Presupuesto Base Cero Ajustado, ¿hacia más precarización estatal?

El gobierno propone aplicar un Presupuesto Base Cero Ajustado como alternativa para “focalizar” el gasto público de 2021. Bajo esta mirada, impulsada por el Ministro Briones y su equipo, la lógica empresarial vuelve a avanzar, y subsumir, lo público. Nuevamente, el aparato estatal y, los empleos públicos, vuelven a ser una variable de ajuste, con miras a reducir gastos en lugar de potenciar capacidades y ampliar coberturas.

La actual crisis sanitaria y impacto en la economía, se han convertido en el contexto inesperadamente ideal para que el gobierno de Chile Vamos lleve adelante una avanzada restauradora. Así, mientras otros países, con esfuerzo y unidad política, han aumentado los presupuestos estatales para garantizar condiciones básicas durante la Pandemia y sostener una urgente reactivación económica, en nuestro país la solución es recurrir a la ortodoxia neoliberal: se propone aplicar un Presupuesto Base Cero Ajustado (en adelante PBCA) como alternativa para “focalizar” el gasto público de 2021. Bajo esta mirada, impulsada por el Ministro Briones y su equipo, la lógica empresarial vuelve a avanzar, y subsumir, lo público. Nuevamente, el aparato estatal y, los empleos públicos, vuelven a ser una variable de ajuste, con miras a reducir gastos en lugar de potenciar capacidades y ampliar coberturas. Al parecer, para Hacienda, las reparticiones estatales no son instituciones creadas para garantizar el cumplimiento de los derechos sanitarios, educacionales, culturales, políticos, económicos y ambientales, sino planillas de gasto que requieren ser saneadas, con vistas a un pronto retorno a una añorada ‘normalidad’ (perdida desde octubre de 2019).

El presupuesto base cero ajustado

El PBCA, implica que cada organismo público proponga su nivel mínimo de recursos necesarios para su funcionamiento y cumplimiento de las leyes que lo rigen, y cualquier otro gasto debe ser ‘re-justificado’ por la respectiva repartición. De esta forma, todo recurso que no se encuentra determinado por ley, partiría de ‘cero’ con dos objetivos: i. Distanciarse de presupuestos pasados, para concentrarse en objetivos y metas para el presente y futuro y ii. Realizar una revisión exhaustiva de todos los gastos administrativos (Comisión Gasto Público, 28/05/2020).

En nuestro país, aproximadamente del 60% del gasto fiscal estaría determinado por ley, con lo cual estaría bajo especial escrutinio alrededor de un 40% del presupuesto de la nación (Diario Financiero, 24/06/2020). Esta examinación implica que cada unidad ministerial elabora sus propuestas presupuestarias con tres escenarios de gasto posible y un tope máximo equivalente al 90% del Presupuesto 2020, apuntando a la baja. Tarea no menor, en particular si consideramos que el proyecto de ley del presupuesto 2021 debe ingresar al Congreso el 30 de septiembre, por lo que los repartimientos estatales estarían totalmente ‘contra reloj’ para realizar una labor extremadamente compleja en un contexto de crisis sanitaria y social. Desde una perspectiva teórica, la iniciativa daría respuesta a una de las principales ambiciones de cualquier Estado: focalizar mejor los recursos públicos y orientarlos a necesidades de la emergencia.

Sin embargo, no imaginamos cómo se podrá garantizar este proceso sin un acabado levantamiento de datos cuantitativos y cualitativos. Es decir, que Hacienda se responsabilice de un gran problema para el Estado neoliberal chileno: contar con datos fiables. Problema sistémico, evidenciando en múltiples ocasiones, siendo muy grave los recientes casos relacionados a la Pandemia: Minsal, Registro Social de Hogares para el acceso al ingreso familiar de emergencia, logística para la Cajas de mercadería, etcétera. Las y los honorarios en el Estado son otro buen ejemplo: no solamente no se sabe con exactitud cuántos son sino tampoco dónde están, por lo que es improbable que se pueda evaluar bien el rol de esta gran masa de trabajadores/as. Aproximadamente, las y los trabajadores a honorarios en Chile somos un 40% de la fuerza laboral total y, en el Estado, casi el 60% de la fuerza laboral, muchas veces, cumpliendo el rol de profesionalizar el aparato estatal.

