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Opinión

Sí hay culpables en el mega incendio en Quilpué

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Nos encontramos muy lejos de tener una planificación urbana responsable. No podemos esperar que la Contraloría esté revisando todos los estudios de los PRC y la idoneidad de los profesionales que los elaboran. La primera responsabilidad es de las autoridades municipales y los ciudadanos deben exigir que cumplan la ley y actúen siempre buscando el bien común, es lo mínimo.

En junio de 2014 la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) envió una instrucción a todos los municipios del país solicitando que en la formulación y/o modificación de sus Planes Reguladores Comunales (PRC) incorporaran el riesgo por amenaza de incendio. La misma instrucción se envió a las secretarias regionales ministeriales (Seremi) de Vivienda y Urbanismo en relación con los Planes Reguladores Intercomunales y Metropolitanos.

La instrucción de la DDU fue más allá al señalar que esas Seremis debían fijar plazos para la actualización de los PRC en las municipalidades cuyos territorios poblados presenten inminente riesgo de incendio. Según la DDU, y tal como indica el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), la identificación del territorio bajo amenaza de riesgo por incendio se debe realizar a partir de un estudio fundado.

Hemos sido testigos de lo ocurrido en la comuna de Quilpué y la pregunta que surge es si se cumplió la instrucción dada por la DDU en 2014. Para responder esa pregunta podemos utilizar el reciente dictamen Nº E64056 de 29 de diciembre de 2020 de la Contraloría General de la República donde se responde al arquitecto Mauricio Zulueta, por su necesario y previsor reclamo relacionado con la omisión de zonas de riesgo por incendio en el PRC de Quilpué. Recordamos que, con el mismo Zulueta, en reunión con el ministro del ramo, Cristián Monckeberg, le hicimos presente que el gobierno debiera tomar cartas en el asunto.  

La Contraloría señala en su pronunciamiento: “Pues bien, del análisis de la Memoria Explicativa y el Estudio de Riesgos y Protección Ambiental tenidos a la vista en esta ocasión, se aprecia, en síntesis, que dichos instrumentos dan cuenta de las razones por las cuales no se definió un área de riesgo asociada a incendio, lo que se encuentra suscrito por los profesionales competentes que ahí se individualizan” y que “[…] no se advierten incongruencias con la normativa aplicable, dado que ha sido el propio estudio en comento el que ha determinado, por la razones que expone, no definir un área de riesgo por incendio, decisión que fue adoptada por los profesionales que lo suscribieron y por el municipio en ejercicio de su función de planificador”.

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Las bases de la licitación de la actualización del PRC de Quilpué, realizada en 2015, al referirse al estudio de riesgos señalan “Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental, referido especialmente a inundaciones por cauces naturales y artificiales y fenómenos de remoción en masa, a partir del Informe Fundado de Riesgos, suscritos por los profesionales especialistas que correspondan”.

Como se observa, esa municipalidad no incluyó explícitamente la amenaza por incendio forestal y tampoco hubo preguntas al respecto de los proponentes. ¿Qué importancia tiene eso? Que las empresas privadas que participaron en esa licitación no incluyeron en su equipo a profesionales especialistas en esa materia pues aquello incrementa el precio de la consultaría y disminuye la probabilidad de adjudicarse la licitación. Pero del análisis hecho por la Contraloría se deduce que la temática del riesgo de incendio sí fue incluida.

La pregunta es ahora, dada la importancia del tema, ¿el estudio de riesgos fue bien elaborado?, ¿el consultor contó con los recursos suficientes para contratar a un profesional especialista en incendios forestales que analizara esa amenaza?

