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Precarización o despido: La propuesta de Walmart que amenaza a 14 mil trabajadores de supermercados Líder

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La cadena de retail –en manos del esposo de Lucy Ana Avilés– les ofreció a sus empleados un plan de retiro o de multifuncionalidad, en medio de la crisis sanitaria en un rubro cuyo salario medio no supera los $350.000. En este reportaje, trabajadores denuncian que la empresa negoció a espaldas de los sindicatos y que la propuesta esconde precarización laboral, reducciones de sueldos, presiones y prácticas antisindicales.


Miguel tiene más de sesenta años y es cajero en un Líder del sector oriente de la capital. Estaba en su casa cuando recibió el llamado, era la gerencia de recursos humanos: le proponían entrar a un plan de retiro voluntario y rápidamente lo entendió como una eventual despedida. Él necesita trabajar, es el único que aporta un ingreso económico a su casa, y sabe que a su edad le va a ser muy difícil conseguir otro empleo. Minutos después de colgar sufrió un pre infarto.

La información que recibió Miguel provino de la gerencia de personas de Walmart –empresa controladora de Líder– que durante este mes iba contenida en una circular titulada “Programa de Movilidad Laboral”, que contempla un “Plan de Retiro Voluntario” y un “Plan Especial de Operador de Tienda”, entendido este último como un llamado a la “polifuncionalidad”. Esta propuesta fue destinada a los trabajadores dentro del grupo de riesgo de salud ante el covid-19 –es decir, personas cercanas a ser adultas mayores o que tengan alguna afección de salud preexistente–, unas 7 mil personas aproximadamente (de las cuales alrededor de mil aceptaron la propuesta) y a las 7.200 cajeras, hasta el cierre de esta edición, habían aceptado 390.

En total, a más de 14.000 personas se les ofreció este plan que contempla retiro o multifuncionalidad, el que ha sido visto con recelo y crítica desde una de sus principales organizaciones sindicales. “Muchos se sintieron discriminados, presionados y que la compañía no los valora como trabajadores ni como personas”, dice Karen González (39), presidenta de la Federación Walmart y del Sindicato Líder Alameda, quien lleva 18 años trabajando para ese supermercado.

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Este llamado ‘Plan de Retiro Voluntario’ justamente está destinado para la población de riesgo a contraer covid-19 y cajeras o cajeros que lleven más de 18 años en la compañía. Según el documento de la empresa, Walmart les ofrece una remuneración mensual equivalente a cada año de servicio con tope de 11 años, más un mes de aviso. Es decir, si trabajó 10 años y gana $300.000 por mes, se le paga un bono por $3.000.000 más otros $300.000. A esto se suma
un bono de “Reconocimiento de Antigüedad”, que corresponde de 2 a 4 sueldos, según los años de servicio en la empresa. Las otras ofertas son programas de capacitación y emprendimiento, pero que no son vistos con mucho interés, dada la inmediatez de las necesidades de los trabajadores
. Lo que ven es solo más precariedad y un futuro incierto.

“No me veo sin hacer nada en la casa y mi pensión es muy baja, entonces una se acostumbra a un sueldito mejor”, dice al teléfono Luisa Mellado (73), cajera del local del sector Bellavista de Valparaíso, lugar donde trabaja hace casi 17 años. Cuando le preguntaron si quería aceptar el plan de retiro voluntario, ella contestó que ‘todavía no’ debido a lo necesario que es el ingreso para su familia. “Puede que me vengan todos los achaques de estar encerrada. Además, como está la situación actual, tengo que ayudar a mis nietos, que son 10, a los que les doy aunque sea un granito de arena ¿Cómo los voy a ayudar solamente con lo poco y nada de la pensión? Si puedo trabajar unos añitos más, no es malo”, dice Luisa.

Ante su negativa y la posibilidad de poder ser desvinculada, Luisa sin rodeos responde: “Es un riesgo que hay que correr, he sido una buena trabajadora, nunca he tirado una licencia ni he faltado. Es lo justo”. Sobre la multifuncionalidad, ella la rechaza y piensa que los contratos como cajeras tienen que ser respetados.

En tanto, el “Plan Especial de Operador de Tienda” es visto por los entrevistados como un llamado a la polifuncionalidad. En la misma propuesta de Walmart aseguran que podrán “aprender el funcionamiento integral de la tienda”, aunque renunciando a bonos como el de “pérdida de caja” y el de “bono de ventas”, que entrega $1.800 por cada millón de pesos en ventas. “La aceptación de esta compensación conlleva a la renuncia de derechos adquiridos de funciones y horarios”, dice el documento de Walmart.

“La propuesta va en desmedro de nosotros”, dice Paola Salazar (42). Ella mantiene el hogar en el que vive con su hija, gracias al empleo que hace ocho años tiene como cajera en un Líder en el centro de Viña del Mar. Para la situación de Paola, en caso de optar por el “Plan Especial” obtendría un bono de algo más de $2.000.000, los cuales actuarían como compensación de las ventas de los últimos 15 meses. “Pero ese dinero se reduce ya que es imponible y nunca más voy a poder recibir otro bono de ventas. En mi caso esto significaría renunciar a casi $200.000 de sueldo mensual”, dice.

Paola rechazó la propuesta y respondió a la empresa que prefería ser desvinculada bajo los actuales términos que por polifuncionalidad. “Hablé con una compañera de otro Líder y me pidió que no firmara, ya que ella, al haber firmado la polifuncionalidad, no solo estaba sobrecargada, sino que además había perdido sueldo a final de mes”.

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CULTURA ANTISINDICAL

Para la presidenta de la Federación Walmart, Karen González, lo descrito por Paola se enmarca en un escenario más amplio: “Posiblemente la empresa se dio cuenta, a raíz de la crisis social y la pandemia, que los locales pueden funcionar con la mitad de los trabajadores que antes requerían. Los HiperLider trabajaban 500 a 600 personas, ahora 300 a 250 personas como promedio. Ahora también están recurriendo a externos”, explica.

Ante ambas propuestas, la dirigenta agrega que “como organización sindical nos sentimos pasados a llevar, porque la empresa hizo negociación directa con los trabajadores. Primero hablaron con los trabajadores y luego a nosotros como sindicato. Con esto la empresa ni siquiera está respetando el contrato colectivo”.