Por lo tanto, es problemático abordar un proyecto de tal envergadura desde tal nivel de incertidumbre. Y queda claro, el presupuesto estatal no es solamente un debate técnico, es altamente político. Lo anterior, nos lleva a concluir que sin debate participativo, incorporando a las organizaciones de trabajadores/as (además de las organizaciones civiles y territoriales que son el objetivo de las políticas públicas) y sin criterios claros de evaluación, prioridades, precisión y validez en los datos: no contamos con la garantía de que el Estado pueda realmente calcular los efectos de la destrucción de empleos en un contexto de recesión y crisis sociosanitaria.

Un plan de dudosa eficacia

El éxito o no del PBCA no podrá ser evaluado a corto plazo, algo sostenido por el propio director de Dipres, Matías Acevedo en una entrevista en La Segunda el 8 de junio (2020): “Esperamos tener resultados [del PBCA] en un periodo de dos a tres años, eso es razonable.”. Lo cual se contradice con el discurso acerca de que este PBCA sería para enfrentar situaciones urgentes a causa de la crisis, ¡ni siquiera es una metodología de “crisis” para la empresa, el lugar correcto para el desarrollo de un presupuesto base cero! Tampoco se puede “traducir” para un Estado que, evidentemente, es una entidad muchísimo más compleja que cualquier empresa, partiendo por el hecho que no tienen el mismo objetivo (lucro). Sin embargo, es de esperar esta óptica empresarial por parte de un estado subsidiario que ha desplazado su obligación estatal hacia las y los ciudadanos externalizando los servicios esenciales. Hoy, ni el Estado ni el sector privado están funcionando “normalmente”, y nos parece hora de reconocer que se necesitan inversiones mayores directas para empleos, salud, educación, cultura: áreas de valor público y económico donde el Estado puede y debe hacer esa inyección para revitalizar la macro y la microeconomía. 

Más allá de la sospecha lógica que nos surge ante el ‘método’ PBCA, somos contraria/os a usar como un variable de ‘ajuste’ las instituciones públicas, las mismas que hoy constituyen las, ya limitadas, herramientas disponibles para defender a los sectores más vulnerables de la sociedad. La pregunta clave es entonces: Dicha medida, ¿tendrá el efecto reactivador que se pretende? Nos parece poco probable, si no imposible, que la economía vuelva a crecer con recortes significativo de gastos, reducción de los ingresos y destrucción del empleo. Totalmente atónito además, a la luz de las recientes y significativas inversiones -varios miles de millones de pesos- en insumos decorativos como espadas, aros de perlas para carabineras, y represivos donde se observan altísimos gastos en escopetas antidisturbios, vehículos lanza gases y lanza aguas para las fuerzas de orden.

Hacienda ha creado una instancia asesora para el PBCA, la Comisión de Gasto Público (CGP), para aportar en la materia de ‘eficiencia del uso de los recursos fiscales’. Dicha comisión, valora los esfuerzos del Ejecutivo por poner en marcha el PBCA, pero advierte sobre una serie de riesgos: un presupuesto de este tipo demanda una adecuada preparación del personal analista a fin poder valorar tanto los aspectos técnicos como los culturales, históricos, sociales y políticos de cada uno de los programas gubernamentales (CGP, 28/05/2020). Coincidiendo con dichos riesgos, destacamos los siguientes:

  1. Capacidad limitada de reducir gastos: alto componente de gasto definido por leyes preexistentes y por derechos adquiridos por terceros.
  2. Alto requerimiento de recursos, tiempo, gestión de documentos y datos.
  3. Itinerario y comunicación efectiva: precisar etapas, resultados esperados y alcances a la ciudadanía, el parlamento y reparticiones públicas.
  4. Transparencia: publicación de toda la documentación presentada por los organismos públicos a fin de garantizar la debida transparencia del proceso.
  5. Precisión. Lograr las prioridades de gasto para 2021 considerando proyecciones de crecimiento y los presupuestos de base.
  6. Criterios y capacidad de enfrentar límites máximos y restricciones.
  7. Prioridades ciudadanas: cómo el Ejecutivo incorpora a este proceso las priorizaciones ciudadanas.

La Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social llevan bastante avanzado el proceso de evaluación, presentado su análisis presupuestario en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre. De casi 700 políticas escrutadas, solo el 52% pasó el filtro de evaluación presupuestarias bajo el prisma del PBCA, mientras que el restante 48% registró “observaciones” (Diario Financiero, 24/06/2020). Según la Dipres, los programas que no lograron pasar la evaluación presentaron problemas de: revisión de diseño, evaluaciones en curso o ausencia de evaluaciones previas. Las áreas objetadas apuntan a problemas en el reporte de monitoreo (información incompleta o indicadores ‘inadecuados’) y por revisión de gasto administrativo. Luego siguen las iniciativas condicionadas a revisión, lo que implica evaluaciones recientes con ‘malos resultados’ (Acevedo/DIPRES, 2020).

Participación de los sindicatos en un tema que nos pertenece a toda/os

El presupuesto de la nación es un tema que nos incumbe a todos/as. Nosotros/as de la Federación UNTTHE, somos parte de aquellos trabajadores/as a honorarios que representamos casi el 60% de la fuerza laboral del Estado. Nos encontramos, históricamente, bajo precarias condiciones laborales y es algo que se ha agravado por la crisis socio-sanitaria. Por precario entendemos la ausencia de un contrato real de trabajo con derechos laborales garantizados, la misma protección de las y los funcionarios públicos ya que cumplimos las mismas funciones bajo subordinación y dependencia. Sin embargo, no somos regidos ni por el Código del trabajo ni por el Estatuto Administrativo. No tenemos acceso al uso de herramientas de protección social, como el “seguro de cesantía”, el derecho a finiquito y la justificación del despido (nos pueden despedir de un momento a otro), tenemos pocas o nulas previsiones sociales, etcétera.  

Conocemos la realidad de los territorios, los efectos inmediatos en las comunidades de las políticas públicas y la forma en como todavía hoy, pese a la crisis de legitimidad del Gobierno, la población deposita en el Estado parte de sus esperanzas de ejecución y justicia. Sin embargo, desde octubre 2019, ha quedado en evidencia una demanda de un cambio radical de lo que actualmente conocemos como Estado. Una demanda reforzada desde la crisis del Covid-19, que tiene que ver con contar con más, no menos, infraestructura pública para garantizar condiciones de dignidad social. Esta transformación que reclamamos es profunda, por lo que se podrá idear solo a través de una nueva Constitución, vía asamblea constituyente. Conocemos de cerca aquellas brechas que persisten, partiendo por la precariedad del empleo que constituye un antagonismo con todo proyecto de desarrollo a largo plazo. Es por ello, que consideramos que cualquier reforma de gran magnitud en el Estado debe realizarse involucrando activamente a quiénes conocen y trabajan en su cotidiano las necesidades de una sociedad que, sabemos, es profundamente desigual y demanda día a día mayor dignidad y participación.

Concluimos que el PBCA no es una medida técnica, sino un radical cambio en las lógicas de asignación, sobre criterios tanto coyunturales como ideológicos. Además, deja tanto a las reparticiones como a las demandas de la ciudadanía suspendidas, imposibilitando cualquier política o iniciativa que exceda la agenda del Gobierno. Es un proceso costoso para las arcas fiscales y poco transparente, que va en contra de acuerdos transversales que, a pesar de todo, se han logrado hasta la fecha. La intención del Gobierno de reducir el gasto público atenta contra la seguridad laboral, no solo de los/as trabajadores a honorarios del estado, sino de miles de chilena/os que hoy viven en la incertidumbre de ayudas estatales que vienen llegando tarde y mal. Nuestro país, asolado por la recesión, requiere políticas que avancen hacia un Estado proactivo, que potencia la creación de empleos dignos, que sane la deuda con sus trabajadores precaria/os, que se muestre decidido en garantizar los derechos y el bienestar de los/as ciudadanos/as, bajo mayor participación y total transparencia en las políticas económicas del país.

Fuentes:

Acevedo, Matías / DIPRES (2020) Informe de Finanzas Públicas (IFP) segundo trimestre de 2020, Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. https://hdl.handle.net/11626/17118

La Segunda (08/06/2020) Ajustado y con restricciones políticas: cómo se arma el presupuesto ‘base cero’. Chiesa, Sofia

Comisión del Gasto Público (28/05/2020) Documento de Trabajo 1. Presupuesto Base Cero Ajustado Propuesto por el Ejecutivo.

Diario Financiero (24/06/2020) La mitad de los programas de gobierno no pasan vara para financiamiento. Valdenegro, Sebastián

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