Parir en la cárcel

En la actualidad, Chile tiene una población carcelaria de unas 42.000 personas (Gendarmería de Chile, 2019), de las cuales cerca de un 8% son mujeres, cada año este número crece ya sea por la calidad de condenadas como aquellas que cumplen una cautelar, en especial debido al impacto de la Ley 20.000 (define los delitos y las penas vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes).

La mayoría de las mujeres en recintos penitenciarios cumple condena por robo, hurto o microtráfico de drogas, y no existen políticas públicas relevantes que reconozcan las diferencias de los procesos de reinserción de ellas respecto al modelo basado en la población masculina.

El énfasis puesto por Fundación San Carlos de Maipo y la Fundación Levántate Mujer respecto de los programas de reinserción femenino, pese a los aprendizajes, este no ha sido incorporado con decisión en las distintas instancias gubernamentales. Por otra parte el encarcelamiento femenino crece sin aportar una visión con perspectiva de género, ni posibilidades efectivas de inserción social. Más aún subsisten complejas realidades como la existencia de facto del encarcelamiento de hijos menores de dos años a los que se les permite estar con sus madres encarceladas dentro de una unidad apartada de la demás población penal, llamadas “unidades materno-infantiles”, o los “Cuna” como se les llama en la jerga penitenciaria.

En nuestro país son cerca de 250 mujeres con hijos dentro de las 30 unidades salas-cuna con estándares distantes de las recomendaciones internacionales y pese a todos los informes que hablan de los efectos adversos de la prisión en el desarrollo de niños y niñas, ya sea en ellos directamente o a través del encarcelamiento de su padre o madre. Con todo, el ejercicio de la maternidad al interior de recintos penitenciarios es una situación compleja que deriva sin duda en afectar el desarrollo positivo del niño/a o de su madre.

A nivel Internacional en legislaciones como la Italiana o Argentina, se contempla la suspensión de condena privativa de libertad a mujeres que estén embarazadas o que sean madres de hijos pequeños, más aún en los casos en que la mujer está sólo en calidad de Imputada. De allí que es muy grave situaciones como las vividas hace algunos años por Lorenza Cayuhan, quien el 2016 se vio obligada a dar a luz engrillada a su hija Sayen, lo que motivó el Proyecto del mismo nombre presentado por los senadores Jaime Quintana y Alejandro Navarro que completa tres años en primer trámite constitucional, siendo su objetivo principal evitar que niños nazcan y crezcan en las cárceles, haciendo improcedente la prisión preventiva y suspendiendo la condena privativa de libertad hasta el cumplimiento de la edad mínima de tres años del niño o la niña.

Luego del episodio de Lorenza se asumieron compromisos para rectificar en la acción de custodia frente a situaciones similares, sin embargo, el pasado 6 de noviembre, un nuevo caso de violencia institucional quedó registrado, esta vez en San Miguel afectando a Lisbeth, ciudadana dominicana con embarazo de término, que entró en trabajo de parto luego de su audiencia de deportación. En un primer momento sólo fue auxiliada por sus compañeras de celda. Es un caso que por su registro se hace evidente, pero no cabe duda que hay otros que han pasado en el más absoluto anonimato.

Hoy más que nunca y frente a los incumplimientos en un trato digno y oportuno a mujeres embarazadas en recintos penitenciarios, es necesario avanzar en la tramitación urgente de la “Ley Sayen”, procurando erradicar definitivamente la violencia obstétrica en las cárceles y garantizando un desarrollo sano para los primeros años de vida de sus hijos.

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