González cuenta que si bien esta propuesta de la empresa es de carácter opcional, muchas de las cajeras fueron hostigadas por parte de la alta administración de los locales de Líder: “Encargados de recursos humanos les dijeron que si no aceptaban esta condición iban a ser desvinculadas a final de año, justo a tiempo de que les fueran pagadas el bono único que les están ofreciendo. Entonces la propuesta está dejando de ser opcional”, concluye.

Coincide con ella Daniela Marzi, abogada experta en derecho laboral y académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Para Marzi el primer problema de esta propuesta radica en que está hecha solamente por la empresa y que es negociada directamente con los trabajadores uno a uno: “Hay que ser claros, no es real que esos trabajadores tengan la posibilidad de rechazar la oferta o de realizar una contrapropuesta, debido a que es muy frecuente ver que en Chile los trabajadores, en caso de no aceptar estas condiciones, sean expulsados de la empresa”.

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Si bien considera que es razonable presentar un plan de retiro a población de riesgo, dada la pandemia en curso, la abogada pone énfasis en que Walmart tampoco asegura la permanencia o el despido de los trabajadoras más adelante, incluso con menor indemnización. “Es por ello que se requiere una entidad negociadora con más fuerza, tienen que ser los sindicatos”, agrega.

Marzi confirma que esta situación corre más allá de la inexistencia de la titularidad sindical, que más bien refleja una cultura antisindical en Chile “Las empresas no tienen la cultura de negociación sindical, donde los consideran más como una figura decorativa y anecdótica, y no como un actor de diálogo de las grandes políticas laborales de la empresa”, explica.

Añade que con esta propuesta Walmart profundiza su actitud antisindical, porque a pesar de reconocer la existencia del sindicato, no lo validan como interlocutor en temas como estos. “La empresa rompió un acuerdo con los trabajadores en el caso de la polifuncionalidad”, agrega.

La Federación Walmart ha realizado protestas que se extendieron a 110 locales, cuyos trabajadores, según Karen González, recibieron una serie de amenazas por parte de los administrativos de la empresa. “Algunos llamaron a carabineros, otros anunciaron desvinculaciones o cartas de amonestaciones. La empresa lo ha tomado mal”, dice.

En Chile no existe una legislación que garantice el derecho de los trabajadores a hacer una huelga y que por ello no sean despedidos, ya que, según explica la abogada Daniela Marzi, la huelga estaría enmarcada dentro de un conflicto colectivo y no dentro del contrato. “Eso el sistema legislativo no lo ha regulado expresamente, lo cual puede darse que incluso los trabajadores ganen un juicio arguyendo que ejercen su derecho a huelga, pero aún así puedan ser despedidos”, concluye.

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Este viernes 2 de octubre habrá una reunión con la gerencia de la empresa. “No sabemos si serán para mejoras o solo una conversación sin trascendencia”, concluye Karen, expectante. 

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3 Comments

3 Comments

  1. Claudia

    Septiembre 30, 2020 at 3:47 pm

    Hace mucho tiempo que las cosas han cambiado en walmart desde que fue comprada por los gringos.Ahora supuestamente estaban protegiendo a las personas en riesgo y lo que hacian era preparar a sus espaldas los despidos.Ellos quieren multifuncionalidad para no pagar bonos ni horas extras pero cuando llegaron a Chile nunca hablaron de sus planes ahora trabajan con la mitad de los colaboradores aprovechandose de los reponedores externos que son usados y abusados por los jefes y pasilleros y cuando vienen las comitivas de jefes zonales todos corren y ahi dicen aprovechate de los externos como si ellos no cobraran nada a las marcas por tener repocición para la marca.Walmart se aprovecha de todos los colaboradores externos y internos llevan a las reuniones de inclucíón a los adultos mayores para sacarse la foto y ahora los despediran son unos aprovechadores.Y se amparan en la pandemia y que hay gran cantidad de cesantes para hacer lo que quieren.

  2. Juanjo Quinteros

    Octubre 1, 2020 at 12:48 pm

    Encuentro muy detallado el reportaje, lo que me extraña es que esta situación ocurrió antes de las fiestas patrias, con la indolencia de las familias al recibir esta noticia, sabiendo que no estamos en una situación país, para quedar si trabajo, no existan más reportajes como este. Si revisamos en Google noticias, con la palabra Walmart , solo encontraremos noticias relacionadas con congelar los precios, app y más, sin insistir en la precariedad que sufrirán miles de trabajadores, que verán vulnerado sus ingresos a la mitad. ( Aun se esperan los tiempos mejores, pero estos nunca llegarán por parte del empresarial )

  3. Wilfredo soto

    Octubre 1, 2020 at 6:33 pm

    Y que dicen de esto los honorables del congreso, que hacen para parar estás sinverguenzuras o también les pagaron las campañas

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Fernando Leal, abogado de Felipe Santana: “Si recurrimos a tribunales internacionales, tengo la convicción de que el Estado de Chile va a ser condenado”

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El caso de Felipe Santana, preso en el marco de la revuelta social de 2019, será revisado este 26 de enero en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Entidad que determinará si se anula la sentencia en su contra por incendio frustrado en lugar habitado. Un caso que los cercanos de Santana han denunciado como chivo expiatorio.


A casi dos meses de la sentencia en su contra, Felipe Santana, único preso de la revuelta en Puerto Montt, continúa detenido en la Cárcel de Alto Bonito. Este 26 de enero la primera sala de la Corte de Apelaciones de la ciudad revisa un recurso de nulidad a su favor. Solicitud que, de acogerse, podría acabar con su largo encierro, iniciado en noviembre de 2019.

Pero esta vez, y desde fines de noviembre de 2020, Santana cuenta con un nuevo defensor. Se trata de Fernando Leal, abogado especialista en causas de derechos humanos, con quien conversamos sobre uno de los casos más emblemáticos de prisión política en Chile, en el marco del estallido social de octubre de 2019.

Aquello, justo cuando en el Congreso se discute el proyecto de ley que busca indultar a los presos de la revuelta. El que podría beneficiar a decenas de jóvenes encarcelados a la espera de un juicio cargado de represalias políticas.

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Complejo Penitenciario Alto Bonito FOTO CRISTIAN DUARTE/AGENCIA UNO

El recurso de nulidad

Según relata el abogado, la principal imputación a Felipe Santana se refiere al delito de incendio en lugar habitado. Sin embargo, describe que la figura penal requiere que la persona que cometió el delito tenga el conocimiento de la existencia de personas en el lugar. Información con la que el joven mueblista no contaba.

