“Valientes soldados”: Cronología de los fraudes económicos y abusos cometidos por el Ejército chileno

En treinta años, desde que comenzó la transición democrática, se han sucedido una serie de escándalos en el Ejército chileno que involucran desde el Alto Mando hasta las bases de la institución. Pinocheques, Caso Riggs, Milicogate y Megafraude en Coyhaique, además de la acusación por presuntas violaciones de los cascos azules enviados a Haití, parecen ser solo la punta del iceberg evidenciando una cultura de impunidad donde se protegió a los responsables y se gastaron enormes fondos, que provenían principalmente de la Ley Reservada del Cobre.


Los múltiples terremotos que ha vivido el Ejército estos últimos años, especialmente con casos corrupción que han sido una constante en democracia, parecen ser un patrón cultural al interior de la institución.

Desde los ‘Pinocheques’, que involucró a toda la familia del ex dictador el año 1989, hasta el reciente ‘Megafraude’ que cerró el 2020 con 800 formalizados y más de tres mil millones de pesos involucrados, son demasiados los casos para una institución que debiera estar subordinada o controlada por el poder civil.

“Hay órganos del Estado, órganos armados, algunos en que cuyos integrantes han cometido delitos y eso obviamente es un elemento que va permear a otras organizaciones (…) El Ejército y Carabineros han demostrado su punto débil y en términos coloquiales son las lucas”, comentó el abogado de DD.HH Cristián Cruz.

En La Voz de los que Sobran hicimos un recuento de los escándalos que han ocurrido en la institución desde el inicio de la llamada transición democrática.

1989: Pinocheques

El Ejército hace temblar la democracia

El diario La Nación reveló en los primeros años de la incipiente democracia chilena un escándalo que vinculaba al ex dictador y comandante en jefe de las FF.AA, Augusto Pinochet Ugarte y su hijo Augusti Pinochet Hiriart.

La historia del caso cuenta como en 1984, Pinochet Hiriart, usando a un amigo como testaferro, compró la empresa metalúrgica Nihasa Limitada, cambiando pronto su nombre por el de PSP (entre sus contratistas figuraron Cema Chile, para la cual elaboró los adornos de metal de sus sedes, así como el Ejército de Chile, para quienes acondicionó camionetas y jeeps para enfrentar supuestas manifestaciones).​

En 1987, PSP compró Valmoval, empresa dedicada a la administración de fusiles en el Ejército y que se había declarado recientemente en quiebra. Dos años después, el Ejército vuelve a comprar dicha empresa, pero en una transacción pagada por su padre, Augusto Pinochet, a través de tres cheques por un monto cercano a los tres millones de dólares. Debido a esto el caso se llama ‘Pinocheques’.

Tras la venta, el hijo del dictador volvió los Estados Unidos donde abrió diversas cuentas bancarias a nombre de su esposa e hijos, con el fin de ocultar el dinero.

En Chile, Pinochet Ugarte presionó de diversas formas para que no se investigara, incluso se reunió en el Edificio de las Fuerzas Armadas, a solo 200 metros del Palacio de la Moneda, con oficiales del Ejército escoltados por soldados armados y vestidos con trajes de combate, por cuyas boinas negras al suceso se le conoció como “el boinazo” durante el gobierno de Patricio Aylwin.

En el mandato siguiente, el Presidente Frei ordenó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) cerrar el caso definitivamente, aduciendo a la razón de Estado y Pinochet Hiriart quedó impune.  ​

1993 a 2004: Casos Mirage, Leopard y Fragatas

Involucrados el Ejército, Fuerza Aérea y la Armada

Tras los ‘Pinocheques’ el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada también estuvieron en la mira por la compra de armas. El primero por los tanques Leopard, la FACH por el famoso “Caso Mirage” y la Armada por el “Caso Fragatas”, todos con enormes comisiones fraudulentas para el Alto Mando de la época.

Entre 1993 y 1994, la Fuerza Aérea compró a Bélgica una cuadrilla de 25 aviones cazabombarderos Mirage V “Elkan” usados en 109 millones de dólares. El problema es que estaban en pésimo estado y no duraron más de 10 años en servicio.

