Organizaciones de Pueblos Originarios exigen al Estado “política especial para enfrentar pandemia de covid-19” y ofrecen 12 medidas concretas

Organizaciones de Pueblos Originarios exigen al Estado “política especial para enfrentar pandemia de covid-19” y ofrecen 12 medidas concretas

Las organizaciones enviaron una carta acusando estar “invisibilizados por el Estado, el que lugar de protegernos, nos amenaza con acciones y omisiones inexcusables que nos pueden conducir a la extinción”.

La Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad (ASODEPLU), junto a organizaciones indígenas de Arica a Punta Arenas, enviaron una carta abierta al Presidente de la República, a la Presidencia del Senado y Cámara de Diputados, al Contralor General, al Fiscal Nacional, al Presidente de la Corte Suprema y a diversos ministerios, demandando la aplicación de una “política especial indígena para enfrentar el COVID-19”

Para los dirigentes indígenas, el Estado “ni siquiera tiene estadísticas desagregadas de cuantos indígenas están contagiados o no. Tampoco existen protocolos de salud que se ajusten a la realidad cultural de los pueblos. Nos tratan como a cualquier chileno, cuando los tratados internacionales y la misma legislación nacional imponen un trato especial, dada la vulnerabilidad y pobreza que nos aqueja luego del robo de nuestras tierras y aguas”.

Señalan que “en las residencias sanitarias se han reportado abuelitos que no saben hablar español, y nadie habla idiomas originarios en los equipos de salud, no hay pertinencia”.

Asimismo, acusan que “las grandes empresas extractivas no han paralizado sus actividades, provocando contagios masivos (como la minería en Calama y Tarapacá, hidroeléctricas y forestal en territorio mapuche, y la salmonicultura en Puerto Natales, entre otras actividades y territorios), pese a que no son actividades esenciales. Y cuando las comunidades cierran los territorios para protegerse, se les reprime hasta con militares, en favor de tales empresas”

Afirman que “la presentación de proyectos para evaluación ambiental ha aumentado entre marzo y mayo de 2020, al doble, comparado con el mismo periodo el año pasado, y los recursos invertidos en ello han aumentado un 500%, lo que nos obliga a la defensa de nuestros territorios y nos distrae de los esfuerzos por sobrevivir a la pandemia. Incluso se ha ofrecido hacer las consultas ambientales vía web, ignorando la brecha digital, lejanía y factores culturales. Se ha presionado VÍA TELEFÓNICA a las comunidades para aprobar cambios reglamentarios y legales (Alto Bio Bio y Magallanes), todo en tiempos de pandemia, y contra las recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos”.

Agregan que “Tampoco existe política económica alguna para compensar el deterioro económico sufrido por lo indígenas producto de esta pandemia en zonas rurales. Los indígenas no tienen acceso a las entidades financieras del Estado. Se habla de salvar sólo a grandes empresas y pymes, pero no a la economía local y tradicional indígena sea rural o urbana. Los planes de salvataje o de desarrollo deben ser consultados y contar con los recursos económicos necesarios. No se consideran las particularidades de las zonas extremas o fronterizas”.

Critican finalmente quela militarización de los territorios ha sido aprovechada para desalojos ilegales y represión de las comunidades (territorio mapuche), así como el desabastecimiento de productos básicos mediante cierre de frontera (Colchane)” y que “las medidas de prevención han servido para desincentivar las actividades tradicionales de los pueblos originarios, como la caza, la pesca, el pastoreo de animales, la agricultura y la venta de productos tradicionales (territorio Kawesqar y Alto Bio Bio, entre otros)”.

PROPUESTAS

Dentro de la POLÍTICA ESPECIAL PARA PUEBLOS ORIGINARIOS FRENTE AL COVID, los indígenas proponen 12 medidas:

