Un año escolar seguro: ¿Cuál es el compromiso del Estado?

El peso de la decisión de llevar o no a los y las estudiantes a los centros educativos no puede residir exclusivamente en los y las apoderadas. El Estado tiene el deber de informar a las familias, considerando particularmente a las más vulnerables, y establecer políticas de protección de la salud basadas en el juicio de expertos. 


El año recién pasado gran parte de las comunidades escolares del país debieron hacer frente a escenarios educativos inciertos y precarios. Un número importante de familias no contaba con el equipamiento y la conectividad necesaria para la enseñanza remota. La cuarentena profundizó las brechas existentes entre distintos grupos de estudiantes, evidenciando la pobreza, la falta de apoyo del Estado y las escasas políticas de protección hacia la ciudadanía. Pese a ello, los jardines infantiles, escuelas y liceos, de todos los tipos de dependencia, lograron dar continuidad a los procesos educativos, mantener la vinculación con sus estudiantes, brindar asistencia socioemocional a las familias y continuar con la entrega de alimentos.

Las conversaciones sostenidas durante los últimos días suponen que el escenario 2021 es distinto. Sin embargo, existen grupos de estudiantes que han sido más afectados por la desigualdad y que parecen estar invisibilizados ante la autoridad: las escuelas y liceos rurales, las salas cunas y jardines infantiles, las escuelas especiales, las aulas hospitalarias, las escuelas de segunda oportunidad. Se suma a lo anterior la incertidumbre del cómo se desplegará la educación a distancia o híbrida durante este año. De acuerdo a la evidencia, las escuelas no podrán atender más que en grupos burbujas, una vez a la semana o una semana al mes.

Otra dificultad está dada por aquellos establecimientos en que sus Sostenedores no han realizado el gasto adecuado en Elementos de Protección Personal (EPP) instruidos desde hace meses por la autoridad sanitaria. También es necesario considerar las grandes distancias que muchos estudiantes en nuestro país recorren diariamente en transporte público hacia y desde la escuela, siendo estos tramos evidentes momentos de riesgo de contagio. Todos estos temas han estado escasamente presentes en la discusión.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos sociales, económicos y culturales, sostienen que la educación es un derecho que debe ser garantizado y protegido por el Estado, a través de trayectorias educativas de calidad y en espacios de aprendizaje preferentemente presenciales. No obstante, estos deben realizarse sobre un piso mínimo de bienestar y seguridad que permita a las familias, directivos, profesionales de la educación y docentes asistir sin riesgos a los espacios escolares.

El peso de la decisión de llevar o no a los y las estudiantes a los centros educativos no puede residir exclusivamente en los y las apoderadas. El Estado tiene el deber de informar a las familias, considerando particularmente a las más vulnerables, y establecer políticas de protección de la salud basadas en el juicio de expertos. 

Es por ello que, en un contexto donde se ha naturalizado que las cifras de contagios y fallecidos siguen aumentando día a día, las autoridades deben ser garantes y agotar todas las posibilidades para generar las condiciones básicas de seguridad para todas y todos los integrantes de la comunidad escolar, apoyando diferenciadamente la recuperación de aprendizajes y resguardando la salud de la población, en especial de  los grupos vulnerables. Nuestro sistema escolar no resiste otro año de improvisaciones ni abandono de las comunidades.

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