El “Estudio de Riesgos y Protección Ambiental” elaborado como parte de la actualización del PRC de Quilpué puede ser descargado desde el sitio web de la municipalidad

En el punto 5.7 de ese estudio se trata la temática de los incendios forestales y allí se puede ver cómo las autoridades municipales, CONAF y los consultores, luego de una reunión el 6 de abril de 2017, concluyeron por ejemplo que:

a) se requiere un plan de gestión más que la definición de áreas de riesgo dentro del PRC,
b) si se grava como una zona de riesgo se congela su desarrollo, y
c) la definición de esas áreas de riesgo “requiere de la modificación de cuerpos legales como la ley de Bosques, la OGUC o LGUC que definan quienes serán los órganos responsables de la revisión de los estudios fundados y sus obras de mitigación para el levantamiento de la restricción”.

Resulta evidente que en esa reunión de 2017 los participantes ignoraron la instrucción de la DDU e incumplieron diversos dictámenes de la Contraloría referidos a los estudios fundados de los PRC y a la aplicación del artículo 2.1.17 de la OGUC. Obviamente, como consecuencia de la señalada reunión no se hizo un estudio de riesgo por amenaza de incendio como parte de la actualización del PRC de Quilpué y tampoco se definieron áreas de riesgo asociadas a ese peligro.

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Que no exista un órgano responsable de la revisión del estudio de riesgo por amenaza de incendio no puede servir como excusa para no hacerlo porque eso implica una interpretación que deja sin aplicación una norma. Por otra parte, los riesgos no se pueden levantar a través de obras de mitigación pues eso implica una modificación del PRC. Lo que debe hacer el PRC es establecer los usos permitidos en las áreas de riesgo y las obras de mitigación son las que protegen las edificaciones asociadas a esos usos permitidos. Por ejemplo, la municipalidad podría definir el sector riesgoso como un parque y mantener una zona despejada (obra de mitigación) que impida que se destruya el equipamiento recreativo si ocurre un incendio (riesgo). Eso habría permitido el “desarrollo” de la zona definida como de riesgo, pero al parecer ese desarrollo no es el que quería el municipio de Quilpué.

Se debe mencionar que los profesionales que suscriben el estudio de riesgos no son especialistas en incendios forestales, pero no tenían que serlo. Las bases de licitación de la actualización de PRC, tal como mencionamos, no hicieron exigencias respecto a la temática de riesgo por amenaza de incendio forestal a pesar de que Quilpué los ha sufrido repetidas veces.

De todo esto se concluye que nos encontramos muy lejos de tener una planificación urbana responsable. No podemos esperar que la Contraloría esté revisando todos los estudios de los PRC y la idoneidad de los profesionales que los elaboran. La primera responsabilidad es de las autoridades municipales y los ciudadanos deben exigir que cumplan la ley y actúen siempre buscando el bien común, es lo mínimo.

Por último, no podemos olvidar que producto de la nula intervención del Estado en el desarrollo urbano, los precios de las viviendas suben y suben, dejando a la mayor parte de los ciudadanos sin opciones asequibles en las áreas urbanas cercanas a los principales equipamientos, obligándolos en muchos casos a ocupar terrenos en la periferia que no son apropiados o son riesgosos. La solución no es ampliar los límites urbanos en una espiral sin fin o levantar mega edificios a diestra y siniestra como quieren algunos. El Estado debe ocupar terrenos fiscales (como los asignados a las FF.AA.) o comprar terrenos que permitan implementar proyectos de buena calidad en sectores bien ubicados. 


Por lo relatado y por haberse demostrado la negligencia del sector público y del consultor privado, queda en evidencia que las familias perjudicadas con el incendio podrán ejercer acciones judiciales en contra de los anteriores, independientemente de que la Fiscalía Regional detecte más adelante que hubo patos malos que originaron el siniestro.   

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Opinión

Irina Karamanos: el cargo de Primera Dama no necesita ser reformulado, debería ser erradicado

La decisión de Irina Karamanos de asumir el rol de Primera Dama es tan contradictorio como criticar a los concursos de belleza por el histórico rol cosificador y machista que han cumplido en la inferiorización dirigida hacia el cuerpo de las mujeres y al mismo tiempo presentarse a concursar a uno de ellos para supuestamente cambiarlo desde dentro. 

