Reforma de pensiones: La gran mentira

Lo que quiere evitar el gobierno, el empresariado y la élite dirigente es que la falta de recursos para subir dramáticamente las pensiones se discuta en el contexto del debate constitucional a propósito del rol subsidiario actual del Estado. Es mejor aprobar ahora piensan y no cuando la idea de un Estado garante domine el debate constituyente.


¿Acaso a usted no le llama la atención que los mismos diarios que tanto cuestionaron el doble retiro de fondos de pensiones ahora les preocupe tanto que el gobierno y la oposición aceleren la tramitación de la reforma de pensiones?

Parece contradictorio plantearlo así: El retiro de fondos disminuyó de golpe el monto de las pensiones futuras y actuales y lo lógico es poner ya una “solución de fondo” a este grave problema social, que viene arrastrándose por décadas.

Mi hipótesis es que esa presión encierra un engaño. No del trabajo profesional del área. La línea editorial de un medio corre normalmente muy lejos de las reglas del periodismo y mucho más cerca de las reglas del poder.

Es el engaño de la elite. El sistema de medios sólo reproduce la opinión de la élite interesada. Si fuera el gobierno de Bachelet no cambiaría en este ámbito.

Primeramente, no hay duda que es necesario aprobar una reforma de pensiones lo antes posible. No hay discusión en ello. Pero no se trata de cualquier reforma que involucre consenso, sino de una que dé solución completa a la mayor de las demandas que se han visto en las manifestaciones más masivas de los últimos años.

Esto implica soluciones de fondo para el largo y corto plazo. Las primeras están en línea con aumentar las cotizaciones y reducir las lagunas previsionales como apunta el proyecto actual.

Día a día la prensa tradicional relata los esfuerzos del senador Juan Pablo Letelier (PS) como presidente de la comisión de Trabajo de esa cámara, por encontrar un acuerdo con la derecha.

El proyecto fue aprobado hace casi un año en la Cámara y está detenido en el Senado. El 6 de enero pasado, en la sesión acordaron darse 15 a 20 días para buscar un acuerdo.

Esencialmente el proyecto aumenta las cotizaciones que hoy llegan al 10% del sueldo bruto. La idea es llevarla al 16%, es decir, subir 6 puntos porcentuales.

La propuesta es similar a la que había hecho Bachelet en 2017, al cierre de su gobierno en un saludo a la bandera en el que incluso sacaba varias de las medidas que había anunciado en 2016, como las comisiones ‘fantasma’.

En la idea actual la mitad del nuevo ahorro va a las cuentas individuales, con lo que se eleva en el largo plazo el ahorro y mejora la proyección de pensiones para 25 o 30 años al menos.

El 3% que iría al fondo solidario genera millonarios recursos para mejorar las pensiones pero con efectos acotados en las pensiones actuales.

Y en el corto plazo, esas medidas no solucionan la demanda. 

En los últimos días, las AFP han hecho circular a los medios detalles de la propuesta que buscan instalar en el Senado, para lo cual pretenden que el proyecto actual muera.

Siguen la línea del gobierno en cuanto a aumentar la cotización, incluso llevándola a 10 puntos porcentuales más. Pero para las pensiones actuales señalan que debe ser el Estado quien ponga los recursos. Incluso el diputado RN Rodrigo Galilea dice que se podrían reunir US$ 5.000 millones eliminando exenciones tributarias y grabando algunos consumos. No existe detalle al respecto.

Pero el hoyo es grande. Y en materia de pensiones, corto plazo es la década que se inició el año pasado y que termina en 2030. En este periodo se duplicará el número de jubilados. Quizás las cifras vayan a variar por el efecto indescifrable a estas alturas de la pandemia, el retiro de fondos y el futuro de la Constitución.

Pero en lo grueso, los poco más de 2 millones de jubilados actuales pasarán a cerca de 4 millones y entre 2030 y 2040 se llegará a 6 millones. Parece lejano pero en materia de pensiones está a la vuelta de la esquina si se quiere buscar una solución completa.

Si hoy uno de cada 10 chilenos o chilenas es jubilado, en 20 años serán dos o tres. Será una pandemia social con las pensiones actuales.