¿Cuáles son los argumentos del recurso de nulidad que revisará la corte este martes?

Se ataca la forma en que fue valorada la prueba por parte del tribunal. En definitiva, se plantea que la forma en que falló el Tribunal Oral en lo Penal va en contra de los principios de la lógica y la congruencia. Porque básicamente a Felipe lo acusan y lo condenan por incendio frustrado en lugar habitado.

Sin embargo, el tipo penal requiere que la persona haya sabido que en el lugar que está incendiando habían personas. Y la catedral de Puerto Montt, desde el día 14 de noviembre, estaba cerrada. No se estaban efectuando misas producto del tema del estallido social. Estos hechos ocurrieron el 18. O sea, llevaba varios días cerrada. Él no tenía cómo saber que habían personas dentro.

Y resulta que ninguno de los testigos que estaban dentro de la iglesia logra señalar o afirmar que hayan tenido contacto visual o que hayan visto a Felipe. O sea, la prueba inicial al menos tiene que ser múltiple, fundada. Acá no existen todos estos elementos.

De todos los testigos, solamente hay dos –que no son presenciales y que son funcionarios policiales– que reconocen a Felipe por unas fotografías, que fueron exhibidas en el juicio. En ninguna aparece Felipe realizando o avivando la fogata. No hay video, no hay testigos presenciales, las fotos no demuestran lo que dice el fallo.

Por su parte, y respecto a la posibilidad de no acogerse la nulidad, Leal aseguró que interpondrán un recurso de revisión. “Agotadas las instancias en nuestro sistema interno, no vamos dudar en ir al sistema interamericano“, afirma.

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Felipe Santana: Chivo expiatorio

Para el destacado abogado, la posibilidad de llevar el caso a una corte internacional y ganar es muy posible en “un Estado como el nuestro, que ha sido señalado por distintos organismos internacionales por violaciones a los derechos esenciales o derechos humanos”. Esto comprendiendo que la detención de su defendido se dio en un contexto de manifestación social.

¿Cercanos a Felipe aseguran que su caso ha servido como chivo expiatorio. ¿Cree que existen elementos para acusar intenciones políticas detrás?

Llama la atención que en el fallo, y ahora en los antecedentes de la carpeta investigativa, se habla de una muchedumbre de personas apostadas en las cercanías de la catedral, y solo haya sido Felipe el que terminó detenido, siendo el culpable de todo lo que ocurrió. También siento que lo han convertido en un chivo expiatorio.

Él tiene una discapacidad intelectual. Pese a eso nunca se ordenó una pericia a través del Servicio Médico Legal, o un perito para establecer su inimputabilidad. (También) me llama la atención la condena con un estándar probatorio tan débil que exhibe y muestra este caso.

Creo que es injusto y, como te digo, si esto no se soluciona en nuestros tribunales y terminamos recurriendo a organismos y tribunales internacionales, tengo la convicción más absoluta de que el Estado de Chile va a ser condenado.

Fernando Leal, abogado defensor de Felipe Santana

– ¿En algún minuto se informó de más detenidos por el mismo episodio. ¿Solo Felipe fue procesado?

– Te voy a contar algo al respecto. Esto habla de cómo funciona nuestro sistema con las personas más débiles ante el aparato policial.

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Felipe tiene la posibilidad de hablar con su abogado dos veces por semana. Él es como un niño, muy cándido y bonachón. Hace aproximadamente una semana atrás me llamó muy angustiado y asustado. Me dijo que ese día una persona quería hablar con él, tuvo que bajar y pensó que era una visita.

Resulta que era un detective. Le comenté que no debía haber hablado con él y que, cualquier cosa, tenía que decir que no iba a decir nada hasta que estuviera su abogado presente. Entonces me cuenta que el día que lo detuvieron también detuvieron a otro chico y a los dos les pegaron. Y este detective que apareció iba a tomarle declaración por la denuncia de este muchacho que había sido agredido por los policías.

Lo extraño del caso es que el detective llevaba una declaración lista para que él solo la firmara. En donde Felipe decía que él no había visto nada, que nunca vio que le pegaran al otro joven y que prácticamente no lo conocía. Le pregunté qué hizo. Me respondió que estaba asustado y que firmó.

Cuando tú ves que las policías funcionan de esa manera… imagínate este cabro que está hace más de un año privado de libertad, que tiene discapacidad intelectual, que está angustiado y lo único que quiere es que se cierre luego su caso, y aparece un detective a tomarle declaración sin avisarle a su abogado y sabiendo que Felipe cuenta con uno. Le lleva una declaración hecha para que mienta. ¿Puedes creer efectivamente que los mismos detectives o policías que aparecen como testigos no presenciales acusándolo están actuando bien? A mí por lo menos me provoca dudas y sospechas.

Eso habla de un modus operandi en donde se tapa con impunidad a quienes, siendo agentes del Estado, agreden a detenidos y también, por otro lado, como se ha visto en más de una oportunidad, cómo se tergiversan las pruebas y se realizan verdaderos montajes para impedir que se aclaren los hechos.

¿El hecho de que la detención de Felipe se diera con la excusa de un control preventivo de identidad no constituyó algo relevante para la corte cuando se revisó su caso, por su irregularidad?

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Es uno de los temas por el cual voy a pedir control de convencionalidad y alegaciones. Porque el control de identidad es inconvencional. Es decir, el sistema interamericano de derechos humanos ya lo ha dicho, que el único que puede establecer la detención de una persona o mantenerla privada de libertad tiene que ser un órgano jurisdiccional y bajo el control de este mismo.

Por lo tanto, toda la prueba que se parte teniendo ahí, respecto de Felipe para posteriormente inculparlo, está contaminada y no cumple con los estándares que son exigibles para un Estado democrático y de derecho.

(Además) se han falseado datos, se ha faltado a la verdad, se le ha maltratado e infligido daños. Esos son hechos que revisten carácter de delito y, lógicamente, tienen que ser objeto de una persecución penal y vamos a interponer las acciones que sean necesarias.

Felipe Santana en el colegio

Indulto para los presos por manifestarse

Este 25 de enero, la aprobación a la idea de legislar el proyecto que busca dar indulto a los presos de la revuelta dio una luz de esperanza a decenas de jóvenes que, tal como Felipe Santana, fueron detenidos y encarcelados por manifestarse.