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Irina Karamanos es cientista política, líder del Frente Feminista de Convergencia Social, una mujer profesionalmente muy bien preparada, quien es conocida por ser la pareja del Presidente Gabriel Boric. Ella al ser consultada por el cargo de Primera Dama expresó, inicialmente, cierta distancia con este rol, señalando que es una función que debería ser repensada. Hoy su decisión fue la de asumir dicho cargo, pero con el compromiso explícito de transformarlo desde dentro.

Desde un análisis puramente semiótico, sin acudir a los antecedentes históricos patriarcales que la configuran, la institucionalidad de la Primera Dama es una construcción político-cultural con un significado altamente sexista y colonial, conformado por la idea de que existe una mujer poseedora de un nivel de importancia mayor a todas las demás, donde su sobrevaloración es por el solo y único hecho de ser la pareja del Presidente de la República.

A su vez, es una noción profundamente discriminadora de la diversidad sexual, pues se asume implícitamente que el Presidente es un hombre y que por ende su acompañante sexo-afectivo debe ser una mujer heteronormada. En consecuencia se asume a la pareja del Presidente como una “dama”, la cual debe cumplir con los estándares esperados en todos los ámbitos estéticos, económicos, culturales, morales, tal como ha venido siendo durante prácticamente toda la historia de los Presidentes electos (con excepción de la expresidenta Michelle Bachelet, quien designa en este cargo a su hijo Sebastián Dávalos).

Estos estándares esperados para el rol de Primera Dama son los de una mujer heterosexual, blanca, de clase alta, con estudios universitarios, vestida con una estética tradicional, compuesta en la utilización del lenguaje, todo lo que Irina Karamanos en su rol de líder feminista -supongo- no querría interpretar, pero que lo termina por encarnar y peor aún, lo acepta representar. 

La decisión de Irina Karamanos de asumir el rol de Primera Dama es tan contradictorio como criticar a los concursos de belleza por el histórico rol cosificador y machista que han cumplido en la inferiorización dirigida hacia el cuerpo de las mujeres y al mismo tiempo presentarse a concursar a uno de ellos para supuestamente cambiarlo desde dentro. 

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Esta no es una lógica sustentable ni creíble, pues hay instituciones que han sido confeccionadas desde el trato subordinado y el menosprecio hacia las mujeres, como es el caso del rol de la Primera Dama, donde la única mujer que logró efectivas cuotas de poder desde esta posición subalterna fue Lucía Hiriart, esposa del exdictador Pinochet, poder que utilizó para desfalcar al Estado y enriquecerse de manera personal. Por tanto, el rol que asume Irina Karamanos trae consigo este relato histórico que exige no la reformulación de funciones, sino que sencillamente su erradicación desde todas las esferas epistémicas.

Un ejemplo que respalda lo anterior fue cuando el Presidente Gabriel Boric hizo una aclaración al medio de comunicación Mega, quienes refirieron a Irina Karamanos como la “polola del Presidente”. Boric les corrige a través de redes sociales, señalándoles que su pareja tiene nombre y que debemos acostumbrarnos a respetar la agencia que tiene cada mujer por sí misma.

Estuvo muy bien el Presidente en su breve discurso, pues denota una lectura crítica de cómo el lenguaje sexista de los medios de comunicación reproducen el machismo y la misoginia.

Siguiendo la línea de reflexión planteada por Boric ¿cuál es la agencia del rol de la Primera Dama? Es posible reconocer un valor por sí mismo a un cargo que nadie elige y que sólo existe en razón de la relación afectiva con el Presidente? Y si dicho rol fuese transformado para darle mayor peso político, estaríamos frente a una función que adquiere más poder, donde habría una mayor transferencia de recursos por parte del Estado?

Seguramente Irina Karamanos tiene una planificación bien estructurada para esto, sin embargo, mi posición es que el peso histórico, cultural y colonial que posee la condición y el rol de Primera Dama no es transformable, sino que la verdadera subversión consistiría en erradicar este cargo que la inferioriza no sólo a ella, sino que a la mayoría de quienes estamos abogando por deshacer las categorías culturales que nos menosprecian.