La propuesta aprobada en la Cámara y que se busca modificar en el Senado eleva en unos $ 80 mil pesos pensiones de mujeres con al menos 8 años de cotización y en $ 54 mil a hombres con al menos 12 años de cotización. Según el gobierno abarca a 800 mil personas de los 2,2 millones de jubilados.

Los parlamentarios que aprobaron esa idea se conforman con que esas alzas permitirán asegurar que ningún jubilado quedará bajo la línea de la pobreza. Ese límite en Chile es $ 170 mil.

Pucheros versus realidad

A los pocos días del estallido social, políticos de todos los colores, pero particularmente de gobierno aparecieron en matinales abordando con particular sensibilidad la preocupación previsional.

En el entusiasmo de acoger la demanda de la calle, algunos apostaron a decir que las pensiones al menos deberían estar en el nivel del sueldo mínimo, incluso si este se eleva a $ 400 mil, como se planteó entonces. Uno de los que apoyó la idea fue el el entonces senador y hoy Canciller, Andrés Allamand en el Matinal de CHV. Todes respaldaban esa idea.

Pero alcanzar ese nivel de pensiones no se acerca en lo más mínimo a lo que se está discutiendo en el Congreso y que dibujan los medios tradicionales a diario.

Definir una Pensión Básica Solidaria (PBS) -hoy en $ 140 mil- no inferior al sueldo mínimo significaría casi triplicar el nivel actual para casi 1 millón de personas. Si se hace universal el monto sigue creciendo. Adicionalmente, está el Aporte Previsional Solidario (APS) que subsidia a casi 900 mil pensionados en $ 20 mil a $ 40 mil para montos que estén levemente sobre la PBS hasta $ 350 mil. Ahí está la gran masa de pensionados. Queda un grupo pequeño que está sobre este grupo que no tienen ninguna ayuda.

El Estado no tiene recursos para financiar tamaño gasto. Y como no se quiere usar los fondos actuales (el retiro de fondos fomentó la conciencia individual en la propiedad de los ahorros) no se discute sobre el nivel de pensión que debe tener la población como se conversaba en los días y semanas posteriores al 18 de octubre.

La discusión ahora es sobre quién tiene más disposición al consenso. Independiente del resultado. Porque nuestros viejitos y viejitas no pueden esperar.

Esto, independiente del monto, de su cobertura (60% o universal),su costo y su financiamiento. Sin beneficio definido. Por eso no escuchará compromisos de pensiones dignas aseguradas. Solo “mejores” pensiones.

Si se pusiera un monto mínimo universal al frente del debate el eje cambia. Sería entonces cómo conseguimos los multimillonarios recursos que requiere solucionar una problemática social cada día más dramática.

Lo que quiere evitar el gobierno, el empresariado y la élite dirigente es que la falta de recursos para subir dramáticamente las pensiones se discuta en el contexto del debate constitucional a propósito del rol subsidiario actual del Estado.

El sistema de capitalización individual actual tiene dos ideas claves: es contributivo, es decir, hay certeza de lo que aporta cada afiliada o afiliado. Y la segunda idea está implícita: no define beneficio. Es decir, ni el Estado ni el privado se hacen cargo de cubrir por completo las lagunas previsionales de cada afiliado. Porque su cuenta es individual.

Pero más importante aún. Porque al Estado no le corresponde intervenir el sistema de pensiones si está flameando una bandera subsidiaria.

Si la reforma de pensiones no está aprobada cuando se inicie el debate público que genera el proceso constituyente sobre el rol del Estado y el derecho de propiedad, ni el gobierno ni el parlamento tendrá el control de la discusión.

Esta fue justamente la gran obra del DL 3.500 creado por José Piñera. Hasta entonces el sistema de reparto definía una pensión. Se hacía cargo. Por eso era posible calcular cuánto debía pagar y gastar en los siguientes años el Fisco.

Como al mismo tiempo era un sistema no contributivo, las cotizaciones se hicieron insuficientes y en algún momento ambas líneas se cruzarían. Por eso se dice que el sistema estaba quebrado.

El cambio permitió tener un Estado ‘sano, sin deudas, incluso hasta hace poco acreedor mundial, como si fuera un país rico. Pero sin pensiones, ni siquiera promedio mundial. De hambre.

