¿Un fallo “inentendible”? explicándole a Juan Sutil

Foto: Agencia Uno

Ahora bien, la señora, que con todo el esfuerzo del mundo mantiene al día su crédito hipotecario de su casa, indica que con esos $ 185.000 mensuales dejará de pagar el crédito y perderá la casa. Además, agregamos, será una persona que vivirá en una enorme pobreza. Más le vale razona ella – y suponemos que esto lo entiende don Juan, quien seguramente nunca se verá enfrentando a estas angustiosas situaciones – tomar sus fondos previsionales y pagar su casa. Al menos así tendría un techo bajo el que vivir y un bien del que disponer en caso de urgencia, dado que, por ejemplo, el mejor sistema de salud del planeta – eso lo dijo Mañalich, no yo – tiene sus imperfecciones a la hora de protegernos.

El 17 de junio recién pasado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta dictó un fallo en un recurso de protección, ordenando a la Isapre Cuprum entregarle a una profesora jubilada sus fondos previsionales acumulados. El redactor de este fallo, y lo destaco porque es muy merecido, fue el ministro don Óscar Eduardo Clavería Guzmán. Sus razonamientos son contundentes y de una lógica notable, pero, sobre todo, de una justicia difícil de cuestionar.

Pocos días después, el presidente de la CPC señaló que los argumentos del fallo le parecían “inentendibles” y que esperaba que la Corte Suprema zanjase este tema “como debe ser”.

Aunque yo leí el fallo y no me pareció una prosa heideggeriana y, por lo tanto, lo pude entender (a Heiddeger aún no le entiendo casi nada, lo confieso), me ha parecido importante rescatar, si se me permite y con toda humildad, a Juan Sutil de su lastimosa condición. No entender algo que otros entienden perfectamente es lesivo para la autoestima.

Paso 1: El recurso de protección está establecido en nuestra Constitución y, como su nombre lo dice, es un procedimiento rápido para la protección de garantías constitucionales respecto de las cuales su titular sufra privación, perturbación o amenazas derivadas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales (esta “o” es muy importante para lo que viene, así que recuérdela).

Paso 2: Una de esas garantías constitucionales que pueden ampararse a través del recurso de protección es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad significa que respecto de aquello que es suyo usted puede disponer, gozar y usar. Por ejemplo, usted puede vivir en su casa (la usa), gozar de ella (arrendarla, por ejemplo, para que le dé “frutos”) o venderla (disponer).

 Paso 3: Los fondos previsionales son suyos, de modo que, en teoría, usted debería poder usarlos, gozarlos (sí, ya sé que la idea de “gozar” una pensión derivada de sus fondos es una imagen tragicómica) y, en último término, disponer de ellos como le plazca. Pero el DL 3.500, que es el que regula el tema de las pensiones previsionales, dice que este Mercedes suyo es un auto del que usted no puede disponer y cuyo uso y goce es bien limitado, pues sus fondos, aunque suyos, se acumulan para que las AFPs los administren, así que olvídese de pagar con ello un crédito hipotecario, así sea vivir en la calle lo que se viene. Y esa misma ley le solo le permite obtener de ellos una pensión que de gozosa tiene poco. La profesora, entonces, reclamó su derecho de propiedad sobre sus fondos para usarlos en su mejor provecho.

 Planteado el tema, veamos qué dijo la Corte de Antofagasta. En un fallo de 37 páginas, establece cuatro hechos relevantes: la señora cotizó regularmente casi toda su vida laboral, desde 1987 a 2017, con una interrupción de solo dos años; acumuló $ 46.569.000; su remuneración promedio de los últimos seis meses ascendían a $ 1.200.000; y la pensión, de la que puede gozar por obra y gracia de José Piñera, es de $ 185.000 mensuales.

Hasta aquí, creo, todos entendemos el tema, incluido el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio.

Ahora bien, la señora, que con todo el esfuerzo del mundo mantiene al día su crédito hipotecario de su casa, indica que con esos $ 185.000 mensuales dejará de pagar el crédito y perderá la casa. Además, agregamos, será una persona que vivirá en una enorme pobreza. Más le vale razona ella – y suponemos que esto lo entiende don Juan, quien seguramente nunca se verá enfrentando a estas angustiosas situaciones – tomar sus fondos previsionales y pagar su casa. Al menos así tendría un techo bajo el que vivir y un bien del que disponer en caso de urgencia, dado que, por ejemplo, el mejor sistema de salud del planeta – eso lo dijo Mañalich, no yo – tiene sus imperfecciones a la hora de protegernos.

La Corte se pregunta si la negativa de la Isapre a entregarle los fondos a la profesora es ilegal o arbitraria (no tiene que ser las dos cosas, puede ser solo una de ellas: por eso la importancia de la “o” en el artículo 20 de la Constitución).

