Imagen: Ex capitán de Carabineros Miguel Ángel Toledo / Agencia Uno
El 16 de mayo de 2017 fue un día oscuro para el entonces cabo segundo de Carabineros, Manuel Bernardo Colipán Acuña. Terminó con un disparo en su rodilla percutado -según su testimonio- por su propio compañero de armas, el cabo primero Manuel Salazar. Fue el inicio del fin de la carrera policial de Colipán.
¿Cómo ocurrió este hecho? Aquel día Colipán formaba parte de una comitiva de Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros que subió al sector de Canihual Alto en Tirúa, Región del Bío Bío, a cargo del capitán Juan Pablo Ojeda. El objetivo era verificar que el lugar se encontrara en condiciones seguras para poder acompañar el retiro de la madera que tenía acopiada un empresario maderero del sector.
De acuerdo al relato que el propio cabo de Carabineros entregó a UATV, perteneciente a la Universidad Autónoma de Chile, tras una acción para “despejar” el área por donde transitaban, Colipán vuelve a subir al vehículo policial en el que era transportado, cuando se encuentra de frente con el cabo Manuel Salazar. “Estaba apuntando con su escopeta cañón corto a 45 grados (…) Me impactó con un cartucho de goma en la pierna derecha, a la altura de la rodilla”, relató Colipán.
Pero Manuel Colipán no señaló solo eso. Acusó que, además, fue obligado a mentir y entregar una versión falsa sobre lo que había ocurrido. Una que tenía garantizada la conmoción pública y la gran relevancia mediática que obtuvo, luego de que se le conminara a responsabilizar a “encapuchados” de una comunidad mapuche -la “María Colipi viuda de Maril”- por la supuesta emboscada en contra de los uniformados.
“No dijeron la verdad, porque adulteraron el parte policial para tapar al cabo primero (Manuel Salazar)”, denunció Manuel Colipán.
¿Cuál fue el futuro del cabo segundo de Carabineros tras este hecho?: Por entonces se encontraba postulando a la Escuela del GOPE de la institución policial, anhelo que fue derribado en un segundo tras la visita que recibió del entonces Jefe de la Zona de Control del Órden Público de La Araucanía, el general Eric Gajardo Vistoso. “Llegó saludándome, con mi mamá presente, y con estas mismas palabras me dice: ‘¿Así es que estay postulando al GOPE?… Puta, cagaste con tu postulación’. No me dijo nada más que eso y se retiró”, relató Colipán a UATV.
Finalmente, tras volver a trabajar a la unidad policial a la que pertenecía luego de cumplir con una licencia médica, y con 5 años en la institución, el entonces cabo de Carabineros decidió pedir su retiro voluntario por hostigamientos en su contra. “Por el tema del miedo; pero por la confianza que me entregó mi familia, pude decir la verdad hoy. Sé que cuesta, es difícil para uno poder soportar la presión de las personas del alto mando de la institución que te dicen ‘la doctrina’, los ‘códigos de ética’, pero aquí ellos fueron desleales conmigo”, sostuvo Manuel Colipán.
Sin embargo, con la salida del ex cabo segundo Manuel Colipán de la institución policial, el grave hecho ocurrido en Tirúa estaba lejos de cerrarse. Por el contrario, fue el momento que otro ex uniformado, el capitán (r) de Carabineros, Miguel Ángel Toledo Cancino, estaba esperando para lanzar una grave denuncia en contra de la institución de la que había formado parte hasta fines de los ’90, relacionada a una dilación en el cumplimiento de resoluciones judiciales por parte de la policía, y a hechos que asocia al hurto de madera y a la contratación de funcionarios activos para seguridad en la llamada “Macrozona Sur”.
Toledo ingresó el 16 de febrero de 2021 en el Juzgado de Garantía de Temuco una querella criminal en contra de funcionarios de Carabineros por los delitos de falsedad y falsificación de instrumento público, cohecho, obstrucción a la investigación, malversación y violación de secreto.
Ocurre que el 1 de junio de 2017 Miguel Ángel Toledo firmó un contrato de explotación y cosecha de madera con integrantes de la familia Gutiérrez-Torres, en 100 hectáreas del fundo Canihual en la comuna de Tirúa, Región del Biobío. Por encontrarse el lugar de trabajo en una zona de conflicto y tras una serie de hurtos, Toledo presentó un recurso y requirió al Ministerio Público la colaboración de Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI) para trasladar 6 mil metros de madera acopiada. Tras el otorgamiento de la solicitud realizada por el ex uniformado por parte de la Fiscalía, se iniciaron los problemas que este acusa.
