Organizaciones sociales repudian actuar de un funcionario de la Municipalidad de Cabo de Hornos por robar 20 canastas familiares de ayuda social

Organizaciones sociales, vecinas y vecinos miembros de la comunidad local de Puerto Williams en la isla Navarino, autoridades de la Comuna de Cabo de Hornos; a través de la siguiente declaración queremos REPUDIAR los lamentables sucesos acontecidos en nuestra localidad, en la cual un funcionario de la Municipalidad de Cabo de Hornos ha sido imputado por el robo de más de veinte cajas con canastas familiares de ayuda social destinadas a proteger a nuestra comunidad en la terrible situación de pandemia por la que atravesamos. Como parte de esta comunidad, no logramos entender que alguien pueda concebir la posibilidad de apropiarse de los pocos recursos con los que se cuenta para enfrentar una terrible crisis social, en donde miles de chilenos están pasando hambre y en que nosotros como isleños debemos cuidarnos y apoyarnos entre todos. Es un hecho aborrecible y esperamos que la justicia esté a la altura para esclarecer la situación y condene a los culpables de esta cadena de delitos.


Pero ¿cómo un funcionario de planta de la Municipalidad, con un buen sueldo, es capaz de concebir un crimen tan bajo, en una situación tan crítica que afecta a su propia comunidad a la cual debe servir? De acuerdo a nuestra realidad local que como vecinos logramos ver y vivenciar, la única respuesta posible es que el municipio es en estos momentos, y desde hace varios periodos atrás, una institución completamente corrompida, en donde se han normalizado prácticas éticamente reprobables y en muchos casos totalmente ilegales. Al respecto podemos mencionar lo siguiente:El funcionario imputado, Alejandro Barra S., es una persona de la total confianza del alcalde Patricio Fernández, un “brazo derecho”, vital en sus campañas electorales, lo cual le consta a toda la comunidad de Puerto Williams y lo que se tradujo en que el señor Fernández, a través de un oscuro concurso público, lo ascendiera a la categoría de funcionario de planta, como administrativo grado 16 del Departamento de Desarrollo Comunitario. Por supuesto, todo esto con un gran sueldo (más dudosas horas extra) que no se condice con su experiencia y habilidades laborales anteriores (Contratación del 15/11/2017).

En rigor, el imputado conforma parte de lo que podríamos llamar el circulo de confianza, el núcleo duro del alcalde Fernández, lo que proviene desde la anterior administración -Tapia/Fernández- del municipio. Este grupo de funcionarios, casi todos de planta, alternan los cargos para manejar el municipio con total desparpajo, sin eficiencia, alejados de las más mínimas normas de probidad y cultivando el nepotismo. A modo de ejemplo, la pareja del alcalde, Mirna Álvarez es hoy la encargada de OMIL (Oficina Municipal de Intermediación laboral), es presidenta del Servicio de Bienestar de la institución, pero ante todo es la secretaria/asistente personal de Pamela Tapia, Jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario (DDC) y tras haber desempeñado la misma función para Tapia como alcaldesa del periodo anterior. Tapia, es hoy Jefa del DDC y del imputado, siendo antes quien ascendió a Patricio Fernández a Administrador Municipal (y subrogante de la alcaldesa). A su vez, Tapia es pareja de otro funcionario ascendido a Jefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad, señor Enrique Camblor. Además, hay una serie de familiares de la señora Tapia contratados en el municipio y liceo municipal. Es decir que ambas parejas, con sus vínculos, copan y controlan todo el quehacer de la Municipalidad. Asimismo, otros funcionarios y funcionarias se integran a este círculo, como el encargado de la Unidad de Control del municipio el señor Patricio Oyarzo, ex gobernador de la Provincia Antártica, quien gestionó desde allí la candidatura de Fernández, antes de ser despedido del cargo por la protesta ciudadana, en particular de la Comunidad Yagán, directamente afectada por la pobre gestión de Oyarzo. Tras quedar cesante fue luego contratado como funcionario de planta del municipio por el señor Fernández, en un irregular concurso “público” impugnado por la Comunidad Yagán, vecinos y algunos concejales de la comuna (su mujer también obtuvo un trabajo). Todas estas personas reciben enormes sueldos, en particular debido a la pobre gestión que desempeñan, ya que muchos no reúnen siquiera las competencias mínimas pertinentes para el desempeño de sus cargos. Todo esto, lamentablemente quizás puede llegar a ser “normal” en otros municipios del país, sin embargo en este pueblo insular de 2000 habitantes es una ofensa y abuso descarado para la población, que afecta directamente la integridad y sana convivencia de la Comunidad.

