Sistema de AFP: Así funciona “El corralito legal” que secuestra el ahorro de los trabajadores en Chile

Foto: Agencia Uno

El sistema de pensiones se transformó en uno de los principales problemas sociopolíticos de Chile. El 55% de los fondos obtenidos por las AFP a junio de 2020 se invirtió en el mercado local, en instituciones financieras, bancarias y sociedades anónimas vinculadas a los grupos económicos más poderosos como Luksic, Said, Yarur, Saieh, Matte y Paulmann. Solo al Grupo Luksic se destinaron 8.297 millones de dólares y 39 mil a 10 bancos (principalmente a Banco de Chile, Santander y BCI). Hoy, cuando se discute la devolución del 10% a los trabajadores, hay quienes intentan frenar la iniciativa sembrando miedo sobre el futuro, sin embargo, el proyecto cuenta con un amplio respaldo de una ciudadanía que quiere poner fin a las “pensiones de hambre” y al “corralito” de las administradoras de pensiones.

Los resultados ahogan esperanzas. Según datos entregados por la Superintendencia de Pensiones y publicados por Fundación Sol —institución que realiza estudios sobre el mundo del trabajo—, el 50% de las personas que cotizaron durante 30 o 35 años en una AFP jubilaron con montos equivalentes o menores al 94% del sueldo mínimo. Una verdadera tragedia, considerando el costo de la vida en Chile.

A diciembre de 2019, el 50% de los 984 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez por edad (la modalidad más recurrente) obtuvieron menos de $202.416 pesos — $145.413 si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado—. Ese mismo año el 50% de los nuevos jubilados, a través de su ahorro personal y la rentabilidad conseguida por una aseguradora, recibieron pensiones menores a $48.976 pesos.

¿Para qué alcanzan estas pensiones?

Los datos son de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). Arrojan que el gasto promedio de los hogares chilenos en comida es de $209.983, en transporte $170.238, en vivienda y servicios básicos $160.692, en salud $84.791, en educación $72.596 y en prendas de vestir y calzado $38.690. Hasta aquí el total es de $736.990, es decir un gasto 15 veces mayor de lo que puede permitirse la mitad de los nuevos pensionados del año 2019.

La historia conocida es que este modelo de pensiones tiene un padre, el economista chileno José Piñera. Hace 39 años el inventor de las AFP aseguró que un buen comportamiento previsional –elevados ingresos y regularidad en las cotizaciones o alta densidad– permitiría a los trabajadores jubilar con tasas de reemplazo de hasta un 80%: lo que se traduce como pensiones equivalentes al 80% de la última remuneración activa, pero no se cumplió.

Elisabeth Durán Olave es contadora de profesión. Trabajó desde los 20 años, en forma casi ininterrumpida. El año 2018, cuando decidió jubilarse, tenía 62 años de edad y una remuneración mensual de $1.500.000 —una renta elevada y cercana al tope de cotización—.

-La gran sorpresa fue que la jubilación que me ofrecía la AFP era paupérrima, $200.000 por mes. Usted comprenderá que con ese monto nadie vive. Yo me pregunto ¿Cómo lo hacen esas personas que reciben una pensión solidaria del Estado?”-, se pregunta Elisabeth con el llanto ahogado.

Esto es un juego que tiene reglas, pero que no admiten arbitraje ni apelación. Trabajadoras y trabajadores están obligados a depositar el 10% de su remuneración mensual imponible en una cuenta de capitalización individual, que es administrada por la AFP que ellos elijan. Por esa administración deben pagar una comisión, también obligatoria, que varía entre un 0.69% y un 1.45% del sueldo imponible. La persona que trabaja, mientras más gana más paga.

-Suena a un sistema de ahorro forzoso y no a un sistema de seguridad social-, advierte el profesor, abogado y político chileno Fernando Atria.

Las AFP sacan el capital de las cuentas de los afiliados y lo invierten en el mercado de capitales nacionales y extranjeros, en otras palabras, le entregan dinero fresco a banqueros y empresarios para que concreten negocios que pueden generar pérdidas o ganancias (estas últimas con un retorno parcelado).