“Los funcionarios de Carabineros comenzaron a proferir distintas maniobras ilegales a fin de no dar cumplimiento a la orden del Ministerio Público. Esto ocasionó pérdidas económicas profundas en mi representado, quien se vio drásticamente perjudicado por los hechos cometidos por los funcionarios responsables, sobre todo, en lo que respecta a la omisión de deber y protección”, se lee en la querella de Miguel Ángel Toledo, patrocinada por los abogados Manuel Correa Catrileo y Fernando Díaz Espinosa.
En ese sentido, se detalla que luego de una reunión llevada a cabo en agosto de 2017 en el cuartel de Fuerzas Especiales de Cañete entre Toledo, el comandante Hernán Benavides -entonces a cargo de las FFEE de Cañete- y el capitán Juan Pablo Ojeda, estos le señalaron al empresario maderero que “se encontraban impedidos de brindar protección inmediata por motivo de que los vehículos blindados se encontraban en Pane (sic)”, lo que le generó un retraso inicial de aproximadamente dos semanas.
Pasado ese período, se produjo un segundo encuentro en el mismo recinto policial. “Esta vez, en dicha reunión el comandante Benavides le indicó que los vehículos ya se encontraban operativos, pero que mi representado, antes, debía subir por sus propios medios y sin resguardo policial al cerro (lugar de la cosecha, sector de Tirúa), a fin de marcar con GPS los puntos donde estaba acopiada la madera (que eran 45 aproximadamente), y hablamos de una superficie aproximada de más de 5.000 hectáreas (esto nuevamente significaba una paralización del inicio de las faenas por aproximadamente una semana y media más)”, se apunta en la acción legal.
“Esta diligencia le significó a mi representado alto costo económico y arriesgar a sí mismo su integridad física y la de sus acompañantes, respecto de una solicitud que nunca debió pedir el comandante Benavides”, continúa señalando la querella respecto a la gestión que daría paso a una tercera y sorpresiva nueva reunión entre Toledo y Carabineros, y en la que reaparecerá un nombre ya citado en esta nota al abordar lo ocurrido al cabo Colipán: el capitán Juan Pablo Ojeda, a cargo del operativo en donde el joven carabinero terminó con un disparo en su rodilla.
“Increíblemente, el comandante Benavides le señala (a Toledo) que debía ir con el capitán Juan Pablo Ojeda a constatar y verificar los puntos GPS señalados en el plano”, relatan los abogados, añadiendo que esto generó un nuevo retraso en las faenas de otras dos semanas.
Además, Benavides -según se lee en la acción legal- le pidió al empresario maderero enviar un día antes de subir al fundo Canihual un listado con el detalle de los 10 camiones de Toledo que participarían del traslado de la madera, con sus patentes y el nombre, rut, domicilio y número de los celulares de sus conductores.
Pero no fue todo. Según consigna la querella, Benavides le manifestó también que se subiría al fundo donde estaba acopiada la madera “por el camino difícil de 3 horas y no por el directo de 25 minutos”.
Consignado este antecedente, en la acción legal se hace énfasis en un grave hecho que habría ocurrido tras el traspaso por parte de Toledo a la policía de los antecedentes de los choferes de su transporte. “El día que se entregó la información de los conductores, camiones y teléfonos de estos, información solo sabida por Miguel Toledo y los carabineros Benavides y Ojeda, suspicazmente, los camioneros, a las 2 horas después de entregada la información, reciben un llamado telefónico de amenazas de muerte si se atrevían a subir (lo cual es sospechoso pues los teléfonos y las identidades de los camioneros solo eran conocidos por don Miguel Toledo y los carabineros señaldos)”, se advierte.
Con todo ello, la diligencia tampoco logró concretarse -esta vez por lluvia, según le habría señalado Benavides a Toledo-, retrasándose en dos semanas más. “Como podemos ir viendo, cada vez que se encontraba ya todo dispuesto para iniciar las actividades, Carabineros en forma ilegal, absurda y contraria a las órdenes simples del Ministerio Público, encontraba siempre una EXCUSA (sic) para no dar cumplimiento a lo ordenado, pidiendo diligencias innecesarias, culpando al clima, a los vehículos, dilatando entre excusa y excusa semanas y semanas, generando pérdidas cuantiosas a mi representado, que tenía que seguir pagando el arriendo de camiones, choferes y trabajadores, los cuales se pagaban con o sin faena”, destacan los abogados del ex capitán de la policía en el libelo acusatorio.
