Werken de Pu Lof en resistencia de Pilmaiquén: “Las empresas continúan con sus proyectos mientras las comunidades ponen denuncias, recursos de protección y no pasa nada”

Foto Sebastián Gallardo

Luego de que el Tribunal Ambiental rechazara nuevamente un recurso de reclamación hecho por diversas comunidades mapuche del sector del Río Pilmaiquén, el vocero Rubén Cañio anunció que seguirán movilizados. Esto, pese a que el Estado promueva el avance de los proyectos de centrales hidroeléctricas, y con ello la destrucción de patrimonio arqueológico.


El 29 de enero, el Segundo Tribunal Ambiental dio a conocer que nuevamente rechazó una reclamación hecha por comunidades mapuche. Aquello, en una decisión que dio libre paso a la empresa noruega Statkraft para proseguir con la instalación del proyecto “Central Hidroeléctrica Los Lagos”.

Esta central no es la única con la que contarían en la ribera del Río Pilmaiquén, ubicado entre la región de Los Ríos y Los Lagos. Sino que también poseen otro proyecto a la altura de Osorno. Y en conjunto, según declaran, los dos juntos podrían producir energía para más de 100 mil hogares.

Sin embargo, desde las comunidades insisten en que se les está pasando a llevar de forma indiscriminada. Esto, por el daño medioambiental que causaría la instalación de las centrales tanta a la flora, como a la fauna del lugar, incluso destruyendo restos arqueológicos prehispánicos.

Por lo mismo, han exigido en reiteradas ocasiones que se revise la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°3573 que aprobó el proyecto y, con ello, que se reitere el proceso de la mano con una consulta indígena. Sobre esta batalla contra privados y el Estado es que conversamos con Rubén Cañio, werken de las comunidades en resistencia de Pilmaiquén.

Empresas favorecidas

Para el dirigente mapuche, la decisión de rechazar el recurso “se veía venir”. Sin embargo, lo más insólito, señala, es el rol que han tomado las instituciones del Estado como el Tribunal Ambiental.

-Los ministros del tribunal están dando luz verde al proyecto con el historial que tiene, en que está pasando a llevar patrimonio que es propio de las comunidades, restos arqueológicos.

Está metido también el Consejo de Monumentos Nacionales y notamos que esto no se ve muy favorable para nosotros. El mismo Estado está favoreciendo a las empresas y, claramente, nos está pasando a llevar. Es un tema preocupante para todas las comunidades y la gente que vive en los lugares aledaños a este proyecto.

Consultado sobre los daños que denuncian que podría la generar el proyecto de la Central Hidroeléctrica Los Lagos, Coñio responde que es tanto medioambiental, como patrimonial.

Esto último, debido a que “el proyecto está emplazado en pleno Río Pilmaiquén. Específicamente en una parte donde se han encontrado restos arqueológicos prehispánicos. Eso está mucho antes de la formación del mismo Estado chileno. Eso le pertenece a nuestra familia, son los troncos familiares de todos los que aun hoy día llevamos la resistencia y la organización en contra de las centrales hidroeléctricas que se pretenden instalar en la ribera del río”, argumenta.

Sin consulta en Pilmaiquén

Uno de los puntos más controversiales del fallo fue el que determinó que una consulta indígena no corresponde. Aquello, dado que en el momento en que se aprobó la RCA, el Convenio 169 de la OIT aún no era ratificado por el Congreso.

¿Cómo analizan este argumento?

La empresa y el Estado han argumentado siempre eso. Eso hace que el alegato que estamos haciendo no tenga peso, porque siempre dicen que estaba aprobado antes o que la consulta no se hizo porque en ese tiempo no estaba normado, no estaba incluido en una legislación el que las empresas tengan que hacer una consulta a la comunidad, las organizaciones o comunidades mapuche del sector.

En eso siempre se han basado, pero en ese tiempo las comunidades no tenían la necesidad de organizarse en una personalidad jurídica como lo marca la ley indígena por ejemplo. Que una comunidad indígena, para ser legítima, tenía que ser válida ante el Estado chileno y su legislación. Y hay comunidades ancestrales que están vigentes desde tiempos de antaño y antes de la creación de la ley indígena. Eso es algo que no se está tomando en cuenta.

Statkraft declara que les interesa generar un diálogo con las comunidades, ¿esto es efectivo, se han contactado con ustedes?

Años atrás hubo un acercamiento y sostuvimos una reunión con otras comunidades y asociaciones en su conjunto. Pero para nosotros era manifestar nuestra opinión, y dentro de eso no la íbamos a cambiar. Tampoco ellos, que estaban en la posición de construir la central y avanzar en su proyecto.

Al final no sacábamos nada conversando, gestionando reuniones ni armando mesas de diálogo. Porque simplemente no se llega a acuerdo.

¿En qué año se reunieron?

-2016 más o menos.

¿O sea que hace 5 años al menos que la empresa no los contacta?

-Ellos tienen palos blancos. Mantienen comunidades que ellos mismos han ayudado a formar. Eso lo hizo Pilmaiquén Sociedad Anónima tiempo atrás, cuando todavía no llegaba la empresa estatal noruega. Y la Conadi en ese tiempo ayudó mucho en lo que fueron esos arreglos entre la empresa y esos dirigentes, que muchas veces representaban a un determinado grupo de personas.

Para nosotros como comunidad, y como conjunto de organizaciones mapuche que aglomeran las comunidades, ellos no son válidos ni son representativos. Forman la minoría, dirigentes a los que la empresa llega comprando voluntades. Lamentablemente hay gente que está dispuesta a venderse por un par de pesos.

Y no es que gestionen o repartan dinero, sino que eso lo reparte en ayuda. La empresa cuenta con trabajadores sociales, historiadores, antropólogos. Entonces, en ese sentido, las empresas saben y tienen gente para estudiar, y saben dónde llegar y atacar.

Con las estadísticas del INE por ejemplo, donde pueden ver la situación de los pueblos originarios y de los sectores. Dónde existe la pobreza, el alcoholismo y un montón de otros detonantes que hacen que la gente no pueda salir de su situación. También el tema del nivel educacional es detonante para que las empresas vayan a los campos y llenen a la gente con fertilizante, cajas de ayuda, cercos, bodegas y cosas así. Entonces ahí se vienen comprando la voluntad de los dirigentes que ven lo que es más conveniente para ellos.

La compañía avanza

Según señaló a este medio una fuente cercana a las comunidades en resistencia, la idea es continuar la vía legal. Algo que Rubén ratifica, pero que mira en su justa medida, dada las pocas esperanzas de conseguir respuestas a lo que piden.

“La movilización a nivel local nunca se ha descartado“, asegura. Además, revela que tienen constantes reuniones para actualizar en qué está el conflicto.

-Se está peleando de una manera legal, pero lamentablemente la empresa sigue avanzando. El Estado sigue avalando y dando luz verde a las empresas para que continúen con sus proyectos. Y es frustrante, porque lamentablemente las comunidades ponen reclamos, denuncias, recursos de protección y no pasa nada.

Consultado sobre si el proyecto ya comenzó a construirse, Coñio muestra su lamento. “Es que se va construyendo de a poco. Y lamentablemente no hay pandemia ni nada que interrumpa“. Por lo mismo protesta que se les permita a los privados avanzar tan facilmente. “Uno escucha las máquinas y los tribunales no hacen nada, tampoco les importa yo creo”, lamenta.

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