Prueba ilegal, manipulación de imágenes e incoherencia en versión policial: las denuncias que debilitan las acusaciones en caso Hotel Principado

“Se les quiso pasar gato por liebre (…) Su señoría, ¡se les quiso engañar!, con esta prueba prefabricada, armada, montada, de tal manera de simular, de suponer la realización de estos graves ilícitos”, le advirtió el abogado Rodrigo Román a las magistradas durante los alegatos finales del emblemático proceso del “estallido social”.


El juicio por el llamado “caso Hotel Principado”, donde además se está juzgando responsabilidades penales y civiles por otros supuestos ataques incendiarios en dos recintos aledaños a este en el sector de la Plaza de la Dignidad durante las jornadas del 12 y 14 de noviembre de 2019, está llegando a su fin.

Esta semana se realizaron los alegatos de clausura de querellantes y defensores, planteando estos últimos una serie de importantes cuestionamientos a lo expuesto por los acusadores y a las pruebas con las que se busca condenar a Benjamín Espinoza (19), Jesús Zenteno (22) y Matías Rojas (19) a penas que podrían llegar a los 30 años de cárcel.

En esta nota rescatamos parte de las intervenciones de los abogados de los tres acusados, donde se denuncia, entre otros hechos, una “ilegalidad” en la prueba presentada por los funcionarios “Intra Marcha” de Carabineros, “manipulación” en las evidencias e incoherencias en el testimonio del principal acusador, todo a partir de lo cual se ha solicitado la absolución de los imputados ante la inminente dictación de un fallo por parte de la Justicia.

“SU SEÑORÍA, ¡SE LES QUISO ENGAÑAR!”

La principal acusación que pesa sobre Benjamín Espinoza es la de provocar con el lanzamiento de una bomba molotov la quema de lo que finalmente, a lo largo del juicio, se aclaró que se trató de escombros -los que se habrían encontrado al lado de una máquina aplanadora- al interior de una obra en construcción perteneciente a la Universidad de Chile que se encuentra en la intersección de la calle Ramón Carnicer con Vicuña Mackenna, al costado norte del mencionado Hotel Principado de Asturias.

Abogado John Maulen

Quien declaró contra Espinoza, acusándolo de “prender fuego a especies” a través del lanzamiento de una bomba molotov, fue el teniente de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) y miembro del grupo “Intra Marchas” de esa institución, David Gaete Beltrán. “¿A cuáles especies se refiere, a las máquinas? Si es así, no lo probó”, fue una de las afirmaciones que realizó durante los alegatos el abogado del joven, John Maulen. En ese sentido, el jurista aclaró que tampoco se trató de un “montículo de materiales, sino que a lo más un montículo de basura, y que según las imágenes no se incendió”.

Quien habría grabado las imágenes a las que alude el abogado es justamente el mencionado teniente Gaete. Al respecto, el defensor enfatizó en que en ninguno de los cuatro videos presentados en el juicio, donde se observa a un sujeto arrojando una bomba incendiaria al aludido montículo de basura, la que luego se apaga, “aparece que el acusado (Espinoza) saque ‘desde su bolsillo una botella con un líquido combustible acelerante en su interior, esparciendo el líquido sobre el tractor, prendiéndole fuego, quemándose la maquinaria'”, como acusó el policía, según destacó Maulen.

Pero no solo eso. El abogado realizó una grave denuncia: señaló que hubo manipulación en la secuencia de las imágenes que corresponderían al hecho presentadas como evidencias. “En esa secuencia se aprecia un fuego inicial, luego el fuego se apaga y en la última imagen aparece otro fuego, y ahí termina la secuencia”, explicó, para luego advertir que lo que hizo la policía fue poner como última imagen de la secuencia a aquella donde se ve fuego, una que en realidad correspondía a un hecho que en términos cronológicos había ocurrido antes. “Por lo tanto, al cambiar esa imagen y ubicarla al final (…) se da a entender que hubo un nuevo incendio, lo que encaja con la versión del Ministerio Público”, explicó Maulen.

Carabinero David Gaete Beltrán

Rodrigo Román, abogado de Jesús Zenteno y miembro de la Defensoría Popular junto a los otros dos defensores, profundizaría posteriormente durante su alegación respecto de esto último, citando lo que la Real Academia Española (RAE) define como un “montaje”: La combinación de partes que simulan un todo. Apuntado esto, advirtió lo siguiente: “Aquí, la policía lo que hizo (…) es confeccionar un dossier de imágenes, fotografías y videos, siendo pillados en este juicio en que se adulteró aquello, se adulteró el orden cronológico, se metieron imágenes en los CD que nadie sabe quién metió (…), se les quiso pasar gato por liebre, señalando que las imágenes que dicen que eran del 12 (de noviembre) corresponderían con el 14 (de noviembre). Su señoría, ¡se les quiso engañar!, con esta prueba prefabricada, armada, montada, de tal manera de simular, de suponer la realización de estos graves ilícitos”.