“Este señor, el comandante Benavides, estuvo dos meses jugando conmigo, pero con órdenes del señor (Eric) Gajardo. Esta persona (Benavides) puso una serie de obstáculos, y yo al principio pensé que eran normales, pero me fui dando cuenta que no era así, que algo raro estaba pasando. Te creo 15 o 30 días, pero cuando ya llevas dos meses y medio…”, enfatizó en conversación con La voz de los que sobran Miguel Ángel Toledo.
El martes 16 de mayo de 2017 es el día en que finalmente las historias del ex cabo segundo Manuel Colipán y el ex capitán Miguel Ángel Toledo se cruzan. El oficial Hernán Bernavides le había realizado una última solicitud al empresario maderero, según se consigna en la querella: “Hay que inspeccionar en terreno el camino rural donde pasará la caravana (policial), a fin de estudiar los posibles puntos de emboscada”. Y la “inspección” debía ser en compañía del mencionado capitán Juan Pablo Ojeda.
“Ojeda le indicó a mi representado que los esperaría en Cañete, en el corral municipal de vehículos. Al llegar mi representado con sus trabajadores en dos camionetas, el capitán Ojeda le señala que él (Toledo) no puede subir en los vehículos blindados; solo DOS (sic) de sus trabajadores, pero NO (sic) él. No dio ninguna razón para tomar tal decisión. Mi representado, ante la imposibilidad de subir por una orden absurda, sin sentido, extraña y sospechosa del capitán Ojeda, se trasladó hasta la localidad de Quidico y Tirúa, a fin de estar más cercano al lugar de su faena. En dicho lugar está el cruce de caminos y por el cual se sube finalmente al lugar de la cosecha”, narran los abogados en la acción legal.
A juicio de Miguel Ángel Toledo y los juristas que lo representan, aquí ya está en marcha un “montaje” que desembocará en el hurto de la madera que el empresario tenía acopiada en el fundo Canihual.
“Mi representado se queda abajo en el camino, en el cruce, esperando junto a la mayoría de sus trabajadores, mientras dos de ellos subían con la escolta encabezada por Ojeda. Cuando llevaban subiendo aproximadamente 15 minutos, se escucharon tiroteos y disparos. En ese momento mi representado consulta a una patrulla que se encontraba en el cruce de Tirúa, y este le informa que la caravana de mi representado había sido atacada”, se narra en la acción legal.
Y se agrega un antecedente más. Los abogados de Toledo apuntan que Carabineros le informa en ese momento que había un funcionario “lesionado con herida de bala grave”. Ese funcionario era el cabo segundo Manuel Colipán.
“Lo que yo digo es que avanzaron unos 15 minutos por el camino, dispararon al aire, se subieron al vehículo y se dieron la vuelta, como si los hubieran atentado. Y al subirse rápido, el acompañante (cabo primero Manuel Salazar) disparó y le pegó en el pie al (cabo segundo) Manuel Colipán”, señaló a La voz de los que sobran Miguel Ángel Toledo.
A juicio del ex capitán de Carabineros y sus abogados, este hecho sería luego usado “convenientemente” por el general Eric Gajardo Vistoso para “ordenar no dar cobertura y protección” al empresario maderero, “informándole vía telefónica de esta situación, que no iba a subir más por el riesgo de atentado, lo cual era falso, pues el ‘atentado’ fue un montaje”.
Cabe recordar que Gajardo Vistoso es el mismo general al que el ex cabo Manuel Colipán acusa de haberle expresado lo siguiente tras el baleo que sufrió de un compañero de la misma institución. “Me dice: ‘¿Así es que estay postulando al GOPE?… Puta, cagaste con tu postulación’. No me dijo nada más que eso y se retiró”, es lo que narró Colipán.
