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Opinión

Paula Narváez y la misión de transformar al bacheletismo en algo más que un club de fans

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Al bacheletismo, ese que hasta ahora no es más que un grupo de personas que rinden culto a la expresidenta. Una especie de club de fans que siempre vio en Bachelet una víctima más que un actor político; una buena madre conciliadora y no una mujer con estatura de estadista. Hoy es la oportunidad de sacarle todos los vestigios de secta y transformarlo realmente en un movimiento político que pueda administrar el eterno conflicto entre el mercado y los derechos sociales, de una manera moderna e inteligente.


La noticia del lanzamiento de la candidatura de Paula Narváez resulta interesante para el debate político al interior de todo el espectro progresista. Como es sabido, su figura no tiene la hinchada de estadio de Daniel Jadue, tampoco esa especie de adoración casi divina que algunos profesaron  a Michelle Bachelet, ni mucho menos esa fascinación transitoria que despierta cada cierto tiempo Pamela Jiles y su política de no hacer nada mientras cree estar haciéndolo todo. Pero eso no quita que su alternativa sea interesante para la construcción de algo que prometa más allá de las caras y los discursos altisonantes.

A diferencia de lo que se quiere hacer creer para darle ciertos toques de pureza, Narváez es una política con todo lo que eso conlleva; aunque su rostro no suene tanto como otros, eso no la hace cargar con menos trayectoria ni la hace ser portadora de una ingenuidad “buenista” que algunos parecen buscar en el próximo abanderado del sector. No. Ella ha caminado por los pasillos del poder, estuvo en La Moneda antes de que las cámaras la enfocaran, y sabe perfectamente cuál es el trabajo y cómo debe hacerse. No es pura ni virginal en el ejercicio del servicio público, y eso la convierte en un buen nombre para articular algo que está ahí y necesita ser ensamblado. Trae una frescura experimentada, dejando a los mastodontes de su partido y el PPD como una mala broma de una renovación que no es tal, como esos tíos viejos que quieren hablar el lenguaje de los “lolos” en un asado familiar.

¿A qué me refiero con eso que debe ser ensamblado? Al bacheletismo, ese que hasta ahora no es más que un grupo de personas que rinden culto a la expresidenta. Una especie de club de fans que siempre vio en Bachelet una víctima más que un actor político; una buena madre conciliadora y no una mujer con estatura de estadista. Hoy es la oportunidad de sacarle todos los vestigios de secta y transformarlo realmente en un movimiento político que pueda administrar el eterno conflicto entre el mercado y los derechos sociales, de una manera moderna e inteligente. Algo que, salvo errores de articulación política y definición ideológica-sumado a las presiones de los eternos fácticos de este país y a una Democracia Cristiana comandada por su sector más conservador e integrista-, el gobierno de la Nueva Mayoría intentó hacer de manera relativamente consistente.

¿Cómo se hace eso? Primero, y sobre todo, construyendo un relato que entienda al sujeto político  de los últimos treinta años, visibilizando el revés de los beneficios del mercado hacia el consumidor, que es básicamente la desprotección del ciudadano y sus nulas certezas públicas, caminando hacia una democracia que vea al individuo como un hombre y mujer libre y soberano de su futuro y su pasado. Esto es imposible hacerlo sobre la base de postulados igualitaristas, y menos sobre la idea de la eterna competencia entre quienes conforman una sociedad. Los derechos sociales deben ser los garantes de ese sujeto libre y que pueda consumir de acuerdo a lo que quiera y pueda, sin que esto signifique, como hoy, una necesidad vital para sobrevivir.

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Esto, claro está, tendrá como telón de fondo un proceso constituyente en el que ambos factores, derechos sociales y mercado, sean discutidos y puestos sobre la mesa como lo que deben ser en una sociedad democrática. Cada uno en su lugar, cumpliendo el rol que deben para establecer un sano equilibrio. La misión de Narváez, con acuerdos de por medio, debería ser poder construir el camino de esa nueva conversación sin aires proféticos ni moralistas; sin grandes alardes de ser la dueña de la razón o del bien, sino haciendo política.