Consultado al respecto, Leal reflexionó sobre el derecho a manifestarse y la deuda de la clase política con quienes han luchado desde esa vereda.

“Cuando se criminaliza tanto al movimiento social, hay que recordar que el derecho a manifestarse es un derecho constitucional. Está establecido en la misma constitución que defiende este gobierno. Además está establecido en los distintos pactos internacionales y tratado a que Chile se ha ligado. Por lo tanto, criminalizar al movimiento social porque se manifiesta no creo que sea el camino correcto.

Acá hay una grave crisis en materia de derechos humanos por parte del Estado, con una represión brutal. Con mutilados, torturados, fallecidos, asesinados, abusados sexualmente, mujeres desnudadas por las policías. Cuando todo eso lo establecen organismos internacionales en base a los mismos hechos, estamos dentro de una tiranía de facto y lo digo con todas sus letras.

Respecto del proyecto de indulto, espero recordarles a la clase política que este proceso constituyente se generó gracias, ni más ni menos, a lo mismos muchachos que estuvieron en las calles pidiendo un cambio de sistema. Y resulta que todos estos muchachos terminaron en la cárcel, y los mismos que no querían los cambios, ahora son los primeros en la fila para construir esa constitución.

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La clase política tiene una deuda tremenda, toda la élite política de este país, con estos muchachos. Y ya es hora de que actúen. No puede ser que sigamos dejando privados de libertad a jóvenes por haberse manifestado. Muchos de ellos varias veces con pruebas que no dicen mayor relación que lo informado por Carabineros y las policías. Mismas que, de acuerdo a los informes internacionales, en forma reiterada han vulnerado los derechos humanos de los chilenos. Eso debe cambiarse”, cerró.

[Actualización] Luego de los alegatos presentados a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el fallo se dará a conocer el próximo 15 de febrero. Día en que se conocerá si se anula o no la sentencia en contra de Felipe Santana.

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José Antonio Neme, conductor de Pauta Libre: “Piñera se acabó el 19 de octubre”

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Durante los últimos meses, el conductor de Pauta Libre (La Red) ha sido protagonista de las redes sociales. Ya sea por sus ácidas y deslenguadas opiniones televisivas que se comparten por millones en Tik Tok, o bien, por responder frontalmente a quienes lo increpan en su cuenta de Twitter. Su fanaticada lo defiende, mientras que sus críticos más acérrimos, en su gran mayoría amantes de la  dictadura y la bandera chilena, exigen su salida del canal privado. José Antonio Neme no pasa desapercibido, y hoy, al parecer, lo que diga es tema obligado de conversación. En entrevista con este medio, el periodista explicará su desorientación en el plano político y revelará si lo impactan o no las críticas en lo íntimo.


La siguiente conversación con el periodista y conductor de Pauta Libre se dio a minutos antes de que él saliera al aire y rodeado de la tranquilidad del patio de La Red en la comuna de Macul. Neme -39 años- aparece listo y dispuesto para otra noche de programa. Llega peinado desde su departamento y con el diario El Mercurio doblado bajo el brazo. No tiene prisa y se siente cómodo en su casa televisiva. En breves minutos más, responderá a los ataques de odio de  quienes incluso pidieron su salida del canal. Le adelanta a la productora del programa que lo que dirá no se había visto en la pantalla  nacional y que confíe plenamente en lo que tiene que decir. “Soy orgullosamente homosexual y lo seré hasta el último día de mi vida” dirá más tarde mirando fijamente a la cámara.  

-Ha sido un gran año para ti, has tenido notoriedad, tu opinión importa, tal vez más que cuando estabas en el matinal o el noticiero. ¿Cómo analizas tu 2020?

-Creo que fue un año difícil para mí. Difícil porque está primero el despido de por medio, inesperado. Siempre dejar un trabajo, a través de un despido, donde uno tiene costumbre, cercanía y rutina, es complejo.  Después vino la pandemia, que hizo todo más complicado. Fue una año muy denso, muy pesado.

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-Hace poco, el hashtag #FueraNemeDeLaRed fue tendencia. De un momento a otro explotan tus opiniones en redes, eres compartido de inmediato en Twitter con miles de reproducciones, ¿Qué te pasa con eso?

-Me mandaron un pantallazo, yo no tengo ni Tik Tok, donde hay una frase mía, en un debate con la Mirna Schindler sobre las cuarentenas y lo de Cachagua, que tiene un millón cien mil visitas. No sé a qué responde. Yo creo que estamos en año electoral, entonces los equipos políticos también tienen sus estrategias. Creo que tiene que ver más con la plataforma, y con los estrategas que hay atrás, que conmigo. Yo no creo que haya cambiado mucho de un minuto a otro. De hecho, este año hago  prácticamente lo mismo, solamente que no leo noticias. A lo mejor acá, de repente,  paso más la línea en algunos temas, pero por favor, no estoy llamando a construir ojivas nucleares, ni a la insurrección, ni a que nos armemos. Pongamos todo en un contexto. Son cosas como de sentido común. Por ejemplo, sí, sospeché del operativo de la Policía de Investigaciones en Temucuicui, ¿por qué no puedo sospechar?, ¿cuál es el pecado? Mi respeto por la Policía, mi dolor con la familia del caído, mi corazón con el pueblo mapuche, pero por qué no puedo decir `oye, mira, este operativo me parece sospechoso`. Ha habido una historia de montajes, me parece que nos han acostumbrado a montajes.

-Generas varias cosas…

Habrá un par de personas que pueden decir ‘pucha, el pelotudo, el maricón tonto, por qué dice eso’. Pero para hacerlo Trending Topic, crear un hashtag, empezar a hacer memes. No sé, no me creo tan importante y esas personas tienen cosas mejores que hacer que dedicarse a hacer caricaturas de mí.

-¿Y sientes ese agote digital convertido en realidad?

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-Es que depende, las cuentas son todas iguales. Tienen íconos a Pinochet, la bandera chilena o una virgen. Entonces no es `Pedro, Ñuñoa, 24 años, estudiante UTEM”, no es esa persona. No sé si son bots o no. Son vírgenes, paz, familia, provida, patria, y son 10, 20, 30… y ahí digo chao. Yo soy un tipo que al final del día se va para su casa y está con sus perros. No quiero descubrir, no quiero que Nixon renuncie a la presidencia, no quiero descubrir Watergate, ni no tengo esas aspiraciones de ganarme un Pulitzer, ni nada. Yo lo único que trato de hacer es, desde mi humilde mirada, pequeña, mínima, ínfima, es darle cierto sentido común a las cosas.