Según las investigaciones del juez Omar Astudillo, parte del alto mando de la FACH recibió en total 15 millones de dólares en “comisiones” por esta compra. Los procesados fueron el ya fallecido general en retiro Ramón Vega y sus cómplices: los generales (R) Jaime Estay Viveros y Florencio Dublé Pizarro, y el Coronel (R) Luis Bolton Montalva.

Finalmente se llegó a una condena donde el magistrado condenó a 100 días remitidos al general (r) Jaime Estay, como cómplice de malversación de caudales públicos por recibir US $65.000 por concepto de comisiones ilegales.

El ex uniformado fue condenado además a tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, a pagar multa de 11 UTM ($507.507), el 50 por ciento de las costas de la causa y una indemnización de $7.550.700 al fisco, por la demanda que interpuso el Consejo de Defensa del Estado, consigna El Mercurio.

Asimismo, condenó a 61 días de prisión remitida a la esposa del fallecido empresario checo Carlos Honzik, Henriette Bahna, como encubridora de malversación de caudales públicos. También debió pagar 11 UTM ($507.507), el 50% de las costas de la causa y se decretó el decomiso de 7.550.700 francos suizos, guardados en un banco de dicho país. Bahna fue absuelta del delito de lavado de activos. El resto de los involucrados fueron absueltos.

En lo que respecta al Ejército, aún se recuerda el escándalo de los Tanques Leopard, que tuvo un modus operandi parecido al “Caso Mirage”. En 1997 compraron 202 tanques Leopard I-V a Holanda, por 80 millones de dólares. Al poco tiempo, investigaciones de la Fiscalía Oriente y de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI detectaron traspasos de dinero sospechosos a cuentas de militares.

Según la investigación, la firma holandesa RDM Technology habría pagado 7,5 millones de dólares a altos mandos del Ejército a través de Guillermo Ibieta, el gestor chileno de la compra de los Leopard.

El informe que hizo la Cámara de Diputados dice al respecto “la investigación derivó en el ex secretario privado de Pinochet, Brigadier (R) Gustavo Latorre, y en el ex director de la Fabrica y Maestranzas del Ejército de Chile, Famae, General (R) Luis Iracabal Lobo, a quienes se acusa de haber recibido US$ 600 mil tras la compra“.

Transcurrieron muchos años hasta que finalmente, en marzo del 2016, la Corte Suprema condenó a los oficiales en retiro del Ejército Luis Iracabal Lobos y Gustavo Latorre Vásquez a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos.

La suprema estableció que los ex oficiales son responsables de la sustracción, cada uno, de más de 298 mil dólares de los montos involucrados en la adquisición de 200 tanques Leopard I-V, en julio de 1998.

El fallecido empresario Guillermo Ibieta también fue parte del “Caso Fragatas”, donde hizo de intermediario en la compra y refacción de cuatro fragatas holandesas el año 2004 por 350 millones de dólares. La Fiscalía empezó a investigarlo como una arista derivada del caso Leopard.

Los ex oficiales de la Armada, Patricio Basili y Juan Tapia fueron acusados de los delitos de cohecho, negociación incompatible, delitos tributarios, lavado de activos y porte ilegal de armas. Estos habrían recibido coimas y habrían ayudado a Ibieta con información confidencial para que la empresa holandesa que vendió la fragata ganara licitaciones. Tras aceptar los cargos, fueron condenados a 5 años de presidio con libertad vigilada y al pago de 105 millones de pesos.  Ibieta fue sobreseído tras fallecer durante el proceso.

Luis Iracabal

2004: Caso Riggs

La fortuna escondida de Pinochet

En julio del 2004 el Senado de los Estados Unidos comenzó a investigar movimientos extraños en el Banco Riggs, el más importante de dicho país. Así se dieron cuenta que Augusto Pinochet Ugarte llegó a tener 125 cuentas bancarias fuera de Chile y con una serie de precauciones junto a su familia para esconder una fortuna estimada en 27 millones de dólares.

