Violaciones a los DDHH sin justicia: Solo 19 funcionarios de Carabineros fueron desvinculados durante el Estallido Social

“Entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, se instruyeron un total de 1.270 procesos disciplinarios, de los cuales 771 corresponden a investigaciones y 499 a sumarios administrativos, resultando un total de 19 funcionarios desvinculados”. Así dice el documento de Transparencia entregado por Carabineros de Chile, lo que contrasta los procesos internos de la institución con las 2.349 querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y otras entidades de investigación.


Felipe Cartes (23) fue detenido en una manifestación tras el triunfo del “Apruebo”. El joven declaró que al momento de ser subido al retén móvil sus nervios le hicieron llamar “compañero” al uniformado que conducía. —Yo no soy ni de izquierda ni militante del partido comunista, solo fue una forma de expresarme. Entonces él me dice que ‘los compañeros murieron pal 73’. Fue chocante, porque el paco no me sacaba ni diez años y hablaba así de gente que murió-, recuerda hoy.

Para él esa frase, dice mucho de la formación de la policía en nuestro país.

La violencia policial durante este tiempo no se configuró como un hecho aislado. Desde el 17 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), recopiló un total de 4.075 hechos vulneratorios en el contexto del estallido social y presentó un total de 2.349 querellas por violaciones a los Derechos Humanos. La institución con más antecedentes en su haber fue Carabineros, con un total de 3.806 cargos en contra de manifestantes.

Pero los hechos nos dicen otra cosa. En cuatro solicitudes presentadas vía transparencia, se pidió información respecto a la cantidad de uniformados dados de baja tanto por amonestaciones verbales como físicas, entre los periodos de octubre 2019 y noviembre de 2020. La respuesta revela que la institución sólo desvinculó a 19 funcionarios entre los periodos del 18 de octubre de 2019 al 18 de marzo de 2020. Y de las 2.349 querellas interpuestas sólo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carabineros consideró apenas un total de 1.270 procesos disciplinarios, todos bajo su propia regulación.

Bajo este contexto, la naturalidad con que se afrontaron situaciones vulneratorias que no estaban dentro del protocolo no fue sorpresa, más aún partiendo por la premisa del autocuidado como un escudo de batalla. Las malas prácticas y el incumplimiento de protocolos son comunes en la manifestación pública. Así lo deja ver claramente una tabla elaborada por el INDH a partir de 298 manifestaciones observadas en todo Chile por el equipo de Observadores de la institución, entre los periodos del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 

Tabla proporcionada por Sònia Lahoz i Ubach, Cientista Social y coordinadora del equipo de Observadores del INDH

Con un total de 1.158 malas prácticas e incumplimientos a los protocolos, Rodrigo Bustos, Director Jurídico del INDH, explica que si bien existen sanciones para estas situaciones, la mayoría de las veces no son efectivas: “De las 1200 investigaciones administrativas que abrieron para los casos del estallido social, son muy pocos los uniformados desvinculados y no son muchos los que tienen sanciones”, comenta.

En esa información entregada existe una cierta impunidad dentro de los propios procesos investigados a puerta cerrada por la institución, más aún cuando desde el alto mando se les brinda el apoyo necesario para seguir actuando de la misma manera. “A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer (…) tienen todo el respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito legal, dentro del ámbito reglamentario, cuenten con nosotros”, así lo expresó el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, adelantando en los primeros días de noviembre la tónica que se viviría durante los meses posteriores.

Fotografía por Equipo Fotográfico OPIP

El incumplimiento de protocolos

Roxana Valdivia (23) y sus dos amigas volvían de manifestarse un día de octubre en 2019. La jornada había empezado tranquila, junto niños, madres y adultas mayores congregadas cerca de la gobernación de Osorno, cuando Carabineros lanzó la primera bomba lacrimógena, comenzó la violencia que dejó a niños llorando y mamás desesperadas.

De nada sirvió irse para evitar la represión, porque en su viaje de regreso, uniformados bajaron de una patrulla para rociarlas con gas pimienta.

-No nos dijeron nada, ninguna explicación. Yo creo que supusieron que veníamos de la marcha (…). Fue desesperante, como que me faltaba el aire-, dice la joven estudiante de Trabajo Social, quien quedó con ardor en sus ojos por siete días.