Algunos se preguntarán por los acuerdos, ese concepto que ha estado tan vilipendiado por estos días. Bueno, al acordar, este texto no se refiere a esa imposición vestida de consenso en la que nadó por largos años la democracia chilena. No se refiere tampoco a ese aire despolitizado que la Concertación administró bajo la excusa de que, luego de la dictadura, se necesitaba descansar de las ideas y las confrontaciones ideológicas. Así no funcionan las sociedades inteligentes. Acordar realmente consiste en poner en disputa postulados que tengan la misma fuerza y representación política, cuestión que acá no sucedió.

¿Podrá Narváez timonear ese barco? ¿Podrá darle a la centroizquierda, más allá de los sueños vistosos y emocionantes que mucho electorado busca lejos de ella, una relegitimación basada en el realismo que merecen los tiempos que vivimos? ¿Podrá comandar el eje articulador de algo más grande y que tenga cierta permanencia en el tiempo, en días en que nada es permanente?

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1 Comment

1 Comment

  1. Luis vergara

    Febrero 2, 2021 at 6:07 pm

    La candidatura de Narváez refleja en toda su hondura al bacheletismo como expresión del espíritu oligárquico ,de la democracia partidaria abortada, de la representación falseada y en definitiva de un partido socialista corrompido hasta la médula

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Opinión

Irina Karamanos: el cargo de Primera Dama no necesita ser reformulado, debería ser erradicado

La decisión de Irina Karamanos de asumir el rol de Primera Dama es tan contradictorio como criticar a los concursos de belleza por el histórico rol cosificador y machista que han cumplido en la inferiorización dirigida hacia el cuerpo de las mujeres y al mismo tiempo presentarse a concursar a uno de ellos para supuestamente cambiarlo desde dentro. 

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Irina Karamanos es cientista política, líder del Frente Feminista de Convergencia Social, una mujer profesionalmente muy bien preparada, quien es conocida por ser la pareja del Presidente Gabriel Boric. Ella al ser consultada por el cargo de Primera Dama expresó, inicialmente, cierta distancia con este rol, señalando que es una función que debería ser repensada. Hoy su decisión fue la de asumir dicho cargo, pero con el compromiso explícito de transformarlo desde dentro.

Desde un análisis puramente semiótico, sin acudir a los antecedentes históricos patriarcales que la configuran, la institucionalidad de la Primera Dama es una construcción político-cultural con un significado altamente sexista y colonial, conformado por la idea de que existe una mujer poseedora de un nivel de importancia mayor a todas las demás, donde su sobrevaloración es por el solo y único hecho de ser la pareja del Presidente de la República.

A su vez, es una noción profundamente discriminadora de la diversidad sexual, pues se asume implícitamente que el Presidente es un hombre y que por ende su acompañante sexo-afectivo debe ser una mujer heteronormada. En consecuencia se asume a la pareja del Presidente como una “dama”, la cual debe cumplir con los estándares esperados en todos los ámbitos estéticos, económicos, culturales, morales, tal como ha venido siendo durante prácticamente toda la historia de los Presidentes electos (con excepción de la expresidenta Michelle Bachelet, quien designa en este cargo a su hijo Sebastián Dávalos).

Estos estándares esperados para el rol de Primera Dama son los de una mujer heterosexual, blanca, de clase alta, con estudios universitarios, vestida con una estética tradicional, compuesta en la utilización del lenguaje, todo lo que Irina Karamanos en su rol de líder feminista -supongo- no querría interpretar, pero que lo termina por encarnar y peor aún, lo acepta representar. 

La decisión de Irina Karamanos de asumir el rol de Primera Dama es tan contradictorio como criticar a los concursos de belleza por el histórico rol cosificador y machista que han cumplido en la inferiorización dirigida hacia el cuerpo de las mujeres y al mismo tiempo presentarse a concursar a uno de ellos para supuestamente cambiarlo desde dentro. 

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Esta no es una lógica sustentable ni creíble, pues hay instituciones que han sido confeccionadas desde el trato subordinado y el menosprecio hacia las mujeres, como es el caso del rol de la Primera Dama, donde la única mujer que logró efectivas cuotas de poder desde esta posición subalterna fue Lucía Hiriart, esposa del exdictador Pinochet, poder que utilizó para desfalcar al Estado y enriquecerse de manera personal. Por tanto, el rol que asume Irina Karamanos trae consigo este relato histórico que exige no la reformulación de funciones, sino que sencillamente su erradicación desde todas las esferas epistémicas.