-La Superintendencia de pensiones fiscaliza la forma en que las AFP administran el ahorro, pero esto no evita las rentabilidades negativas. Si hay pérdidas, las deben asumir por completo los trabajadores y no pueden opinar sobre el destino de sus fondos-, explica el cientista político, administrador público e investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez.

Como mecanismo de control, la ley obliga a las AFP a compartir el riesgo e invertir el 1% de su capital (llamado encaje) de la misma forma en que invierte el dinero de sus afiliados. Este 1% es “un monto simbólico”, recalca Recaredo, porque el grueso de las ganancias de las AFP, el 93%, proviene del encaje y la comisión obligatoria que le cobran a sus afiliados y pensionados; ganancias que además no están expuestas a los riesgos que afectan la rentabilidad del ahorro previsional.

Es importante destacar que durante los años de funcionamiento del sistema, grandes crack financieros han generado niveles de pérdida abrumadores para los fondos de pensiones de los afiliados, el último de ellos el año 2008 donde la pérdida alcanzó un 30% en los fondos más riesgosos.

 “Se nos dijo a comienzos de los 80 —cuando se privatizó el sistema de pensiones— que íbamos a jubilar con una tasa de reemplazo del 80% de nuestra renta en vida activa y que para el año 2020 esa tasa de reemplazo sería del 100%… Prometieron que tendríamos pensiones casi iguales a las remuneraciones de nuestra vida laboral activa” asegura Carolina Espinoza, vocera de la coordinadora ciudadana No Más AFP.

Hoy la rentabilidad anual de los fondos bordea en promedio el 8% pero la mitad de las tasas de reemplazo solo alcanzan el 20% —sin subsidio del Estado— y un 40% en los mejores casos. Los defensores del sistema explican que esto se debe básicamente a tres factores: una baja en la densidad de cotizaciones durante la vida laboral, el aumento de la expectativa de vida a nivel mundial y la caída de los retornos a largo plazo en el mercado internacional. Para los críticos y detractores, la razón es que el sistema traslada a las pensiones todos los costos de la desigualdad en el trabajo.

¿Cuáles son esas desigualdades?

Desempleo: el 7,1% de las y los trabajadores en Chile se encontraba cesante a junio de 2019, según las cifras publicadas por el INE. Para el último trimestre del año 2020 (marzo-abril y mayo) esa cifra subió a 11,2%.

Bajos salarios: la Encuesta Suplementaria de ingresos (ESI), publicada por el INE en 2018, arrojó que el 50% de los trabajadores percibe remuneraciones iguales o inferiores a $400.000.

Desigualdad económica: según el mismo estudio, el 15% de la población ocupada, percibió ingresos entre $200.000 y $300.000, el 17,4% entre $300.000 y $400.000, el 12,8% entre $400.000 y $500.000, el 13,3% tuvo ingresos mayores o iguales a $1.000.000 y solo el 1,7% consiguió ingresos iguales o superiores a $3.000.000.

Respecto a la brecha entre hombres y mujeres, las cifras oficiales dicen que ellos ganan un 29.3% más que ellas y que este dato se eleva a un 31.8% en Santiago.

“Todos estos factores impactan en el resultado final de la pensión” explica Recaredo Gálvez y agrega que para las mujeres el problema se acrecienta debido a un menor acceso al mercado laboral, a que desempeñan trabajos de maternidad y cuidados del hogar sin remuneración y al cálculo de una mayor expectativa de vida.

Licuadora de pensiones

¿Por qué si Elisabeth cumplió con casi todos los requisitos para jubilarse con una tasa de reemplazo del 80%, su pensión solo alcanzó un reemplazo del 13.78%?

Alejandra Matus, periodista y autora del libro “Mitos y verdades de las AFP”, explica que la respuesta está en el cálculo que realizan las AFP donde se utilizan factores actuariales (sábanas de modelos matemáticos) en los que cada posible riesgo se pondera y va restando monto. “El capital del fondo se pulveriza y nunca alcanza para entregar una pensión proporcional al último sueldo”, aclaró en una entrevista televisiva.

