Estos aprendices del Ku Klux Klan no son meros extremistas de una derecha emergente, no son manifestantes de ocasión: son la clase heredera de los colonos y chilenos medios que sostienen las campañas y electorado de los parlamentarios que más rechazan los avances en derechos humanos.
Hace dos meses nuestro país se sumaba a las manifestaciones ante la muerte de George Floyd, cuando un agente policial de Minneapolis se arrodilló sobre su cuello durante un arresto por —presuntamente— haber entregado un billete falsificado de $20 dólares en una tienda. Ocho minutos y 46 segundos que terminaron con un homicidio, pese a que la víctima se quejaba de la asfixia. La solidaridad internacional hizo suya la consigna en contra del racismo en tolerado por el gobierno de corte nacional populista de Donald Trump. Movimiento, cuyo lobby llevó a que el mismo Consejo de DD.HH. de la ONU emitiera en junio una declaración condenando las prácticas racistas y violentas de las fuerzas policiales contra afrodescendientes y su extensión hacia la justicia penal.
Tiempo después, iniciando agosto, nuestro país tendría una explosión de violencia racista en la Araucanía. Acciones concertadas de persecución, autotutela y pretensiones ‘patrióticas –solapadamente filofascistas— se convocaron por las redes de Internet. APRA (Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía) habría sido la principal incitadora y organizadora. Los municipios de la zona se encontraban tomados por comuneros mapuche en apoyo a la huelga de hambre del machi Celestino Córdova y otros presos políticos. Así, mientras Carabineros desalojaban los recintos, una turba de civiles se agruparon en torno a las alcaldías, quemando las dependencias y los vehículos que estaban alrededor, además de agredir a quienes estaban dentro de las tomas. Por supuesto, nada fue espontáneo. Tampoco la omisión del control policial.
En las imágenes de los hechos difundidas por la prensa se observa a los agresores gritando“el que no salta es mapuche”, entre otras expresiones violentas y racistas. Sin embargo, los rasgos de quienes atacaron a los “indígenas” distaban bastante del prototipo asociado naturalmente al colono germánico-europeo; y, por otra parte, la piel y ojos —por oscuros que fuesen— no se asemejaban en nada a lo que pueda exhibir alguien de origen árabe, (inmigrantes posteriores a la Pacificación) que también están en la zona y cuyos intereses de ‘seguridad’ podrían ser coincidentes.
Manifestaciones en tiempo de pandemia —con toque de queda, propio de un estado de excepción constitucional—, que pueden servir de incentivo a quienes siguen diversas teorías conspirativas sobre el nuevo orden mundial y el uso que se ha dado al Covid-19 o al interés geopolítico que genera el sur de nuestro país, tanto para extranjeros como para empresas forestales nacionales.
Lo alarmante es ver que Carabineros haya permitido el ataque a los comuneros, actuando de cómplices ante un hecho racista y el gobierno no haya condenado los hechos, ni el Ministerio Público haya reaccionado calificando la gravedad de la operación. Por el bien de nuestra (ya mala) imagen a nivel internacional en materia de DD.HH., tras la masiva mutilación de ojos, es urgente que una investigación detallada de los hechos. Unas tazas con unos trapos que supuestamente serían ‘bombas molotov’, más consignas en mapudungun con faltas de ortografía, no parecen convencer a la opinión pública. El país tiene una importante deuda con los pueblos originarios en materia de justicia, recuperación de terrenos y exige ser abordada a la brevedad. La nación mapuche, en especial, es la más vulnerada.
Desde el ataque racial —y a la vez clasista— han pasado casi dos semanas, y la precaria respuesta de la oposición institucionalizada en los partidos políticos evidencia que no hemos superado nuestro pasado colonial: todo lo que dice relación con los pueblos originarios es visto de modo paternalista y reactivo. No está de más recordar que en la Colonia los esclavos indígenas estaban en el estamento inferior de la escala social, por debajo de los esclavos afrodescendientes, dado el elevado costo de estos últimos. Asimismo, estos aprendices del Ku Klux Klan no son meros extremistas de una derecha emergente, no son manifestantes de ocasión: son la clase heredera de los colonos y chilenos medios que sostienen las campañas y electorado de los parlamentarios que más rechazan los avances en derechos humanos.
¿Chile es una sociedad racista?
