Pescadores artesanales valoran histórico fallo de la Suprema e interpelan a la Contraloría y al Congreso

Roberto Angelini, controlador de Corpesca

La resolución terminó con 25 años de un “privilegio” en favor de la pesca industrial, como lo calificó el máximo tribunal. En ese sentido, alrededor de 40 organizaciones de trabajadores llaman a estar alerta ante acciones de las grandes empresas y de la Subpesca que buscarían revertir la celebrada sentencia.


Como informó el pasado martes La voz de los que sobran, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por el armador pesquero Sergio Guarache Gómez (43) y dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 3075 dictada por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) el 12 de septiembre de 2019, la que autorizaba la pesca industrial en una zona donde se ha establecido de manera permanente una excepción en favor de la pesca artesanal.

Específicamente, se trataba de un beneficio que se mantuvo durante aproximadamente 25 años en favor de dos pesqueras industriales, Corpesca, controlada por el Grupo Angelini, y Camanchaca, ligada a los empresarios Jorge Fernández y Francisco Cifuentes. Hasta antes de esta resolución, ambas podían ingresar a la zona de reserva y extraer sardina española y anchoveta en procesos conocidos como “perforaciones”.

El fallo ha sido ampliamente celebrado por el mundo de la pesca artesanal, desde donde se ha difundido una carta en la que alrededor de 40 organizaciones de trabajadores de ese rubro valoran la resolución, interpelando al mismo tiempo a instituciones como la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados por legitimar por un cuarto de siglo el aludido beneficio.

“Expresamos nuestro profundo reconocimiento a los jueces de la Tercera Sala de la Corte Suprema que (…) dictaron una sentencia histórica”, comienzan señalando los artesanales. Junto con ello, destacan que en el fallo se explicita que “no sólo se está en presencia de una actuación arbitraria, sino además ilegal” y que “la autorización concedida (…) en favor de la pesca industrial (…) ha devenido en los hechos en un auténtico privilegio, no siendo razonable que éste se perpetúe”.

Los pescadores enfatizan que “es destacable que sea la Corte Suprema quien le reproche a SUBPESCA que su actuación por años contradice ‘el anotado principio precautorio en materia ambiental’, ya que la anterior es la institución del Estado de Chile llamada a resguardar este principio en favor del país y su gente”.

En ese sentido, las organizaciones de los artesanales consideran que la sentencia “también es un llamado de atención a la Contraloría General de la República que por 25 años visó como legales estas resoluciones administrativas ilegales de SUBPESCA, dejando en claro que la primera se preocupó de los detalles de formalidad , pero no del fondo de legalidad de las mismas”.

Un cuestionamiento similar al que realizan a la Cámara de Diputados, la que -sostienen los pescadores- “debería obligarse a una lectura detenida de esta sentencia de la Corte Suprema, ya que todo apunta a que ha fallado en su rol fiscalizador”. En esa misma línea, interpelan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara para que no siga “dilatando” la votación del artículo transitorio de la anulación de la Ley 20.657 (Ley Longueira) “por corrupción y que se encuentra pendiente de votación desde hace meses”.

Por último, en la carta de las organizaciones se hace un llamado a la ciudadanía a “estar alerta de que las grandes empresas pesqueras, acompañadas de sindicatos que se escudan bajo el nombre de artesanales, saldrán a buscar la forma de revertir esta sentencia y encontrar la forma para seguir con los privilegios de las 7 familias”. En ese sentido, advierten que “SUBPESCA  ya ha desplegado a sus funcionarios para que citen a reuniones de sindicatos de pescadores para perfilar su propia estrategia”. 

Acá adjuntamos la carta completa enviada por las organizaciones de pescadores artesanales a la Corte Suprema.

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