 ¿Qué significa esto? Que entre otros, para el cálculo de la pensión se considera la expectativa de vida de la persona, si existen hijos o beneficiarios que puedan heredar la pensión, las probabilidades de sufrir accidentes o de morir en forma anticipada y si es hombre o mujer. Para quienes están casados, se calcula el tiempo que vivirá el cónyuge y para los solteros el tiempo que vivirán los padres.

La periodista complementa que es por eso que una persona que tiene altos ingresos obtiene una pensión baja, porque debe dividir los fondos en muchas pequeñas unidades que garanticen eventos extraordinarios.

Matus abre un paréntesis y pone el foco sobre el cálculo de las tablas de mortalidad, “Están diseñadas para las personas que tienen mayores ingresos económicos, mayores posibilidades de cuidar su salud y por lo tanto viven más –hay estudios que lo comprueban–”. Explica que la trampa está en que usan esas mismas tablas para calcular las expectativas de todas las personas por igual.

Retiro programado y Renta vitalicia

Como el de las AFP no es un sistema de beneficio definido ni de seguro social, el monto que recibirán los pensionados —por vejez— también estará determinado por la cantidad de años cotizados y los resultados de las inversiones en el mercado de capitales; cada uno se salva solo, es la política.

Para el pago de pensiones las personas pueden optar por la modalidad de retiro programado en una AFP o un plan de renta vitalicia en una Compañía de seguros.

¿Cuál es la diferencia?

En el retiro programado, la AFP calcula que la pensión tendrá variaciones durante los años de sobrevivencia del cotizante porque los fondos se siguen invirtiendo en el mercado de capitales durante la jubilación y pueden verse expuestos a pérdidas y disminuir en forma acelerada. El monto inicial del retiro programado puede ser más alto que el de una renta vitalicia pero con el tiempo va disminuyendo en la medida en que se consume el capital y bajan las ganancias de la inversión. Actualmente el 45% del fondo (USD $90.000 millones aproximados) se invierte en el extranjero y un 55% (USD $110.000 millones aproximados) en Chile.

“Respecto a las pensiones de las mujeres, el retiro programado calcula una expectativa mayor para el tiempo de pago, eso significa —y así lo indica la tendencia— que al final de sus años de vida sus pensiones se pueden reducir a menos de la mitad”, advierte Galvez.

Esta modalidad tiene una garantía: los fondos son heredables tras el fallecimiento del cotizante. El problema, insiste Recaredo, es que la gestión es burocrática y poco activa para beneficiar a quien corresponde, sobre todo si el cotizante no realizó el trámite para designar a sus beneficiarios.

En mayo de 2019, la Superintendencia de Pensiones de Chile comunicó que existen más de 249 millones de dólares que no han sido cobrados por los herederos. El beneficio, que de ello obtienen las AFP, se encuentra en un terreno gris y la única claridad es que esos fondos siguen dinamizando el mercado de capitales.

Quienes acceden a una renta vitalicia, a diferencia del retiro programado, pierden la propiedad sobre el ahorro y el derecho a la herencia. Las personas utilizan su fondo de pensión a modo de prima para contratar una renta vitalicia, por eso no todas las personas pueden acceder a ella.

Recordemos que a Elisabeth Durán la AFP le ofreció una pensión de $200.000, que le resultó insuficiente para vivir. Ella decidió optar por un plan de renta vitalicia y consiguió finalmente un monto de $400.000, el 26% de su remuneración activa

Lo suyo fue pérdida por partida doble. Trabajó durante 42 años, perdió los ahorros que pudo heredar a Pedro, su único hijo, y la posibilidad de un retiro laboral. Como su pensión sigue siendo baja continuará trabajando –hasta cuando pueda durar dice ella– en la misma empresa donde lleva 15 años. Comenzando de cero, a sus 64 años de edad, asegura que ahorrará y tratará de juntar un pozo de dinero para enfrentar la vejez con dignidad.

