Tribunal Constitucional: La “Tercera Cámara” que traba los proyectos aprobados por la mayoría

Ante la inminente derrota en el Senado, Sebastián Piñera envió al Tribunal Constitucional el segundo retiro del 10%, un organismo polémico que se ha ganado el repudio popular desde el año 2018, tras las iniciativas del presidente que logró declarar inconstitucionales reformas para impedir el lucro en educación, objeción de conciencia del aborto en tres causales, facultades adicionales para el Sernac y la sanción como delito del negacionismo. Muchos señalan que es una ‘tercera cámara’ antidemocrática, con miembros designados por cuoteo y nadie tiene atribuciones para su fiscalización.

El Tribunal Constitucional es un organismo que revisa la “constitucionalidad” de las leyes que se despachan desde el parlamento. Desde el 2018 en adelante ha estado envuelto en una serie de polémicas donde muchos lo acusan de ser una tercera cámara antidemocrática, ya que sus integrantes se eligen por cuoteo.

De los 10 miembros; tres son nombrados por el Presidente, cuatro por el Congreso (de los cuales dos son propuestos por la Cámara y dos por el Senado), y tres designados por la Corte Suprema. Sus integrantes duran nueve años en sus cargos, son inamovibles y se renuevan parcialmente. Tampoco tiene algún mecanismo de fiscalización como otras instituciones del estado.

Ministros del Tribunal Constitucional | Fuente: Tribunal Constitucional.

Uno de los integrantes es Maria Luisa Brahm, la presidenta del Tribunal Constitucional, en sus primeros años como abogada trabajó para la dictadura de Pinochet, ya que, estuvo entre 1985 y 1990 en ODEPLAN, donde llegó a ser jefa del departamento de planificación. Después del fin de la dictadura ella se fue a trabajar como directora ejecutiva al Instituto Libertad, uno de los think thank de la derecha hasta que el 2010 fue nombrada como jefa de los asesores del primer gobierno de Sebastián Piñera, puesto que ahora ocupa Cristián Larroulet.

No menos polémico es el académico Iván Aróstica, el ex presidente del TC tuvo una gestión bastante polémica y fue acusado por Carmen Hertz de parar las causas de violaciones a los DD.HH en dictadura, además con sus particulares interpretaciones de las leyes que se declaran inconstitucionales, hizo que la oposición le pusiera el apodo de “tercera cámara” al tribunal. 

Otros integrantes son Gonzalo García, Juan José Romero, el ex diputado Cristián Letelier (UDI), Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Pica.

Polémicas

Bajo el silencio de los medios, la Cámara de Diputados envió la semana pasada a revisión la ley del Nuevo Sename, el oficio objeta ciertos artículos específicos como el comité de expertos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Sename y peor aún, la responsabilidad de los organismos colaboradores en casos de abuso o maltrato. Esto fue oportunamente informado por este medio mientras se espera la resolución final del TC.

Hace un mes, 57 diputados de Chile Vamos presentaron el proyecto de ley de fin al negacionismo. ”Hemos presentado este recurso para indicarle a los parlamentarios que votaron a favor de esta ley fascista, que son los mismos que han ido a besarle la mano a un Maduro, a un Chávez, a un Fidel Castro, hoy día pretenden silenciarnos cuando nosotros contextualizamos lo que ocurrió en Chile en nuestra historia reciente“, afirmó el UDI Osvaldo Urrutia.

Por 9 votos a favor y sólo 1 en contra, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y eliminó el proyecto que sancionaría el negacionismo respecto a violaciones de DD.HH. cometidas en dictadura.

Las polémicas con el TC comenzaron a vivirse el 2018 bajo en mandato de Aróstica. El 27 de marzo de ese año el tribunal declaró inconstitucional el artículo de la reforma educacional que impediría el lucro en la educación superior, una de las grandes luchas del movimiento estudiantil. 

“Más adelante, y en relación a la regulación improcedente, observa la Magistratura Constitucional que -sin cambio constitucional de por medio- son puestas fuera de la ley por el cuestionado artículo 63 aquellas casas de estudios superiores que, siendo titulares del derecho de asociación y de la libertad de enseñanza, los ejercieron en su momento al incorporar controladores con fines de lucro, conforme a una normativa plenamente válida y que, más aún, se encuentra totalmente vigente, así como al organizarse de esa forma en ejercicio de la autonomía que es parte de la esencia de la libertad de enseñanza”, se lee en parte de la sentencia.

También ese año el TC declaró inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia del aborto en tres causales, este impedía que centros de salud se declararan objetores, dificultando aún más el acceso al tratamiento médico necesario para hacer un aborto. Al ministerio de salud no le quedó de otra que acatar el fallo.

Además el 6 de junio del 2018, el Tribunal Constitucional le quitó las facultades sancionatorias al Sernac, por lo que las personas quedaron casi sin protección ante algún tipo de abuso o mal servicio entregado por una empresa privada.

El 2018 fue un año crítico donde se comenzaron a ver los verdaderos alcances del TC. En ese entonces, el académico Claudio Fuentes comentó en una columna en Ciper Chile que, “aquello es precisamente lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional (TC): se alimentó un pequeño monstruo que fue creciendo con el tiempo y, de pronto, nos damos cuenta que esa institución comienza a devorarse las decisiones tomadas por una mayoría.”

Mientras que otra columna de Fernando Atria y Constanza Salgado publicada en El Mostrador comentaba algo similar,”bajo la presidencia del ministro Iván Aróstica, el Tribunal Constitucional está totalmente desatado, en el sentido de que está dispuesto a ignorar manifiestamente las limitaciones más obvias que buscan contener al menos los peores excesos de su poder insoportable“. Esto terminó con la salida de Aróstica y la llegada de Brahm a la presidencia.

Brahm ya ha planteado la necesidad de reformar el organismo. “No coincido con esa frase de que no se pueden hacer modificaciones de las instituciones, yo creo que el Tribunal Constitucional, como muchas instituciones, pueden, deben ser modificadas y es legítimo que así sea, es legítimo que se pida, es legítimo que se cambie, el TC es un organismo autónomo y de eso no cabe duda, espero que así permanezca pero eso lo resolverán otros. Yo creo que hoy el país exige que los ministros seamos responsables de las funciones que nos han entregado y las cumplamos. Es insostenible, en el grado de desarrollo que tenemos hoy, y en las demandas que existen hoy en el país real, que haya una institución que no sea controlada por nadie“, comentó en febrero de este año.

Actualmente, el proyecto de ley del segundo retiro del 10% fue enviado por el gobierno al Tribunal Constitucional ante su incapacidad de poder ofrecer soluciones reales a la gente en medio de una pandemia y la profunda crisis económica.

Se espera que prontamente el organismo resuelva al respecto. Para frenar el proyecto del segundo retiro del 10% Piñera solo necesita alcanzar una mayoría simple en el Tribunal (5 votos) y 3 de sus miembros fueron elegidos por él.

  • Miembros nombrados por Sebastián Piñera:

María Luisa Brahm, Iván Aróstica y Miguel Ángel Fernández

  • Miembros nombrados por el Senado:

Cristián Letelier (ex Diputado UDI), Gonzalo García (Académico UC)

  • Miembros nombrados por la Cámara de Diputados:

Juan José Romero (Académico UC), Nelson Pozo (ex ministro Corte Suprema)

  • Miembros nombrados por la Corte Suprema

María Pía Silva (Académica UC), Rodrigo Pica (estuvo en contra del indulto a reos de Punta Peuco).

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