-¿Cómo relajas tu cabeza cuando llegas a la casa?

-El único momento que yo relajo mi cabeza es cuando duermo. Me cuesta relajarme.  –

-¿Vas a terapia?

-Sí, hace muchos años. Me cuesta relajarme, pero yo creo que es un aprendizaje. Yo creo que todos estos ataques y esta exposición, te ayudan. Mira, ante una exposición tan grande, en una línea tan sensible, yo creo que hay dos opciones: o te vas a la concha de la lora y te pasan por encima, y te perdí, y empiezan a hablar leseras y terminái como perdido, pobre tipo. O te vas a tu centro, te afirmas en lo que tú crees, eres, sientes, tomas distancia con dignidad y te haces cargo. No hay de otra.

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-¿Meditas o algo así?

Sí, pero me cuesta mucho apagar la mente, pero lo intento.

-Pauta Libre es un programa que meses atrás hubiera sido impensado. Con Mónica González, Alejandra Matus y Mirna Schindler

(Sonríe) Intensas, es un panel difícil de manejar.

-¿Y cómo llevas eso? ¿Qué has aprendido de ellas?

-Me hago el lindo y dejo que me regaloneen las tres. Yo lo único que tengo que hacer es como diseñar el coro, pero ellas son el programa.

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-¿Y cómo se lidia con esos egos y el ego de uno?

-Yo mi ego lo tengo que administrar todos los días, no me puedo hacer cargo por el ego de los demás, pero al final somos todos periodistas, profesionales y la cosa fluye bien. A mí me impresiona cómo el programa se ha posicionado el nombre tan rápido. No pasaron ni dos semanas y todo el mundo cacha el programa perfecto, es Trending Topic en Twitter todos los domingos y los extractos del programa dan vuelta en Internet.

-¿Cómo te defines en lo político?

-No sé. Hoy no siento filiación política con ningún sector. Estoy desorientado, yo creo que como la mayoría de los chilenos, que no sabe bien. No tengo definido mi voto de noviembre. Tengo aprecio por algunos candidatos a constituyentes…

-¿Te ofrecieron alguna candidatura? Ahora que hay un boom de rostros televisivos en la política

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-No, no me interesa participar en eso. Hay gente más preparada y que tiene una sensibilidad social mucho mayor que la mía. Yo quiero mirar el proceso, observarlo como espectador.

-Cuando se firmó el Acuerdo Por la Paz del 15 de Noviembre, de madrugada, en un ambiente un poco raro, veíamos una Nueva Constitución que se estaba formando, ¿Te ilusionaste?

-Me dio un sentido de esperanza porque además estábamos bajo una presión enorme en la calle en términos de violencia. Fue un poquito esperanzador de que Chile fuera capaz de encausar constitucionalmente una crisis tan grande. Una crisis que en cualquier país latinoamericano hubiese botado al gobierno. O sea, en cualquier país, el Presidente, después de una crisis de esa envergadura, sale en helicóptero, avión, en un barco, lancha, lo sacan por dónde sea. Y a veces creo que hubiese sido más sano.

No sé cómo un Gobierno, pasando por un golpe tan duro en su línea de flotación, que lo que hace es quitarle el control del timón al Presidente, puede seguir gobernando. Es un ejercicio muy difícil. Y si lo consigue, y lo ha conseguido, toda mi admiración para el Presidente Sebastián Piñera, porque seguir gobernando después del 18 de octubre, es una tarea titánica. Es un barco que tú no puedes controlar. O sea, si él quiere ir a la derecha, le giran a la izquierda. Si quiere ir a la izquierda, le giran a la derecha. Entonces, la verdad, el capitán del barco, nadie le obedece. Es importante que en el próximo sistema político que construyamos a partir de la Constitución haya alguna puerta de salida o un botón de emergencia, porque si no se empieza a recalentar el sistema, que no da respuesta. Es importante que los sistemas tengan una salida, y aquí, como somos víctimas de un presidencialismo exacerbado a su máxima expresión (…) En cualquier país parlamentario, se disuelven las cámaras, anticipan elecciones y no pasa nada.

Repaso presidencial

Cuando José Antonio Neme comienza a hablar, es difícil interrumpirlo. Por lo mismo, publicaremos sus reflexiones que comenzó a desarrollar, a partir de conversar de política.  

Patricio Aylwin: Creo que el gobierno de Patricio Aylwin fue un gran gobierno. Con todos sus errores, “en la medida de lo posible”, pero nos fue alumbrando, nos sacó de un camino muy doloroso, y nos llevó hacia alguna parte. Era un “Paso a Paso”, pero que íbamos pa` alguna parte.

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Eduardo Frei: El gobierno de Frei tenía una estrategia de apertura y organización a  nivel internacional. ¿Bien? ¿Mal? Terminó medio deslavado con las indemnizaciones.

Ricardo Lagos: Estuvo marcado por el crecimiento interno, las privatizaciones, la cicatriz del MOP GATE, MOP CIADE y la Ministra Gloria Ana Chevesich.

Michelle Bachelet: El primer gobierno de Bachelet me parece súper relevante. O sea, la primera mujer, el pilar solidario. Puso grandes temas en su primer gobierno.

Sebastián Piñera 1: Fue un gobierno técnico-administrativo muy bueno. Le tocó un ciclo muy bueno, además. Tuvo que reconstruir el país después del terremoto. Piñera 1 fue un súper buen gobierno. Lo pasamos bien. La Belle Époque. No importa nada, hay que ir a Miami, hay que pasarlo bien, hay que viajar, hay que tener pleno empleo, hay que disfrutar, hay que crecer, hay que comprar. Esa era más o menos la tónica y que está bien. El sistema lo ofrecía, la gente tenía acceso, estábamos pasando por un buen ciclo económico.

Michelle Bachelet 2: Le tocó difícil. Creo que Bachelet 2 se terminó con Caval. Le golpeó su línea de flotación y la hundió porque Caval era un mísil al relato del gobierno, a los no privilegios, y era un privilegio, eso la desmoronó. Tenía una idea de lo que Chile necesitaba, una idea súper potente, creo que si se hubiera puesto en marcha bien y si las cosas se hubieran hecho mejor, y si se hubiera asesorado mejor, a lo mejor el 18 de octubre se hubiera evitado. Se rodeó de gente no tan buena. Fue confusa la ejecución del programa.