Y aquí no se complica. Aunque el DL 3.500 es una normativa de un gobierno dictatorial y carece de un mínimo estándar para ser considerado como una ley (no puedo aquí entrar en el precioso tema de distinguir entre normas meramente coercitivas y leyes), asume que se integró al ordenamiento jurídico y que es una “ley”. Por lo demás, el Tribunal Constitucional, siempre tan progre, ya señaló que el DL 3.500 era “constitucional”. Pero, en fin, la Corte concluye que la negativa de la Isapre es “perfectamente” legal (considerando 7º)

Pero, siendo legal, ¿será, de todos modos, arbitraria? (considerando 10º). Esta pregunta descansa en el supuesto de que algo que es legal puede ser al mismo tiempo arbitrario y, por ende, susceptible de corrección a través del recurso de protección (considerando 11º). Arbitrario, se ha entendido acudiendo al Diccionario de la RAE, es lo que carece razones, lo que es caprichoso y ajeno a la lógica (“sujeto a la libre voluntad o al capricho”, dice el Diccionario). Sobre esto, la Corte comparte con quien quiera leer (y entender), la opinión de numerosos autores, que destacan la importancia de la “razonabilidad” de la decisión.

Y la Corte concluye que la negativa de la Isapre, por muy legal que sea, es arbitraria, contraria a la razón (y, agrego, por ende, injusta, pues lo justo de un acto, decisión, sentencia o ley dependerá de que contenga una decisión razonable para resolver equitativamente una controversia o situación). Para decir esto, explica cuestiones que todos entendemos y que nos demuestran que la negativa es arbitraria.

Apretadamente, argumenta lo que sigue. Primero, no es sensato que tras cotizar durante 18 años el 10% de su remuneración (que en promedio rondaba el millón de pesos mensuales), la trabajadora no tenga una jubilación suficiente para sufragar su crédito hipotecario, manteniendo, en cambio, el lucro de Bancos e Instituciones financieras (considerando 14º). En segundo lugar, destaca que si la pensión mínima de vejez o invalidez alcanza a $ 142.452 y la pensión básica solidaria a $ 137.751 (a las que se accede incluso con una capitalización individual mínima), no es proporcional que la profesora acceda solo a $ 185.000 tras haber acumulado más de $ 46.000.000 en su cuenta y que el patrimonio que reservó para su vejez “no le asegure una solvencia elemental para sobrevivir y pagar los aspectos básicos de su existencia” (considerando 15º). En tercer término, tras repasar distintas regulaciones contenidas en el sistema de pensiones, demuestra la Corte que trabajadores que no han cotizado o lo han hecho en menor medida, obtienen beneficios estatales superiores a la pensión fijada para la recurrente.

Lo anterior lleva a la Corte a concluir que la decisión de negar la entrega de los fondos a la profesora resulta arbitraria, porque no es razonable ni, por lo mismo, justa. ¿Se entiende? Yo creo que sí.

Ahora, si don Juan sigue sin entender, mejor me refugiaré en la famosa frase de Ortega y Gasset, cuando decía que entender es una operación que depende más de la voluntad que del entendimiento. O para ser más claros, no hay peor sordo que el que no quiere ver, o es peor el que teniendo ojos no quiere oír… me enredé, pero apuesto a que usted sí me entiende.

Eso sí, ya que andamos de “inentendibles”, lo que yo no puedo entender es que un representante tan eximio del derecho de propiedad la defienda con tanta fuerza para las empresas y le parezca tan escandaloso cuando  ese derecho lo reclama una trabajadora; o que aliente con tanta pasión la libertad individual al tiempo que a la trabajadora le quiere aplicar un paternalismo extremo según el cual ella debe aceptar que otros determinen lo que es mejor para su vida, lo que en este caso sería perder su casa e integrarse a la indigencia gozando de $ 185.000 mensuales. Parece que la propiedad y la libertad de unos son sagrados, en tanto que las de otros, como los trabajadores, son una molestia y una amenaza de alguna clase. ¿Pero quiénes serían los amenazados? Porque la única amenazada con perder su casa y empobrecerse terriblemente es la profesora ¿Será acaso que los dineros que los trabajadores entregan a las AFPs financian a grupos económicos en Chile? Me puse mal pensado, disculpen.

En lo único en que estoy de acuerdo con don Juan es que de verdad espero que la Corte Suprema zanje esto “como debe ser”, esto es, hacia el lado de la justicia. Claro que don Juan y yo, seguramente, entendemos el deber ser y la justicia de modo diferente, pero eso ya sería para otra columna.

En fin. ¿Pudo entender, don Juan?

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