Pensiones de hambre

“La única certeza que otorga el nuevo sistema (AFP) es que en el largo plazo habrá pensiones mínimas que costeará el Estado. Del resto nada, a pesar de que en materias de seguridad social se requieren certezas”, se puede leer en el libro de Alejandra Matus.

Con estos antecedentes, el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet se vio obligado a impulsar una reforma previsional para socorrer a quienes estaban en edad de jubilar y pertenecían a los hogares de menores ingresos que no recibían pensión porque nunca cotizaron en una AFP. Se llamó Pilar Solidario y actualmente paga la jubilación del 60% de las personas más pobres de la población y subsidia a las pensiones que entrega la AFP y que están por debajo de la pensión máxima con aporte solidario.

“El problema es que este monto, luego de la reforma de 2019, terminó variando entre $135.000 y $165.000, dependiendo de la edad de quien jubila, es decir un 42,7% y un 51,5% del salario mínimo actual respectivamente. Incluso en el monto más alto de la pensión básica quedamos cinco mil pesos por debajo de la Línea de la Pobreza para hogares unipersonales”, explica Recaredo Gálvez.

Otro investigador de la Fundación Sol, el licenciado en ciencias económicas y máster en políticas de trabajo y relaciones laborales, Marco Kremerman, concluye que “el de las pensiones en Chile se ha transformado en un evidente problema material y humanitario que el gobierno intenta omitir en la actual discusión de la nueva reforma”.

“En los últimos 10 años las AFP y compañías de seguro han duplicado las pensiones pagadas, finalizando el 2018 con más de 1.3 millones de pensiones en todas sus modalidades”, dice un informe que Fundación Sol hizo llegar a la Cámara de Diputados a inicios del 2019.

La modalidad de pensión preferida por los cotizantes es la renta vitalicia, que ha ido inyectando en el mercado de seguros una fuerte presión por el pago. “Lo peligroso de esto es que según algunos analistas si la tendencia varía –si las personas optan por otro sistema– las compañías de seguro van a tener problemas de flujo para el pago de las pensiones que ya están comprometidas”, aclara Gálvez.

¿Qué ocurre en caso de quiebra de una compañía de seguros? Se activa la garantía estatal, que opera como salvavidas del sistema privado en caso de colapso pero “se vuelve ineficiente porque garantiza montos por debajo de la pensión solidaria”, dice el experto.

Este sistema está lleno de problemas y el principal es que no da ningún tipo de garantías a las personas ni entrega cuentas respecto a cómo se administran nuestros fondos”, agrega Carolina Espinoza, vocera de la Coordinadora Ciudadana No Más AFP.

Conflictos de intereses en las pensiones de invalidez

Alejandra Vidal trabajó durante más de treinta años en una AFP tramitando pensiones de invalidez y poniendo todo tipo de trabas para, por orden de su empleador, negar el beneficio a los cotizantes. Un día enfermó, se vio obligada a vivir lo mismo que a los usuarios que ella tramitaba y decidió denunciarlo.

En un reportaje, publicado el año 2018 en el diario electrónico The Clinic, contó que las jefaturas presionaban y financiaban premios para los trabajadores que conseguían bajar las tasas de siniestralidad o disminuir al máximo posible la cantidad de personas que acceden a cobrar su pensión de invalidez.

¿Cuál es el motivo? Algunas AFP tienen participación en las compañías de seguros que financian estas pensiones, entre otros.

Todos los meses un trabajador contratado debe depositar en una AFP el 10% de su remuneración imponible para el ahorro previsional y hasta el 1,45% para el pago de la comisión. De igual modo, el empleador debe depositar en esa misma AFP el 1,53% de aquella base imponible para financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia de su trabajador, llamado SIS.

Con los aportes de los empleadores, las siete AFP que operan en Chile deben llamar, en conjunto, a licitación para contratar el SIS en una compañía aseguradora la que, en caso de accidente o enfermedad del trabajador, debe realizar un aporte de capital a la AFP para permitir que el cotizante jubile anticipadamente en caso de invalidez.