El propio abogado Maulen refrendó lo expuesto por su colega Rodrigo Román, advirtiendo que “es muy grave, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo en este juicio, que aparezca una imagen con fecha 12, y que luego aparezca la misma con fecha 14”.

Siguiendo con su cuestionamiento a la prueba audiovisual presentada por el Ministerio Público, el defensor de Benjamín Espinoza destacó que “se indica que las imágenes fueron descargadas desde el celular del señor Gaete… ¡y resulta que aparecen imágenes que están en altura! ¿Cómo es posible que hayan sido grabadas con un celular? Son imágenes de cámaras de seguridad. ¿Cómo llegaron al celular del señor Gaete?”. “Si son imágenes grabadas en altura, se le debió haber tomado declaración a quien las tomó e iniciar un proceso de cadena de custodia”, advirtió.

Respecto a una de las acusaciones supuestamente más “precisas” y graves hechas por el carabinero David Gaete en contra de Benjamín Espinoza, John Maulen entregó igualmente un importante dato. El policía, según reprodujo el abogado, dijo que el joven “saca de su bolsillo derecho la botella de Gatorade que portaba, acercándose a la máquina retroexcavadora, que se encontraba a un costado, rociando de igual manera el asiento y el tablero de dicha máquina (…) y que con el mismo encendedor le prende fuego al líquido acelerante, comenzando el incendio de todas las especies”. Luego de eso -destacó Maulen- Gaete señala que dicha acción quedó “grabada”. “En los videos que vimos, no aparece dicha acción”, remató el defensor del joven acusado.

Por último, el jurista de la Defensoría Popular se refirió al bidón encontrado supuestamente en poder de Espinoza al ser arrestado, y respecto al cual el carabinero que lo habría incautado, Rodrigo Molina, aseguró haber encontrado en el elemento olor a “diluyente”. El abogado sostuvo que el peritaje realizado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) señaló que “no se detectó la presencia de residuos líquidos inflamables derivados del petróleo”. Y sobre la posibilidad de volatilidad del elemento, recordó que el perito a cargo de esta diligencia agregó que “en un bidón cerrado no debiera haber volatilidad”.

En ese sentido, cabe recordar también que las pericias sobre hidrocarburos -es decir, una prueba científica- respecto a las manos de los tres acusados, resultaron igualmente negativas.

“NO HAY FIDELIDAD CON RESPECTO A LO INCAUTADO”

En el caso de Matías Rojas, su abogado, Lorenzo Morales, insistió también en una de las principales denuncias que las defensas de los tres acusados realizaron durante el juicio, señalando una “ilegalidad” en la prueba rendida, además de que esta no alcanzaría el estándar probatorio requerido. Según argumentó el integrante de la Defensoría Popular, las grabaciones entregadas como pruebas por los funcionarios del grupo “Intra Marchas” de Carabineros fueron realizadas “sin orden judicial ni instrucción de un fiscal”.

Matías Rojas está acusado de elaboración y lanzamiento de artefacto incendiario durante los días 12 y 14 de noviembre de 2019. Sobre esto, Lorenzo Morales fue categórico: “No hay ninguna prueba con respecto a eso, ni siquiera la declaración de David Gaete”.

En esa misma línea, el abogado defensor advirtió que lo que el carabinero Gaete declaró en la carpeta investigativa en mayo de 2020, fue “completa y diametralmente distinto” a lo que señaló luego en el juicio. Por ejemplo, apuntó que el uniformado sostuvo al inicio del proceso que se encontraba solo durante las grabaciones realizadas el 12 de noviembre, estableciéndose posteriormente que estaba acompañado de al menos otros 6 uniformados.

Abogado Lorenzo Morales

El abogado acusó igualmente irregularidades en lo que respecta a la cadena de custodia de los elementos que fueron incautados al momento del arresto de los acusados. En el caso de su defendido, Matías Rojas, señaló que el carabinero Rodrigo Molina, el mismo que al ser consultado de qué olor había encontrado en el bidón supuestamente en poder de Benjamín Espinoza dijo que “diluyente”, aseguró haber “levantado” él una prueba que consistió en una camiseta roja, cuando en realidad se estableció que quien hizo eso fue el carabinero Eric Moena.

“No hay fidelidad con respecto al aspecto incautado”, sostuvo el jurista, quien expuso igualmente dudas sobre la cadena de custodia de los videos que habría grabado Gaete, los que fueron entregados por este recién el 15 de noviembre, es decir, tres días después de haber sido registrados. “No llevaron la custodia respectiva, fueron finalmente modificados en el computador de otro policía del OS-9, de Nicolás Valenzuela”, apuntó Morales.