Sí, y no tiene intención de cambiar, puesto que aún no hay un discurso político uniforme que responda a ello. Este supremacismo no ha sido debidamente advertido por los liderazgos jóvenes de los sectores que critican al gobierno. Y, si a eso sumamos la aporofobia colectiva obtendremos como resultado un odio a todo lo que represente el mundo de los derechos de los pueblos originarios conquistados en los últimos 30 años. Esa parte de Chile que firma los ataques en redes de internet, en la prensa de los monopolios y en el Wallmapu se siente rubio (como lo expresa un recordado blog) y no es una caricatura de banalidad. El poder es blanco, ligado al catolicismo pese al descrédito de la iglesia, masculino y rico. Una sociedad mayoritariamente mestiza lo tiene claro y es por ello que —al ser complejo acceder al poder— se utilizará cualquier medio para acercarse a él. Si se nació moreno se recurrirá a un excelente estado físico y un perfecto vestuario, además el mercado ofrece tinturas y depilación de la frente. Aunque, desde el punto de vista legal, está la opción de cambiar el apellido, como lo hizo el ex diputado de la UDI Darío Payacán, que cambió su apellido mapuche por Darío Paya.
Cierto, cada quién verá si se siente cercano a una de nuestras etnias. Toda persona tiene el derecho de identificarse con Europa o con cualquier pueblo originario, las libertades de conciencia y de expresión alcanzan también para la pureza racial o étnica. Incluso, aunque sus rasgos acusen una clara influencia genética local, como ocurre con la vocera de los agricultores de Malleco y miembro de la ya referida (APRA): Gloria Naveillán. Fue ella quien realizó el llamando a atacar a las tomas de municipalidades hechas por comuneros mapuche, «con palos o lo que necesiten para defenderse». Y su riguroso rubio ceniza, junto a su cercanía con la derecha de Kast y los fácticos del gobierno, sirven para inclinar su imagen a algo más relacionado con el Viejo Continente.
La postal de octubre: una semilla anti racista
Durante el estallido social, vimos a muchos jóvenes que tenían una cabellera bastante más rubia —que el color miel que correspondería a un descendiente de hispanos— gritando consignas indígenas. Moda o convicción, lo relevante es la masa crítica que solidariza con las reivindicaciones del Wallmapu y va más allá de la raza. En efecto, quien tenga ascendencia mapuche no tiene la obligación de usar vestimenta tradicional ni rescatar su cultura ancestral, menos reivindicar la propiedad de los terrenos que alguna vez habitaron sus antepasados. La diputada Aracely Leuquén es un ejemplo de ello. Lo que no puede hacer, sin asumir su responsabilidad de derechos humanos, es vulnerar a sus pares, negar la legitimidad de esas prerrogativas y contribuir a la violencia.
Hoy el conflicto se ha agudizado con la huelga de hambre del machi Celestino Córdova, una protesta atacada constantemente por la derecha reaccionaria. El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes es el principal instrumento vulnerado y denegado por la Justicia y el gobierno. Convenio ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008 que establece la obligación de los Estados a que, al imponer sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de pueblos indígenas, se consideren sus características económicas, sociales y culturales, así como preferir sanciones distintas a encarcelamiento.
Como Chile se ha abierto al mundo, el acto de violencia racial ocurrido el sur trascendió fronteras. Diferentes medios de comunicación a nivel global le han dado cobertura y Amnistía hizo un llamado a “que el gobierno condene la violencia con connotación racista y los discursos de odio, dejando claro que no es aceptable bajo ninguna circunstancia”. Además, pidió al Ejecutivo que “se asegure la igualdad ante la ley, así como una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos”.
¿Cómo se verá en los foros globales nuestra versión local del Ku Klux Klan?, ¿Cómo explicamos que nuestros “morenanazistas”, o “choconazistas” carecen de sentido común y de visión? Ninguno tuvo autocrítica, o alguien que le dijera que se mirara al espejo ante de discriminar. Claramente, nuestros exponentes obviaron que la estética era importante en la Alemania de Hitler; y, por lo visto, ante la crisis que se vive se da por hecho que ninguno se dio el tiempo de ver si había una tintura en oferta el supermercado, como para que la luz del cabello les afinara un poco los rasgos.
Más allá de la aparente banalidad y precariedad estética del Ku Klux Klan a la chilena, sus dirigentes mueven los hilos del gobierno y las instituciones desde hace 40 años… y esperan desde octubre tener carta blanca para incendiar la pradera.
Comparto totalmente el análisis tan exaustivo,de una sociedad que está enferma y que necesita oxígeno valorico para insuflar los pulmones de aquellos que rompen con la paz social de la ARAUCANIA.Necesitamos Líderes que ayuden en esta Lucha por integrar y aunar un chile dividido.