Un ejemplo que respalda lo anterior fue cuando el Presidente Gabriel Boric hizo una aclaración al medio de comunicación Mega, quienes refirieron a Irina Karamanos como la “polola del Presidente”. Boric les corrige a través de redes sociales, señalándoles que su pareja tiene nombre y que debemos acostumbrarnos a respetar la agencia que tiene cada mujer por sí misma.

Estuvo muy bien el Presidente en su breve discurso, pues denota una lectura crítica de cómo el lenguaje sexista de los medios de comunicación reproducen el machismo y la misoginia.

Siguiendo la línea de reflexión planteada por Boric ¿cuál es la agencia del rol de la Primera Dama? Es posible reconocer un valor por sí mismo a un cargo que nadie elige y que sólo existe en razón de la relación afectiva con el Presidente? Y si dicho rol fuese transformado para darle mayor peso político, estaríamos frente a una función que adquiere más poder, donde habría una mayor transferencia de recursos por parte del Estado?

Seguramente Irina Karamanos tiene una planificación bien estructurada para esto, sin embargo, mi posición es que el peso histórico, cultural y colonial que posee la condición y el rol de Primera Dama no es transformable, sino que la verdadera subversión consistiría en erradicar este cargo que la inferioriza no sólo a ella, sino que a la mayoría de quienes estamos abogando por deshacer las categorías culturales que nos menosprecian.

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Opinión

Si la Contraloría no reacciona, la corrupción será permanente

Al parecer la Contraloría desconoce el patrón de conducta que tienen ciertos empresarios para burlar la ley y en tal sentido recordamos lo sucedido con un permiso ilegal cursado en Las Condes para que se levantaran 25 edificios en la calle Vital Apoquindo.

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El martes 18/01/22 se realizaron unas jornadas organizadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para analizar “el fortalecimiento de la probidad y prevención del delito”, en las cuales intervinieron los titulares del propio CDE, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Consejo para la Transparencia. El miércoles 19/01/22 se publicó en un medio de circulación nacional lo siguiente: “Un 52% de las municipalidades del país está siendo investigado por diversos delitos de corrupción”, ver link   

En relación a los actos de los órganos municipales, la ley respectiva se encarga de precisar que las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría y que, en cuanto sea un control de legalidad, podrá ejercerlo por medio de dictámenes jurídicos, sobre todas las materias sujetas a su control. En particular, en materia urbanística, se ha establecido que la Contraloría cumple un rol fundamental en la aplicación e interpretación del derecho urbanístico nacional, es decir, la Contraloría garantiza que el desarrollo en las áreas urbanas y rurales sea acorde a la ley. 

La experiencia nos indica que la Contraloría, dentro del ámbito de los permisos municipales de edificación que le son denunciados, tiende a abstenerse de emitir dictámenes represivos cuando han transcurrido más de dos años desde la emisión de los mismos, pues no se pueden invalidar atendiendo a lo prescrito en el artículo 53° de la ley N° 19.880 del Procedimiento Administrativo o bien cuando han transcurrido más de cuatro años, tratándose de la responsabilidad del funcionario municipal que ha otorgado un permiso contrario a derecho.

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Al parecer la Contraloría desconoce el patrón de conducta que tienen ciertos empresarios para burlar la ley y en tal sentido recordamos lo sucedido con un permiso ilegal cursado en Las Condes para que se levantaran 25 edificios en la calle Vital Apoquindo, pues sus dictámenes fueron desobedecidos por esa municipalidad y hasta ahora, parodiando a Pezoa Véliz, nadie dice nada, incluyendo al locuaz y mediático diputado electo Gonzalo de la Carrera y al ex alcalde Joaquín Lavín, quienes conocen muy bien todas las ilegalidades del proyecto. 

Aunque en ciertas ocasiones la Contraloría resuelve que la autoridad municipal inicie sumarios en contra de los funcionarios que cometen “errores”, esos procedimientos sancionatorios son saludos a la bandera pues se traducen en largos procesos que terminan en alguna pequeña multa o mácula en la hoja de vida del funcionario infractor. Esta es la razón, por aplicación natural de la impunidad, de que existan en nuestro país miles de hechos ilegales consumados que han brindado ganancias indebidas e ilícitas a sus astutos titulares. 

