Por un contrato social que nos reconozca: Aborto en la Nueva Constitución

Aborto en la nueva constitución

A las compañeras argentinas les tomó años de trabajo y articulación que la demanda por la legalización del aborto fuera convocante y triunfara. Fuerza que inundó a toda Latinoamérica. Tanto, que tras el Mayo Feminista chileno de 2018, la oleada trasandina llegaría junto a las pañoletas verdes que serían parte del despliegue de la 5° Marcha por Aborto libre, legal y seguro en Chile.


Si bien en nuestro país, desde la llegada a la democracia, se han presentado una decena de proyectos de ley que han intentado legalizar el aborto con plazos, ninguno de ellos ha estado ni cerca de ver la la luz. Así fue que nos tomó cerca de 28 años la aprobación de la ley de interrupción del aborto en 3 causales, que es solo un régimen de permisos y no el establecimiento de un “aborto libre” como el que se promueve en el país vecino.


Sin embargo, el proceso constituyente ya en curso abre una oportunidad única tanto para consagrar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres como para sellar de forma armónica el debate constitucional que tendrá lugar en el supuesto que, en el futuro, se apruebe la legalización de un sistema de aborto con plazos en Chile y se discuta en torno a su constitucionalidad.

Esto porque sabemos que la derecha y el ala más conservadora ha descansado siempre en argumentaciones relativas a una interpretación del derecho a la vida como un derecho fundamental absoluto, obviando incluso que en la espuria discusión en torno al texto de la Constitución de 1980 esta tesis no habría sido la mayoritaria. Tanto que el artículo 19 N°1 distingue de forma literal entre las personas, quienes detentan el derecho a la vida, y quienes están por nacer, “nasciturus”. No estar en el mismo estatus jurídico que las personas le quita su carácter absoluto al derecho a la vida.


Ahora bien, más allá del análisis de algunos de estos criterios interpretativos. Lo relevante hoy es que estamos frente a la oportunidad histórica de desarrollar un debate constituyente transparente, abierto y en la que sus integrantes conformaran paritariamente la Convención, pudiendo poner sobre la mesa no solo esta distinción, sino que garantizando de forma expresa los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, lo que permitiría dejar de interpretar de forma arbitraria la supuesta extensión absoluta del derecho a la vida que desconoce la autonomía de las mujeres y su reconocimiento como sujetas de derecho.


Probablemente uno de los triunfos más importantes para el movimiento feminista chileno sea la obtención de la paridad en la Convención Constitucional. Sin embargo, será labor de quienes la integren hacer que esta conquista permita revertir el sistema sexo-género imperante en la máxima norma fundante que, mediante una serie de omisiones, establece un sistema servil tanto al modelo neoliberal como patriarcal. No es casual, entonces, que la sexualidad y capacidad reproductiva de las mujeres sea también un espacio en disputa en el que se juega la igualdad misma de las y los sujetos. Así, una Constitución que se entienda como un verdadero contrato social al que acuden las personas libremente requiere también de la consagración del derecho a decidir de todas.

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