Suprema anula graves sanciones aplicadas por la UDP a participantes de toma feminista

El máximo tribunal del país estableció que no se pudo acreditar “las faltas graves imputadas a los estudiantes” y calificó como “arbitrario” el hecho de que solo se haya expulsado o suspendido a un grupo reducido de los aproximadamente 600 que estuvieron en la asamblea cuestionada por la Universidad.


La Corte Suprema acogió este martes un recurso de protección presentado en representación de alumnas de la Universidad Diego Portales (UDP) que fueron sancionadas con la expulsión o la suspensión de su calidad de estudiantes regulares por uno y dos semestres académicos, esto por participar en una toma feminista de dependencias del plantel en agosto de 2019.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal estableció un “actuar arbitrario” de la casa de estudios dirigida por el reconocido columnista de El Mercurio, Carlos Peña, cuyo Tribunal de Honor sancionó el 13 de marzo de 2020 a alumnas que participaron -de acuerdo a la Corte- en una manifestación legítima, que no transgrede el reglamento interno de convivencia estudiantil.

Fue a raíz de denuncias de acoso y abuso sexual provenientes de ayudantes de la Universidad Diego Portales que se inició una serie de movilizaciones, las que desembocaron en la realización de una Asamblea Resolutiva desarrollada el 2 de septiembre de 2019, en la que participaron más 600 estudiantes -entre ellos las alumnas sancionadas- y que tenía por objeto resolver la toma de la casa de estudios.

A las alumnas se les sancionó en base a los numerales 4 y 6 del artículo 3 del Reglamento de Convivencia Estudiantil de la UDP, donde se dispone que “se considerarán como faltas gravísimas” conductas de los estudiantes como “impedir o dificultar, en cualquier forma, el ingreso a algún recinto de la Universidad o la libre circulación en ella”, así como también “usar el domicilio de la Universidad o cualquiera de sus instalaciones o dependencias, para fines que atenten contra los principios y normativa interna”.

Al respecto, las alumnas afectadas denunciaron que, por una parte, durante el proceso disciplinario en su contra no tuvieron acceso a la totalidad de los antecedentes y que se les acusó teniendo como único fundamento la existencia de un cuaderno donde se consigna el nombre de 688 alumnos; y, por otra, que no se les precisó por qué dicho procedimiento solo se siguió en contra de algunos de los estudiantes y no de todos los involucrados.

En el fallo donde deja sin efecto lo decretado por la UDP, la Corte Suprema señala que “el análisis de los antecedentes (…) no permite tener por acreditado que se configuren las faltas graves que se imputan” a los estudiantes, argumentando que si bien estos “reconocen su presencia en las dependencias de la universidad el día y hora en que sus instalaciones se encontraban tomadas, no permiten sostener que se configure el ‘impedimento o dificultad’ a que alude el artículo 3 del Reglamento y tampoco que su presencia en esas dependencias lo haya sido para ‘impedir o dificultar, en cualquier forma, el ingreso a algún recinto'”.

Dicho esto, el máximo tribunal establece que “la decisión de imponer las sanciones de expulsión y suspensión a los estudiantes (…) es arbitraria”, destacándose además que “es necesario considerar que se ha sancionado a un grupo reducido de estudiantes, de entre aproximadamente 600, que también se encontraban en ese lugar, sin que la autoridad haya justificado (…) la existencia de circunstancias particulares o especiales que difieren de la de los demás asistentes a la Asamblea”.

Por último, la Suprema sostiene que el actuar de la Universidad Diego Portales “vulnera la garantía constitucional del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al sancionar a un grupo de estudiantes por una conducta que no se encuentra suficientemente acreditada”.

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