¿Para qué queremos un Estado más descentralizado en Chile?

¿Pero, qué modelo es el más apropiado para este Chile? Antes de proponer un nuevo diseño institucional es necesario hacerse la pregunta ¿para que queremos una forma distinta de descentralización o distribución del poder político? Dicho de otra manera ¿qué problemas queremos resolver a escala territorial que nos hace pensar en cambiar el actual modelo centralista?


Sí, es una alternativa, y en mi concepto la más viable para nuestro país. La discusión sobre la forma de distribuir el poder político territorial en la nueva constitución ha comenzado, con ello se retomará con fuerza el debate sobre si el Estado unitario es la mejor forma de empoderar territorios, resolver sus problemáticas y fortalecer la democracia. Al respecto es necesario resaltar a lo menos dos consensos que representan la línea base sobre la cual comenzar a proponer un nuevo diseño institucional subnacional.

El primer consenso es que el actual modelo de Estado unitario centralizado se ha agotado, es insuficiente y limita en extremo la formulación de políticas públicas con pertinencia territorial. No hace a las comunas y regiones protagonistas del desarrollo y promueve en extremo la concentración del poder en legisladores en desmedro de gobernadores y alcaldes. Para coronar esta extrema concentración del poder, la reforma al centralismo del año 2017 y 2018, dejó en la región a un representante del gobierno central con poder de agenda y coordinación de servicios públicos. El segundo consenso es que ningún convencional defiende este actual modelo centralista, eso es una gran noticia.

¿Pero, qué modelo es el más apropiado para este Chile? Antes de proponer un nuevo diseño institucional es necesario hacerse la pregunta ¿para que queremos una forma distinta de descentralización o distribución del poder político? Dicho de otra manera ¿qué problemas queremos resolver a escala territorial que nos hace pensar en cambiar el actual modelo centralista?

A lo menos existen cuatro problemas que es necesario resolver con una nueva forma de distribuir el poder político, fiscal y administrativo en el territorio.

El primero y más grave son las desigualdades territoriales. En Chile la pobreza se acreciente si te toca vivir en regiones o comunas apartadas, con pocos servicios. La noción de “hacer patria” como sinónimo de sacrificio en regiones, limitación de bienes y servicios, en pleno siglo XXI no tiene sentido alguno. El mercado ya no llegó a Neltume, Pichiquema, Liquiñe, Crucero, para ofrecer servicios como Salud, Educación, Conectividad. ¿Quién debe resolver esos problemas?, El Estado a escala regional y comunal, pero no uno sin recursos y atribuciones como hoy, sino uno con capacidad de gasto y recaudación fiscal a lo menos el doble de lo que es hoy. Una condición mínima para esto es que la conducción política de comunas y regiones es del gobernador regional y no del delegado presidencial sin matices.

Un segundo problema es la falta de reconocimiento de autonomía de nuestras entidades territoriales en la actual constitución. Hoy las regiones y comunas no son autónomas, lo son los gobiernos regionales y municipios, es decir, las instituciones subnacionales, pero no los territorios. Tampoco existe la capacidad de vincular reconocimiento de autonomías territoriales con nuestros pueblos originarios y su capacidad de autogobierno o integrarse si así lo deciden a los gobiernos subnacionales en ciertas entidades territoriales.  Una condición mínima para que el reconocimiento de autonomía de las entidades territoriales tenga sentido, es que se aseguren impuestos primigenios por actividades económicas intensivas, para formular políticas públicas y asegurar un mínimo de pertinencia territorial.

Un tercer problema es la falta de democratización de los territorios y la ausencia de contrapesos sociales y políticos. Hoy, si en tu región te tocó parlamentarios que tienen vocación por apoderarse de la designación de servicios públicos en regiones, la posibilidad de contrapeso político y social es casi nula. Se necesitan mecanismos de participación ciudadana que puedan ser activados por la ciudadanía tanto como los que puede activar el gobernante. Esta capacidad de contrapesos se requiere para incidir en políticas públicas, pero también para controlar a los gobernantes. En definitiva, se requiere garantizar el derecho político a la participación ciudadana.

Finalmente, el cuarto problema es la carencia de recurso humano altamente calificado para formular políticas públicas a escala territorial. Para asegurar pertinencia territorial de las políticas públicas, además de contar con un piso considerable de financiamiento fiscal, se requiere personal altamente calificado. El propósito es transformar a la planificación territorial en el instrumento rector del desarrollo, y con ello orientar la inversión sectorial que se hace en regiones y comunas.   

Estos propósitos se deben enfrentar en la discusión constitucional, deben ser el centro de la discusión.

Para ello, algunos regionalistas como Diego Benavente, Osvaldo Henríquez, Luis Hernández, entre otros, hemos preparado un decálogo para avanzar hacia un Estado regional para Chile que se haga cargo de estas problemáticas. Proponemos un conjunto de ideas de las cuales se pueden desprender normas constitucionales que garanticen superar el centralismo político y tener un Estado regional y comunal. Plantea con fuerza el reconocimiento de autonomía a nuestras entidades territoriales (regiones y comunas), el aumento de la recaudación y gasto fiscal para formular políticas públicas que se hagan cargo de las desigualdades territoriales, el reconocimiento político y autonómico de nuestros pueblos originarios en el marco de estas entidades territoriales, y el fortalecimiento de la democracia y participación ciudadana a escala regional y comunal.

El debate está iniciando, es hora de encontrarnos en los territorios para imaginar el nuevo Chile.

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