En su cuenta en YouTube, Miguel Ángel Toledo publicó un video en donde se exhibe una declaración de Eric Gajardo otorgada para el capítulo “Las penas de Arauco” de Informe Especial (TVN), en la que el oficial de Carabineros sostiene respecto a su labor en la hoy llamada “Macrozona Sur” que “de pronto se producen hechos de violencia distintos a otros lugares del país, que hacen que nuestras actuaciones sean mucho más controladas, precavidas, con un componente de información previa importante. Pero de que hayan lugares a los cuales nosotros no vayamos a entrar por temor o porque no queremos correr riesgos para nuestra seguridad, eso no es así”.
Una vez exhibido ese pronunciamiento de Gajardo, Toledo cuelga un audio de una conversación que ambos mantuvieron luego del supuesto “atentado” en contra de los policías camino al fundo Canihual. En el diálogo se puede oír cuando el general le dice al empresario maderero todo lo contrario a lo señalado a TVN: “Yo te voy a sorprender con lo que te voy a decir: yo he dispuesto que no se suba más antes que no se revise la medida de protección. ¿Por qué?: Yo no voy a seguir arriesgando la vida de los carabineros. Ayer hubo un ataque y han habido cuatro o cinco ataques más (…)”.
Después, Gajardo continúa señalándole a Toledo que si estima prudente la presentación de alguna acción legal, él no se va a “molestar”, pero que “la decisión que yo he tomado es en el marco de asegurar la integridad física de los carabineros”. Tras ello, el empresario lo interpela apuntándole que Forestal Mininco -perteneciente a la CMPC del Grupo Matte-, ubicada en las cercanías del fundo Canihual, ha pedido con tan solo una hora de anticipación protección policial y sí se le ha brindado, lo que cambia definitivamente el tono de la conversación y se transforma en una tensa discusión entre ambos.
En entrevista con La voz de los que sobran, Toledo aseguró que la totalidad de la madera que pretendía bajar desde el fundo Canihual fue finalmente robada, la que ha avaluado en 200 millones de pesos.
En esa misma conversación telefónica entre Toledo y Gajardo, este último se refiere a lo que había ocurrido en el operativo donde resultó herido el cabo Colipán. “Ayer estaba el coronel Bascuñán en Arauco, por lo tanto a él le consta todo lo que ocurrió… Y lo que tú acabas de decir se aleja un poco de la versión que a nosotros nos consta a través de (ininteligible)”, le señala el general.
¿Y qué ocurrió, según Carabineros, ese 16 de mayo de 2017? La voz de los que sobran accedió al parte denuncia elaborado ese mismo día y recepcionado al siguiente por la Fiscalía Local de Cañete, en el que se le tomó una declaración a Manuel Colipán en calidad de “víctima/afectado”. En el documento se señala que aquella jornada, como parte de la dotación de la Cuarta Comisaría de Fuerzas Especiales Los Álamos, a cargo del capitán Juan Pablo Ojeda Zurita, concurrieron hasta el sector de Canihual Alto en Tirúa, con el objetivo de hacer cumplir la medida de protección con la que contaba Toledo, momento en que habría ocurrido lo siguiente:
“Individuos desconocidos mantenían cortada la ruta, y al descender (los funcionarios policiales) para habilitar el camino, fueron atacados con armas de fuego por individuos que se encontraban entre los árboles. Producto de ello repelieron el ataque haciendo uso de sus armas de servicio. A raíz del ataque mencionado resultó con una lesión de la pierna derecha, a la altura de la rodilla, el cabo 2do Manuel Colipán Acuña”.
Una versión que sería falsa, según lo que -recordemos- reveló tiempo después Colipán a UATV , donde añadió que la idea era culpar a la comunidad mapuche “María Colipi viuda de Maril”.
“Nos fuimos al helipuerto, y ahí llegó el helicóptero y los canales de televisión cuando iban a trasladar a Colipán. Entonces ahí todos los medios de comunicación estaban diciendo que quince encapuchados de la Comunidad Colipi habían disparado con armamento largo y corto contra los dos blindados que iban subiendo para ver el robo de madera”, comentó Toledo a La voz de los que sobran.
A juicio de los abogados del empresario, es en esta “falsificación del parte policial” y en el “autoatentado” que se configurarían los delitos de falsedad y falsificación de instrumento público que se acusan en la querella criminal, y que habrían tenido como objetivo -de acuerdo a lo que se lee en libelo acusatorio- que Toledo “NO (sic) pudiera subir al lugar de la faena y no pudiera, en definitiva, jamás comenzarla”.