Buena parte de estas personas privilegiadas al interior de la municipalidad, reciben además todos los meses algo así como un sobre sueldo, por la ejecución de horas extras que ellos mismos se programan y autorizan. Son sueldos millonarios que se incrementan aún más con este descarado mecanismo, que ha sido ratificado como una irregularidad por la Contraloria. Lo que es peor, durante los pasados meses de marzo y abril, en plena pandemia, con ajustes fiscales y teletrabajo en curso, muchas de éstas personas siguieron recibiendo ganancias por este concepto.

  1. El funcionario imputado, Alejandro Barra S., es una persona de la total confianza del alcalde Patricio Fernández, un “brazo derecho”, vital en sus campañas electorales, lo cual le consta a toda la comunidad de Puerto Williams y lo que se tradujo en que el señor Fernández, a través de un oscuro concurso público, lo ascendiera a la categoría de funcionario de planta, como administrativo grado 16 del Departamento de Desarrollo Comunitario. Por supuesto, todo esto con un gran sueldo (más dudosas horas extra) que no se condice con su experiencia y habilidades laborales anteriores (Contratación del 15/11/2017).
  2. En rigor, el imputado conforma parte de lo que podríamos llamar el circulo de confianza, el núcleo duro del alcalde Fernández, lo que proviene desde la anterior administración -Tapia/Fernández- del municipio. Este grupo de funcionarios, casi todos de planta, alternan los cargos para manejar el municipio con total desparpajo, sin eficiencia, alejados de las más mínimas normas de probidad y cultivando el nepotismo. A modo de ejemplo, la pareja del alcalde, Mirna Álvarez es hoy la encargada de OMIL (Oficina Municipal de Intermediación laboral), es presidenta del Servicio de Bienestar de la institución, pero ante todo es la secretaria/asistente personal de Pamela Tapia, Jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario (DDC) y tras haber desempeñado la misma función para Tapia como alcaldesa del periodo anterior. Tapia, es hoy Jefa del DDC y del imputado, siendo antes quien ascendió a Patricio Fernández a Administrador Municipal (y subrogante de la alcaldesa). A su vez, Tapia es pareja de otro funcionario ascendido a Jefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad, señor Enrique Camblor. Además, hay una serie de familiares de la señora Tapia contratados en el municipio y liceo municipal. Es decir que ambas parejas, con sus vínculos, copan y controlan todo el quehacer de la Municipalidad. Asimismo, otros funcionarios y funcionarias se integran a este círculo, como el encargado de la Unidad de Control del municipio el señor Patricio Oyarzo, ex gobernador de la Provincia Antártica, quien gestionó desde allí la candidatura de Fernández, antes de ser despedido del cargo por la protesta ciudadana, en particular de la Comunidad Yagán, directamente afectada por la pobre gestión de Oyarzo. Tras quedar cesante fue luego contratado como funcionario de planta del municipio por el señor Fernández, en un irregular concurso “público” impugnado por la Comunidad Yagán, vecinos y algunos concejales de la comuna (su mujer también obtuvo un trabajo). Todas estas personas reciben enormes sueldos, en particular debido a la pobre gestión que desempeñan, ya que muchos no reúnen siquiera las competencias mínimas pertinentes para el desempeño de sus cargos. Todo esto, lamentablemente quizás puede llegar a ser “normal” en otros municipios del país, sin embargo en este pueblo insular de 2000 habitantes es una ofensa y abuso descarado para la población, que afecta directamente la integridad y sana convivencia de la Comunidad.
  3. Buena parte de estas personas privilegiadas al interior de la municipalidad, reciben además todos los meses algo así como un sobre sueldo, por la ejecución de horas extras que ellos mismos se programan y autorizan. Son sueldos millonarios que se incrementan aún más con este descarado mecanismo, que ha sido ratificado como una irregularidad por la Contraloria. Lo que es peor, durante los pasados meses de marzo y abril, en plena pandemia, con ajustes fiscales y teletrabajo en curso, muchas de éstas personas siguieron recibiendo ganancias por este concepto.
  4. Cualquier funcionario que no se someta al alcalde y a su grupo amenazando la mediocridad imperante, rápidamente es acosado, sus labores boicoteadas y se le obstruye la realización de un trabajo ajustado a las normas. Esta forma de operar que como comunidad hemos observado durante años, finalmente ha podido ser esclarecida y acreditada de manera legal. A fines del pasado año 2019, la Directora de Obras Municipales, con tan solo un año en el cargo, ante las dificultades experimentadas por mantener su gestión apegada a las normativas vigentes, decidió demandar a la municipalidad, representada por su alcalde Patricio Fernández, por los cargos de acoso laboral y violación de derechos fundamentales. El resultado final de dicha demanda todavía está por resolverse pues la municipalidad apeló ante la Corte Suprema de Santiago, pese a que el juicio en Puerto Williams resultó acusar a la municipalidad, representada por el alcalde, de todos los cargos levantados, destapando el nepotismo, los abusos y las irregularidades que esta declaración señala (asimismo la sentencia fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas). Con esto, el señor Fernández se convertiría en el primer condenado por un juicio en el nuevo Juzgado de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Cabo de Hornos.Asimismo, el pasado año 2016 la Municipalidad fue obligada por la justicia a pagar una indemnización de $84.173.250 pesos al ex encargado del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), por despido injustificado. Dicho Encargado no se sometió a los procedimientos irregulares de las autoridades del municipio e hizo visible el mal manejo de los dineros de Educación. Tras ser despedido recurrió a la justicia. Lamentablemente, la enorme indemnización emana de las arcas de la municipalidad y no del alcalde que incurrió en la falta.