Un reciente episodio de brutal desacato a los dictámenes de la Contraloría lo observamos con el permiso ilegal, en el terreno en donde se emplaza el hotel Sheraton, por dos torres habitacionales de 32 pisos c/u cursado por el director de obras municipales de Providencia. La alcaldesa Evelyn Matthei ignoró completamente el contenido de ese dictamen y por ello fue necesario interponer un recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago, por el cual ella fue notificada vía un receptor judicial, el reciente 12 de enero de 2022, ver link

Por otra parte, los dictámenes de la Contraloría si bien son vinculantes, al no ser conocidos por todos los funcionarios y/o por la ciudadanía, se transforman en letra muerta. En la página web de la Contraloría se pueden realizar rápidas búsquedas de dictámenes e invitamos a los interesados a hacerlo para que entre todos aportemos un grano de arena en esta cruzada en favor de la probidad.

El contralor Jorge Bermúdez ha sido contumaz, y por ello lo felicitamos, en criticar en sus apariciones en los medios, con sólidos fundamentos la corrupción existente en nuestro país, pero lo que le ha faltado a él hasta ahora es la entrega a la ciudadanía de señales más claras en orden a ejercer con mayor compromiso sus atribuciones para combatir esa lacra.

Para revertir esta sensación de falta de eficacia de la Contraloría proponemos que, mediante una reingeniería en su interior, adopte decisiones que vayan al fondo de las denuncias que recibe, pues para ello dispone de excelentes abogados y arquitectos, trasladando los casos de presuntos o abiertos delitos de prevaricación al Ministerio Público para que sus fiscales los investiguen, dado que éstos tienen todas las herramientas para ello. Recordemos que la Contraloría, por ser un órgano administrativo, carece de las potentes atribuciones indagatorias que sí tienen los fiscales. 

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En todo caso, tal como me lo indicó un conocido abogado de la plaza, llama la atención que conforme al artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal, los funcionarios de la Contraloría, en sus calidades de funcionarios públicos, están obligados a efectuar la correspondiente denuncia penal si han tomado conocimiento de un hecho que podría ser constitutivo de delito. El ente fiscalizador nunca ha interpuesto denuncia alguna por el delito de prevaricación administrativa por parte de funcionarios de las direcciones de obras municipales.    

Por tal razón, tuvieron que ser seis ciudadanos de a pie, ya que ningún servicio público relacionado con el asunto lo hizo, se vieron compelidos a querellarse en el Ministerio Público en contra de las decenas de guetos verticales ilegales “aprobados” por la administración anterior de la municipalidad de Estación Central, resueltos como tales por la propia Contraloría y la Corte Suprema. Esa situación se replicó en cierto grado en otras comunas y uno de los casos más patéticos es el edificio de 26 pisos en un sector que admite una altura máxima de 12 pisos en la comuna de Independencia. En efecto, en esta situación el director de obras municipales otorgó el 16 de diciembre de 2016 un permiso contrario a derecho, el cual, en la práctica, fue validado por la Contraloría por la prescripción contenida en la ley N° 18.883, que beneficia al funcionario municipal que violó la ley, lo que se refleja en su informe N° E160321/2021 del 29 de noviembre de 2021. 

En resumen, si la Contraloría por sus propias aparentes limitaciones no puede velar por la observancia irrestricta de las leyes, acorde a lo previamente dicho, debería trasladar los casos de evidente corrupción al Ministerio Público, pues esta sede jurisdiccional está capacitada para exigir el cumplimento del marco regulatorio aplicable. Solamente así los inversionistas inmobiliarios sabrán que es riesgoso para ellos mismos intentar sacar ventajas impropias en el mercado y entenderán que la sana competencia, respetando las leyes, es indispensable para que funcione ese sector de la economía.

En sentido contrario, si el ente fiscalizador, del cual este columnista es “cliente frecuente”, mantiene su parsimonia por los motivos que sean, continuarán las prácticas deshonestas por parte de aquellos privados que se sienten intocables en el lucrativo mercado inmobiliario.

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Opinión

Arturo Alessandri. Futuro constitucional y luchas hegemónicas

El nuevo progresismo de Apruebo/Dignidad (2022-2026) es una “fusión” que defiende el vigor mesocrático-institucional y limita los vicios del realismo neoliberal mediante la “morada hegemónica” que debe convivir con la intensidad de las imágenes historiográficas.

