Reparación y garantías de no repetición. Se acrecientan las deudas del Estado de Chile

Foto: Agencia Uno

Se ha usado la prisión política como forma de disciplinar y castigar a miles de jóvenes que participaron de la revuelta. Todo esto pone al Estado de Chile en un incumplimiento de sus obligaciones mínimas frente a la comunidad internacional, y la perpetuación de esta realidad agrava sus deudas en reparación y minimiza las garantías de no repetición.


En su más reciente intervención, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Fabián Salvioli, afirmó que la negativa de los Estados a reparar integralmente de acuerdo a obligaciones internacionales, constituiría una nueva vulneración de derechos humanos y una revictimización inaceptable.

A la luz de estas palabras, y debido a que la crisis de derechos humanos que actualmente vive nuestro país requiere del apoyo y vigilancia de la comunidad internacional, resulta esencial analizar el lugar actual de la reparación y las garantías de no repetición con mayor detalle.

Existen por lo menos tres dimensiones que explorar. Por un lado está la falta en que ha caído el Estado de Chile al incumplir sus obligaciones sobre la reparación integral, lo que reduce las garantías de no repetición. Como sobrevivientes y ex prisioneros políticos hemos luchado contra aquella realidad desde hace décadas, y aunque la pandemia obligó a un repliegue, por fin retomamos nuestra lucha por la eliminación de los 50 años de silencio, la creación de una comisión calificadora permanente y el fortalecimiento del sistema PRAIS.

Un segundo elemento es que la falta de garantías de no repetición ha tenido unos efectos sumamente nefastos en Chile: la repetición de cuestiones que esperábamos que nunca más sucedieran, o al menos no en la intensidad actual. Decenas de muertos, centenas de mutilados, miles de heridos y otros miles de presos políticos así lo avalan.

Esto se ve reflejado en, por ejemplo, una cultura institucional de Carabineros que subordina el respeto irrestricto a los DD.HH. a su defensa corporativa y a la tarea de reprimir la protesta callejera. Es que incluso si en esta última se incurriera en algún delito, ello no justifica bajo ningún motivo las violaciones de DDHH que hemos presenciado. Cualquier otra posición frente al asunto implica un grave desconocimiento de lo que son los derechos humanos. Y el mero hecho que esto ocurra ya muestra como se ha fallado en la eficacia de las Garantías de no Repetición.

Un último aspecto dice relación con las señales que deja la actualidad para el Estado de Chile del futuro. En efecto, la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas actuales es y será un mínimo democrático, y la negativa de poner todo el esfuerzo institucional para conseguirlas es muestra de la irresponsabilidad y del nulo compromiso con los derechos humanos que tiene el gobierno actual. Por lo mismo, se están aumentando exponencialmente las deudas del Estado chileno en la materia, pues no solo se ha negado el avance mínimo en la reparación integral para sobrevivientes de la represión dictatorial, sino que también se ha intensificado un proceso de violaciones a los derechos humanos de la actualidad y ha existido gran desidia en la búsqueda de su resolución urgente.

Además, se ha usado la prisión política como forma de disciplinar y castigar a miles de jóvenes que participaron de la revuelta. Todo esto pone al Estado de Chile en un incumplimiento de sus obligaciones mínimas frente a la comunidad internacional, y la perpetuación de esta realidad agrava sus deudas en reparación y minimiza las garantías de no repetición.

Nuestra expectativa es ponerle coto a esta situación, cuestión que implica tejer relaciones entre nuestras luchas específicas como ex prisioneros políticos y sobrevivientes y las necesidades actuales del país en materia de derechos humanos. Estamos convencidos que la lucha por la reparación y las garantías de no repetición es una obligación si queremos profundizar la democracia, y por lo mismo será fundamental para proyectar una Constitución que ponga los Derechos Humanos al centro.

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