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Opinión

Si la Contraloría no reacciona, la corrupción será permanente

Al parecer la Contraloría desconoce el patrón de conducta que tienen ciertos empresarios para burlar la ley y en tal sentido recordamos lo sucedido con un permiso ilegal cursado en Las Condes para que se levantaran 25 edificios en la calle Vital Apoquindo.

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El martes 18/01/22 se realizaron unas jornadas organizadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para analizar “el fortalecimiento de la probidad y prevención del delito”, en las cuales intervinieron los titulares del propio CDE, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Consejo para la Transparencia. El miércoles 19/01/22 se publicó en un medio de circulación nacional lo siguiente: “Un 52% de las municipalidades del país está siendo investigado por diversos delitos de corrupción”, ver link   

En relación a los actos de los órganos municipales, la ley respectiva se encarga de precisar que las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría y que, en cuanto sea un control de legalidad, podrá ejercerlo por medio de dictámenes jurídicos, sobre todas las materias sujetas a su control. En particular, en materia urbanística, se ha establecido que la Contraloría cumple un rol fundamental en la aplicación e interpretación del derecho urbanístico nacional, es decir, la Contraloría garantiza que el desarrollo en las áreas urbanas y rurales sea acorde a la ley. 

La experiencia nos indica que la Contraloría, dentro del ámbito de los permisos municipales de edificación que le son denunciados, tiende a abstenerse de emitir dictámenes represivos cuando han transcurrido más de dos años desde la emisión de los mismos, pues no se pueden invalidar atendiendo a lo prescrito en el artículo 53° de la ley N° 19.880 del Procedimiento Administrativo o bien cuando han transcurrido más de cuatro años, tratándose de la responsabilidad del funcionario municipal que ha otorgado un permiso contrario a derecho.

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Al parecer la Contraloría desconoce el patrón de conducta que tienen ciertos empresarios para burlar la ley y en tal sentido recordamos lo sucedido con un permiso ilegal cursado en Las Condes para que se levantaran 25 edificios en la calle Vital Apoquindo, pues sus dictámenes fueron desobedecidos por esa municipalidad y hasta ahora, parodiando a Pezoa Véliz, nadie dice nada, incluyendo al locuaz y mediático diputado electo Gonzalo de la Carrera y al ex alcalde Joaquín Lavín, quienes conocen muy bien todas las ilegalidades del proyecto. 

Aunque en ciertas ocasiones la Contraloría resuelve que la autoridad municipal inicie sumarios en contra de los funcionarios que cometen “errores”, esos procedimientos sancionatorios son saludos a la bandera pues se traducen en largos procesos que terminan en alguna pequeña multa o mácula en la hoja de vida del funcionario infractor. Esta es la razón, por aplicación natural de la impunidad, de que existan en nuestro país miles de hechos ilegales consumados que han brindado ganancias indebidas e ilícitas a sus astutos titulares. 

Un reciente episodio de brutal desacato a los dictámenes de la Contraloría lo observamos con el permiso ilegal, en el terreno en donde se emplaza el hotel Sheraton, por dos torres habitacionales de 32 pisos c/u cursado por el director de obras municipales de Providencia. La alcaldesa Evelyn Matthei ignoró completamente el contenido de ese dictamen y por ello fue necesario interponer un recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago, por el cual ella fue notificada vía un receptor judicial, el reciente 12 de enero de 2022, ver link

Por otra parte, los dictámenes de la Contraloría si bien son vinculantes, al no ser conocidos por todos los funcionarios y/o por la ciudadanía, se transforman en letra muerta. En la página web de la Contraloría se pueden realizar rápidas búsquedas de dictámenes e invitamos a los interesados a hacerlo para que entre todos aportemos un grano de arena en esta cruzada en favor de la probidad.

El contralor Jorge Bermúdez ha sido contumaz, y por ello lo felicitamos, en criticar en sus apariciones en los medios, con sólidos fundamentos la corrupción existente en nuestro país, pero lo que le ha faltado a él hasta ahora es la entrega a la ciudadanía de señales más claras en orden a ejercer con mayor compromiso sus atribuciones para combatir esa lacra.