  1. Crear, con el consenso y participación de las autoridades ancestrales indígenas de los territorios, Protocolos especiales de atención en salud para indígenas en el contexto de la pandemia por el COVID-19, que contemple la medicina indígena, los conocimientos indígenas, y la acción y colaboración de autoridades indígenas en las medidas de prevención y combate de la pandemia.
  2. Modificar el protocolo de funerales y manejo de cadáveres, para compatibilizarlo y proteger el derecho al buen morir de los pueblos originarios, de acuerdo a las tradiciones y costumbres indígenas, incluyendo las ceremonias fúnebres.
  3. Dotar de médicos suficientes e infraestructura a territorios lejanos. En el futuro, entregar la administración en salud, con financiamiento estatal, a las autoridades tradicionales de los territorios indígenas, tal como lo dispone el Convenio 169 de la OIT (artículo 25).
  4. Visibilizar estadísticamente los contagios de pueblos originarios, desagregando datos por pueblo, territorio, fallecidos, urbano, rural, etc.
  5. Respetar las medidas de confinamiento, aislamiento y cierre de pueblos o territorios para detener los contagios.
  6. Avalar y apoyar, incluso logísticamente, los acuerdos entre autoridades tradicionales, comunidades, o entre la población indígena rural y urbana, respecto de distribución de alimentos e insumos, derecho a acceder a los territorios, riego y cuidado de animales y cultivos, etc.
  7. Crear, con la colaboración de las autoridades territoriales indígenas, residencias sanitarias pertinentes para pueblos originarios, y una política de acompañamiento y asistencia de indígenas de su territorio y pueblo originario para las personas de la tercera edad.
  8. Paralizar las consultas indígenas ambientales, de reglamentos y proyectos de ley durante la pandemia, menos intentar hacerlas por internet o por teléfono, lo que es abiertamente ilegal.
  9. Desmilitarizar los territorios indígenas, para que la lucha contra la pandemia no signifique reprimir sin justificación a los pueblos originarios.
  10. Evitar que las medidas contra la pandemia signifiquen colapso, desincentivo u obstáculo a las actividades tradicionales de los pueblos originarios, como caza, pesca, acuicultura, ganadería, etc., potenciando la soberanía alimentaria local.
  11. Implementar medidas económicas especiales para financiar los planes de desarrollo indígena de cada territorio, para el salvataje de las economías locales, rurales o urbanas. Deben privilegiarse las actividades tradicionales indígenas, en diálogo con las autoridades ancestrales y organizaciones propias. Las entregas de ayuda urgente en alimentación e insumos deben coordinarse con las autoridades tradicionales, o en subsidio las organizaciones ahí donde estén constituidas.
  12. Acceder a los petitorios de los presos políticos mapuche, y atender los derechos de la población penal indígena en general, que sufren los riesgos de la pandemia en condiciones de especial vulnerabilidad.

Los firmantes señalan que “para diseñar y aplicar estas medidas, pedimos que se establezca un diálogo con los representantes indígenas que determinen los territorios y cada organización, con el gobierno nacional, para analizar, transparentar y tomar las medidas necesarias para enfrentar el CODIV 19 en comunidades rurales y urbanas de los pueblos indígenas”.

A iniciativa de la Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad, y luego de recabar información territorio a territorio, han suscrito esta carta 16 personas en nombre de organizaciones de Arica hasta Punta Arenas, entre las que se encuentran Verónica Henríquez Antimanqui, mapuche, Presidenta Asociación Futa Trawun, Paillaco; Haydee Águila, kawésqar, Presidenta Comunidad Indígena At Ap, Punta Arenas; Esteban Araya Toroco, likan Antai, Presidente Asociación Indígena de Regantes y Agricultores Lay Lay, Calama; Ariel León Bacián, aymara – quechua, Iquique, Región Metropolitana; Denis Quichel Antillanca, mapuche, Presidenta Asociación Newentwaiñ, Concepción; Ercilia Araya Altamirano, colla. Presidenta Comunidad Indígena Colla de Pai Ote, Copiapó; Nancy Piñones Ormazábal, Presidenta Comunidad aymara Elba Sanjinés Huara, Región Metropolitana; María Navarro, miembro de la Comunidad Kawesqar Seno Obstrucción, Puerto Natales; Yaneth Challapa, aymara, habitante de la comuna de Colchane, Cariquima; Carmen Paine, werken de la Asociación indígena de Butalelbun, Alto Bio Bio; Wilfredo Bacián, Presidente de la Comunidad quechua de Quipisca, Tarapacá; Ruth Godoy, Presidenta de la Comunidad Quechua de Macaya, Tarapacá; Rosa Ovando, miembro de la Comunidad kawesqar Canoeros Australes. Región de Magallanes; Richard Fernadez Chavez, Coordinadora Aymara de defensa de los recursos Naturales, Arica Parinacota; Leticia Caro Kogler, Presidenta de la Comunidad Kawesqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Punta Arenas; y Haylen Chang Cutipa, miembro del pueblo de Belén, quechua, Arica Parinacota.

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