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Sebastián Piñera 2: Piñera se acabó el 19 de octubre y el control real lo tomó de facto el Parlamento.

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¿Cómo ves el escenario presidencial?

Uff, rarísimo, muy extraño.

Solo tenemos claro que Joaquín Lavín está dentro…

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No entiendo bien su travestismo político, no entiendo lo que quiere hacer como gobierno de unidad, socialdemócrata pero a quién va a convocar, no le entiendo lo que quiere decir. Habla desde un buenismo que me encanta, pero no sé si se puede concretar. Me gusta más la gestión de Matthei, si es que tuviera que hablar de algún candidato de la derecha.

-¿En serio?

-Me parece más clara. Lavín le tengo respeto como alcalde, creo que ha hecho un súper buen ejercicio como líder político en distintos roles, pero no lo logro decodificar. A lo mejor yo soy el idiota. No logro entender lo que me quiere decir. No entiendo qué es ser socialdemócrata para él, qué es un gobierno de unidad, de qué se arrepiente, qué es lo que quiere, ¿el abrazo de Chile en el Estadio Nacional? ¿La reconciliación al estilo Aylwin? ¿Qué está buscando? No lo entiendo.

-¿Y Sebastián Sichel?

-Creo que es su primera aproximación, pero es un cheque a fecha. Creo que si le va bien, podría venir una segunda candidatura, o una tercera. Este es el inicio del camino de él, pero él sabe que no va a llegar a la Moneda ahora.

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José Antonio mira su reloj. Son las 21:15 horas y debe entrar al estudio para conversar con sus compañeras de programa y repasar la pauta del día. Quedan muchas preguntas pero ya no hay tiempo. Se despide con una sonrisa esquiva, no tan dibujada, pero real al fin y al cabo.

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Violaciones a los DDHH sin justicia: Solo 19 funcionarios de Carabineros fueron desvinculados durante el Estallido Social

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“Entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, se instruyeron un total de 1.270 procesos disciplinarios, de los cuales 771 corresponden a investigaciones y 499 a sumarios administrativos, resultando un total de 19 funcionarios desvinculados”. Así dice el documento de Transparencia entregado por Carabineros de Chile, lo que contrasta los procesos internos de la institución con las 2.349 querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y otras entidades de investigación.


Felipe Cartes (23) fue detenido en una manifestación tras el triunfo del “Apruebo”. El joven declaró que al momento de ser subido al retén móvil sus nervios le hicieron llamar “compañero” al uniformado que conducía. —Yo no soy ni de izquierda ni militante del partido comunista, solo fue una forma de expresarme. Entonces él me dice que ‘los compañeros murieron pal 73’. Fue chocante, porque el paco no me sacaba ni diez años y hablaba así de gente que murió-, recuerda hoy.

Para él esa frase, dice mucho de la formación de la policía en nuestro país.

La violencia policial durante este tiempo no se configuró como un hecho aislado. Desde el 17 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), recopiló un total de 4.075 hechos vulneratorios en el contexto del estallido social y presentó un total de 2.349 querellas por violaciones a los Derechos Humanos. La institución con más antecedentes en su haber fue Carabineros, con un total de 3.806 cargos en contra de manifestantes.

Pero los hechos nos dicen otra cosa. En cuatro solicitudes presentadas vía transparencia, se pidió información respecto a la cantidad de uniformados dados de baja tanto por amonestaciones verbales como físicas, entre los periodos de octubre 2019 y noviembre de 2020. La respuesta revela que la institución sólo desvinculó a 19 funcionarios entre los periodos del 18 de octubre de 2019 al 18 de marzo de 2020. Y de las 2.349 querellas interpuestas sólo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carabineros consideró apenas un total de 1.270 procesos disciplinarios, todos bajo su propia regulación.

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Bajo este contexto, la naturalidad con que se afrontaron situaciones vulneratorias que no estaban dentro del protocolo no fue sorpresa, más aún partiendo por la premisa del autocuidado como un escudo de batalla. Las malas prácticas y el incumplimiento de protocolos son comunes en la manifestación pública. Así lo deja ver claramente una tabla elaborada por el INDH a partir de 298 manifestaciones observadas en todo Chile por el equipo de Observadores de la institución, entre los periodos del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 

Tabla proporcionada por Sònia Lahoz i Ubach, Cientista Social y coordinadora del equipo de Observadores del INDH

Con un total de 1.158 malas prácticas e incumplimientos a los protocolos, Rodrigo Bustos, Director Jurídico del INDH, explica que si bien existen sanciones para estas situaciones, la mayoría de las veces no son efectivas: “De las 1200 investigaciones administrativas que abrieron para los casos del estallido social, son muy pocos los uniformados desvinculados y no son muchos los que tienen sanciones”, comenta.

En esa información entregada existe una cierta impunidad dentro de los propios procesos investigados a puerta cerrada por la institución, más aún cuando desde el alto mando se les brinda el apoyo necesario para seguir actuando de la misma manera. “A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer (…) tienen todo el respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito legal, dentro del ámbito reglamentario, cuenten con nosotros”, así lo expresó el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, adelantando en los primeros días de noviembre la tónica que se viviría durante los meses posteriores.

Fotografía por Equipo Fotográfico OPIP

El incumplimiento de protocolos

Roxana Valdivia (23) y sus dos amigas volvían de manifestarse un día de octubre en 2019. La jornada había empezado tranquila, junto niños, madres y adultas mayores congregadas cerca de la gobernación de Osorno, cuando Carabineros lanzó la primera bomba lacrimógena, comenzó la violencia que dejó a niños llorando y mamás desesperadas.

De nada sirvió irse para evitar la represión, porque en su viaje de regreso, uniformados bajaron de una patrulla para rociarlas con gas pimienta.

-No nos dijeron nada, ninguna explicación. Yo creo que supusieron que veníamos de la marcha (…). Fue desesperante, como que me faltaba el aire-, dice la joven estudiante de Trabajo Social, quien quedó con ardor en sus ojos por siete días.

