Una tarea urgente: La construcción política y cultural del espacio público regional

Foto: Agencia Uno

No es necesario esperar dos años para actuar. Hay mucho que hacer entretanto para contribuir al desarrollo de la región. Pero hay que partir despejando una posible confusión: la necesaria lucha por ampliar las competencias del gobernador puede hacernos creer que el objetivo es traspasar los antiguos poderes del intendente hacia la actual figura y hacer de este una suerte de administrador electo.


Está ocurriendo lo que muchos anunciaron: las ambivalencias en los roles de los nuevos gobernadores electos y de los delegados presidenciales regionales se está traduciendo en conflictos. Lo que todavía no sabemos bien es a dónde van a conducir esos conflictos. Una cosa parece relativamente clara: tienen los días contados.

Es probable que la nueva constitución en elaboración modifique las actuales figuras del gobernador y del delegado en favor de mayores competencias para la autoridad regional electa. Eso aclarará los roles y establecerá mejores mecanismos para regular las relaciones entre ambas autoridades. Pero para que ese eventual cambio entre en vigor faltan por lo menos unos dos años. ¿Y entre tanto qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar y nos desgastamos en las peleas pequeñas en que se está transformando la relación entre el delegado y el gobernador?

Sin duda habrá que seguir dando las peleas que aseguren mayores competencias para la autoridad electa. Pero eso no basta. Dos años son mucho tiempo para esperar mejores condiciones para el trabajo del gobierno regional. Además, en ese tiempo, precisamente por causa de los actuales conflictos, pueden instalarse maneras de hacer las cosas y estilos de liderazgo que dificulten luego un buen ejercicio del mayor poder conquistado. Si eso ocurre, aunque luego la nueva constitución corrija los defectos de la actual institucionalidad, habremos partido con el pie equivocado y habremos debilitado fuertemente la figura del gobernador.

No es necesario esperar dos años para actuar. Hay mucho que hacer entretanto para contribuir al desarrollo de la región. Pero hay que partir despejando una posible confusión: la necesaria lucha por ampliar las competencias del gobernador puede hacernos creer que el objetivo es traspasar los antiguos poderes del intendente hacia la actual figura y hacer de este una suerte de administrador electo.

Pero el rol principal del gobernador regional no es administrativo. El es una autoridad política electa y su rol es la conducción política de los procesos de desarrollo y de ampliación democrática del territorio. Y el ejercicio de ese rol supone la existencia de un espacio social y territorial donde se da la relación entre el gobernador, el gobierno regional y la ciudadanía. Ese espacio es la región, entendida como construcción espacial, cultural y política. Esta es precisamente una de las promesas centrales de la descentralización: hacer de los territorios sujetos políticos que deciden y construyen su propio destino. Sin ese espacio social de escala regional, el gobernador no podrá construir horizontes de desarrollo con sustento político en la ciudadanía.

Esa es la tarea urgente hoy y para la cual no podemos esperar: hacer del territorio regional un espacio público; es decir, hacer de él un espacio de pertenencia, un objeto de conversaciones y deliberaciones, un horizonte de demandas, proyectos y anhelos ciudadanos.

Esa tarea es urgente, pues estamos aún lejos de que nuestras regiones sean espacio públicos reales y activos.

Es sabido que hasta ahora las regiones son hechos básicamente administrativos creados con tiza sobre un mapa. Que solo algunas autoridades, funcionarios públicos y unos pocos gremios hacen de ellas el objeto de sus deliberaciones y acciones. Los y las ciudadanas, por el contrario, se identifican con sus localidades y comunas, y sus demandas y aspiraciones territoriales se circunscriben al espacio local. En general, las personas no tienen demandas de alcance propiamente regional ni imaginan futuros asociados a las regiones. Esto ha sido corroborado por el estudio Barómetro Regional 2019 llevado a cabo por un grupo de universidades regionales y el Pnud (http://ceder.ulagos.cl/barometro-regional-2/). Y se ha reafirmado en la relativa baja participación en la segunda vuelta de la elección de gobernadores.

La necesidad de transformar territorios administrativos en espacios públicos y políticos como condición de desarrollo autónomo o descentralización no es nueva. Hay varias experiencias a nivel internacional. Tal vez la más conocida y la de mayor escala sea la creación de la Unión Europea, donde una burocracia central absorbe algunas de las competencias políticas de los estados nacionales miembros (Kaiser, Starie 2005; Lehne 2019). Parte importante de sus problemas de legitimación provienen precisamente del hecho de que la burocracia de Bruselas y el parlamento de Estrasburgo han tenido dificultades para crear un espacio político y cultural efectivamente ciudadano a escala europea (Arroyave 2014; Sharpf 2014).

