Es preocupante que a poco más de 100 días de un nuevo 18 de octubre, aún no contemos con una normativa producto de una deliberación pública, que integre las recomendaciones de organismos internacionales y de la sociedad civil. Estamos todavía a tiempo de generar un amplio y enriquecedor diálogo prelegislativo al respecto y así dotarnos de una ley en la materia que considere diversas perspectivas y sobre todo la posición de la sociedad civil.
Nos encontramos tal vez en la encrucijada más desafiante que nuestra especie haya enfrentado jamás a raíz del Covid-19, la cual seguirá generando cambios civilizatorios profundos y radicales, y aunque nos hace revisar los pilares de nuestra convivencia en todos los ámbitos, como la proxemia, la movilidad y las ciudades que habitamos, no debemos olvidar nunca los consensos que nos hemos dado.
En un país cruzado por múltiples desigualdades y diferencias estructurales, los consensos son acuerdos sociales y políticos amplios que permiten sostener y fortalecer la debilitada cohesión social con la que contamos. Uno de ellos es el consenso de que el monopolio legítimo del uso de la fuerza le corresponde al Estado, y es justamente su carácter de legítimo el que está en entredicho desde el 18 de octubre pasado por el actuar en general de las fuerzas de orden y seguridad, y en particular de Carabineros de Chile.
La necesidad de una reforma a Carabineros se venía develando lentamente y sumaba cada vez más adhesión social y política tras cada escándalo y caso de corrupción al interior de sus filas. En una seguidilla que empezó en los primeros meses del 2017, con el caso del mega-fraude al interior de Carabineros, al que siguieron con ritualista periodicidad los casos: Huracán (enero 2018), Catrillanca (noviembre 2018) y, por último, lo que sentenció el consenso sobre la crisis de control y tuición civil de esta institución policial, la respuesta desproporcionada hacia menores de edad que evadían el pago del metro en Santiago y que desencadenó lo que hoy llamamos Estallido Social.
No obstante, por mucha justificada desconfianza que haya levantado Carabineros con su particular actuar, no debemos permitir que esto escale hasta hacer tambalear el consenso de que es necesario contar con un cuerpo encargado de protegernos y garantizar la seguridad pública, el cual debe contar con legitimidad y reglas necesarias para una adecuada garantía, fomento, defensa y respeto a los derechos humanos en su ejercer de la fuerza. Salvaguardando así el principio civilizatorio por sobre cualquier institución o persona particular.
Aunque aún persisten disensos entre los ámbitos y profundidad de la reforma de Carabineros, así como los actores políticos y sociales que deben ser convocados para su ejecución y conducción, lo que ha levantado sospechas y contenido su avance, no debemos hipnotizarnos con la espectacularidad de la triple crisis en la que está Carabineros (control, desempeño y legitimidad). Ello porque existe una carencia develada en materia de seguridad pública de condición superior y que trasciende a las anteriormente nombradas. Es la falta de una normativa con rango de ley que regule, permita y sancione el uso de la fuerza en Chile.
En efecto, las actuales normativas vigentes al respecto son de un estadio legal inferior, como son: el decreto N° 1364 del 2018 del Ministerio del Interior que establece disposiciones generales relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público; el decreto N° 8 del 2020 del Ministerio de Defensa Nacional que incorpora las nueve Reglas del Uso de la Fuerza que rigen a las FF.AA. en Estados de Excepción; y la circular N° 1.832 y la Orden General N° 2635, ambas de 2019, que constituyen el protocolo de actuación que Carabineros se ha dado a sí mismo.
Es preocupante que a poco más de 100 días de un nuevo 18 de octubre, aún no contemos con una normativa producto de una deliberación pública, que integre las recomendaciones de organismos internacionales y de la sociedad civil. Estamos todavía a tiempo de generar un amplio y enriquecedor diálogo prelegislativo al respecto y así dotarnos de una ley en la materia que considere diversas perspectivas y sobre todo la posición de la sociedad civil. El único actor que puede entregar su experiencia como receptor del servicio de orden y seguridad pública de un descontrolado sistema de protección civil. Y aunque el escenario actual esté sembrado de incertidumbres, me aventuro a decir con honesto convencimiento que si llegamos al primer aniversario del 18 de octubre sin una deliberada ley, construida en razón de estándares internacionales y con los insustituibles aportes de la observancia y la sociedad civil en su conjunto, será una decisión de la cual nos arrepentiremos.
Excelente columna, es necesario una discusión y reflexión respecto a la reforma de carabineros que este revestida de legitimidad.
Felicitaciones