Es a raíz de todo este proceso que el 14 de febrero de 2021 Miguel Ángel Toledo ingresó en el 3° Juzgado Civil de Concepción, paralelamente a la querella criminal, una demanda de indemnización contra el Fisco por los perjuicios que -señaló- “me han causado por sus actos, omisiones y decisiones, miembros de Carabineros de Chile”.
En el libelo acusatorio el empresario maderero sostiene que “la NO ACCION de CARABINEROS DE CHILE (sic) ha generado que quienes se encuentran realizando ilegalmente la tala y explotación de madera (propiedad de Toledo), lo sigan haciendo hasta el día de HOY. Ni siquiera los comuneros tienen acceso al lugar”.
Y en ese sentido, se apunta que esta conducta omisiva de parte de la policía le ha generado “pérdidas millonarias (…), pues se trata de más de 6.000 metros ruma de eucaliptus con y sin corteza, con un valor comercial aproximado de $220.000.000”.
Pero, finalmente, Miguel Ángel Toledo cifra en $1.250.000.000 la indemnización exigida por la supuesta omisión de servicio de parte de los agentes del Estado, desglosada esta en $250 millones por daño emergente, $200 millones por daño moral y $800 millones por lucro cesante.
Respecto de la querella criminal, además de la grave acusación de adulteración de un parte policial, denuncia respaldada por la versión del cabo Manuel Colipán, Toledo acusa otra irregular situación que habría tenido lugar cuando, al día siguiente del “atentado”, llegó hasta el cuartel de Fuerzas Especiales de Cañete con el objetivo de buscar nuevamente una solución.
“En ese momento se le acerca un funcionario, sargento de Carabineros (de apellido González), quien le expresa a mi representado que si este le facilitaba dos camionetas 4×4, ellos, vestidos de negro, a fin de parecerse a personal de Dipolcar (Dirección de Inteligencia de la policía uniformada), darán protección a los camiones por la suma de $500.000 por camión en forma diaria”, denuncian los abogados del empresario maderero. Y agregan otro antecedente: “Para acceder a esta oferta , le señala (a Toledo) que coordine con Ojeda en el lugar denominado ‘choque'”.
En palabras de los juristas que representan a Toledo, acá habría tenido lugar otro de los delitos sindicados en la acción penal, como es el de cohecho. “Este delito se tipifica a raíz del ofrecimiento de protección extraoficial ofrecida por el srgto. González a mi representado y que implicaba al capitán Ojeda”, se lee en el documento.
Por otra parte, la querella establece que el delito de obstrucción a la investigación “se configura en varios aspectos, desde la simulación del atentado, montaje, hasta la falsificación del parte originado por este hecho, siendo adulterado en todo aquello que implicaba el origen de la herida al cabo Colipán hasta el relato de los hechos”.
Sobre la acusación de malversación, se sostiene que “Carabineros, en los hechos relatados, daba una aplicación distinta a sus destinos” a sus insumos y equipos logísticos. “No eran ocupados para los fines señalados, sino más bien para cometer ilícitos”, acusa Toledo.
En ese sentido, se añade igualmente que los funcionarios policiales habrían incurrido en el delito contemplado en el Artículo 237 del Código Penal, cuando un “empleado público que, requerido por orden competente, rehusare hacer entrega de una cosa puesta bajo su custodia o administración”. “Según nuestra apreciación, Carabineros incurre en este delito al no dar cumplimiento a la orden impartida por el Ministerio Público: orden de protección y facilitar la realización de las faenas a mi representado”, apuntan los juristas.
Por último, en la querella se sostiene que los uniformados son responsables igualmente del delito de violación de secreto, “a raíz de todos los informes, logística y condiciones entregadas por mi representado a Carabineros a fin de que esta institución entregara la debida protección, lo cual jamás fue cumplido y, por el contrario, fue utilizado en perjuicio de mi representado”.
Cuando -según acusa Miguel Ángel Toledo- recibió de parte de un sargento al que ha identificado con el apellido González el ofrecimiento de protección a cambio de $500.000 diarios por camión, este aegura en su acción legal que decidió ponerlo en conocimiento de la Inteligencia de Carabineros, a través de Marcelo Teuber, entonces general jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de la institución y quien posteriormente figuraría como inculpado en la llamada “Operación Huracán”.