Algo que posteriormente su colega Rodrigo Román definiría durante su alegación como “un mar de irregularidades respecto al tratamiento de la evidencia”.

Por otra parte, el abogado Morales demandó que el informe del perito y ex coronel de Carabineros, Claudio Vaca, “debiera ser expresamente excluido”, argumentando entre otras cosas que este contiene “errores en las fechas, él mismo dice que no hay ningún sustento respecto a fotografías, a videos, y que es un informe simple”.

“ES COMO SI EN UN CUMPLEAÑOS YO DEJARA DE GRABAR CUANDO SE VAN A APAGAR LAS VELITAS”

Cuando correspondió la defensa de Jesús Zenteno, su abogado Rodrigo Román también fue categórico en su conclusión general: “Yo no podría perder tiempo en mis alegaciones, respecto a los distintos e inexistentes delitos de incendio que se imputan (…) en las obras de construcción de la Universidad de Chile, en el apart hotel (Principado) y luego en la plazoleta de la entrada al Metro Baquedano, porque no se trajo prueba fehaciente, contundente, que permita acreditar la existencia del delito”, espetó.

Sin perjuicio de ello, Román centró parte de sus intervenciones en la acusación de “ilegalidad” respecto de lo obrado por los funcionarios de Carabineros encabezados por Gaete, apuntando que según reconoció el propio funcionario Nicolás Valenzuela del OS-9, la orden para investigar fue emitida el 13 de noviembre por el fiscal Omar Mérida, es decir, cuando ya habían obtenido pruebas como “infiltrados”, las que luego mostrarían en el juicio.

Abogado Rodrigo Román

Por otra parte, el jurista agregó que tampoco esa orden los facultaba para realizar una “vigilancia discreta” de los jóvenes ni para seguirlos a sus domicilios o fotografiarlos. “¿Hasta qué punto las policías pueden actuar de forma autónoma?”, preguntó Román al tribunal para reafirmar su tesis de que en este caso se obró al margen de lo legal.

“Se pretende burlar la más mínima inteligencia de los sentenciadores al momento de querer revestir de legalidad un acto que es insalvablemente ilícito”, agregó en ese sentido, apuntando que al haber actuado los funcionarios policiales sin una orden judicial para ello, hay “una ilicitud madre (…), la clásica y conocida teoría del fruto del árbol envenenado, por lo tanto todo lo demás deviene en ilícito”.

Román realizó además una reflexión que puso en cuestión el argumento de la policía de que esta habría actuado legalmente debido a que estaba frente a actos ilícitos flagrantes. “Si Jesús Zenteno cometió los delitos que se dice que cometió -de incendiar, de fabricar, de lanzar y esta multiplicidad de delitos-, y lo siguieron hasta su casa por el Parque Forestal, caminando (…), ¿por qué no lo detuvieron el día 12 en el contexto de flagrancia?“, interrogó el abogado, recordando que los tres acusados fueron arrestados días después de la provocación de los delitos que los funcionarios policiales dicen haberlos observado cometer. “Este es un nuevo capítulo de ilegalidad: el Código Procesal Penal dice que los agentes de la policía están obligados a detener. Lo pudieron haber detenido y no lo hicieron, porque la policía tenía un macabro plan, un ilegal plan (…), querían engordar el chanchito“, sostuvo en jurista.

Cabe recordar que la acusación por el incendio en el Hotel Principado se sustenta principalmente en la declaración de David Gaete, quien asegura que subió con los imputados al cuarto o quinto piso del inmueble -no lo recuerda con exactitud-, y que luego en una habitación que daba a Vicuña Mackenna dos de ellos habrían arrojado bombas molotov hacia una muralla donde había ropa de cama.

El asunto es que Gaete no grabó ese momento. Es decir, esa acusación, quizás la más grave dentro de todo el proceso, se sustenta solo en su testimonio, debido a que -según se excusó el carabinero- no registró porque el lugar estaba muy oscuro y por temor a ser descubierto.

En ese sentido, en su defensa de Benjamín Espinoza el abogado John Maulen advirtió que en otras imágenes del interior del Hotel Principado donde se mostró el saqueo al lugar, “se pudo observar que las personas que ingresaban a esos lugares lo hacían con las linternas del celular, por tanto uno concluye que no había problema con sacar una linterna en ese lugar”.

Al respecto, el abogado Rodrigo Román concluyó con lo siguiente: “Es como si estuviéramos en una fiesta de cumpleaños, y yo justo dejo de grabar cuando se va a apagar la velita del festejado”.

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