El Consejo de Defensa del Estado demandó a la familia Pinochet y el juez Sergio Muñoz tomó la causa el 7 de junio de 2005. Le retiraron la inmunidad de la que gozaba por presunta implicación en cuatro delitos: Fraude al fisco, uso de pasaportes falsos, declaración jurada de bienes falsa y por eludir medidas cautelares sobre sus bienes. Un mes después la esposa y el hijo menor también fueron procesados por su complicidad en el fraude tributario y Pinochet emitió una declaración asumiendo “toda responsabilidad” por las cuentas.

Tras la muerte del dictador, la causa se sobreseyó para la familia Pinochet, solo los coroneles en retiro Gabriel Vergara, Juan Ricardo Mac-Lean y Eugenio Castillo fueron condenados a cuatro años de libertad vigilada, mientras que los generales Jorge Ballerino y Ramón Castro fueron condenados a una multa de 11 UTM. Además, la Corte determinó el decomiso de bienes de propiedad de Pinochet por un total de USD$1.621.554,46

“Augusto Pinochet terminó de caer en los últimos años de su vida pero no por los crímenes de sangre, sino por delitos económicos perpetrados, muchos de ellos al alero de la denominada casa militar o por la convivencia de algunos mandos del ejército que lo ayudaron, facilitaron este enriquecimiento ilícito del ex dictador”, señaló Cruz al respecto.

En los años siguientes se conocería como, usando las mismas prácticas, el enriquecimiento ilícito se multiplicó en todos los niveles del institución.

2015: Milicogate

El gran escándalo del Ejército

El ‘Milcogate’ es el fraude más grande conocido del ejército en Chile, donde se desviaron fondos por más de $6.100 millones de la Ley Reservada del Cobre con otros fines. Fue dado a conocer en una serie de reportajes por el periodista Mauricio Weibel en The Clinic el año 2015 y la palabra «Milicogate» fue acuñada por el mismo medio sumando a ‘milico’ el sufijo ‘gate’, término usado genéricamente para escándalos de corrupción desde Watergate en Estados Unidos.

Durante la investigación The Clinic soportó diversas presiones e incluso fue asaltado por desconocidos. El Ejército espió a los denunciantes de esta causa, entre ellos el periodista Mauricio Weibel, mediante la llamada “Operación topógrafo” para tratar de evitar que la opinión pública conociera los antecedentes.

Entre los militares procesados por fraude fiscal y enriquecimiento ilícito se encuentran el ex Comandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba, y el general en retiro Héctor Ureta. Este último, paradójicamente, era quien al comienzo del caso acusó a otros mandos del Ejército de actos ilícitos.

Otra de las aristas importantes fue la “agencia de viajes”, que consistía en pedir cotizaciones para viajes oficiales por el mayor precio posible, para luego realizar devoluciones o utilizar parte del dinero en viajes personales.

En esta línea de investigación estuvieron formalizados Fernando Tupper y Luciana Figueroa, junto con la empresa de viajes Turavión, vinculada a Annie Stange.

También fue formalizado el ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, por permitir la comisión de estos delitos.

“Se somete a proceso a Humberto Patricio Oviedo Arriagada, en su condición de autor de nueve delitos de fraude al fisco, previstos y sancionados en el artículo 239 del Código Penal, por un perjuicio (…) que considerado el valor de la época equivaldrían a una cantidad total de a $57.942.026”, dice la resolución.

El modus operandi del fraude consistía en el uso de boletas y facturas falsas para extraer el dinero, mediante la inexistente compra de armas. Sin embargo una de las aristas más bulladas fue el uso de más de 2.000 millones en casinos de juegos.

2019: La caída del General Fuente-Alba

El primer comandante en jefe del Ejército formalizado por corrupción

Juan Miguel Fuente-Alba Poblete (67) fue comandante en jefe del Ejército de Chile entre el 9 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2014.​ Actualmente se encuentra en prisión, procesado por fraude fiscal y enriquecimiento ilícito durante su generalato, tras ser parte en una arista del “Milicogate”.