Un caso más acotado, pero de significación para el proceso de descentralización chileno, es la creación en Canadá de la región indígena Nunavut a partir de una serie de territorios dispersos habitados tradicionalmente por los grupos étnicos designados genéricamente como Inuit o Esquimales. Este proceso ha sido detalladamente documentado y se han descrito las condiciones que se requirieron para la creación de ese espacio autónomo (Dahl, Hicks, Jull 2000; Legarè 2001).

Por una parte, se requirió un largo proceso de diálogos que permitiera crear los vínculos, espacios de deliberación, mecanismos de procesamiento de conflictos, redes de cooperación y sistemas de distribución de recursos que están a la base de la institucionalidad política y de los actores que organizan esa región. Pero, por otra parte, y esto fue fundamental, se realizó un arduo trabajo de creación simbólica y de acuerdos culturales que buscaban hacer de ese territorio y de esa institucionalidad una región con identidad y sentido de pertenencia.

Estos mismos requisitos para dotar al territorio de un espacio político-deliberativo y de un sentido de pertenencia cultural han sido observados en la formación de regiones subnacionales en otras partes del mundo (Paasi 2003, 2011).

La tarea de transformar nuestras regiones administrativas en espacios políticos y culturales tiene muchos desafíos. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes. El primero es muy concreto: la conectividad. Un espacio público es un territorio de circulaciones abiertas y fluidas. Esto no solo refiere a la existencia de caminos y vías de transporte, también a la conectividad digital, pues los nuevos territorios políticos son cada vez más virtuales antes que físicos (Castells 2009).

El segundo es el espacio público como lugar de conversaciones. Las regiones disponen de una variedad de medios de comunicación, especialmente de tipo local y digital. Esos medios, sin embargo, tienen pocos recursos, baja interconexión y una lenta renovación de informaciones y noticias. La construcción de región supone una política de medios, de provisión de informaciones y de apoyo económico.

El tercero se refiere a la elaboración de un imaginario cultural y simbólico de región que dé sustento al sentido de pertenencia y provea diagnósticos que alimenten la deliberación ciudadana. Aquí le cabe sin duda un rol principal al sistema educacional regional, así como a las universidades locales y a los centros de pensamiento del territorio.

El cuarto es la formación ciudadana. Los anteriores requisitos pueden estar disponibles, pero tienen poco efecto si no son apropiados y usados por los ciudadanos y ciudadanas de la región para expresar sus demandas, exigir sus derechos, formular sus anhelos y proponer caminos para hacerlos realidad. Esa apropiación no puede darse por supuesto, debe formarse mediante procesos de aprendizaje participativo y mediante la sistematización y diseminación de buenas prácticas.

Así pues, si partimos ahora enfrentando la tarea de hacer del territorio regional un espacio político, cultural y ciudadano, tendremos una plataforma y una dinámica democrática sobre la cual hacer eficaces las competencias que logremos ampliar mediante nuestras actuales batallas y mediante la redacción de la nueva constitución.

REFERENCIAS CITADAS

Arroyave Quintero, M. (2014). Problemas de la legitimidad democrática de la Unión Europea. Lecciones para la UNASUR. IBEROAMERICANA. América Latina – España – Portugal13(49), 165–170. 

Castells, M. (2009) Comunicación y poder, Alianza, Madrid.

Dahl, J., Hick, J., Jull, P. (Eds.) (2000) Nunavut. Inuit Regain Control of their Lands and their lives. IWGIA: Copenhagen.

Kaiser, W.; Starie, P.  (2005) Transnational European Unión. Towards a Common Polítical Space, Routledge, Londres.

Legarè, A. (2001) The Symbolic Construction of Nunavut: Towards the Emergence of a Regional Colective Identity, Etudes/Inuit/Studies, vol 25, nº12: 141-168

Lehne, S. (2019) The Emergence of a European Political Space, CIDOB: Barcelona.

Paasi, A, (2003) Región and Place: Regional Identity in Question. Progress in Human Geography, 27, 4: 475-485

Paasi, A. (2011) The Region, Identity and Power, Procedia Social and Behavioral Sciences 14: 9-16

Sharpf, F. (2014) Legitimierung, oder das demokratische Dilemma der Euro-Rettungspolitik, Wirtschaftsdienst. Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 94, nº 13: 35-41

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