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Algo parecido vivió un año más tarde Tania Carter, Brigadista de Salud que el 23 de noviembre pasado quedó con ceguera temporal luego de que un Carabinero le rociara gas directamente a los ojos, esto cuando intentaba obtener los nombres de los funcionarios responsables de propiciar un corte en la cabeza a una joven a la que habían empujado contra un poste, por intentar detener una detención injustificada.

-Ahí nos rodearon y nos tiraron, nos empujaron, nos amenazaron, que ‘dejate de grabar’, que nos iban a matar, que sabían donde vivíamos, que atendemos a delincuentes, que ya nos conocían. Ahí uno saca un gas pimienta (…) después me mira a la cara, me toma del hombro y me dice ‘mira maraca culiá, me estai puro webiando, ¿querís sufrir? te voy a torturar’ y ahí me pesca y me tira el gas en la cara”-, narra Carter.

Caminó dos pasos y desvaneció. Eso fue lo último que hizo Tania antes de perder el control de su cuerpo. Cuando despertó, había otros brigadistas que le hacían primeros auxilios, pero ella no venía nada y tenía espasmos, razón por la que la llevaron a la Posta Central. El diagnóstico: quemadura de tráquea, laringe, nariz, boca y córneas. Fue recién a principios de diciembre cuando empezó a evolucionar, pero su vista sigue dañada. Ahora está con terapeuta ocupacional y psicóloga por estrés post-traumático. Tendrá que usar lentes por el impacto de la herida.

Carter lleva asistiendo gente en las calles hace años,  pero fue recién para el estallido social que conformó un equipo de trabajo. Sobre esto, afirma que los protocolos de Carabineros en ninguna manifestación son respetados. “El uso del gas pimienta es indiscriminado en la calle y se debería usar a 1,8 metros. No se puede echar directamente a la cara. Eso nunca lo han cumplido”. Esto, cuando en el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público (Orden General N° 2.635) dice que el uso del “Gas OC” (pimienta) es sólo para el “uso defensivo contra agresiones hacia el personal” y para la “neutralización de un grupo reducido de individuos”.

Felipe Muñoz, fotógrafo de Concepción, afirma haber visto esto el 26 de noviembre de 2019, en Barros Arana con Castellón: “Ahí habían barricadas hechas con adoquines, muchas, como tres y los pacos fueron a despejar el camino. Yo me quedé ahí, al lado de la Escuela Militar y había, al menos, dos pacos tirando piedras hacia la plaza de Tribunales. También otro paco encapuchado, sin identificación y  con una piedra en sus manos”. 

Otra práctica que se sigue dando es la no identificación de funcionarios a la hora de cubrir manifestaciones. El fotógrafo Diego Ibacache (29) de Concepción denunció a través de imágenes que se hicieron virales que, el 18 de noviembre de 2019, Carabineros no sólo no estaba usando su nombre en su uniforme, sino que en su lugar habían denominaciones como “Super Dick”, “Destroyer” y “Raptor”.

El fotógrafo señala que un par de semanas más tarde, se volvió a encontrar con “Destroyer”, quién lo reconoció y le dio aviso a uno de sus colegas.

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Este me lanzó una amenaza de ‘se va a morir tu hermana. Tras esto, se abrió una investigación administrativa que quedó inconclusa debido al cierre temporal del caso por parte de la Fiscalía, comenta.

Lo peor es que después me di cuenta de que quién era el encargado (de investigar el caso dentro de la institución), aparecía en un video empujando a mujeres en la calle-, agrega.

Sobre este punto, Leonardo Llanos, Juez de Garantía que se desempeñó en Concepción para octubre del año pasado, dice que “ellos están obligados a portar su nombre en el uniforme y el número de placa, que también tiene que ser exhibido, para que uno pueda saber quién fue el Carabinero que está efectuando el procedimiento”.

A este prontuario se suma utilización de otros objetos no considerados en protocolos como hondas y el mal uso del bastón de servicio o “luma”, que según el Protocolo, debería usarse sólo como “uso defensivo contra agresiones hacia el personal”.

Fotografía por Equipo Fotográfico OPIP

La naturalización de las agresiones verbales

El 19 de octubre de este año, Scarleth M. se encontraba en el Cruce Higueras del Puente Perales cuando fue detenida en medio de una manifestación pacífica. Andaba con su pareja y cuando la policía tiró gases lacrimógenos para dispersarles los agarraron entre un piquete policial y alrededor de diez uniformados en motocicleta.

-Primero agarraron a mi pololo y empezaron a tirarle la moto encima y yo me acerqué a reclamarles y el paco me dijo ‘cállate, ya a la pared’. De repente llegaron más, nos ponen las esposas y cuando preguntamos el por qué si no habíamos hecho nada, dijeron ‘vengan pa’cá si ustedes no tiene por qué hablar’, ‘camina, camina’ y ‘a mi no me vengai na’ a wear-, relata.

Aun cuando su detención fue completamente arbitraria, la joven actualmente está imputada por lanzar objetos contundentes a Carabineros y desórdenes públicos, caso que se suma a la larga lista de arrestos injustificados efectuados en el contexto del estallido social. Según el equipo de observadores del INDH, entre el 19 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, se advirtieron los siguientes comportamientos en la detención de manifestantes:

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Tabla proporcionada por Sònia Lahoz i Ubach, Cientista Social y coordinadora del equipo de Observadores del INDH

Pese a que el periodo de observación es de apenas dos meses, da cuenta de la reiteración de las prácticas anti protocolares en las que incurren los uniformados. Además, dentro de la protesta no sólo se evidencia la posibilidad de recibir golpes, gases en el rostro o, inclusive, arriesgar una detención, sino que estos elementos se acompañan de insultos verbales y hasta amenazas, todo ello naturalizado en la predisposición de los civiles a esperar cualquier tipo de afrenta por parte de Carabineros y Fuerzas Especiales.

La situación no fue muy diferente para la fotógrafa Paz Villaroel. Cuando salió para registrar la segunda fecha de la PSU de 2019 en la Municipalidad de la comuna de San Bernardo, se encontró con personal policial amedrentando a un pequeño grupo de personas. En ese momento, un Carabinero sacó una escopeta de balines y ella lo encaró, preguntándole por qué estaba sacando armas, a lo cual recibió un “cállate weona, yo no soy familiar tuyo” como respuesta.