El panorama es negro además, porque la rentabilidad de los fondos ha caído. Con pocos años por delante, quienes se vayan a jubilar en los próximos 10 años no verán gran efecto del aumento de la cotización.

Si en los ‘90 rentaba 10%, hoy no se prevé más de un 3% promedio.

Dramático considerando que el sistema actualmente calcula las pensiones con un retorno en los últimos 40 años de más de 8% real. Y eso para entregar pensiones autofinanciadas -antes del aporte del Estado-  de $ 252 mil mensuales promedio.

Entonces, hay poca plata ahorrada en las cuentas, la rentabilidad va a la baja y las pensiones son inmorales.

En el medio del debate, la senadora Ximena Rincón, DC, tocó una tecla que apunta a una forma nueva de aumentar las pensiones.

Dice que en 2019 los y las pensionadas por retiro programado que fallecieron habían usado solo 3 de cada 10 pesos de su ahorro.

El segundo dato que dio es que además se debe contratar un seguro de sobrevivencia. Esto, porque para utilizar el 70% que hoy no se usa, se calcularía que vivirá hasta la esperanza de vida promedio actual de 86 años. Si pasa ese límite, el Estado tendría que contratar un seguro de sobrevivencia que cuesta US$ 50 millones en los próximos diez años. Un monto menor considerando que, según Rincón, podrían elevarse hasta en 85% algunas pensiones, es decir, casi se duplicarían.

Lo que no dijo es cuántos recursos de los fondos de pensiones se usarían anualmente y en régimen con la modificación propuesta.

Solo en noviembre pasado se gastaron $ 150 mil millones en pensiones de retiro programado. Si el cálculo de Patricio Basso, quien hizo el estudio, es correcto, debería gastarse el triple de eso.

Basso cree que el gobierno no les responde la propuesta porque sabe que generaría tirria en el mercado de capitales actual, como el retiro de fondos. Sin embargo, tampoco es una medida universal.

El problema de fondo sigue siendo dramático. Los costos de elevar la PBS, el APS y las pensiones de la clase media real, que a duras penas no recibe subsidio del Estado, requieren un fuerte financiamiento.

Mientras tanto, se acerca la fecha de elección de constituyentes.  A partir de ahí el debate comenzará a fluir y no tardará en discutirse el rol subsidiario. ¿Qué dirá la Constitución sobre el rol del Estado en materia de seguridad social?¿cuál será el derecho asegurado por el Estado en materia previsional? Y entonces, si se quisiera definir condiciones mínimas para los pensionados (as) en la Constitución ¿cómo se modifica lo legislado poco tiempo atrás?

Temo una imagen. Como en 2006, cuando Bachelet y políticos y políticas de todos los sectores anunciaban de la mano la reforma educacional. El impacto comunicacional y político de toda la clase política aprobando la actual reforma será demasiado para no quedar satisfechos con alzas parciales de $ 50 mil a $ 80 mil, que para las personas necesitadas significan gran ayuda pero que están lejos de lo prometido. Los medios lo ensalzarán y el debate constitucional, en este gran tema, será castrado. Las 400 lucas que pensaba Allamand ya se olvidaron. Ni hablar de terminar con las AFP o discutir sobre reparto.

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  1. Me parece interesante la preocupación del periodista, pero le falta mucho conocimiento técnico, como por ejemplo apoyar la tesis de Basso, en reducir la esperanza de vida, no tiene sustento técnico en las finanzas Actuariales, en la que se basa el sistema de pensiones. No habla de la rentabilidad requerida, para lograr una pensión, pero alavo su preocupación y cuestionamiento. Creo que la respuesta de una profunda reforma a las pensiones, y que el estado se desligue de subsidiar o disminuir su aporte, esta por subir la tasa de cotizaciones en un mínimo del 6%, el estado deberá garantizar la rentabilidad entregando y delegando servicios básicos y logísticos. Cambiar el formato de diversificación de las inversiones. Podríamos llamarlo capitalismo popular, que exime a Los grandes conglomerados de las decisiones y utilidades. Espero que se analice estos temas, si necesitan más aportes cuenten conmigo.

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