias Presidenciales 2021, la información se obtuvo mediante revisión de decretos exentos que aprobaron cada una de las compras, por tanto, eventualmente podrían haber adquisiciones y reembolsos que no fueron pesquisados para la elaboración».
Apuntado aquello, el detalle del escrito revela que durante la administración del ex alcalde Juan Carrasco (independiente y PC desde octubre de 2020) existió un exceso de gastos asociados al desarrollo y ejecución de las distintas elecciones, resultando la más elevada la de gobernadores, municipales y constituyentes, alcanzando un monto total de $170.230.099.

LÁPICES, KITS DE PROTECCIÓN, COLACIONES Y PUBLICIDAD
También se indica en el informe que hubo arriendo y compra de servicios que ya estaban en su mayoría cubiertos, como es el caso de generadores de electricidad, kits de protección y lápices pasta para los procesos eleccionarios. En ese sentido, el documento advierte que el municipio cuenta con nueve generadores, mientras que las mascarillas, alcohol gel y lapiceras son materiales que el Servicio Electoral (SERVEL) envía para estos fines.
Además, según la indagatoria, existieron gastos que no respetan el principio de legalidad, «aquellos asociados a las colaciones para vocales de mesa y equipo PESE que trabajaron en los procesos electorales», de acuerdo a lo que indica el informe. Para ello se cita el dictamen Nº 15.608 de 2015 de la Contraloría General de la República, en el cual se señala que «esos recursos deben estar asociados a la implementación de objetivos y situaciones expresamente contemplados en el ordenamiento jurídico, lo que para este caso, no procede».
Por otra parte, se destaca que hay tres grupos comerciales que de manera recurrente aparecen en el listado de compras directas por parte de la municipalidad a cargo del ex alcalde Juan Carrasco, los que corresponden a las empresas Detergentes Industriales Blank SPA, Zona 51 Producciones Ltda. y Comercializadora y Servicios Publicitarios Rodrigo Zárate Contreras Eirl.
«SI HUBO CORRUCPIÓN, LLEGAREMOS HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS«
Consultada respecto a las conclusiones del informe presentado este miércoles, la actual alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (Frente Amplio), indicó a La voz de los que sobran que este «demuestra que se pueden cuidar los recursos municipales y que también se pueden llevar a cabo de buena forma las elecciones sin estos gastos tan exagerados. Nosotros gastamos 12 y 16 millones». Esto último, en referencia a los dos procesos de votaciones que le ha correspondido llevar adelante durante su gestión.

«Iniciamos un sumario administrativo para todos aquellos que resulten responsables. El sumario determinará las medidas que se tomarán, lo que puede implicar suspensiones y hasta destituciones, de acuerdo a la ley. Si los resultados señalan que hubo corrupción, llegaremos hasta las últimas consecuencias legales para que se persiga a los responsables y se erradiquen estas malas práctica en este municipio», añadió la jefa comunal
Por su parte, la concejala de la comuna Daniela Cuevas (PC), señaló a través de sus redes sociales que junto a su equipo llevan «un par de meses investigando los gastos realizados durante el periodo 2016-2021». «Con ello determinamos que era necesario enviarlos a la Contraloría General de la República para que se pronuncien sobre eventuales faltas a la probidad», apuntó al respecto.
Puedes revisar el mencionado informe completo a continuación.


