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Pena de muerte: Cuáles son las tres grandes razones para rechazarla

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En #LaVozDeLosQueSobran conversamos con el abogado penalista, Jaime Winter, sobre la pena de muerte. En entrevista con nuestro matinal, el experto reflexionó sobre el por qué es necesario descartar la herramienta como una forma de evitar delitos graves.


Este martes en nuestro matinal hablamos sobre la pena de muerte y la eterna discusión sobre si es efectiva o no para limitar el crimen. Quien nos acompañó en esta oportunidad fue Jaime Winter, académico en Derecho y abogado penalista.

La discusión ha surgido a nivel público, sobre todo luego de algunos crímenes ocurridos en contra de niños y niñas. Como fue el caso de la desaparición y lamentable muerte de Tomás Bravo en Lebu, episodio en el que destacó la morbosa cobertura de prensa.

En este contexto, Winter cuestionó el “¿por qué nace la necesidad de exigir esto, qué es lo que realmente se está pidiendo? Porque si lo que buscamos es que hayan menos delitos, no funciona”.

Pena de muerte no incide en la cantidad de delitos

Según el abogado, la experiencia internacional demuestra que medidas como la pena de muerte no influyen en que los delitos se cometan menos. “Resulta que, en general, esto de aumentar (o endurecer) las penas no funciona”, aseguró.

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En este sentido, criticó el cómo estas ideas suelen surgir a raíz del llamado “populismo penal” entre las autoridades públicas. Es decir, la extremada búsqueda de resolver la delincuencia a través del sistema de justicia penal. “La última ley que no aumentó penas o creó nuevos delitos fue la reforma procesal penal del año 2000. De ahí en adelante solo hemos insistido en más penas, más delitos y más sanciones”, contó.

Lo anterior, “porque es muy fácil recurrir al derecho penal y es una cuestión de técnica legislativa. Primero, porque no se requiere gasto público para aumentar penas, y segundo, porque es lo más corto y sencillo ir a lo penal”. Sin embargo, “Eso va en contra del verdadero problema”, afirmó. Ya que se busca eso, en vez de trabajar en un proceso que mejore las condiciones de vida de las potenciales víctimas.

“Matar es duro para quien lo hace y para nosotros como sociedad”

Tal como nos contó Jaime Winter, actualmente nuestro país mantiene vigente esta pena en el Código de Justicia Militar. Esto implica que el reglamento de ejecución todavía existe. Allí mismo establece que la herramienta principal es la muerte por fusilamiento. “En el batallón de fusilamiento no todos tienen balas de verdad, uno al menos tiene una bala de salva. ¿Por qué? por la dificultad de matar a alguien”.

“Y efectivamente matar es algo que es muy duro para la persona que lo hace y para nosotros como sociedad. (…) Y el problema de fondo es que (con eso) nos [convertimos] en salvajes y perdemos civilidad. No digo que haya que ser suave con los delincuentes, sino que hablamos de un nivel de barbarie que deberíamos tender a superar”, agregó Winter.

El derecho penal no se creó para prevenir delitos

En el sistema penal existen dos perspectivas de análisis, la mirada preventiva y la retributiva. Esta última, se refiere a la creencia de un “ideal de justicia que no se cumple cuando no hay penas proporcionales al delito cometido”.

Bajo esa mirada, Para Winter “aunque la discusión parta de la idea de prevenir o no delitos, en el fondo de nuestros corazones lo que sentimos es rabia porque la persona que cometió el crimen tiene el derecho a caminar entre nosotros, mientras la víctima no”. “Y es una situación en la que uno tiende a empatizar”.

Sin embargo, en este escenario de discusión sobre cómo es mejor acabar con los delitos, se hace necesario acabar con ciertos mitos. Y es que, según explicó Winter, “el derecho penal no se crea, ni parte, para prevenir delitos”. Esto, ya que en la antigüedad los castigos no tenían ninguna restricción. Esto obligó a las autoridades a delimitar y crear un sistema de castigos. Esa creación de un sistema de reglas provocó que “el derecho penal siempre va a ser insatisfactorio para la víctima”.

Revisa la entrevista completa

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Cámara de Diputados aprueba requerir al TC que declare inconstitucional la licitación del litio realizada por Piñera

La explotación por 29 años de nuevos yacimientos del recurso natural ya fue adjudicada por el Gobierno a dos empresas.

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Por 42 votos a favor, 26 en contra y una abstención, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó requerir al Tribunal Constitucional (TC) que declare la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 23 del Ministerio de Minería que permitió la cuestionada licitación de nuevos yacimientos de litio.