Durante años hemos sido testigos de estos oscuros procedimientos que poco a poco van cayendo por su propio peso. Por eso estamos seguros que la responsabilidad por el robo de las cajas no recae únicamente en el funcionario, sino que hay una serie de otras responsabilidades e irregularidades que atañen al municipio como institución íntegramente, ya sea por negligencia, omisión, xenofobia, complicidad o abandono de deberes. Si se producen estos problemas en estado de emergencia y una terrible crisis social, en donde la solidaridad comunal debe primar ante todo, no queremos imaginarnos que cosas pueden ocurrir en tiempos de normalidad.

Por todo lo anterior, es que EXIGIMOS a las autoridades del Gobierno que se modifique el mecanismo para la distribución de la ayuda social (“las cajas”) durante la pandemia en nuestra comuna, evitando la intervención de la Municipalidad de Cabo de Hornos. Si ello persiste, como vecinos incluso nos exponemos sin saberlo, a recibir insumos irregularmente.

Esperamos que el Concejo Municipal y las autoridades locales y regionales se sumen a nuestro alegato, buscando sanciones ejemplares. Nos preocupa que los recursos perdidos y la gestión errática de este municipio durante largos años, han traído grandes problemas al desarrollo local, generando un retraso en este ámbito, con el consiguiente malestar ciudadano, mala calidad de vida y nula capacidad de resolver los más mínimos problemas. Sólo buscamos transparencia, un adecuado uso de los recursos para un desarrollo integral de nuestra comunidad local y un trato digno, que respete nuestros derechos fundamentales.

  • COMUNIDAD INDÍGENA YAGHAN DE BAHÍA MEJILLONES COMITÉ CULTURAL DE PUERTO WILLIAMS
  • CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL BEAGLE CÁMARA DE TURISMO CABO DE HORNOS
  • ANGELA BARRÍA BARRIENTOS, CONCEJAL COMUNA DE CABO DE HORNOS
  • CAROLINA GUENEL GONZALEZ, CONCEJAL COMUNA DE CABO DE HORNOS
  • FRANCIS DELGADO IBACETA, CONCEJAL COMUNA DE CABO DE HORNOS
  • DANIEL BALDEVENTO CONTRERAS, CONCEJAL COMUNA CABO DE HORNOS
  • RODOLFO MONCADA SALAZAR, CONSEJERO REGIONAL COMUNA DE CABO DE HORNOS
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