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Mi camino en cambio, no es recto, ni curvo, llevo conmigo el infortunio, vamos hacia nunca, hacia ninguna parte. Como un tren sobre el abismo.  Ana Ajmatova                                                                           

Existe un “verbo lumínico” en el texto con que Arturo Alessandri saludaba la nueva época ante la Convención Liberal (1920). El final de su “improvisada” liturgia tiene un broche estruendoso, desbordante en rimas de reconocimiento. Vibrante en pasiones liberales para trascender el invencible “Chile de huachos”. Era la hora de abrir el futuro desde el tiempo Constitucional. Y así, cual mesías de sus aires, el Diputado de Tarapacá comprometía una glosa ante las masas esquilmadas por el hambre y la tuberculosis.

El texto reza así: “Yo quiero antes de terminar haceros una declaración: [yo] no soy una amenaza para nadie. Mi lema es otro: yo quiero ser amenaza para los espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y necesaria: esos son los propagandistas del desconcierto y del trastorno. Yo quiero ser amenaza para los que se alzan contra los principios de justicia y de derecho; quiero ser amenaza para todos aquellos que permanecen ciegos, sordos y mudos ante las evoluciones del momento histórico presente, sin apreciar las exigencias actuales para la grandeza de este país…”.

Tal declamación, librada a la soberanía popular (la canalla dorada), retrata fielmente la confianza en el tiempo histórico-juristocrático. En las exclamaciones de su oratoria, revela las ambiciones de abrazar los recambios generacionales (época) y exaltar un “pipiolaje de reformas” que sepultaría la noche salitrera. Chile también despertó en 1920 ante la bastardía patronal. Y la imagen reformista fue una lectura de plancha para todos los tiempos  modernizantes. De aquí en más nuestra hacienda no aceptará más que experimentos típicos de un “subdesarrollo exitoso”. Desde ahora, el titular será “Desarrollo del subdesarrollo”, según André Gunder-Frank.

Los temibles lastres de la cuestión social “forzaban” un viraje que debía asumir la alborada de modernidad y propiciar la restitución de un orden ético. Todo sucedió tras las luchas populares que denunciaban la obsolescencia moral que acompañó la celebración del centenario. Una lengua de la reforma intentaba profanar los vestigios del París Americano e instaurar el tren del porvenir mediante una nueva legislatura social: la convención de 1925 capturaba los pueblos excedentarios y las demandas de Luis Emilio Recabarren.

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El ensayismo oligárquico pudo conciliar la institución presidencial y la tutela representacional; la política quedaba encerrada en los cerrojos del derecho. Lo anterior derivó en un Estado de compromiso -hacia 1938- que dejó tibiamente atrás las figuras de la “misericordia”, la “caridad” y el sistema de dadivas. Figuras intimas del repertorio parlamentario (1891-1920) y su desidia oligárquica con los rebaños populares.

En aquellos días, aparentemente más nítidos o menos intricados que los nuestros, quedaba de manifiesto la reivindicación de los derechos seculares bajo el “iluminismo dieciochesco”. Tras este ímpetu identificamos la teología republicana que se extiende desde 1938 hasta 1973. Un institucionalismo portaliano dibujó el paisaje hasta septiembre de 1973 y abundó en revueltas caudillistas, perpetrando la conflictividad entre tiempo homogéneo y temporalidad medial en la Convención Constitucional de nuestros días. Todo ello tras el asedio del Leviatán Portaliano cobijado en el actual “catolicismo de izquierdas”.

La “revolución preventiva” (1920) fue la realización de la facticidad portaliana (De Mario Góngora a Hugo Eduardo Herrera). En cambio, la fractura de 1973 aleccionó a las izquierdas sobre desbordes e insurrecciones (tiempos imaginales) que terminan en la resaca de El Leviatán. En suma, el programa consistía en separar Estado de Iglesia, inaugurando un campo de reformas que incluía el reconocimiento de los derechos de la mujer, el incremento de las remuneraciones, la construcción de habitaciones obreras, la ley de instrucción primaria obligatoria, el impuesto a la renta, el Código del Trabajo, la fundación del Banco Central [que aún nos asedia] y que inclusive nos permiten sugerir una “moderada similitud” con la actual coyuntura social. Bajo el clivaje orientalista, civilización y barbarie, el programa de reformas compromete un momento de inflexión que inaugura el proyecto civilizatorio y “formaliza” el ingreso al pequeño siglo XX.