Cabe recordar que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera dispuso de un total de 400 mil toneladas de litio de los salares del norte del país para que sean explotadas por empresas privadas hasta el año 2050, resultando finalmente ganadoras de la convocatoria las compañías BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Leer también: Gobierno se adelantó y adjudicó licitación del litio a dos empresas en medio de controversial debate

La diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, celebró la aprobación del requerimiento que se realizará ante el TC, sosteniendo que “tenemos el deber y obligación de defender el bienestar del país”. “Llevaremos adelante todas las acciones que sean necesarias para evitar que unos pocos sigan vendiendo nuestro futuro”, añadió la parlamentaria.

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“Impedirían a una gran cantidad de jóvenes optar al beneficio”: organizaciones que impulsaron indulto a presos de la revuelta rechazan cambios del Senado

Los familiares de los presos políticos advierten que las indicaciones aprobadas “transforman el proyecto en un instrumento carente de utilidad”.

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Este martes fueron aprobadas en la comisión de Constitución del Senado las indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta presentadas por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind), las que convierten a dicha iniciativa en una amnistía.

Leer también: Comisión del Senado aprobó convertir indulto para presos del estallido en amnistía

Sin embargo, esta modificación no fue bien recibida por los familiares de los presos de la revuelta, siendo rechazada incluso por las organizaciones que impulsaron su tramitación en el Congreso.

Se trata de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, la que junto al Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos difundió este martes una declaración pública en donde advierten que “las indicaciones presentadas en orden a disminuir el catálogo de delitos, dejando fuera aquellos tan importantes como son la Ley de control de armas, homicidio frustrado o Ley de Seguridad Interior del Estado, atentan directamente contra el espíritu del proyecto”.

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En ese sentido, las agrupaciones denuncian que lo anterior “impediría a una gran cantidad de jóvenes optar a este beneficio, considerando que durante este gobierno se aumentaron las penas asociadas a la Ley de control de armas”.

Manifestación de los familiares de los presos en el exterior de la llamada ‘Moneda Chica’ / Agencia Uno

Cabe recordar que -como detallan en el documento- las aludidas indicaciones realizan las siguientes modificaciones a la iniciativa: “i) Cambia su título, de Indulto General a Amnistía; ii) Acota el catálogo de delitos incorporados para la aplicación de la ley; iii) Establece un filtro adicional para acceder a la amnistía, el cual sería no tener antecedentes delictivos por el mismo delito o similar, al momento de los hechos; iv) Se repone el plazo original para el efecto de la amnistía, es decir, desde el 07 de octubre de 2019 al 09 de diciembre de 2020; y v) Si bien mantiene el efecto de extinguir la pena, se hace obligatorio la eliminación de los antecedentes administrativos en los registros del Ministerio Público”.

Las organizaciones continúan señalando en su declaración que “nuestra preocupación central es que persiste la criminalización de la protesta social, lo que se ha traducido en la extensión con fines políticos de la prisión preventiva por más de dos años en algunos casos, negando totalmente la presunción de inocencia”. En esa misma línea, sostienen que “es grave la situación que enfrentan los condenados, considerando reiterados casos en que se ha comprobado montajes, infiltración policiaca y errores graves de procedimiento”. 

Lo sucedido hoy en la comisión del Senado tiene el efecto de transformar el proyecto en un instrumento carente de utilidad, dejando de lado el sentido de justicia y humanidad, considerando el excesivo tiempo transcurrido sin el debido proceso, las inhumanas condiciones carcelarias, así como el contexto de revuelta social en que ocurren estas detenciones arbitrarias”, denuncia finalmente la Asamblea de Familiares de los presos y el Grupo de Iniciativas por su libertad.

Para los jóvenes presos políticos y sus familias esto constituye una nueva vulneración y denegación de sus derechos humanos fundamentales, instalando con urgencia la necesidad de cambios profundos en la institucionalidad de nuestro país”, concluyen las organizaciones.

Puedes leer la declaración completa a continuación.

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EN VIVO | La Voz de los que Sobran – 19 de enero de 2022

Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran.

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Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran.

¡Ya está al aire el matinal favorito de los chilenos! De 10 a 12 del día, Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran. Analizamos esas noticias que mueven la mañana y junto a nuestros entrevistados le damos contexto a lo que pasa en todo Chile.

Conéctate con nosotres y participa con tu comentario en nuestras redes sociales usando #LaVozDeLosQueSobran en el Twitter @delosquesobran y en Instagram @delosquesobrancl.

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