Toledo relata que en ese contexto se produjo un encuentro en el restaurant “Don Camarón”, ubicado en la entrada a Temuco, donde también habría participado el coronel Juan Pablo Boeto, y en el cual Teuber le habría señalado que conversara con Juan Carlos Espinoza, sindicado como jefe de Inteligencia en Malleco.
“A él mi representado entregó el relato y todos los antecedentes. Días después, mediante conversación telefónica, Espinoza reconoce que efectivamente se está produciendo hurto de madera y que se encuentran involucrados miembros de Carabineros. Además, manifiesta que se dio cuenta de estos delitos al alto mando de Carabineros, los cuales a la fecha nunca han tomado ningún tipo de acción”, se afirma en la querella criminal.
Por entonces el General Director de Carabineros era Bruno Villalobos Krumm. Toledo intentó infructuosamente reunirse con él para ponerlo al tanto de sus denuncias. En correos dirigidos a la Secretaría General de dicha institución y facilitados a La voz de los que sobran, es posible constatar la insistencia del ex uniformado por reunirse con la máxima autoridad policial.
En ese sentido, llama la atención una respuesta que en ese marco le envía a Toledo el general Jorge Serrano Espinoza, secretario general de la Dirección General de Carabineros, quien paradójicamente le señala como respuesta a su solicitud de reunión con Villalobos que “se trató de tomar contacto vía email con Ud. sin haber obtenido respuesta, situación que impide disponer algún curso de acción en torno a sus inquietudes o requerimientos”.
“El problema de la Macrozona es la incesante pelea por quién da seguridad, y quien se queda con la madera”, sentenció en entrevista con La voz de los que sobran el ex capitán Miguel Ángel Toledo.
Una idea en la que profundizó en el matinal, cuando al ser consultado por la corrupción en esa zona señaló que “hay muchas empresas de seguridad que trabajan para las forestales, y estas están normalmente compuestas por personal de Investigaciones (PDI) y Carabineros activos”.
“Eso no es legal, pero te ponen una empresa fantasma -con el nombre de otra persona, de la señora- y se hace”, sumó, deslizando además otra grave acusación respecto a hechos de carácter criminal.
#LaVozDeLosQueSobran | @capitan_toledo: “Acá hay muchas empresas de seguridad y trabajan para las forestales y están compuestas por personal de Carabineros y PDI activos. Esto no es legal, pero ponen una empresa fantasma y se hace”.
— La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) May 25, 2022
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En parte, el objetivo de Miguel Ángel Toledo de visibilizar su causa tiene que ver también con la “dilación” que acusa del Ministerio Público respecto de las acciones legales que interpuso hace ya un año y tres meses, aproximadamente.
En la citada entrevista con el matinal de La voz de los que sobran, señaló que “se han perdido grabaciones y audios”, y que les han sido rechazadas sus solicitudes de audiencia con el fiscal a cargo de la indagatoria, bajo argumentos que no serían efectivos.
#LaVozDeLosQueSobran | @capitan_toledo: “Operan como una familia que viene directamente del general Villalobos. Él mandó a todos sus altos mandos de inteligencia a la macrozona sur, y ustedes ya saben en todo lo que está metido ‘El Padrino'”.
— La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) May 25, 2022
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Lo que demanda Toledo es que se practiquen las diligencias que ha solicitado, entre ellas que junto a él (en calidad de víctima) se cite a declarar a los mencionados oficiales de Carabineros Hernán Benavides, Juan Pablo Ojeda, Eric Gajardo y Marcelo Teuber, todos como imputados; y como testigos a Juan Pablo Boeto, Jorge Serrano y al ex miembro de la institución, Manuel Colipán.
El pasado 7 de junio Miguel Ángel Toledo llegó hasta el Palacio de La Moneda en Santiago para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric. En un punto de prensa sostuvo que en la información que le hizo llegar al mandatario se hace referencia a “la corrupción existente en empresas de seguridad, que están provocando montajes”.
Junto con ello, señaló que le entregó a Boric los antecedentes que maneja respecto al “ciclo completo” del robo de madera en la llamada Macrozona Sur, “desde que se corta en el bosque de la forestal, hasta que llega a los barcos que van a China”.
Y para cerrar, espetó lo siguiente: “Hay personal de Carabineros involucrado, tanto activo como en retiro, y la gran mayoría de los que están en retiro es personal que estuvo en la Operación Huracán; con empresas forestales fantasmas”.
