Organizaciones de DDHH piden intervención de la CIDH ante allanamientos en Iquique y Alto Hospicio

Las agrupaciones de defensa de presos de la revuelta solicitan específicamente que la entidad internacional requiera al Estado chileno toda la información sobre los “desproporcionales allanamientos, incautaciones y detenciones” ocurridas contra 17 dirigentes sociales el pasado 18 de marzo.


Las organizaciones sociales Grupo Iniciativas por la Libertad de las Presas y Presos Políticos de la Revuelta; Agrupación de Familiares de presos políticos Santiago 1; Agrupación de Familiares de presos políticos La Granja; y Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre enviaron una carta a un grupo de parlamentarios de oposición, y por su intermedio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que este organismo intervenga ante los recientes allanamientos realizados en las ciudades de Iquique y Alto Hospicio (Región de Tarapacá), así como frente a la criminalización de la protesta social y de agrupaciones vinculadas a ollas comunes.

En la misiva dirigida al Comisionado y Relator para Chile de la CIDH, Joel Hernández, entre otras autoridades de dicha organización, las agrupaciones de Derechos Humanos solicitan específicamente “remitir una carta de información al Estado chileno, en virtud del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 18 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de que se requiera al Estado y sus diversas autoridades involucradas, toda la información pertinente sobre los desproporcionales allanamientos, incautaciones y detenciones que fueron realizadas durante la jornada del jueves 18 de marzo en la comuna de Iquique y Alto Hospicio en la zona norte de Chile, contra 17 personas dirigentes sociales, personas defensoras de derechos humanos y participantes de ollas comunes”.

A mayor abundamiento, se pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requerir al Estado “antecedentes respecto de las autorizaciones judiciales, órdenes escritas emanadas de las autoridades que autorizan y ordenan estos allanamientos y aquellos que permiten presumir la comisión de los delitos imputados, además de solicitar que se informe el estado de salud y constatación de lesiones de las personas detenidas”. En ese sentido, las organizaciones advierten que “se ha logrado observar en los últimos días que existe de parte de la institución de Carabineros y Policía de Investigaciones un uso excesivo de la fuerza y faltas a los protocolos establecidos para las detenciones”.

Junto con ello, las agrupaciones firmantes manifiestan su preocupación porque cinco de las detenciones que se realizaron fueron contra adolescentes menores de edad, así como también frente a la afectación que significa para la ciudadanía el hecho de que hayan sido reprimidas ollas comunes. “Son relevantes mecanismos de organización social, cruciales para que muchas familias puedan acceder a alimentos, y que en el contexto de la pandemia han sido de especial ayuda para enfrentar la desigualdad del acceso a la alimentación en Chile”, explican.

Supuestas evidencias presentada por Carabineros tras los allanamientos

Los firmantes enfatizan en que estos y otros allanamientos se han llevado a cabo “con transgresión directa a los derechos humanos, tanto de las personas privadas de libertad como de sus familiares, ingresando a las viviendas con un uso excesivo de la fuerza y en muchos casos arrojando gases lacrimógenos al interior encontrándose presentes adultos mayores y niños, niñas y adolescentes”.

Por otra parte, en el documento se destaca que la gran mayoría de las personas detenidas son ex presos y presas políticas de la revuelta social, “cuyas causas habían terminado en muchos casos por falta de prueba o absueltos por medio de los juicios quedando en libertad de forma inmediata”. Al respecto, detallan que 10 de los aprehendidos fueron dejados en libertad sin medidas cautelares, a seis se les había impuesto medidas cautelares no restrictivas de libertad y uno de ellos quedó en prisión preventiva a la espera de que se analice la apelación de la medida, al igual que en el caso de otras tres personas cuya privación de libertad fue apelada por el Ministerio Público.

“La pesadilla de la prisión política para muchas familias del norte había terminado, pero hoy nuevamente vemos con total preocupación cómo son perseguidos por el Estado de Chile, dejando graves dudas sobre las verdaderas imputaciones de estos delitos”, enfatizan.

Por último, las organizaciones firmantes manifiestan su preocupación por lo que consideran una “falta de respeto al principio de inocencia por parte del Ministro del Interior”, esto debido a que desde esa cartera se expresó que “valoramos el trabajo de la Fiscalía y las áreas especializadas de Carabineros en la detención de estas 17 personas, que según la investigación, participaron de atentados graves contra la policía y la propiedad pública y privada en la ciudad de Iquique”.

Total
118
Shares
Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Related Posts
¡Apoya al periodismo independiente! Sé parte de la comunidad de La voz de los que sobran.
Únete aquí

¡Apoya al periodismo independiente!

Súmate, sé parte de la comunidad de La voz de los que sobran. Así podremos seguir con los reportajes, crónicas y programas, que buscan mostrar la otra cara de la realidad, esa que no encontrarás en los medio de comunicación hegemónicos.