El verdadero desafío radica en concebir una forma de reorientar los terrenos hacia una utilización que permita la apropiación de los mismos por las comunidades que los habitan, con planes de apoyo permanentes implementados por el gobierno local (en base a su institucionalidad actual) que les permitan avanzar en usos sustentables y en beneficio de los mismos vecinos y vecinas.
Uno de los temas más complejos que deberá ser abordado en el marco de la Nueva Constitución es la propiedad. En Chile y en gran parte del mundo, la regla general ha sido privilegiar sistemas legales estructurados sobre una idea de propiedad privada e individual. Sin ir más lejos, nuestra constitución actual reconoce esta misma regla, la que -por cierto- tiene una consagración mucho más profunda y sistemática en nuestro Código Civil.
Sin embargo, las necesidades de nuestro pueblo y las experiencias acumuladas a lo largo de Chile y América Latina en torno a otras formas de apropiación y tenencia, entregan directrices interesantes de analizar si lo que queremos es avanzar hacia la conquista de este derecho para las mayorías. He ahí una de las disputas políticas más relevantes que tendremos que enfrentar en lo que viene.
En esta línea, el arquitecto Iván Poduje se ha pronunciado en una entrevista sobre la necesidad de implementar un “Plan Eriazo Cero”. Y lo ha hecho a propósito de la discusión sobre cómo hacer más seguras nuestras ciudades, afirmando que el abandono de innumerables sitios propicia focos de delincuencia que no son deseables. En torno a este mismo plan, propone avanzar en la implementación de equipamiento comunitario para darle un uso en beneficio de los territorios donde se encuentran dichas propiedades abandonadas.
Pero la primera pregunta que debe ser respondida es por qué existen sitios abandonados en nuestras ciudades, si enfrentamos la peor crisis habitacional desde 1990, con una explosión de campamentos a lo largo de todo Chile, con una política habitacional caracterizada por la incapacidad del Estado de adquirir suelo apto y bien localizado para la construcción de viviendas, y con una oferta inmobiliaria fuera del alcance de quienes necesitan un techo donde vivir.
La respuesta, sobre la cual no se pronuncia el entrevistado, dice relación con una necesaria definición sustantiva de la propiedad como antesala de su propia consagración: tener para qué. A partir de esa claridad, la propiedad podrá admitir diversas formas (colectiva/individual; absoluta/fiduciaria; etc.) las cuales permitirán consagrar este derecho en relación a su mejor uso. Y es este mejor uso el que debe ser garantizado por el Estado.
Así las cosas, de lo que se trata no es de construir canchas y camarines, ni de reemplazar el cemento por pasto sintético. El verdadero desafío radica en concebir una forma de reorientar los terrenos hacia una utilización que permita la apropiación de los mismos por las comunidades que los habitan, con planes de apoyo permanentes implementados por el gobierno local (en base a su institucionalidad actual) que les permitan avanzar en usos sustentables y en beneficio de los mismos vecinos y vecinas.
De esta manera es posible avanzar en formas de propiedad colectiva que propicien nuevas maneras de organización local, conscientes, responsables y autónomas en la administración de los terrenos, la generación de recursos propios y el necesario cuidado de los sitios que ello implica.
Para poder cumplir con este propósito, el Estado deberá cumplir un rol activo en la redestinación de los terrenos abandonados, ya sea mediante mecanismos expropiatorios u otras formas que confiscación que permitan darles uso de forma inmediata en un plazo determinado.
En el intertanto, el Estado podrá continuar ejecutando obras de equipamiento comunitario (deportivo, cultural o recreacional) en el marco de los terrenos que detenta (tanto en el Ministerio de Bienes Nacionales como en el de vivienda).
