Pandemia, salud mental y condiciones de trabajo: Chile necesita empleos de calidad

La evidencia disponible indica que gran parte de los trabajos en Chile son precarios -con mayor énfasis en grupos de alta vulnerabilidad laboral como lo son las mujeres, los/as jóvenes y migrantes- siendo un tanto audaz plantear que por sí sólo el trabajo esté actuando como factor protector de la salud mental, ya que tal como lo ha sostenido la OIT, tener un empleo no garantiza buenas condiciones laborales, y por tanto, una buena relación Salud-Trabajo.


Hace unas semanas, el Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la UC, en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), presentó el estudio “Termómetro de la Salud Mental en Chile ACHS-UC”, dentro del cual sus presentadores destacaron una conclusión principal: el trabajo está actuando como factor protector frente a los problemas de salud mental. Esta afirmación está fundamentada en que el 31,2% de las personas que tienen empleo presentan problemas de salud mental, en contraste, el porcentaje de prevalencia de problemas de salud mental en personas desempleadas es de 44,5% y de 38,9% entre las personas inactivas, es decir, la prevalencia de problemas de salud mental es más baja en aquellas personas poseen un empleo. Sin embargo, esta lectura puede resultar falaz si se mira de manera aislada, escondiendo una realidad diametralmente distinta respecto a la calidad del trabajo, las condiciones en las cuales se desarrolla y su impacto en la salud mental de los y las trabajadores/as.

De acuerdo a la literatura, se pueden establecer al menos tres relaciones entre salud y trabajo. En primer lugar, el trabajo efectivamente es fuente de salud, ya que es un medio de acceso a una serie de elementos que permiten mejorar la calidad de vida y el bienestar (por ejemplo: salario, contacto social, actividad física, etc.). Así, dada esta relación, es evidente que es mucho mejor tener trabajo a no tenerlo; sin embargo, debemos ser cuidadosos al hacer dicha afirmación, ya que ello no pude justificar la baja calidad de los trabajos en pos del trabajo mismo.

Por otro lado, una segunda relación da cuenta de que el trabajo también puede producir daño a la salud, tanto en el sentido de causar enfermedades como en el de afectar el bienestar del trabajador; así, existen factores materiales de riesgo y factores sociales de riesgo, como también factores de riesgo dependientes de la organización del trabajo y de las relaciones laborales; y en tercer lugar, el trabajo puede agravar problemas de salud ya existentes, debido a las características del trabajo, como por ejemplo, jornada laboral extensa, exposición a ruidos fuertes, exceso de frío o calor, etc. Sin dudas, lo anterior es más que conocido por los expertos en la materia, y para los que no lo son, es casi de perogrullo, pero bien vale recordarlo para efectos de lo que se planteará a continuación.

Retomando la idea inicial, el riesgo de asumir la conclusión planteada por el estudio ACHS-UC, sin una profundización en el análisis, recae en que tras la lectura del rol protector del trabajo pueden esconderse situaciones de precariedad laboral relacionadas a factores de riesgo -tanto materiales como psicosociales-  que tienen una implicancia directa en la salud mental del trabajador/a. Apresurar dicha conclusión, sin considerar otras variables, y más aún, las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo, puede llevar al equívoco de soslayar los grandes problemas y precariedades a las que día a día están expuestos los/as trabajadores/as en sus puestos de trabajo, problemas que se han profundizado en el actual contexto.

Sin ir más lejos, el “Estudio de trabajadoras y trabajadores ante crisis sanitaria COVID-19” realizado por la ANEIICH y la AFIICH, muestra que 9 de cada 10 trabajadores/as públicos están en riesgo de desarrollar algún tipo de problema de salud mental producto de la exposición a riesgos de origen psicosocial; por otra parte, tanto los dos estudios realizados por la CONFEDEPRUS, como un estudio realizado por la SOCHIMI, dan cuenta de una prevalencia considerable de burnout en trabajadores/as de la Salud, síndrome que se relaciona directamente a la exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Por otro lado, si se considera que la informalidad laboral es de alrededor de un 22,3% (según datos del INE para el trimestre móvil mayo-julio de 2020), y es ahí donde se concentran las tasas más altas de trabajos de baja calidad, la situación es aún más preocupante.

Por tanto, el plantear que el trabajo actualmente se está constituyendo como un factor protector frente a los problemas de salud mental, debe ir de la mano con la consideración de las condiciones en las cuales el trabajo se desarrolla; de lo contrario, bajo el argumento de proteger a los/as trabajadores/as, se podrían estar invisibilizando situaciones de precariedad laboral, sobre todo considerando que la evidencia disponible indica que gran parte de los trabajos en Chile son precarios -con mayor énfasis en grupos de alta vulnerabilidad laboral como lo son las mujeres, los/as jóvenes y migrantes- siendo un tanto audaz plantear que por sí sólo el trabajo esté actuando como factor protector de la salud mental, ya que tal como lo ha sostenido la OIT, tener un empleo no garantiza buenas condiciones laborales, y por tanto, una buena relación Salud-Trabajo.

Por tanto, adoptar medidas en pro de evitar que los factores psicosociales presentes en el trabajo deriven en factores de riesgo psicosocial, promoviendo un trabajo saludable que proteja la integridad de los/as trabajadores/as; mayor fiscalización de los factores de riesgos psicosociales del trabajo, con el objetivo de resguardar esta dimensión de la calidad de los empleos; ampliar el reconocimiento como enfermedad laboral de patologías de salud mental de origen psicosocial, tales como el Síndrome de Burnout, por parte de las mutualidades y el ISL; esfuerzo real por  parte del empresariado y el Gobierno para reajustar el salario mínimo, teniendo como horizonte el Ingreso Familiar de Emergencia, en el entendido de que el salario es un componente fundamental del Trabajo Decente; retomar el diálogo social -prácticamente  abandonado por la administración del Presidente Piñera- entre las organizaciones de trabajadores/as, empleadores/as y el Gobierno, para abordar de manera tripartita la Seguridad y Salud en el Trabajo; y ratificar por parte del Estado de Chile el Convenio 190 de la OIT respecto a violencia, acoso y riesgos psicosociales asociados en el trabajo, son desafíos urgentes.

En definitiva, la actual crisis sanitaria y económica no puede significar una perpetuación de la precarización del empleo, bajo la premisa de que el trabajo -cualquiera que sea la calidad de este- constituye un factor de protección de la salud mental de los/as trabajadores/as; estos ya han pagado con creces los altos costos de la crisis como para que, además, hipotequen su salud mental en pos de la mantención o acceso al empleo. En el marco de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (7 de octubre de cada año), es necesario este recordatorio.

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