Algo parecido vivió un año más tarde Tania Carter, Brigadista de Salud que el 23 de noviembre pasado quedó con ceguera temporal luego de que un Carabinero le rociara gas directamente a los ojos, esto cuando intentaba obtener los nombres de los funcionarios responsables de propiciar un corte en la cabeza a una joven a la que habían empujado contra un poste, por intentar detener una detención injustificada.

-Ahí nos rodearon y nos tiraron, nos empujaron, nos amenazaron, que ‘dejate de grabar’, que nos iban a matar, que sabían donde vivíamos, que atendemos a delincuentes, que ya nos conocían. Ahí uno saca un gas pimienta (…) después me mira a la cara, me toma del hombro y me dice ‘mira maraca culiá, me estai puro webiando, ¿querís sufrir? te voy a torturar’ y ahí me pesca y me tira el gas en la cara”-, narra Carter.

Caminó dos pasos y desvaneció. Eso fue lo último que hizo Tania antes de perder el control de su cuerpo. Cuando despertó, había otros brigadistas que le hacían primeros auxilios, pero ella no venía nada y tenía espasmos, razón por la que la llevaron a la Posta Central. El diagnóstico: quemadura de tráquea, laringe, nariz, boca y córneas. Fue recién a principios de diciembre cuando empezó a evolucionar, pero su vista sigue dañada. Ahora está con terapeuta ocupacional y psicóloga por estrés post-traumático. Tendrá que usar lentes por el impacto de la herida.

Carter lleva asistiendo gente en las calles hace años,  pero fue recién para el estallido social que conformó un equipo de trabajo. Sobre esto, afirma que los protocolos de Carabineros en ninguna manifestación son respetados. “El uso del gas pimienta es indiscriminado en la calle y se debería usar a 1,8 metros. No se puede echar directamente a la cara. Eso nunca lo han cumplido”. Esto, cuando en el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público (Orden General N° 2.635) dice que el uso del “Gas OC” (pimienta) es sólo para el “uso defensivo contra agresiones hacia el personal” y para la “neutralización de un grupo reducido de individuos”.

Felipe Muñoz, fotógrafo de Concepción, afirma haber visto esto el 26 de noviembre de 2019, en Barros Arana con Castellón: “Ahí habían barricadas hechas con adoquines, muchas, como tres y los pacos fueron a despejar el camino. Yo me quedé ahí, al lado de la Escuela Militar y había, al menos, dos pacos tirando piedras hacia la plaza de Tribunales. También otro paco encapuchado, sin identificación y  con una piedra en sus manos”. 

Otra práctica que se sigue dando es la no identificación de funcionarios a la hora de cubrir manifestaciones. El fotógrafo Diego Ibacache (29) de Concepción denunció a través de imágenes que se hicieron virales que, el 18 de noviembre de 2019, Carabineros no sólo no estaba usando su nombre en su uniforme, sino que en su lugar habían denominaciones como “Super Dick”, “Destroyer” y “Raptor”.

El fotógrafo señala que un par de semanas más tarde, se volvió a encontrar con “Destroyer”, quién lo reconoció y le dio aviso a uno de sus colegas.

Este me lanzó una amenaza de ‘se va a morir tu hermana. Tras esto, se abrió una investigación administrativa que quedó inconclusa debido al cierre temporal del caso por parte de la Fiscalía, comenta.

Lo peor es que después me di cuenta de que quién era el encargado (de investigar el caso dentro de la institución), aparecía en un video empujando a mujeres en la calle-, agrega.

Sobre este punto, Leonardo Llanos, Juez de Garantía que se desempeñó en Concepción para octubre del año pasado, dice que “ellos están obligados a portar su nombre en el uniforme y el número de placa, que también tiene que ser exhibido, para que uno pueda saber quién fue el Carabinero que está efectuando el procedimiento”.

A este prontuario se suma utilización de otros objetos no considerados en protocolos como hondas y el mal uso del bastón de servicio o “luma”, que según el Protocolo, debería usarse sólo como “uso defensivo contra agresiones hacia el personal”.

Fotografía por Equipo Fotográfico OPIP

La naturalización de las agresiones verbales

El 19 de octubre de este año, Scarleth M. se encontraba en el Cruce Higueras del Puente Perales cuando fue detenida en medio de una manifestación pacífica. Andaba con su pareja y cuando la policía tiró gases lacrimógenos para dispersarles los agarraron entre un piquete policial y alrededor de diez uniformados en motocicleta.