“Según la Superintendencia de Pensiones, actualmente hay cuatro AFP que participan en compañías de seguros: Capital (Sura); Cuprum (Principal); Habitat (Cámara, Confuturo y Corpseguro) y Provida (Metlife). En las últimas dos licitaciones ninguna de ellas fue la ganadora, pero en los periodos anteriores a 2016 sí hubo compañías relacionadas a las administradoras que se adjudicaron el seguro, cuestión que la ley no prohíbe y que puede volver a suceder”, dice un artículo publicado en Interferencia.

La Cámara de Diputados ha pesquisado varias situaciones irregulares tendientes a denegar el beneficio, como conflicto de interés entre aseguradoras y AFP, obstaculización administrativa, pérdida de documentación, dilación del proceso, revisión negligente de expedientes médicos, solicitud de exámenes irrelevantes y maltrato hacia el afiliado.

Beneficiarios del sistema

El “corralito legal”, como lo definió el economista Andrés Solimano en su libro “Pensiones a la chilena” —dado que los fondos previsionales quedan encerrados en el sistema sin la opción de moverlos hacia un administrador sin fines de lucro— tiene como principal objetivo dinamizar el mercado de capitales nacional e internacional.

Un estudio de la Fundación Sol, que analizó el destino en el mercado local del 55% de los fondos obtenidos por las AFP a junio de 2020, explica que gran parte de los activos se invirtieron en diversas instituciones financieras, principalmente bancarias y sociedades anónimas. Del total de 201.000 millones de dólares reunidos por los fondos de pensiones a esa fecha, 8.297 millones se destinaron al Grupo Económico Luksic y 39 mil millones se distribuyeron entre 10 bancos, encabezados por Banco de Chile, Santander y BCI.

Del total, 45 mil millones de dólares fueron repartidos a 30 grandes Grupos Económicos chilenos y 15 millones a 25 grandes Grupos Multinacionales, de capitales extranjeros que operan en Chile. Los 6 grupos económicos de capitales nacionales que reciben las mayores inversiones desde los fondos de pensiones son: Luksic, Said, Yarur, Saieh, Matte y Paulmann.

A pesar de los conocidos hechos de colusión y sanciones de la entidad reguladora, dice el mismo informe, el Grupo Matte también recibió inversiones por un total de 4.106 millones de dólares.

“Decido yo”

Las bajas pensiones, la expectativas desesperanzadoras, los escándalos de corrupción y conflictos de intereses, la poca transparencia del sistema administrativo y el mercado, además de la crisis social y humanitaria que ha provocado el sistema, han mantenido en constante movilización a la sociedad chilena desde el año 2016, cuando la ciudadanía salió a la calle para exigir un cambio de sistema con el slogan “NO MÁS AFP”.

En julio de 2019 la coordinadora No Más AFP y la fundación La Casa Común, lanzaron la campaña “Decido yo” que consistió en llamar a todas las personas —que quisieran sumarse— a pedir la devolución de sus ahorros previsionales mediante un recurso de protección.

“Esta campaña tuvo por finalidad poner en discusión la contradicción entre el discurso del sistema y la realidad. Por un lado nos dicen que somos dueños de nuestros fondos pero en la práctica no podemos decidir sobre ellos”, explica Carolina Espinoza, vocera de No Más AFP.

La constitución chilena asegura que nadie puede ser privado de su propiedad ni de los atributos esenciales de su propiedad; dentro de esos atributos esenciales está la facultad de administrar lo propio y decidir sobre lo propio. “Le pedimos a la corte que determinara si los trabajadores tienen o no propiedad sobre sus fondos, para saber si el discurso de la propiedad –instalado desde la dictadura– era puramente ideológico o no”, agrega Fernando Atria.

A casi un año del lanzamiento de la campaña, el 18 de junio de 2020, tras una decisión unánime la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó a la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum devolver el 100% de sus fondos de capitalización individual a la profesora jubilada María Angélica Ojeda. La decisión fue apelada por la AFP y a la fecha no existe una resolución de la Corte Suprema, sin embargo, el primer fallo sentó un precedente sobre los derechos que tiene un trabajador sobre sus ahorros previsionales.

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