-Yo le dije que menos mal, que yo no tengo hermanos pacos y que me daría vergüenza tenerlos y el me dijo ‘cállate maraca culia, erís una cochina culia [sic]’. Nunca me había pasado que un paco me dijera cualquier cosa (…) Cuando me di la vuelta, pidió que me detuvieran. Dijo ‘a esa, a esa deténganla-, sostiene la fotógrafa.

La aproximación más cercana a una regulación de este ejercicio se encuentra en el Art. 22 del Reglamento de Disciplina N°11 de Carabineros de Chile, que dicta “el trato descortés o inculto para con el público”.

Asimismo, dentro del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público de Carabineros, en su primer punto referido a la “Protección a manifestantes”, se indica que “el personal de Carabineros no debe reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”, evidenciando que aún si el funcionario es provocado, denostar verbalmente a un civil es un claro incumplimiento protocolar.

En este sentido, Ignacia Velasco, periodista del proyecto de investigación Documenta LaBot, que reúne casos de violaciones a los DD.HH desde el 19 de octubre de 2019, indica que existe una normalización tanto por el uso de la fuerza como por posibles insultos del personal de la institución. –Mucha gente que va a las manifestaciones asume que si lo detienen o si tiene un encontrón directo con Carabineros o va a ser golpeado, o va a ser amenazado-, explica Velasco.

Además, comentas que los casos vulneratorios son una mezcla entre agresiones verbales y físicas, donde se culpa al manifestante por el uso excesivo de fuerza y la actitud anti protocolar de los uniformados:

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-Llamaba mucho la atención amenazas como ‘por andar webeando te va a pasar esto’ y particularmente era super heavy con las mujeres porque había mucha denostación verbal. Hubo niños a los que los amenazaban con enviarlos al Sename-, dice.

En este contexto, la sensación de vulneración al momento de salir a las calles era una sensación reiterativa. Así lo deja ver el fotógrafo Johan Berna, quien fue amenazado por un Capitán de Carabineros, tal como en su momento lo fue el también fotógrafo, Diego Ibacache.

-Este tipo me insultaba de la nada, cuando ellos llegaban y pasaban al lado mío, este tipo me gritaba cosas. Tiempo después, en plena represión, me gritan de la verde de enfrente donde yo estaba ‘Johan Berna, te tengo identificado-, recordó el joven.

No sólo las amenazas eran recurrentes, esta situación le significó cuidarse las espaldas, sino que personal de Carabineros le lanzó tres lacrimógenas en el cuerpo -cabeza, pierna y costillas- y, pese a interponer una querella en el INDH, a más de un año de la denuncia respectiva, éstas acusaciones se encuentran congelada en los tribunales de justicia.

Juan Andrés Álvarez, abogado y miembro del piquete jurídico de la Universidad de Concepción, dice que en su experiencia, no se ve que la policía cuide su lenguaje o sepa cuál es su rol.

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Ocurre que hay un trato de iguales, cuando la situación desde luego no es horizontal. No puede estimarse que porque el manifestante estaba insultando, Carabineros tenga la misma libertad para hacerlo. Hay un error grave de percepción en torno a que Carabineros de alguna manera se tiende a homologar con los manifestantes y creen que su defensa pasa también por insultarlos de vuelta, en circunstancia de estar en una posición de autoridad-, comenta.

Fotografía por Equipo Fotográfico OPIP

La refundación de Carabineros

El hecho de que existan tan pocos funcionarios policiales desvinculados de la institución, pese a contar con un alto porcentaje de denuncias por violación a los Derechos Humanos, explica que hay un claro problema estructural. Los testimonios expuestos son prueba de que, por lo general, la desvinculación solo es efectiva cuando son casos mediáticos, tal como lo fue con el caso de Fabiola Campillai o Gustavo Gatica.

Los protocolos y manuales de conductas tienen dos falencias grandes: la primera, es que en su normativa manejan conceptos jurídicos indeterminados, lo que hace muy difícil asignar las responsabilidades; la segunda, es que constituyen actos administrativos, por lo su infracción implica una investigación sumaria interna, en los que son los superiores quienes evalúan la gravedad de una falta y dictan las sanciones correspondientes.

Juan Pablo González, sociólogo e investigador del Laboratorio de Datos del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP), afirma que los protocolos que deberían servir para que los ciudadanos entendieran a las policías, en realidad sirven como un mecanismo que garantiza la arbitrariedad.

-Al final ellos siempre se pueden escudar en ‘es que el protocolo dice que yo puedo hacer esto, entonces yo estoy siguiendo órdenes’ y en ese seguir órdenes la cadena puede llegar hasta muy arriba-, explica.

Otro punto a mencionar es que es la misma institución quien escribe y modifica sus protocolos y manuales de conducta. En este sentido, es posible que la solución para que las situaciones descritas no se sigan repitiendo, no pase por una modificación a estos documentos -que, por cierto, ya se ha hecho en varias ocasiones-, sino que sea un tema de pensar a los manifestantes como personas más que como enemigos, y a la seguridad pública como un medio, más que como un fin.

Para Leonardo Llanos es difícil que Carabineros pueda llegar a entender lo que un derecho significa, puesto a que no los tienen asociados en su sistema institucional debido a la formación que reciben.

-Por ejemplo, ellos tienen como prohibición constituirse como asociaciones gremiales o presentar solicitudes a sus superiores. Desde ese punto de vista, se torna super complejo que un Carabinero pueda entender qué es lo que él está violando, si él tampoco tiene ese derecho-, afirma el Juez de Garantía.

Este problema estructural que se niega a desaparecer sigue dejando huellas en una sociedad que ya carga con trauma de la dictadura. Uno que pesa cuando un funcionario se siente con la libertad de decir o hacer cualquier cosa, porque sabe que no le va a pasar nada; o cuando la naturalización de agresiones verbales es una situación tan innata dentro de la protesta social, que se aceptan por miedo de no volver a casa.

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*Para efectos de este reportaje, se solicitaron cifras desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2020, pero desde la institución se acotó el plazo a una cantidad de cinco meses. De las solicitudes enviadas, se requirieron los datos de los funcionarios desvinculados a nivel nacional y de los funcionarios desvinculados por “denostaciones y provocaciones públicas a civiles”, ambas en el contexto de manifestaciones públicas durante el estallido social. Sin embargo, Carabineros no especificó al momento de dar la información, entregando sólo una cifra para ambas solicitudes.
*Para este texto se contactó a Carabineros, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

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