Es el primer comandante en jefe del ejército formalizado por un caso de corrupción.

En la formalización de junio del 2019, el fiscal José Morales precisó que durante el período en que estuvo al mando de la institución, realizó gastos por más de $7.324 millones y el perjuicio fiscal por el delito que se le imputa alcanza los $2.980 millones de pesos al año 2014.

También saltó a la palestra el nombre de la esposa del general (r), Anita Pinochet, imputada en la causa, y quien asoma como factor clave del esquema de blanqueo de dinero. Otro dato fue la relación del ex jefe castrense con Ditec, empresa a la que adquirió autos de lujo, otra de las “dinámicas” de lavado de dinero empleadas por el ex militar, según la Fiscalía.

Por esta razón en noviembre del 2020 el Consejo de Defensa del Estado amplió la querella a su esposa, conocida como la “Lucía chica”.

Según relata el CDE, “de acuerdo con los antecedentes presentes en la indagación penal, consta indubitadamente que la imputada, junto con su cónyuge, habría ocultado, disimulado y aprovechado dineros provenientes de gastos reservados con pleno conocimiento del origen ilícito de los mismos”. Además, relata que realizó diversas operaciones -materiales, financieras y jurídicas-, con el objetivo de “disimular el origen ilícito de los bienes obtenidos”.

A juicio del abogado Cristián Cruz, también se debería considerar la responsabilidad en este caso del ahora pre candidato presidencial Francisco Vidal (PPD) .

“Debemos destacar a algunos personajes civiles que terminan involucrados con ellos (los militares). Nombro al candidato presidencial del PPD, el señor Vidal, en su administración se nombró a Fuente-Alba como comandante en jefe ¿Cuál va a ser la sanción? Porque se propuso a alguien que terminó delinquiendo”, señala.

Abogado Cristián Cruz.

Además, Cruz recordó parte del pasado de Vidal cuando finalizó sus funciones en el Gobierno.

“Una vez que el señor Vidal deja el gobierno termina trabajando para el Ejército, cuando el señor Fuentealba estaba a cargo, entonces la política del chorreo, no solamente la del choreo, aparentemente funciona en estos organismos castrenses y nadie muerde de la mano que le da de comer. Bueno, ya sabemos la frase del señor Vidal “A veces había que mirar para el lado y cerrar los ojos”, agregó.

Abogado Cristián Cruz.

2019: “Los niños de la paz

El 17 de diciembre de 2019, una publicación en la revista académica The Conversation, relacionó a efectivos militares chilenos con casos de abusos sexuales con resultados de embarazo en Haití, en el contexto de la misión de Paz de la Naciones Unidas, conocida como MINUSTAH, entre 2004 y 2017.

El estudio, realizado por las investigadoras Sabine Lee y Susan Bartles, determinó que hubo 265 casos de bebés nacidos tras presuntos abusos y violaciones del personal militar de los cascos azules de la ONU a niñas y mujeres haitianas. Entre ellos, 21 serían hijos de militares chilenos.

El trabajo sostiene, a partir de testimonios e investigación en terreno, que durante las misiones de paz fueron concebidos 265 niños entre soldados y mujeres haitianas, y que muchos de esos embarazos fueron consecuencia de violaciones. No solo eso: hay casos en que hasta niñas de apenas 11 años habrían sido abusadas por los militares enviados por la ONU, en algunos casos a cambio de monedas o de un plato de comida. De hecho, el estudio se llama “Ponían unas monedas en tus manos y te metían un bebé”.

Susan Bartles explicó en Radio Bio Bio que para la investigación realizaron entrevistas a 2.500 personas, a las que se les consultó sobre el papel que jugó la Minustah en Haití, sin preguntarles directamente sobre interacciones sexuales.

