Una estatua vale más que un ojo roto: la impunidad, condena de Chile

Primero fue un torniquete, luego los semáforos y hoy es un caballo de metal. Todo ha importado más que compatriotas de carne y hueso. Hoy es 18 de octubre y la prioridad del Estado es discutir cómo cuidar mejor al Baquedano esculpido. En el silencio, chilenos con cráneos rotos, ojos destruidos y familiares muertos se acostumbran a una sensación que se llama impunidad. La justicia no llega, ni siquiera asoma.


Un año después, la impunidad hoy también se siente así, como la forma de la estatua de un caballo repintado. Porque mientras las autoridades afirman que cada vez que pinten a Baquedano lo volverán a restituir, con orgullo y porfía, las familias de miles de vulnerados, de chilenos y chilenas violados en sus derechos humanos, no reciben ni la mitad de la atención de este objeto inanimado. Y, al contrario, viven las consecuencias de los daños perpetrados por el Estado en el abandono, el silencio, la postergación y la desesperante falta de justicia. No existen.

Por parte del Gobierno, hoy hay más atención para un caballo de metal, al que corren a reparar de madrugada, que para un trabajador postrado que solo puede comunicarse con parpadeos, una adolescente a la que operaron para reinstalarle huesos del cráneo, un joven con una placa de titanio en el rostro, padres que piden justicia por la muerte de un hijo e hijos que no logran hacer el duelo por su padre. Los anteriores, son sólo algunos de los casos más graves de violencia estatal descritos en Ciper por Mauricio Weibel, y que muestran la cara más grosera de las consecuencias que deja en una persona la agresividad de las armas policiales y militares. Para ellos, la justicia todavía está lejos de asomar.

Oficialmente, según datos publicados en los informes estadísticos del Ministerio Público (recabados desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020), ingresaron al Poder Judicial un total de 8.827 causas, de las cuales solo tres personas han sido acusadas. Por otro lado, al 15 de septiembre de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 2.499 querellas, de las cuales hay 28 formalizaciones y solo una sentencia.

Pero la violencia del Estado y sus víctimas son menos importantes para el poder que un semáforo o una vereda. En estos días, el alcalde Alessandri ha llamado a no normalizar la violencia, ha dicho que romper un semáforo siempre será violencia. Pero ninguna palabra hay en su discurso a la normalización de la violencia hacia manifestantes que llevan meses acostumbrándose a vivir sin un ojo, con cicatrices en el rostro que cargarán de por vida. Ninguna palabra para apurar a la justicia.

Esa es también la impunidad, que a un año del estallido todo el debate público gire en torno a la violencia expresada en semáforos caídos, en cómo detener tamaños crímenes; pero poco y nada hablen los medios y el poder político sobre los cientos de baleados que se cruzarán con sus agresores sin poder verlos en totalidad; violadores de derechos humanos que jamás pasarán por la justicia, amparados y defendidos a muerte por su general y su ministro, por el Presidente que a su pueblo declaró la guerra.

Impunidad es que poco y nada se hable de los más de dos mil presos del estallido, entre quienes muchos llevan meses en cárceles bajo acusaciones débiles que no alcanzan para sentencias. Investigaciones precarias que se caen solas. Esfuerzos punitivos que nada tienen que ver con la persecución a carabineros criminales, a quienes se protegen hasta más no poder, a nivel institucional, tratando de cumplir la descubierta promesa del general Rozas, aquella que prometió impunidad a días del estallido.

Primero fue un torniquete, luego los semáforos y hoy es un caballo de metal. Todo ha importado más que compatriotas de carne y hueso. Hoy es 18 de octubre y la prioridad del Estado es discutir cómo cuidar mejor al Baquedano esculpido. En el silencio, chilenos con cráneos rotos, ojos destruidos y familiares muertos se acostumbran a una sensación que se llama impunidad. La justicia no llega, ni siquiera asoma. Los presos de la revuelta reciben sus primeras y desproporcionadas sentencias. Los carabineros criminales siguen trabajando, anónimos, protegidos, con mejores trajes e implementos de combate. Mientras cada arreglo de la estatua de Dignidad es un nuevo mazazo, un recuerdo crudo de la realidad: al gobierno le importa más una escultura pulcra que una víctima de violación de derechos humanos. Y se repite así, con la cadencia de una brocha, el vacío de justicia que dejó en el aire, como condena eterna a Chile, el tiempo de la dictadura.

Así como los mayores se acostumbraron a tener amigos, familiares que pasaron por ochebteros calabozos recibiendo las torturas de una policía desatada como un monstruo protegido por la ley, el sino de esta generación se parece de manera triste y peligrosa. Todos tendremos a un conocido que cayó en las garras de carabineros que levantaron cargos inventados; tendremos amigos de amigos que se salvaron apenas por centímetros de recibir un perdigón en el ojo, o un vecino al que aguas desconocidas de un guanaco hicieron arder sus pieles. Todo, sin justicia. La normalidad del mal oficial. Es el aire de Chile que condena como lo hacen los conflictos no resueltos en familias con odios silenciados.

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