-Primero agarraron a mi pololo y empezaron a tirarle la moto encima y yo me acerqué a reclamarles y el paco me dijo ‘cállate, ya a la pared’. De repente llegaron más, nos ponen las esposas y cuando preguntamos el por qué si no habíamos hecho nada, dijeron ‘vengan pa’cá si ustedes no tiene por qué hablar’, ‘camina, camina’ y ‘a mi no me vengai na’ a wear-, relata.

Aun cuando su detención fue completamente arbitraria, la joven actualmente está imputada por lanzar objetos contundentes a Carabineros y desórdenes públicos, caso que se suma a la larga lista de arrestos injustificados efectuados en el contexto del estallido social. Según el equipo de observadores del INDH, entre el 19 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, se advirtieron los siguientes comportamientos en la detención de manifestantes:

Tabla proporcionada por Sònia Lahoz i Ubach, Cientista Social y coordinadora del equipo de Observadores del INDH

Pese a que el periodo de observación es de apenas dos meses, da cuenta de la reiteración de las prácticas anti protocolares en las que incurren los uniformados. Además, dentro de la protesta no sólo se evidencia la posibilidad de recibir golpes, gases en el rostro o, inclusive, arriesgar una detención, sino que estos elementos se acompañan de insultos verbales y hasta amenazas, todo ello naturalizado en la predisposición de los civiles a esperar cualquier tipo de afrenta por parte de Carabineros y Fuerzas Especiales.

La situación no fue muy diferente para la fotógrafa Paz Villaroel. Cuando salió para registrar la segunda fecha de la PSU de 2019 en la Municipalidad de la comuna de San Bernardo, se encontró con personal policial amedrentando a un pequeño grupo de personas. En ese momento, un Carabinero sacó una escopeta de balines y ella lo encaró, preguntándole por qué estaba sacando armas, a lo cual recibió un “cállate weona, yo no soy familiar tuyo” como respuesta.

-Yo le dije que menos mal, que yo no tengo hermanos pacos y que me daría vergüenza tenerlos y el me dijo ‘cállate maraca culia, erís una cochina culia [sic]’. Nunca me había pasado que un paco me dijera cualquier cosa (…) Cuando me di la vuelta, pidió que me detuvieran. Dijo ‘a esa, a esa deténganla-, sostiene la fotógrafa.

La aproximación más cercana a una regulación de este ejercicio se encuentra en el Art. 22 del Reglamento de Disciplina N°11 de Carabineros de Chile, que dicta “el trato descortés o inculto para con el público”.

Asimismo, dentro del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público de Carabineros, en su primer punto referido a la “Protección a manifestantes”, se indica que “el personal de Carabineros no debe reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”, evidenciando que aún si el funcionario es provocado, denostar verbalmente a un civil es un claro incumplimiento protocolar.

En este sentido, Ignacia Velasco, periodista del proyecto de investigación Documenta LaBot, que reúne casos de violaciones a los DD.HH desde el 19 de octubre de 2019, indica que existe una normalización tanto por el uso de la fuerza como por posibles insultos del personal de la institución. –Mucha gente que va a las manifestaciones asume que si lo detienen o si tiene un encontrón directo con Carabineros o va a ser golpeado, o va a ser amenazado-, explica Velasco.

Además, comentas que los casos vulneratorios son una mezcla entre agresiones verbales y físicas, donde se culpa al manifestante por el uso excesivo de fuerza y la actitud anti protocolar de los uniformados:

-Llamaba mucho la atención amenazas como ‘por andar webeando te va a pasar esto’ y particularmente era super heavy con las mujeres porque había mucha denostación verbal. Hubo niños a los que los amenazaban con enviarlos al Sename-, dice.

En este contexto, la sensación de vulneración al momento de salir a las calles era una sensación reiterativa. Así lo deja ver el fotógrafo Johan Berna, quien fue amenazado por un Capitán de Carabineros, tal como en su momento lo fue el también fotógrafo, Diego Ibacache.

-Este tipo me insultaba de la nada, cuando ellos llegaban y pasaban al lado mío, este tipo me gritaba cosas. Tiempo después, en plena represión, me gritan de la verde de enfrente donde yo estaba ‘Johan Berna, te tengo identificado-, recordó el joven.

