Sin la gente, no hay justicia

Es un mito que la pena de muerte sea la salida más deseable o que la gente vaya a pedir siempre penas máximas. Una cosa es que me pongan un micrófono cuando acaban de matar a mi hermano, y otra es cuando un ciudadano común tiene la oportunidad de pensar e intercambiar argumentos en el marco de un jurado. Las circunstancias y contextos siempre importan.

Cada vez que algún hecho criminal logra capturar la indignación colectiva se reabre un debate que como sociedad no podemos seguir evitando: la  escasa legitimidad de nuestro proceso penal.

Para aportar a las diversas posturas que se han manifestado en torno a este tema tan controvertido como fundamental, nos preguntamos ¿Por qué recurrimos al castigo? ¿Será para infligir dolor a quien comete un crimen? ¿Será para tomar como medio a la persona que ha cometido un crimen y así aleccionar al resto de la sociedad e impedir que sigan el reprochable ejemplo? Si bien ambas preguntas han sido abordadas por la filosofía penal, me interesa aquí proponer una perspectiva democrática y republicana, conforme a lo planteado por el abogado y sociólogo Roberto Gargarella en su libro “Castigar al prójimo: Por una refundación democrática del derecho penal”. Para ello la pregunta principal es ¿Cómo seguimos viviendo juntos? Asumiendo que el interés del Estado es expresar cierto compromiso de la comunidad con reglas y valores y no ser un mero dispositivo predeterminado a oprimir y ejercer coerción.

 Así las cosas, el castigo estaría lejos de ser un fin en sí mismo sino que, en términos generales, es un medio para reparar el daño cometido dentro de un marco valórico, político y legal determinado.

Al respecto, es fundamental recordar lo que Cesare Beccaria (padre de la moderna ciencia del derecho penal) nos decía hace más de dos siglos en su tratado de los delitos y de las penas por cuanto “es mejor evitar los delitos que castigarlos (…) el más seguro, pero más difícil medio de evitar los delitos es perfeccionar la educación.” Si a eso agregamos que el derecho y la justicia penal tienden a reproducir las desigualdades existentes en nuestra sociedad  (basta con dar una mirada rápida a la población carcelaria: pobres por doquier, mientras los criminales de cuello y corbata siguen libres) caemos rápidamente en cuenta que ese punitivismo inquisidor que se nos hace creer como efectivo, es todo lo contrario. Por eso, un imperativo para un nuevo paradigma democrático y republicano, requiere abordar la cuestión penal a partir de la construcción de puentes entre el derecho penal y la democracia para impedir que una mayoría de la población siga relacionándose con el derecho sólo en carácter de víctima de este.

Esto no tiene nada que ver con la frecuente práctica televisiva consistente en, después de un crimen, poner sus focos sobre el dolor de quienes han sido agredidos, mostrándolas como las voces más auténticas (y representativas) de la comunidad. No confundir: es muy importante proteger, contener, proteger a las víctimas y trabajar para reparar las (a veces irreparables) pérdidas que han sufrido. Sin embargo, ese profundo respeto no implica convertirlas en autoridades en materia penal, más bien lo contrario: es difícil que pueda surgir una norma justa desde la (entendible) indignación que genera el crimen sobre quienes lo sufren desde más cerca. Para tomar en serio lo que quiere la gente, en materia penal, debemos recuperar -con urgencia- las voces no escuchadas y silenciadas, antes que dar autoridad a los reclamos o vocerías repentinas.

En esa línea, es un mito que la pena de muerte sea la salida más deseable o que la gente vaya a pedir siempre penas máximas. Una cosa es que me pongan un micrófono cuando acaban de matar a mi hermano, y otra es cuando un ciudadano común tiene la oportunidad de pensar e intercambiar argumentos en el marco de un jurado. Las circunstancias y contextos siempre importan. Al respecto, Gargarella nos dice que “los jurados, que aunque son moderados y limitados en términos de participación popular en Argentina, si algo han demostrado es aventar el temor de que los ciudadanos vayan a pedir pena de muerte o cadena perpetua. Las sentencias han sido iguales o más parsimoniosas que la de los jueces profesionales”.

Por tanto, debemos despejar tanto la consideración conservadora que plantea que “la gente no entiende de estas cosas”, como el reparo del denominado progresismo penal que considera que una mayor apertura o democratización del proceso penal podría derivar “en fascismo o un punitivismo inquisidor que pide penas máximas a todo evento”.  Ambas posturas responden a un profundo elitismo a la hora de pensar el paradigma penal que nos rige y sólo vienen a profundizar el abismo existente entre la ciudadanía y la esfera penal, situación que debemos revertir incorporando cada vez más a la gente común en el proceso penal,  así podremos construir una comunidad de iguales donde el derecho sea un principio democrático para todos y no un privilegio de pocos.

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