Para revertir esta sensación de falta de eficacia de la Contraloría proponemos que, mediante una reingeniería en su interior, adopte decisiones que vayan al fondo de las denuncias que recibe, pues para ello dispone de excelentes abogados y arquitectos, trasladando los casos de presuntos o abiertos delitos de prevaricación al Ministerio Público para que sus fiscales los investiguen, dado que éstos tienen todas las herramientas para ello. Recordemos que la Contraloría, por ser un órgano administrativo, carece de las potentes atribuciones indagatorias que sí tienen los fiscales. 

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En todo caso, tal como me lo indicó un conocido abogado de la plaza, llama la atención que conforme al artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal, los funcionarios de la Contraloría, en sus calidades de funcionarios públicos, están obligados a efectuar la correspondiente denuncia penal si han tomado conocimiento de un hecho que podría ser constitutivo de delito. El ente fiscalizador nunca ha interpuesto denuncia alguna por el delito de prevaricación administrativa por parte de funcionarios de las direcciones de obras municipales.    

Por tal razón, tuvieron que ser seis ciudadanos de a pie, ya que ningún servicio público relacionado con el asunto lo hizo, se vieron compelidos a querellarse en el Ministerio Público en contra de las decenas de guetos verticales ilegales “aprobados” por la administración anterior de la municipalidad de Estación Central, resueltos como tales por la propia Contraloría y la Corte Suprema. Esa situación se replicó en cierto grado en otras comunas y uno de los casos más patéticos es el edificio de 26 pisos en un sector que admite una altura máxima de 12 pisos en la comuna de Independencia. En efecto, en esta situación el director de obras municipales otorgó el 16 de diciembre de 2016 un permiso contrario a derecho, el cual, en la práctica, fue validado por la Contraloría por la prescripción contenida en la ley N° 18.883, que beneficia al funcionario municipal que violó la ley, lo que se refleja en su informe N° E160321/2021 del 29 de noviembre de 2021. 

En resumen, si la Contraloría por sus propias aparentes limitaciones no puede velar por la observancia irrestricta de las leyes, acorde a lo previamente dicho, debería trasladar los casos de evidente corrupción al Ministerio Público, pues esta sede jurisdiccional está capacitada para exigir el cumplimento del marco regulatorio aplicable. Solamente así los inversionistas inmobiliarios sabrán que es riesgoso para ellos mismos intentar sacar ventajas impropias en el mercado y entenderán que la sana competencia, respetando las leyes, es indispensable para que funcione ese sector de la economía.

En sentido contrario, si el ente fiscalizador, del cual este columnista es “cliente frecuente”, mantiene su parsimonia por los motivos que sean, continuarán las prácticas deshonestas por parte de aquellos privados que se sienten intocables en el lucrativo mercado inmobiliario.

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Opinión

Arturo Alessandri. Futuro constitucional y luchas hegemónicas

El nuevo progresismo de Apruebo/Dignidad (2022-2026) es una “fusión” que defiende el vigor mesocrático-institucional y limita los vicios del realismo neoliberal mediante la “morada hegemónica” que debe convivir con la intensidad de las imágenes historiográficas.

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Mi camino en cambio, no es recto, ni curvo, llevo conmigo el infortunio, vamos hacia nunca, hacia ninguna parte. Como un tren sobre el abismo.  Ana Ajmatova                                                                           

Existe un “verbo lumínico” en el texto con que Arturo Alessandri saludaba la nueva época ante la Convención Liberal (1920). El final de su “improvisada” liturgia tiene un broche estruendoso, desbordante en rimas de reconocimiento. Vibrante en pasiones liberales para trascender el invencible “Chile de huachos”. Era la hora de abrir el futuro desde el tiempo Constitucional. Y así, cual mesías de sus aires, el Diputado de Tarapacá comprometía una glosa ante las masas esquilmadas por el hambre y la tuberculosis.