No sólo las amenazas eran recurrentes, esta situación le significó cuidarse las espaldas, sino que personal de Carabineros le lanzó tres lacrimógenas en el cuerpo -cabeza, pierna y costillas- y, pese a interponer una querella en el INDH, a más de un año de la denuncia respectiva, éstas acusaciones se encuentran congelada en los tribunales de justicia.

Juan Andrés Álvarez, abogado y miembro del piquete jurídico de la Universidad de Concepción, dice que en su experiencia, no se ve que la policía cuide su lenguaje o sepa cuál es su rol.

Ocurre que hay un trato de iguales, cuando la situación desde luego no es horizontal. No puede estimarse que porque el manifestante estaba insultando, Carabineros tenga la misma libertad para hacerlo. Hay un error grave de percepción en torno a que Carabineros de alguna manera se tiende a homologar con los manifestantes y creen que su defensa pasa también por insultarlos de vuelta, en circunstancia de estar en una posición de autoridad-, comenta.

Fotografía por Equipo Fotográfico OPIP

La refundación de Carabineros

El hecho de que existan tan pocos funcionarios policiales desvinculados de la institución, pese a contar con un alto porcentaje de denuncias por violación a los Derechos Humanos, explica que hay un claro problema estructural. Los testimonios expuestos son prueba de que, por lo general, la desvinculación solo es efectiva cuando son casos mediáticos, tal como lo fue con el caso de Fabiola Campillai o Gustavo Gatica.

Los protocolos y manuales de conductas tienen dos falencias grandes: la primera, es que en su normativa manejan conceptos jurídicos indeterminados, lo que hace muy difícil asignar las responsabilidades; la segunda, es que constituyen actos administrativos, por lo su infracción implica una investigación sumaria interna, en los que son los superiores quienes evalúan la gravedad de una falta y dictan las sanciones correspondientes.

Juan Pablo González, sociólogo e investigador del Laboratorio de Datos del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP), afirma que los protocolos que deberían servir para que los ciudadanos entendieran a las policías, en realidad sirven como un mecanismo que garantiza la arbitrariedad.

-Al final ellos siempre se pueden escudar en ‘es que el protocolo dice que yo puedo hacer esto, entonces yo estoy siguiendo órdenes’ y en ese seguir órdenes la cadena puede llegar hasta muy arriba-, explica.

Otro punto a mencionar es que es la misma institución quien escribe y modifica sus protocolos y manuales de conducta. En este sentido, es posible que la solución para que las situaciones descritas no se sigan repitiendo, no pase por una modificación a estos documentos -que, por cierto, ya se ha hecho en varias ocasiones-, sino que sea un tema de pensar a los manifestantes como personas más que como enemigos, y a la seguridad pública como un medio, más que como un fin.

Para Leonardo Llanos es difícil que Carabineros pueda llegar a entender lo que un derecho significa, puesto a que no los tienen asociados en su sistema institucional debido a la formación que reciben.

-Por ejemplo, ellos tienen como prohibición constituirse como asociaciones gremiales o presentar solicitudes a sus superiores. Desde ese punto de vista, se torna super complejo que un Carabinero pueda entender qué es lo que él está violando, si él tampoco tiene ese derecho-, afirma el Juez de Garantía.

Este problema estructural que se niega a desaparecer sigue dejando huellas en una sociedad que ya carga con trauma de la dictadura. Uno que pesa cuando un funcionario se siente con la libertad de decir o hacer cualquier cosa, porque sabe que no le va a pasar nada; o cuando la naturalización de agresiones verbales es una situación tan innata dentro de la protesta social, que se aceptan por miedo de no volver a casa.


*Para efectos de este reportaje, se solicitaron cifras desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2020, pero desde la institución se acotó el plazo a una cantidad de cinco meses. De las solicitudes enviadas, se requirieron los datos de los funcionarios desvinculados a nivel nacional y de los funcionarios desvinculados por “denostaciones y provocaciones públicas a civiles”, ambas en el contexto de manifestaciones públicas durante el estallido social. Sin embargo, Carabineros no especificó al momento de dar la información, entregando sólo una cifra para ambas solicitudes.
*Para este texto se contactó a Carabineros, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

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