Plebiscito constitucional: la vía al Chile feminista

¿Cuáles son los mayores riesgos del proceso constitucional? De momento, urge salvaguardar el plebiscito de la pandemia y del permanente boicot del gobierno. Para ello, se debe presionar y exigir al gobierno y a las instituciones del Estado garantías básicas para realizar el proceso constituyente y resguardar el bienestar de la población, ambos aspectos ajenos de la voluntad del Ejecutivo.

Con una constitución creada en dictadura, por y para el beneficio de los grupos económicos dominantes, ha sido imposible avanzar hacia un país digno, con justicia social y mayor equidad. El estallido social posicionó nuevamente las razones: un desarrollo económico enemigo de la naturaleza y amigo de los ricos; una concentración del poder exacerbada y nula garantía de derechos sociales básicos a grandes rasgos. El plebiscito constitucional se presenta como una oportunidad histórica para que, por primera vez, construyamos como sociedad las nuevas reglas del juego democrático. ¿De qué manera? Incorporando a las mujeres como sujetas de derecho y declarando un Estado feminista, ambientalista y plurinacional como piso mínimo. Con ello podemos asegurar normativamente los lineamientos de un Nuevo Pacto Social que guíen nuestra vida en sociedad.

¿Por qué aprobar? Al menos dos puntos claves, fuera de las causas principales del proceso: garantizar más derechos y reducir privilegios, desigualdades y abusos. Primero, eliminar el insistente argumento obstaculizador de la inconstitucionalidad que utilizan los sectores conservadores contra los intentos legislativos que intentan promover el bienestar social, como el caso de los siguientes proyectos: aborto legal, seguro y gratuito, la reforma laboral, el retiro del 10% de fondos previsionales, la obligatoriedad a los bancos de responder ante fraudes, la prohibición del lucro en la educación, entre otros. ¿Cómo harán los conservadores y la casta política para bloquear o retrasar los proyectos con una nueva constitución que permita Iniciativas Populares de Ley?

Segundo, el proceso constitucional es una ventana de oportunidad para superar las crisis de representatividad y legitimidad institucional que acarreamos históricamente, ayudando a recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia,  mediante la apertura de reales espacios de participación, el aumento de transparencia y la renovación generacional de representantes políticos. Sin embargo, no debemos perder de vista que una nueva constitución es solo la puerta de entrada hacia un camino más largo y complejo de transformación social y corrección institucional. Algunos, como Patricio Navia, que se adhieren al eslogan “rechazar para reformar” señalan que “el escenario del proceso constituyente será oscuro”, aún cuando la historia ha demostrado que  la verdadera oscuridad a la que hacen referencia dice relación con la antigua forma de gobernar y hacer política, práctica que predominó en Chile hasta octubre del año pasado y que iba en detrimento del bienestar social.

Estamos de acuerdo con que es un trabajo complejo, de largo plazo y que no basta con declarar o dotar al Estado de ciertas características. El proceso constituyente no es el fin, es un medio, que debe ir de la mano de una serie de reformas para que las instituciones rindan ante las nuevas exigencias, son tiempos de cuestionamiento, no de conformismos. La sociedad cambió, se terminó la fiesta y con ello los avances minimalistas “en la medida de lo posible” y la improvisación en el diseño y manejo de políticas públicas.

Por eso, no dudamos en afirmar que los principales desafíos serán institucionales y políticos. En el primer caso, el rol que tendrá la administración pública será fundamental en la materialización del mandato de la nueva carta fundamental. Esto implica cuestionar e innovar en los procesos tradicionales. Por ejemplo, replantearse la excesiva tercerización de recursos humanos, disminuir las brechas laborales entre géneros, profundizar en transparencia y participación ciudadana, mejoramiento de mecanismos de evaluación, fiscalización y sanción, nueva distribución del presupuesto con perspectiva de género.

No menos importante, pero sin profundizar en ello, el poder Ejecutivo, Legislativo, y Judicial podrían verse reformados mediante modificaciones al régimen de gobierno, a la llamada “tercera cámara” (el TC), y por cierto que existe la oportunidad de avanzar hacia la descentralización del Estado, la modificación al código del trabajo, el sistema de pensiones, salud y educación, la distribución del gasto e inversión pública, la reforma a las fuerzas de orden y seguridad pública y a su particular sistema de previsión social.

Por otra parte, el desafío político consistirá en dejar atrás la política noventera de las negociaciones entre la élite política y comenzar a legislar con ética y responsabilidad para con la ciudadanía. Esto para tener la capacidad y efectividad en la resolución y reparación de las múltiples y sistemáticas injusticias y violaciones a los derechos humanos cometidas desde la dictadura y en el estallido social de 2019. Por último, es crucial no perder el foco de la gobernanza como lo plantea Luis Felipe Aguilar, administrador público y académico mexicano “gobierno con sociedad o no será gobierno”.

Ahora bien, ¿cuáles son los mayores riesgos del proceso constitucional? De momento, urge salvaguardar el plebiscito de la pandemia y del permanente boicot del gobierno. Para ello, se debe presionar y exigir al gobierno y a las instituciones del Estado garantías básicas para realizar el proceso constituyente y resguardar el bienestar de la población, ambos aspectos ajenos de la voluntad del Ejecutivo. Ha sido muy contradictorio rehusarse a la cuarentena, implementarla a medias y finalmente decretar la apertura de centros comerciales y otras actividades no esenciales. A menos de 50 días, ha sido nulo el esfuerzo para dar solución a los 16 mil casos activos que no podrán votar, descartando el voto por correo. Si no lo hace el gobierno, lo haremos nosotras, por ello resulta necesaria la presencia de observadores electorales para hacer un seguimiento del proceso con el objeto de resguardar y evidenciar el cumplimiento, o no, de derechos y la seguridad de las y los votantes. Hacemos un llamado a que más organizaciones internacionales se sumen a la iniciativa del Observatorio Electoral del Grupo de Puebla.

La lucha por construir un Chile mejor no puede verse en riesgo por el temor a modificar el status quo ya impugnado por la ciudadanía, de hecho, ese es el desafío. El plebiscito del 25 de octubre próximo es el primer paso para la construcción conjunta de un nuevo Chile, que tiene el potencial de ser un salto cualitativo para la sociedad y por lo mismo, no podemos dudar un segundo en hacernos parte. Votar es una de las acciones, pero también lo es, reflexionar y debatir sobre aquello que queremos quede plasmado en el nuevo texto constitucional.

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