El texto reza así: “Yo quiero antes de terminar haceros una declaración: [yo] no soy una amenaza para nadie. Mi lema es otro: yo quiero ser amenaza para los espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y necesaria: esos son los propagandistas del desconcierto y del trastorno. Yo quiero ser amenaza para los que se alzan contra los principios de justicia y de derecho; quiero ser amenaza para todos aquellos que permanecen ciegos, sordos y mudos ante las evoluciones del momento histórico presente, sin apreciar las exigencias actuales para la grandeza de este país…”.

Tal declamación, librada a la soberanía popular (la canalla dorada), retrata fielmente la confianza en el tiempo histórico-juristocrático. En las exclamaciones de su oratoria, revela las ambiciones de abrazar los recambios generacionales (época) y exaltar un “pipiolaje de reformas” que sepultaría la noche salitrera. Chile también despertó en 1920 ante la bastardía patronal. Y la imagen reformista fue una lectura de plancha para todos los tiempos  modernizantes. De aquí en más nuestra hacienda no aceptará más que experimentos típicos de un “subdesarrollo exitoso”. Desde ahora, el titular será “Desarrollo del subdesarrollo”, según André Gunder-Frank.

Los temibles lastres de la cuestión social “forzaban” un viraje que debía asumir la alborada de modernidad y propiciar la restitución de un orden ético. Todo sucedió tras las luchas populares que denunciaban la obsolescencia moral que acompañó la celebración del centenario. Una lengua de la reforma intentaba profanar los vestigios del París Americano e instaurar el tren del porvenir mediante una nueva legislatura social: la convención de 1925 capturaba los pueblos excedentarios y las demandas de Luis Emilio Recabarren.

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El ensayismo oligárquico pudo conciliar la institución presidencial y la tutela representacional; la política quedaba encerrada en los cerrojos del derecho. Lo anterior derivó en un Estado de compromiso -hacia 1938- que dejó tibiamente atrás las figuras de la “misericordia”, la “caridad” y el sistema de dadivas. Figuras intimas del repertorio parlamentario (1891-1920) y su desidia oligárquica con los rebaños populares.

En aquellos días, aparentemente más nítidos o menos intricados que los nuestros, quedaba de manifiesto la reivindicación de los derechos seculares bajo el “iluminismo dieciochesco”. Tras este ímpetu identificamos la teología republicana que se extiende desde 1938 hasta 1973. Un institucionalismo portaliano dibujó el paisaje hasta septiembre de 1973 y abundó en revueltas caudillistas, perpetrando la conflictividad entre tiempo homogéneo y temporalidad medial en la Convención Constitucional de nuestros días. Todo ello tras el asedio del Leviatán Portaliano cobijado en el actual “catolicismo de izquierdas”.

La “revolución preventiva” (1920) fue la realización de la facticidad portaliana (De Mario Góngora a Hugo Eduardo Herrera). En cambio, la fractura de 1973 aleccionó a las izquierdas sobre desbordes e insurrecciones (tiempos imaginales) que terminan en la resaca de El Leviatán. En suma, el programa consistía en separar Estado de Iglesia, inaugurando un campo de reformas que incluía el reconocimiento de los derechos de la mujer, el incremento de las remuneraciones, la construcción de habitaciones obreras, la ley de instrucción primaria obligatoria, el impuesto a la renta, el Código del Trabajo, la fundación del Banco Central [que aún nos asedia] y que inclusive nos permiten sugerir una “moderada similitud” con la actual coyuntura social. Bajo el clivaje orientalista, civilización y barbarie, el programa de reformas compromete un momento de inflexión que inaugura el proyecto civilizatorio y “formaliza” el ingreso al pequeño siglo XX.

