Suprema cuestiona seriamente proyecto de RN que amplía facultades del Ministerio Público en persecución del “terrorismo”

El máximo tribunal advierte que la iniciativa “presenta una serie de características que pugnan con las garantías constitucionales del derecho al juez natural, el derecho a defensa y al debido proceso”.


A fines de marzo pasado un total de diez diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron un proyecto de ley que busca ampliar las facultades del Ministerio Público en su labor persecutoria de aquellos delitos que la ley califique como terroristas.

Específicamente, lo que intenta la iniciativa impulsada por Miguel Mellado, René Manuel García, Jorge Rathgeb, Sebastián Torrealba, Luis Pardo, Gonzalo Fuenzalida, Diego Paulsen, Camila Flores, Cristóbal Urruticoechea y Paulina Núñez, es que se modifique el Código Orgánico de Tribunales para otorgarle a la Fiscalía la facultad de solicitar a la Corte Suprema que el conocimiento de delitos calificados como terroristas sea radicado excepcionalmente en un juzgado de garantía y/o un tribunal de juicio oral en lo penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Una medida que -a juicio de los parlamentarios de derecha- resultaría “fundamental para el éxito de la investigación y en ningún caso puede vulnerar el derecho a la defensa del imputado de una manera tal que torne dicha garantía inexistente”.

Junto con ello, se sostiene que la solicitud realizada por el Ministerio Público “podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a 3 días a partir de su presentación”.

Corte Suprema

LA RESPUESTA DE LA SUPREMA

Sin embargo, la propia Corte Suprema remitió este martes a la Cámara de Diputados un categórico informe en el que cuestiona seriamente los alcances de la iniciativa.

“Sobre el mecanismo de prórroga de la competencia propuesto por la iniciativa y regulado en el artículo 167 bis, se puede observar que presenta una serie de características que pugnan con las garantías constitucionales del derecho al juez natural, el derecho a defensa y al debido proceso”, sostiene el máximo tribunal.

Por otro lado, la Corte Suprema advierte que el proyecto “también presenta una serie de dificultades propiamente procesales, por cuanto no regula aspectos esenciales de la tramitación de la solicitud de prórroga, principalmente en relación con la oportunidad para presentarlo –que pugnan con las etapas propias de la investigación y juicio– y la actividad que deberá ejercer el pleno de la Corte Suprema al conocerla y resolverla, que se vinculan con el corto plazo en que dichas potestades se deberán ejercer”.

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