“Franchi querida, hoy te lloramos, no te olvidaremos jamás, lucharemos por llegar a la verdad, seguiremos y reafirmamos con mayor razón nuestra lucha, por llevar la comunicación a los territorios, por mostrar la verdad de las calles, esa verdad que tanto han querido tapar”.
Todo el mundo conoce las imágenes de la muerte de Leonardo Henrichsen, el periodista argentino que grabó de frente a su asesino, un militar que lo fusiló mientras hacía su trabajo cubriendo el intento del golpe contra Salvador Allende el 29 de junio de 1973, conocido como “El Tanquetazo”. Estas imágenes recorrieron el globo, sin embargo, solo 32 años después y gracias al periodista Ernesto Carmona, conocimos el nombre de uno de sus asesinos: Héctor Hernán Bustamante Gómez, un cabo del Ejército de Chile que vivió impune en la comuna de Conchalí y murió por una neumonía basal izquierda el año 2007, resguardado en el Hospital Militar.
Nadie muere por error con un tiro en la cabeza durante una protesta, menos cuando eres prensa y llevas un casco y un chaleco que te identifica. Así mataron a Francisca Sandoval durante la conmemoración del primero de mayo en Santiago de Chile, cuando hacía su trabajo como reportera de la Señal 3 de La Victoria en donde colaboraba activamente desde el año 2012. En forma similar, ayer en Cisjordania, un francotirador israelí le disparó en la cabeza a Shireen Abu Akleh, cuando hacía su trabajo como periodista de Al Jazeera.
¿La mató un policía de civil a Francisca?, ¿un civil blindado por policías? A lo largo del Día del Trabajador conocimos imágenes de civiles armados hablando con carabineros, disparando de forma totalmente injustificada, a plena luz y con porte ilegal de armas en el barrio Meiggs. Un sector bastante cercano a la casa del actual Presidente de la República. Luego, vimos en una entrevista de TV a uno de estos sujetos, incumpliendo totalmente el arresto domiciliario decretado como medida cautelar. ¿Quién garantiza en la actualidad el respeto de la vida de las personas que ejercen en Chile un periodismo contrahegemónico?, ¿cómo leemos lo que está sucediendo?, ¿como el inicio del paramilitarismo en Santiago?, ¿como el intento por desestabilizar a un gobierno de izquierda, el primero en reconocerse feminista?, ¿como el repudio de los comerciantes a las protestas y el crecimiento del lumpenproletariado?, ¿como otra estrategia del Rechazo?
La paz social no se logra limitando las acciones de un gobierno a incrementar la presencia de las fuerzas de orden y seguridad pública “a secas”; la historia nos dice que esto nunca ha sido una solución, mucho menos con instituciones tan desprestigiadas como Carabineros de Chile. Este país necesita justicia, reparación y derechos sociales. El Presidente de la República tiene la facultad para llamar a retiro al General Director de Carabineros: esto sería la demostración de cierta voluntad política que los pueblos hoy necesitan ver en el actual gobierno.
Un gobierno que no tendría lugar sin el apoyo popular, sin la grieta que abrió la revuelta de octubre, debería confiar más en los sectores populares. El miedo a las derechas y a los imperios macroeconómicos no puede vaciar de discurso a una administración democrática que se quiere transformadora. Esa sería su peor muerte. Ampliar la democracia significa abrir espacios de participación, incentivar la crítica, cuidar al pueblo y dejarse cuidar por este.
La única manera de superar a las policías corruptas es reestructurándolas y formándolas paulatinamente, fortaleciendo los vínculos sociales y la participación, incrementando derechos y dando más valor a la vida de las personas que representan las grandes mayorías. Lo mismo para enfrentar al narco y a otras expresiones del crimen organizado. En democracia no esperaremos 32 años para saber quién asesinó a Francisca Sandoval y quién dio la orden de este disparo en su cabeza. Al paramilitarismo y a la violencia policial hay que frenarlas con urgencia y para esto el Gobierno debe tener más presencia que las fuerzas de seguridad del Estado.
La libertad de expresión se protege defendiendo el pluralismo informativo, inyectando recursos a los medios de comunicación independientes, protegiendo a los medios extranjeros, limitando la concentración de la propiedad sobre los medios de comunicación y, por supuesto, exigiendo justicia.