Cien años más tarde, tras el actual ciclo de demandas populares y contratos modernizantes (demandas de género, plurinacionales, de convivencia, ecológicas, identitarias, estudiantiles, cibercultura, etc.) nos hace presumir que la política del siglo XXI experimenta otro fulgor de derechos -cuarta generación-. Ello ha estimulado una intensa liturgia en torno a ritos generacionales e izquierdas meméticas -plasmados en una nueva Constitución. Un proyecto tibiamente regulacionista que pretende destrabar la furia consumista mediante el favoritismo fiscal, pero siempre en favor de una “subsidiariedad ampliada” que entremezcla ordoliberalismo y socialdemocracia.

Telón de fondo del nuevo pacto juristocrático. Cual sea el caso, la teología liberal encuentra su fuente de inspiración en el reconocimiento de los nuevos territorios ciudadanos y populares. Es importante rescatar que este desafío supone ritos paritarios y los textos pastorales que nos impone el mainstream católico-reformista cuando la democracia es limitada al formato liberal. Entonces, el desafío consiste en superar la vigencia de progresismos conservadores -adversarios de la democracia- que restringen las energías vitales del “pueblo ausente” al futuro del mito institucionalista (1925).

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El imaginario anti/oligárquico que se inicia en 1920 invoca una separación radical entre Estado e Iglesia y empieza a remover el armatoste jurídico que perpetuaba los “estrechos moldes” denunciados en el primer Gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925). Tal “promesa democrática”, tan propia de los tribunos laicos, aquella oratoria cargada de baños de masa, establece el trazado que la sociedad chilena asume posteriormente, al precio de disentir en los énfasis ideológicos y culturales. Qué duda cabe, los lastres de la cuestión social pavimentaron el camino a un álbum de reformas que también ilumina nuestro presente político si concebimos la actual coyuntura como una extensión de derechos y gravámenes institucionalistas.

No se trata de murmurar una secuencia arbitraria entre dos imágenes de mundo, inconmensurables en cuanto a representación, o bien, negar el ritmo frenético del presente movilizado que debe convivir con el aceleracionismo de la temporalidad técnica. En este sentido el nuevo progresismo de Apruebo/Dignidad (2022-2026) es una “fusión” que defiende el vigor mesocrático-institucional y limita los vicios del realismo neoliberal mediante la “morada hegemónica” que debe convivir con la intensidad de las imágenes historiográficas.

Con todo, la espectralidad Alessandista es una sombra que nos recuerda que todo orden-futuro se debe a la normalización política. Entonces lo que está en juego es que el presente-futuro solo es posible cuando el mundo destinal se proyecta mediante las leyes oligárquicas. La sombra fantasmal de la reforma de 1920 permanecerá imaginariamente activa como desborde y limite que censura las pretensiones nómades (revueltas en el lenguaje de Karmy-Bolton) por un dominio consolidado de representación política e institucional.

Con todo, en los últimos días Maquiavelo irrumpe mediáticamente como el primer post-marxista de las nuevas formas enunciativas-expresivas. Todo en medio de una performatividad que, al parecer, no podrá superar el golpismo republicano, ni menos la insustancialidad ontológica del presentismo neoliberal. Si bien la destrucción de La Moneda, a manos de la Dictadura, fue el último ritual de la vieja república, nos interesa subrayar un “parecido de familia” centrado en un conjunto de demandas insatisfechas, que nos obliga a interpretar el cambio histórico-generacional, en vías de des/pinochetización, la inclusión de nuevos territorios ciudadanos y el estupor ante la fisonomía de la reforma.

He aquí una tenue analogía entre el liberalismo clásico (1920) y el Chile de la post-revuelta en cuanto a la promesa del tiempo constitucional. El futuro trazado por la nueva Constitución (deseado y conflictivo), no solo debe considerarse a salvo de los tumultos desencadenados por los meses de la revuelta octubrista (2019), sino fundamentalmente por el martillo de la herencia feudal (La Hacienda) y sus compromisos con el mundo ensayístico-experimental de Diego Portales. Una identificación que hoy se viste ordo-liberalismo y no termina de llegar.

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Por de pronto podemos citar un nombre que junta las intersecciones entre tiempo moderno y temporalidad tecnológica: Martín Rivas.

Calle Trizano.

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