Cien años más tarde, tras el actual ciclo de demandas populares y contratos modernizantes (demandas de género, plurinacionales, de convivencia, ecológicas, identitarias, estudiantiles, cibercultura, etc.) nos hace presumir que la política del siglo XXI experimenta otro fulgor de derechos -cuarta generación-. Ello ha estimulado una intensa liturgia en torno a ritos generacionales e izquierdas meméticas -plasmados en una nueva Constitución. Un proyecto tibiamente regulacionista que pretende destrabar la furia consumista mediante el favoritismo fiscal, pero siempre en favor de una “subsidiariedad ampliada” que entremezcla ordoliberalismo y socialdemocracia.

Telón de fondo del nuevo pacto juristocrático. Cual sea el caso, la teología liberal encuentra su fuente de inspiración en el reconocimiento de los nuevos territorios ciudadanos y populares. Es importante rescatar que este desafío supone ritos paritarios y los textos pastorales que nos impone el mainstream católico-reformista cuando la democracia es limitada al formato liberal. Entonces, el desafío consiste en superar la vigencia de progresismos conservadores -adversarios de la democracia- que restringen las energías vitales del “pueblo ausente” al futuro del mito institucionalista (1925).

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El imaginario anti/oligárquico que se inicia en 1920 invoca una separación radical entre Estado e Iglesia y empieza a remover el armatoste jurídico que perpetuaba los “estrechos moldes” denunciados en el primer Gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925). Tal “promesa democrática”, tan propia de los tribunos laicos, aquella oratoria cargada de baños de masa, establece el trazado que la sociedad chilena asume posteriormente, al precio de disentir en los énfasis ideológicos y culturales. Qué duda cabe, los lastres de la cuestión social pavimentaron el camino a un álbum de reformas que también ilumina nuestro presente político si concebimos la actual coyuntura como una extensión de derechos y gravámenes institucionalistas.

No se trata de murmurar una secuencia arbitraria entre dos imágenes de mundo, inconmensurables en cuanto a representación, o bien, negar el ritmo frenético del presente movilizado que debe convivir con el aceleracionismo de la temporalidad técnica. En este sentido el nuevo progresismo de Apruebo/Dignidad (2022-2026) es una “fusión” que defiende el vigor mesocrático-institucional y limita los vicios del realismo neoliberal mediante la “morada hegemónica” que debe convivir con la intensidad de las imágenes historiográficas.

Con todo, la espectralidad Alessandista es una sombra que nos recuerda que todo orden-futuro se debe a la normalización política. Entonces lo que está en juego es que el presente-futuro solo es posible cuando el mundo destinal se proyecta mediante las leyes oligárquicas. La sombra fantasmal de la reforma de 1920 permanecerá imaginariamente activa como desborde y limite que censura las pretensiones nómades (revueltas en el lenguaje de Karmy-Bolton) por un dominio consolidado de representación política e institucional.

Con todo, en los últimos días Maquiavelo irrumpe mediáticamente como el primer post-marxista de las nuevas formas enunciativas-expresivas. Todo en medio de una performatividad que, al parecer, no podrá superar el golpismo republicano, ni menos la insustancialidad ontológica del presentismo neoliberal. Si bien la destrucción de La Moneda, a manos de la Dictadura, fue el último ritual de la vieja república, nos interesa subrayar un “parecido de familia” centrado en un conjunto de demandas insatisfechas, que nos obliga a interpretar el cambio histórico-generacional, en vías de des/pinochetización, la inclusión de nuevos territorios ciudadanos y el estupor ante la fisonomía de la reforma.

He aquí una tenue analogía entre el liberalismo clásico (1920) y el Chile de la post-revuelta en cuanto a la promesa del tiempo constitucional. El futuro trazado por la nueva Constitución (deseado y conflictivo), no solo debe considerarse a salvo de los tumultos desencadenados por los meses de la revuelta octubrista (2019), sino fundamentalmente por el martillo de la herencia feudal (La Hacienda) y sus compromisos con el mundo ensayístico-experimental de Diego Portales. Una identificación que hoy se viste ordo-liberalismo y no termina de llegar.

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Por de pronto podemos citar un nombre que junta las intersecciones entre tiempo moderno y temporalidad tecnológica: Martín Rivas.

Calle Trizano.

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