De acuerdo con Bartles, los entrevistadores “pidieron a los participantes que contaran una historia sobre cómo fue para las mujeres y niñas vivir en una comunidad que hospedaba a militares en operaciones de paz de la ONU (…) No se les preguntó sobre interacciones sexuales y tampoco acerca de niños engendrados por militares en operaciones de paz. De este modo, las historias fueron contadas de forma espontánea”.

Los denominados «cascos azules» chilenos estuvieron en territorio haitiano durante 13 años, desde 2004 a 2017, llegando a incorporar 12.305 efectivos incluyendo Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones. El costo para el Estado fueron 177 millones de dólares.

Uno de los generales a cargo de la operación fue Sergio Estévez Valencia, nombrado el 15 de diciembre del 2020 como comandante en jefe de la V División de Ejército en Magallanes.

2020: Megafraude

800 formalizados y más de tres mil millones de pesos

El último escándalo que se conoció en el Ejército chileno fue el caso FAM, donde se utilizaron fondos públicos pagar cuentas personales. El Fondo de Ayuda Mutua (FAM) correspondía a un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y que fue anulado por el Ejército en 2006.

La Fiscalía Regional de Aysén reunió los antecedentes para formalizar a cerca de 800 militares activos y retirados, por un monto que alcanzó los $3.000 millones de pesos.

Se comenzó a investigar en 2018 y el fiscal ya formalizó a otros 300 militares de los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago.

El ilícito se cometió por medio de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal que ya estaba retirado, además de comisiones de servicios que no se llevaron a cabo, pero sí hubo un pago compensatorio por pérdidas económicas individuales, todo esto bajo la figura del Fondo de Ayuda Mutua (FAM).

Este mecanismo privado de ayuda informal se construyó a partir del ahorro voluntario de funcionarios del Ejército, y también fue denominado la ‘Cutufa de Aysén’.

“Al quebrar dicho fondo es el propio Ejército el que comienza a indemnizar, a compensar, a resarcir las pérdidas privadas de los oficiales y del personal con fondos públicos, del presupuesto militar y ahí está la ilegalidad, el fraude al fisco”, comentó sobre este caso el diputado Leonardo Soto.

*¿De dónde viene el dinero de las Fuerzas Armadas?

Una parte importante, siendo el origen de la mayoría de los casos de corrupción, se extrajo a través de la ley 13.196, conocida como Ley Reservada del Cobre, que les entregaba el 10% de las ventas totales de Codelco, con un monto mínimo de 90 millones de dólares.

Esta cifra alcanzaría para financiar dos reformas educacionales completas o más de 20 hospitales equipados. Además, si el porcentaje designado no era cubierto por las ventas de la cuprífera estatal, el fisco debía poner el dinero para completarlo.

Esta ley y sus exorbitantes cifras estuvieron por años en el ojo del huracán debido a la gran cantidad casos de desfalco acumulados en el Ejército.

En julio de 2019, y tras ocho años de tramitación en el Congreso, se aprobó un proyecto de ley que estableció un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, y que derogó el otorgamiento de recursos para las FF.AA. mediante la Ley Reservada del Cobre.

Este sistema de financiamiento será reemplazado por un ‘fondo plurianual’, que continúa fijando arbitrariamente montos mínimos de aporte para los próximos años, ahora provenientes de la Ley de Presupuestos.

Esto, según diversos especialistas, es un problema dado que a pesar de la derogación de la Ley Reservada del Cobre se continuará entregando un monto fijo al Ejército. Además, en la nueva ley tampoco se abordan los dineros que se destinan a gastos de personal, principalmente a financiar las abultadas jubilaciones de militares en retiro.

“Ya no nos sorprende que existan delitos y eso debería llamarnos la atención, no podemos acostumbrarnos a dar por sentado que es correcto, habitual o aceptable, esta cadena de sucesos delictivos que involucran a personal uniformado. No basta solo con sorprenderse por una persecución penal efectiva, esto tiene que ir acompañado de un cambio en las estructuras, de la cultura, de la formación y eso no ha ocurrido porque a los gobiernos no les interesa”, concluye el abogado Cristian Cruz.

Total
2K
Shares
Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Related Posts